Es deber de
conciencia apoyar al Gobierno de Ecuador en la disputa contra la
petrolera Chevron; pero la multinacional se debilita denunciando la
ilegitimidad del poder que la sostiene. Siendo así, los principales
funcionarios del Gobierno de Ecuador no deben suscribir la definición de
terrorismo que ha impuesto el poder imperialista. ¿Acaso es terrorismo
enfrentar el poder que ha cometido los más horripilantes actos de
genocidio registrados?
La Chevron, al enfrentar al gobierno de
Ecuador por un conflicto de intereses, refuerza la labor de las agencias
oficiales yanquis, que realizan su trabajo conspirativo organizadas por
líneas de acción.
Los funcionarios ecuatorianos tienen que tomar en cuenta esta amenaza permanente y no deben pronunciarse como si no existiera.
El Comando Sur, como cuerpo del Ejército de Estados Unidos, realiza una
labor militar y también política, y es por eso que, en este momento
dice que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen
fuerte presencia en Ecuador.
“Jamás permitiremos que grupos
ilegalmente armados estén en nuestro territorio, ya sea por apoyo
logístico o porque están traficando con droga”, dice el ministro de
Seguridad de Ecuador, Homero Arellano.
Por otra parte, el
canciller Ricardo Patiño, atribuye al diario The Washington Post el ser
parte de una conspiración contra los diálogos de paz y contra la unidad
latinoamericana, y dice que por eso dio a conocer la existencia de un
proyecto conjunto entre la CIA y el Gobierno de Colombia para matar
dirigentes de las FARC.
¿Por qué responde de este modo los
funcionarios de Ecuador, si es obvio que la amenaza contra el avance
político en su país procede del Norte y encuentra apoyo en sus fronteras
de quienes dirigen los grupos “legalmente armados”.
¿QUÉ EXPLICACIÓN TIENE SANTOS?
Las FARC figuran en una lista de grupos que el “antiterrorista”
Gobierno de los Estados Unidos de América y los organismos de dirección
de la Unión Europea califican como terroristas. Cuando el Comando Sur
las vincula con el Gobierno de Ecuador, actúa en la línea de traspasar a
ese Estado el mismo calificativo.
Pero el ministro de Seguridad
de Ecuador no puede olvidar que fueron los grupos “regularmente armados”
de Colombia los que perpetraron el ataque en Sucumbíos en marzo del año
2008.
Como no puede olvidar el canciller Patiño que la principal
fuente de conspiración contra la construcción de la Patria Grande es la
instalación de gobiernos de ultraderecha en el continente. ¿Acaso no
son esos gobiernos la garantía para la operación de las bases militares
estadounidenses y para la acción de las agencias civiles de la misma
factura con distintas denominaciones?
Ante la revelación de que
existe (se trata de un proyecto en marcha, aunque las agencias de prensa
hablan en pretérito) un proyecto conjunto de la CIA y el Gobierno de
Colombia para matar guerrilleros de las FARC, es el Gobierno de Colombia
el que debe dar explicación.
Juan Manuel Santos, su antecesor
Álvaro Uribe y el sector cuya representación ellos se disputan, deben
dar explicaciones sobre la subordinación a Estados Unidos y, en
particular, sobre un capítulo más comprometedor y abominable que el
propio Plan Colombia, que ellos han mantenido en secreto.
¿Con
qué derecho se asocian dos gobiernos para asesinar? ¿Con qué derecho
Estados Unidos dirige asesinatos selectivos en América Latina? ¿Quién
garantiza que solo los jefes de las FARC pueden ser víctimas de esas
acciones?
Iván Cepeda, un legislador del Polo Patriótico,
anunció que formalizará su demanda de explicación al jefe de Estado de
Colombia.
El congresista dijo que es necesario que se conozca
toda la verdad sobre la información publicada este domingo por The
Washington Post, en el cual se reveló la colaboración de la agencia de
inteligencia estadounidense en los operativos contra varios miembros del
grupo guerrillero, entre ellos alias ‘El Negro Acacio’ y ‘Raúl Reyes’,
que hacían parte del secretariado de las FARC.
“Ahora es
necesario que se sepa que alcances ha tenido esa intervención, cuáles
han sido sus modalidades y, eventualmente si además de operaciones
militares ha habido otra clase de espionaje”, dice Cepeda.
LO “LEGAL”
Iván Cepeda demanda explicación, porque es ilegal que el presidente de
Colombia y sus funcionarios comprometan al Estado en acuerdos de ese
tipo a espaldas del pueblo y sin consultar siquiera a los organismos
legislativos.
Aceptando ese tipo de ilegalidad, no se allana el camino para la construcción de la Patria Grande.
Entre las acciones recientes del imperialismo hay que citar el impulso a
un golpe de Estado en Honduras y la consumación de un golpe de Estado
en Paraguay, y en ninguno de los dos casos pudo mencionar siquiera el
nombre de las FARC.
¿Por qué pensar que, en Ecuador y en la
Venezuela sometida a una guerra económica sin cuartel, solo usando el
nombre de las FARC podría hacer un intento similar?
Someterse a la “legalidad” imperialista, además de constituir un acto vergonzoso, es inútil.
La CIA, la NSA y otras agencias yanquis, han alimentado la guerra en
Colombia, y tratan de mantenerla. Además, el poder imperialista mantiene
la apuesta por una América dividida. Pero el mejor aporte que pueden
hacer a la integración los gobiernos progresistas es fortalecer la
legitimidad que los ha sostenido y vincularse con firmeza a las
organizaciones revolucionarias.
Es la única fórmula para
frustrar los proyectos conspirativos, muchos de los cuales incluyen
planes de magnicidio… Para detener el avance político en América Latina,
el imperialismo mata guerrilleros; pero, por su trayectoria, es obvio
que también es capaz de matar presidentes… Y Rafael Correa, Evo Morales y
Nicolás Maduro (para solo citar tres), no son bien vistos por los
halcones…
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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