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jueves, 21 de febrero de 2013

Invitación la Embajada de Cuba en El Salvador




LA EMBAJADA DE CUBA EN EL SALVADOR 
Y
 EL CENTRO CULTURAL NUESTRA AMÉRICA  INIVITAN A LA CONMEMORACIÓN

EL  118 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA NECESARIA EN CUBA

CON LA PRESENTACION DE LA PELÍCULA 

“LA PRIMERA CARGA AL MACHETE” 


POR PARTE DEL DR. PEDRO P. PRADA, EMBAJADOR DE CUBA

DÍA: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2013
HORA: 5:30 pm
LUGAR: SALÓN ARMANDO HERRERA, NUESTRA AMÉRICA CENTRO CULTURAL (29 Ave. Norte No 1147 e/ Gabriela Mistral y 21 calle Poniente, Colonia Centro América, San Salvador)


Chávez en Venezuela: “un retorno bienvenido y un golpe a la derecha”


Entrevista radial con J Petras


CX36 – Radio Centenario
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164161

María de los Ángeles Balparda: Muy buenos días Petras, ¿Cómo está?James Petras: Muy bien, congelados, pero bien. Hay menos 10º aquí hoy.
MAB: Hay que calentarse con la información, entonces.
JP: Si, empezamos.
MAB: Venezuela y Ecuador, han centrado la atención informativa en la mañana de Radio Centenario, debido al retorno de Hugo Chávez a su país y el triunfo de Rafael Correa en las elecciones del domingo; nos gustaría escuchar su opinión al respecto.
JP: Podemos empezar con los resultados electorales en Ecuador. Como habíamos dicho, ganó Rafael Correa con una mayoría absoluta. Según las últimas cifras, consiguió el 57% de los votos; el candidato oligárquico el 23% y el candidato de los movimientos indígenas, sociales y ecologistas menos del 4%.
El resultado está decidido por varios cambios importantes llevados adelante durante su Presidencia: Los cambios positivos en Salud, establecieron casi un tratamiento gratuito y generalizado, asegurando el acceso de los sectores populares.
Segundo, la reforma educativa, que han facilitado -con el ingreso gratuito a la Educación- la mejora de la situación educativa.
Tercero, algo que mucha gente no ha reconocido, es la construcción de muchos caminos, vinculando pueblos, aldeas y pequeñas localidades, con mercados; y también para el transporte y los viajes. Esto me parece muy importante, porque da un gran empuje a los empleos y al pequeño comercio, beneficiando particularmente a los sectores muy distanciados de los mercados.Era una de las reivindicaciones de muchos años y con esto, Correa ha ganado mucho apoyo incluso en áreas donde los movimientos indígenas tenían gran apoyo.
En cuarto lugar, se ha generado mucho empleo, particularmente en el sector de la Construcción y otros sectores, donde las inversiones públicas –provenientes del petróleo- han generado mayores oportunidades.
En quinto lugar, han bajado las cifras de pobreza, por lo menos a un 15%, eso también facilitó el voto popular para Correa.
Ahora, los sectores que critican desde la derecha, no tenían el monopolio de los medios que tenían en el pasado. No tienen nada que ofrecer a la gran mayoría para mejorar lo que han alcanzado en el primer gobierno de Correa.Con poca demagogia de parte candidato del Movimiento Creo, el ex banquero Guillermo Lasso, no tenían ninguna resonancia más allá de los sectores acomodados.
El gran fracaso del candidato de la izquierda, Alberto Acosta de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, creo que muestra muchas cosas que podríamos comentar.Pero fundamentalmente no tenía espacio tanto en política económica, como en política exterior; porque Correa por ejemplo cerró la Base militar norteamericana de Manta, ingresó al Alba, apoya a Venezuela, recibe mucha ayuda de China, particularmente financiera, ampliando y diversificando los mercados.
Uno tiene que preguntarse si la izquierda debe presentar candidatos opuestos a Correa desde afuera: fueran cabeza a cabeza y perdieron. Debería existir ahora en Ecuador un debate respecto a qué hacer frente a esta victoria abrumadora de Correa.
Hay terreno de lucha dentro del movimiento PAIS que es el partido de Correa. Entendemos que tiene tendencias centralistas y personalistas, pero en todo caso, las grandes masas populares están vinculadas con este proyecto y hay un programa populista nacionalista que podría servir como contrapeso frente a las tendencias neoliberales y extractivistas.
En otras palabras, la táctica de funcionar como oposición desde afuera no marcha. Hay que reconocer que el poco voto electoral indica que las grandes masas populares creen, por razones prácticas, que todo lo que puede pasar en Ecuador, pasa por adentro del proceso político que encabeza Correa. Entonces ¿qué hacer? Entrar en el movimiento y tratar de presionar el proceso hacia políticas menos perjudiciales al medioambiente, profundizar la política nacionalista hacia la expropiación de empresas extranjeras, una reforma bancaria y agraria?.
Hay mucho más que hacer y hay críticas válidas, pero no me parece muy efectivo quedarse al margen de este proceso.
MAB: Correa dijo que no quiere ocupar el lugar de nadie, y se alude que esto es por el papel que juega Chávez o el tema de la ausencia de Chávez. ¿Hay que mirar también a la región?
JP: Correa no es Chávez. Recordemos que Chávez ha tomado medidas más nacionalistas, más socializantes, a partir de la apertura de empresas manejadas por los trabajadores, las comunas populares, las nuevas formas de representación.
En otras palabras, Correa es una versión mucho más moderada, pero están de acuerdo en muchas cosas y ahora con el debilitamiento de Chávez, obviamente Correa podría jugar un papel con mayor protagonismo en la política americanista y más hacia las medidas sociales. Pero hay que ver eso, Chávez vuelve a Venezuela y hay que decir que es un retorno bienvenido, tanto por el pueblo como por los sectores obreros.
Ahora, ¿en qué condiciones vuelve Chávez? Y ¿qué período podremos esperar para ver si vuelve a tomar el gobierno? Si es parte del proceso de recuperación o si es algo diferente.
Pero en todo caso es un golpe contra la derecha y a la propaganda de Miami, que siempre decían que Chávez ha muerto, está muriendo, está incapacitado, etc.
Creo que en este sentido, la derecha está desprestigiada, desgastada.Pero hay muchos desafíos en la economía de Venezuela que debe resolver, por ejemplo el programa de diversificación de la Economía, bajar las importaciones, mejorar el sistema productivo tanto a nivel público como privado, enfrentar los triple c- crimen,corrupcion,y competencia . Y eso necesita una estrategia politica vinculada tanto a lo social como a lo económico .No es simplemente el problema de “radicalizar la revolución”, como dicen muchos izquierdistas que la revolución no se puede quedar atrás; El problema clave es manejar cambios estructurales con un ojo vinculado con la mejora de la producción, la distribución y la eficiencia, y bajar el nivel de incompetencia y corrupción. Por eso digo, los eslóganes más radicales no me impresionan si no están vinculados con algún concepto de mejorar la eficiencia y competencia de la economía venezolana. Todavía están importando casi el 90% de la alimentación, a pesar que sabemos que hay enormes terrenos cultivables que podrían ser autosuficientes o por lo menos mejorar el nivel de autosuficiencia.
MAB: Otro tema que queríamos consultarle es pasada una semana de la renuncia del Papa, que ha vuelto hablar y habla de críticas.
JP: El problema que queda es la diferencia entre la jerarquía de la Iglesia y lo que existe entre muchos católicos. En primera instancia, dentro de la Iglesia buscan la continuidad, la estabilidad y mantener las fuentes de financiamiento ordenadas. Eso choca con la crisis de la Iglesia entre las grandes masas católicas, que dicen que ‘no hemos confrontado varios temas que chocan con los dogmas de la Iglesia’. Por ejemplo el hecho de que los curas no puedan casarse, que está cayendo el número de seminaristas y por qué no aceptan mujeres para ser curas; porque están contra la contracepción, cuando el 90% de las mujeres católicas y los hombres practican la contracepción, porque están contra el aborto, cuando enfrentan mujeres violadas y otras más que no pueden mantenerse, como muchas familias. Y más que nada la pedofilia.La Iglesia todavía no ha reconocido ni cambiado profundamente ante esta gran injusticia contra miles y miles de jóvenes de ambos sexos que eran molestados y abusados.
Los Cardenales y el Papa evitaron enfrentar esta gran crisis y las masas católicas exigen una respuesta que puede ser modernizar la Iglesia.Pero no vemos ninguna tendencia de renovación, reforma, reestructurar la Iglesia, tomar en cuenta las prácticas y conductas de la gran mayoría de los fieles. Esta brecha no se va a solucionar entre un puñado de hombres de más de 80 años, o de 70 y pico de años; no se va a solucionar tampoco encontrando un africano como Papa como expresión de cambio. Cambio de piel no es el problema. Se trata de cambio de orientación, de renovar la religión para tomar en cuenta las prácticas modernas de los católicos.
MAB: Si, además dicen que va a volver a hablar antes de irse y han dicho que la Iglesia decidió que antes de semana de Turismo o Santa para ellos, van a nombrar al nuevo Papa.
JP: Puede ser, el hecho es que no hay que esperar mucho.
Si el Papa saliente, Benedicto, no ha hecho nada en los siete años que manda, no va a renovar algo en un último discurso. Es solamente una salida dramática, publicitaria, buscando en la salida el apoyo y la apreciación que hace falta, por las grandes brechas que existe actualmente entre las masas católicas y los Obispos, Arzobispos y Cardenales.
Hay una enrome brecha y no veo ningún líder ni tendencia capaz que enfrentarla.
MAB: Hay una noticia nacional que nos gustaría que comentes, me refiero al traslado de una Jueza que estaba a cargo de más de 50 causas de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura, la sacaron y pusieron una jueza nueva. A ella la trasladaron a un Juzgado Civil.
JP: No tengo mucho que opinar porque me falta material. ¿Podrías contarme la posición que vosotros están defendiendo frente a eso?
MAB: A fines de la semana pasada tuvo mucha prensa el tema y se apunta a la Suprema Corte de Justicia, que es la que formalmente cambia a los Jueces.
Pero no nos sorprende este cambio porque en el gobierno tenemos al Presidente, al Ministro de defensa, al ministro del Interior y varios más, todos tupamaros que han defendido a militares incluso. Por ejemplo, Eleuterio Fernández Huidobro defendió a un militar que fue acusado por la muerte de una joven militante en la tortura, diciendo que se estaba ‘comiendo un garrón’, expresión que en Uruguay se usa para decir que no le tocaba.
JP: Es obvio que los ex progresistas, o sea los tupamaros, socialistas, comunistas, .; han sido asimilados a la institucionalidad, han encontrado un lugar en el sistema de poder, han disfrutado de todos los beneficios, ingresos y otras remuneraciones, así como simbólicas invitaciones a lugares ‘vip’ y country clubs. A pesar de que pueden ponerse un jean y salir a caminar con una camisa sin corbata, ese populismo barato; pero en realidad el Frente Amplio y los componentes ex radicales, ex izquierdistas ya forman parte del establishment, de un establishment que siente necesario afirmar sus compromisos con la institucionalidad existente.
Creo que es más posible que una figura disidente de la oposición pueda cuestionar estas continuidades en el sistema que sea algún ex izquierdista que siente que debe mostrar sus fidelidades al sistema de poder, para mostrar que no queda nada de sus antecedentes revolucionarios y transformadores. Es parte de la sicología social de los arribistas, que siempre buscan la aprobación de lo otros para sentirse parte del sistema existente.
MAB: Para agregarte un dato, mientras se daban estos hechos en Montevideo; en Durazno, un departamento en el centro del país, el Secretario de la Presidencia, Diego Cánepa, junto a la embajadora estadounidense en Uruguay, Julissa Reynoso, inauguraban una bodega de almacenamiento financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.
JP: En este caso, es un esfuerzo por demostrar fidelidad al imperio.
En el imaginario del imperialismo, incluso después de la elección de Tabaré Vázquez y ahora con José Mujica, había dudas de que algo del radicalismo, algo de antiimperialismo podría estar escondido todavía en algún lugar de la cabeza de eso señores. Entonces los frenteamplistas siempre hacen un sobre esfuerzo para asegurarles que están ya de parte del militarismo norteamericano.
El Comando Sur es un instrumento del militarismo norteamericano como el Comando África, ya metido en decenas de países africanos, montando relaciones de contrarrevolución.
Entonces, en ese sentido, creo que otra vez tenemos estas expresiones exageradas de acomodación con los enemigos del pasado.
MAB: ¿Te queda algún tema más para comentarnos hoy?
JP: Si, hay un tema más que tiene que ver con Israel, donde otro caso de delincuencia entre la cúpula del poder y política de Israel. El ex ministro israelí de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, está en juicio ahora acusado de múltiples fraudes y estafas, . Y hace poco tuvimos a Moshe Katsav, que fue preso por violación y abusos sexuales contra varias subordinadas; hemos visto a Benjamin Netanyahu, hemos visto a Ehud Barak; toda la cúpula israelí está totalmente corrupta. Y no digo esto como crítico del sionismo; en el mismo sistema judicial israelita han descubierto que toda la cúpula o sea derecha y centro izquierda, están metidos en algún fraude, alguna estafa o algún chantaje.
En segundo lugar, hay un caso que ha circulado por todos los medios del mundo como un ex agente de Mossad, un australiano israelita que tenía doble ciudadanía, que le llaman “el preso X”, su nombre es Ben Zygler ; y que supuestamente cometió suicidio.
Pero es imposible porque estaba encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, donde no existía ninguna posibilidad de ahogarse, ni cordones en los zapatos tenía, estaba bajo vigilancia 24 horas del día, los siete días de la semana, bajo observación visual. Eso lo sabemos por todas las descripciones de las cárceles de máxima seguridad.
Entonces inventaron los oficiales israelíes este suicidio que realmente es un asesinato; un asesinato de un ciudadano australiano israelita. ¿Y por qué? Hay varias versiones al respecto. La versión con más peso es que el señor Ben Zygler, era una persona dispuesta a revelar que Israel falsificaba pasaportes de Australia y los utilizaba para sus grupos de asesinatos, sus grupos que buscaban formas de penetrar otros países y también llevar a cabo asesinatos de adversarios. Otra versión dice que el señor Ben Zygler quería contar a los oficiales en Australia y otros países, la forma en que Israel organizaba sus grupos de escuadrones de muerte.
Cualquiera sea la explicación final, el Primer Ministro de Israel, el señor Netanyahu, justificó todo. Y otra vez debemos hablar del desprestigio de Israel que es casi universal, fuera de los reducidos círculos del sionismo. Es por esa razón que Israel es un Estado sin leyes, sin protección, a pesar que Netanyahu proclama que son la democracia más moral y ética del mundo; es el país donde desaparecen presos porque no es sólo el caso de Zygler, que era un judío que desapareció; es mucho más común la desaparición de presos palestinos y luego declaran que no estaban presos, y cuando se sabe que estaban presos se dice que fue suicidio. Todo se entierra porque no quieren discutir o dar testimonios porque pueden perjudicar aun más al gobierno sionista.
Ahora mismo están llevando adelante un gran proceso de persecución contra judíos ortodoxos, porque no quieren participar en el ejército israelí. Ellos representan a un 10% de la población y quieren estudiar doctrina religiosa, por eso creen que integrar el ejército donde los israelitas torturan palestinos, va contra su ética. Y por resistir la conscripcion están amenazados con la cárcel, represión y la demonización.
Eso es lo que es realmente el estado de Israel, que no sólo perjudica y reprime a los palestinos, pues está castigando a los propios judíos en Israel y a sus propios agentes del Mossad, si no cumplen los lineamientos los matan, punto.
MAB: Muy importante esta información James Petras, muchas gracias, como siempre por todos tus aportes.
JP: Muy bien, un saludo grande a toda la audiencia.


(*) Escuche en vivo los lunes a las 11:30 horas (hora local) la audición de James Petras por CX36, Radio Centenario desde Montevideo (Uruguay) para todo el mundo a través de www.radio36.com.uy

Las autoridades ponen en la mira la bebida reina de los salvadoreños: la gaseosa



En la lista de los 50 alimentos en los que más dinero gastan los salvadoreños, el único que no existe en la naturaleza y que logró colarse es la bebida gaseosa. Superada por la leche en términos de gasto por hogar, debido a su bajo precio la gaseosa es, en términos de volumen, la bebida número uno de los salvadoreños. La consumen por igual pobres y no pobres y debido a que su ingesta excesiva es un atentado a la salud pública, las autoridades planean la posibilidad de restringir su venta.
Patricia Carías / Fotos: Mauro Arias y José Carlos Reyes
elfaro.net / Publicado el 18 de febrero de 2013
Una alumna del Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, toma su refrigerio consistente en una Coca Cola y comida chatarra.
Una alumna del Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, toma su refrigerio consistente en una Coca Cola y comida chatarra.
En la lista de los alimentos en los que más gastaron los salvadoreños en 2011, la posición número 20 la ocupa un líquido al que muchos consideran un enemigo de la salud pública. Es el único producto alimenticio que no existe en la naturaleza que se cuela entre los primeros 50 alimentos en los que gastan los hogares salvadoreños, y aunque lo consumen igual pobres y no pobres, las instituciones vinculadas a la salud nutricional están buscando la manera de regular o restringir su consumo: la gaseosa.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2011, en El Salvador 260 mil hogares reportaron consumir gaseosa. Esto significa que 16 de cada 100 familias salvadoreñas destinaron parte de sus ingresos mensuales al consumo de esta bebida artificial.
Solamente de Coca Cola, según el informe anual de la marca para 2011, los salvadoreños consumimos ese año un promedio de 10.8 galones per cápita. Eso equivale a que cada persona -desde los recién nacidos hasta los ancianos centenarios- bebieran el equivalente a más de dos garrafones de esos que contienen 5 galones de agua embotellada, solo que llenos de esa bebida espumosa y negra. Aunque como no todos consumen gaseosa ni solo Coca Cola, ni tampoco la consumen en tanto volumen, hay quienes consumieron mucho más que esos dos garrafones de Coca Cola.
¿Y por qué nos gusta tanto la gaseosa? Este es uno de los puntos que aún no tienen una respuesta indiscutible. Algunos lo relacionan con la publicidad y los mensajes subliminales que llevan a nuestro inconsciente a consumirla. Otros piensan que el gusto viene del nivel de adicción que genera la cafeína, un ingrediente común en las bebidas gaseosas. Y hay otros especialistas -los consumidores- que lo exponen en sus propias palabras: "Me gusta la gaseosa porque es dulce", dice Ariel, de seis años de edad, uno de los alumnos de preparatoria de la Centro Escolar Católico de Panchimalco, al sur de San Salvador.
La lista en la que la gaseosa ocupa la posición 20 está encabezada por el maíz blanco, uno de los granos que se producen en el país que, además, sirve como materia prima para elaborar el alimento que ocupa la segunda posición en la lista: la tortilla. En el tercer puesto también aparece otro grano que se cultiva en el país: los frijoles rojos. El pan francés, que al igual que la tortilla es otro típico acompañante en los platillos salvadoreños, aparece en la cuarta posición. Poco después, en la posición 10, aparece el pan dulce, y el azúcar ocupa la décimo tercera.
La posición privilegiada de la gaseosa, único producto que no existe en la naturaleza como tal -el café soluble aparece entre los primeros alimentos de la lista- y que integra la lista de los primeros 50 alimentos de los salvadoreños -en términos de gasto-, no es un hecho fortuito. Desde hace más de seis años las instituciones encargadas de la salud y la nutrición en el país notaron que la gaseosa era parte fundamental en el patrón de consumo de alimentos. Esto de acuerdo con las cifras que revelan las encuestas cuando preguntan por el gasto en alimento de los hogares salvadoreños.
En el país no se hace una encuesta de consumo de alimentos desde 1988, sin embargo, los expertos explican que la medición del gasto en alimentos de los hogares es igual al “consumo aparente” de alimentos y a través de estos datos es posible establecer el patrón alimentario de los salvadoreños. En 2006, la gaseosa se ubicaba en el séptimo lugar de la lista de consumo de alimentos, por encima de todas las bebidas de la lista, incluyendo la leche entera, y de granos básicos como los frijoles rojos y el arroz. Con el paso del tiempo, las bebidas carbonatadas cedieron algunas posiciones, pero siempre son un invitado privilegiado a la mesa salvadoreña.
Así como en El Salvador, las gaseosas también se han posicionado en la mesa de otros países en Latinoamérica. De acuerdo con el informe de Coca Cola para 2011, los mexicanos son los mayores consumidores per cápita en el subcontinente: bebieron un promedio de 165.5 litros de Coca Cola ese año. En términos de garrafones de agua embotellada, eso significa que en promedio cada mexicano engulló casi 9 de esos garrafones. Chile fue en 2011 el segundo mayor consumidor de Coca Cola, con 104.6 litros per cápita.
Creada en Estados Unidos hace ya 127 años por un farmacéutico de Atlanta, la Coca Cola tiene un alto consumo en ese país, pero no tanto como el de México o el de Chile: 91.6 litros por cabeza en 2011.
En estos países, como en El Salvador, el impacto de las bebidas azucaradas en la salud pública tiene preocupados a muchos. Desde 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó una campaña global para advertir sobre uno de los principales problemas de salud que se deriva del exceso en el consumo de gaseosas: la obesidad. Esto ha llevado a que los países más desarrollados tomen medidas al respecto.
En El Salvador el problema es más grave porque los expertos en salud y nutrición no solo se enfrentan al consumo excesivo de bebidas azucaradas que aportan pocos nutrientes a la dieta, sino a un problema de desnutrición que está ligado a la precaria economía de los hogares. Cada vez existe un número mayor de población en pobreza que está dedicando parte de sus ingresos al consumo de gaseosa y comidas chatarras.
“Si a alguien le da placer tomarse una gaseosa, se la puede tomar y no pasa nada. Lo que sucede es que esa persona debe saber desde ya que esa gaseosa no le va a aportar nutrientes a su organismo”, dice Daysi de Márquez, nutricionista a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) institución que nació en 2009 con el fin de velar por la nutrición de los salvadoreños.

Tres diagnósticos sobre las finanzas públicas salvadoreñas


http://www.elfaro.net/es/201302/noticias/11060/

¿Cómo están las finanzas públicas salvadoreñas? ¿Exageran quienes aseguran que el país va hacia la bancarrota? ¿Nuevos impuestos o subir los ya existentes? El Faro presenta tres perspectivas diferentes pero muy coincidentes: desde una ONG, desde las Naciones Unidas y desde el mismo gobierno. Para las tres, el diagnóstico y el pronóstico son alarmantes: urgen ajustes importantes, so pena de que el país caiga al precipicio.
Gabriel Labrador
elfaro.net / Publicado el 18 de febrero de 2013
Cuando tres economistas con largo historial en el estudio de la situación salvadoreña coinciden en que la hacienda pública nunca había estado en una situación tan complicada como ahora, queda poco lugar a dudas. El Faro encontró sorprendentes coincidencias en las explicaciones de los tres economistas a quienes se preguntó cuán saludable es la economía y qué tan sostenible luce su futuro. Si El Salvador fuera un estudiante, hoy en día sus finanzas estarían aplazadas o, en el mejor de los casos, en camino de la reprobación, pues no parece estar fortaleciendo sus ingresos mientras sus gastos actuales y los que tiene proyectados lucen igual de fuertes que ahora o en crecimiento.
Los economistas que participaron en la cocción de esta amalgama provienen de distintos frentes, aunque han tenido un pasado en común: Roberto Rubio es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), una organización no gubernamental que surgió hace 20 años, al comienzo de la posguerra, con la misión de aportar desde la academia a las decisiones económicas que la clase política debía enfrentar. Carlos Acevedo es el presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Acevedo trabajó por muchos años en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de donde proviene el tercero de nuestros analistas. William Pleitez es el actual coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD que, como pocas instituciones, conoce al dedillo las finanzas del país y cuya perspectiva le permite tener la ventaja de la experiencia comparada.
Los tres entrevistados confirman que la caja de dinero del Estado se ha quedado casi vacía en varias ocasiones antes de cumplir con todos sus pagos y responsabilidades durante los últimos 24 meses y que eso solo puede evitarse, en adelante, si se aumentan los ingresos vía una tercera ronda de reformas y acuerdos fiscales. Acevedo lo explica así: “Es como cuando un tratamiento médico te genera fiebre. En el primero y segundo año del gobierno, los gastos no solo se cubrían con los ingresos si no también con préstamos de fuera lo cual ahora se ha ido evitando. Los gastos no van a bajar pero entonces son los ingresos propios los que los tienen que cubrir y ahí es donde comienza a aparecer la fiebre”.
Una de las metas, por tanto, debe ser incrementar los ingresos sin sucumbir, de nuevo, a la vorágine de préstamos con plazo de un año, como ha venido siendo la costumbre desde 2009. Sin embargo, la asfixia era tal que el gobierno debía pagar esa deuda de corto plazo, o Letras del Tesoro (Letes), pero no tenía cómo hacerlo y fue así como el Ministerio de Hacienda se vio obligado a mentir el año pasado sobre el destino que tendría una nueva deuda de 800 millones por la que pujó el año pasado.
Rubio, Pleitez y Acevedo repiten que un nuevo círculo virtuoso se abriría si el Estado logra incrementar sus ingresos y ahí es cuando hablan de la tercera ronda de reformas fiscales. ¿Qué rubros tocar? Una lista de los nuevos impuestos propuestos por los economistas diría más o menos lo siguiente: un impuesto predial, impuestos al consumo de telefonía o de vehículos importados, y una serie de impuestos específicos que incentiven directamente la producción local para sustituir las importaciones. La clave está en que las nuevas recaudaciones no se administren a lo loco. “(Que se combine) una política tributaria regresiva (todos pagan igual) con una política de subsidios de alta eficacia redistributiva. Una combinación de ese tipo probablemente es mejor que la de poner un nuevo impuesto al diésel y las gasolinas para subsidiar un sistema de transporte colectivo inseguro e ineficiente como el que prevalece en El Salvador", opina Pleitez.
De no lograr una capacidad de pago aceptable, sin tener que recurrir a nueva deuda para pagar más deuda, las luces amarillas terminarán poniéndose rojas. Por ahora, aseguran estos tres economistas, el camino de las finanzas públicas es hacia la insostenibilidad y por eso es importante ver cuáles son los golpes de timón que se darán. No hacerlo puede derivar en la toma de medidas drásticas que hace cinco o seis años eran motivo de negaciones absolutas. Por mencionar una de ellas: la desdolarización. Rubio, Acevedo y Pleitez coinciden en que la próxima administración podría encontrarse en un escenario en el que no exista margen de decisión: la dolarización deberá ser revertida para evitar la falta de liquidez, aun a costa de enfrentar una inevitable oleada de inflación. Regresar al colón devolvería la capacidad al Estado de emitir papel de moneda y así, ocurriría que las arcas no se quedarían vacías.
Una de las sorpresas de este paquete de entrevistas es la extraña sintonía que los expertos tienen sobre los subsidios y los programas sociales. Que hay que ajustarlos mejor, que tal como están implementados suponen despilfarro... pero lo que asombra es que estos tres economistas –de forma más o menos explícita- dejen entrever la alta dosis de populismo que suelen circunscribir la implementación de estas ayudas. "Una buena focalización de subsidios en favor de la población más pobre es un medio y no un fin de la política social, especialmente cuando los recursos fiscales son muy limitados (...). Y dentro de una estrategia guiada por el desarrollo humano es mejor invertir 100 millones en universalizar el inglés y la computación que en subsidiar la compra de gas propano", sostiene Pleitez.
Los economistas creen que los problemas de caja no son nuevos y que han venido acentuándose desde la administración pasada. Eso sí, lo preocupante de la gestión Funes es su tendencia a endeudarse rápido. "Se venía aumentando la brecha del déficit, se venía contratando deuda para pagar deuda, se venía usando más gasto corriente abriendo más la brecha entre gasto corriente y gasto de capital. Todo eso fue deteriorando las finanzas públicas pero no había problemas de caja", explica Rubio.
Un vistazo a las tres entrevistas no solo mostrará las políticas de gobierno que según estos economistas El Salvador no impulsó de la manera más idónea, como la privatización de la energía eléctrica o de las pensiones, o incluso la misma dolarización, sino que también muestra las principales omisiones: no haber optado por ninguna política sectorial y haber desaprovechado oportunidades como las del Puerto de Cutuco.
Tanto Rubio, como Acevedo y Pleitez tienen distintas maneras de medir las finanzas salvadoreñas. Los indicadores que consideran deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, Rubio es partidario de que se vigile más el balance primario, es decir, el balance que muestra cuando un país ya ni puede pagar los intereses de su deuda. Acevedo, mientras tanto, considera que es la tasa de crecimiento la madre de todas las demás mediciones que se pueda hacer. Pleitez, por su trayectoria en trabajo sobre desarrollo humano, prioriza estos indicadores.
En resumidas cuentas, el futuro no es nada esperanzador y todo depende de si el gobierno puede reducir su déficit fiscal. El método que ha aplicado el Estado para maniobrar esa iliquidez no ha sido sostenible y lo será menos en unos años. Debe dejar de endeudarse al ritmo en el que lo ha venido haciendo, así como también debe dejar de gastar más allá de lo que ingresa a sus arcas pero más importante, el gobierno debe aumentar -sí o sí- la recaudación tributaria.

Corte Interamericana de Derechos Humanos invalida la Ley de Amnistía


http://www.elfaro.net/es/201302/noticias/10965/

En las vísperas de cumplir 20 años, la Ley de Amnistía ha quedado invalidada para evitar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, según decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mientras el Ejecutivo salvadoreño no planea promover el acatamiento de la sentencia ante jueces o fiscales, Tutela Legal del Arzobispado ve la posibilidad de que se reabra el caso El Mozote.
Gabriel Labrador
elfaro.net / Publicado el 18 de febrero de 2013
La Ley de Amnistía que se aprobó en marzo de 1993 funcionó como una tapadera que evitó que se investigaran las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo de los 12 años de la guerra civil, desde 1980 hasta 1992, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal hemisférico en esa materia. En diciembre del año pasado, en lasentencia con la que condenó a El Salvador por las masacres de El Mozote de 1981, la Corte ordenó al sistema judicial salvadoreño que no vuelva a poner la Ley de Amnistía como obstáculo para la procuración de justicia ni en el caso de El Mozote ni en otros similares que pudieran haber ocurrido durante la guerra civil.
El Estado debe remover todos los obstáculos que hasta la fecha han truncado indagaciones y procesos judiciales de casos como El Mozote, en Morazán, donde el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl asesinó a alrededor de mil campesinos desarmados y a sus hijos entre el 11 y el 13 diciembre de 1981. De ese total, y aunque ante la Corte Interamericana solo pudo verificar la identidad de 440 víctimas de ejecución, más de la mitad eran menores de edad, según los relatos de sobrevivientes.
El desmontaje de la Ley de Amnistía, como lo ordena la Corte en su sentencia, supone que haya cambios en la manera en la que se han llevado adelante los procesos judiciales de violaciones a derechos fundamentales desde el fin de la guerra.
"Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador", dice la sentencia, en su párrafo 296.
Esto debe entenderse, según el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en ingés, uno de los representantes de las víctimas de El Mozote en el juicio contra El Salvador), como una derogación, después de años de repetidas recomendaciones de otro organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de revocar la normativa.
Desde la primera denuncia judicial del caso El Mozote, el 26 de octubre de 1990, e incluso durante los nueve años previos, hubo graves violaciones a las garantías judiciales, dice la Corte. Las más altas autoridades de los tres poderes del Estado truncaron las diligencias judiciales y todo se agravó, según el tribunal, con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía pues hubo desde jueces que declaraban improcedente cualquier denuncia de violaciones a derechos humanos hasta liberaciones (sobreseimiento) de procesados por las matanzas de Mozote.
La amnistía cumplirá este 20 de marzo 20 años y hasta ahora ha sido mencionada repetidas veces por presidentes de la República y fiscales generales como el valladar por el cual no puede reabrirse investigaciones sobre los asesinatos de monseñor Óscar Romero y los sacerdotes jesuitas.
La Ley de Amnistía fue dictada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993, una semana después de que la Comisión de la Verdad presentara su informe final sobre 30 casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por la guerrilla y el ejército durante la guerra civil.
En su fallo, la Corte ordena al Estado a que cumpla 14 medidas de reparación a las víctimas en un plazo máximo de cinco años. Tres de esas disposiciones ordenan que El Salvador reabra los procesos judiciales del caso El Mozote o impulsar nuevos hasta llevarlos a su conclusión sin que haya obstáculos de ningún tipo ni invocaciones a amnistías. Asimismo, instruye a El Salvador para que identifique a los responsables y, de ser lo pertinente, se les sancione.
La Fiscalía General de la República, como institución encargada de perseguir el delito en el país, y los juzgados, como responsables de estudiar y resolver los casos presentados por la Fiscalía, deben inhabilitar la amnistía al menos para librar un proceso, según la orden de la Corte.
Cualquier juicio sobre el caso El Mozote tendría como antecedente que el Estado ya reconoció y aceptó todas las violaciones a derechos humanos que se le atribuían, según el informe de contestación que el mismo gobierno presentó ante la Corte Interamericana el 26 de diciembre de 2011. Pero además están los discursos del presidente Mauricio Funes de enero de 2010 y enero de 2012 en los que admite, reconoce y pide perdón en nombre del Estado por lo ocurrido en El Mozote. Estas aceptaciones no pueden catalogarse hasta ahora como verdades probadas judicialmente y es lo que la Corte Interamericana ordena que se investigue, compruebe o deseche en el país.
“Pero hasta ahora ha existido y sigue existiendo un imaginario en los jueces y fiscales que les dice que ellos no deben investigar estos casos, y no lo hacen por temor, incapacidad o ignorancia. La Sala de lo Constitucional le tiró la pelota a los jueces, pero no hacen nada”, dice Wilfredo Medrano, abogado promotor del caso por parte de Tutela Legal del Arzobispado.
En 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la Ley de Amnistía era legal, pero al mismo tiempo dio la potestad a los jueces para declarar su aplicabalidad o no, pues, según una interpretación judicial posible, las graves violaciones a derechos humanos no son amnistiables. Asimismo, la Sala determinó que un gobierno no puede amnistiarse y, por lo tanto, dijo que los casos ocurridos entre 1989 y 1994 quedaban fuera de la protección de la ley.
Hasta ahora la amnistía de 1993 ha sido defendida y utilizada por todos los partidos políticos. El partido Arena, que gobernó desde 1989 hasta 2009, ha dicho que la ley fue parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1992. También el FMLN dijo, en el fragor de la campaña presidencial de 2009, que lo conveniente no era derogarla. En los últimos meses, sin embargo, ya montados en la campaña para 2014, el FMLN y su candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén han dicho que al país le conviene la derogación de la Ley de Amnistía.

Rufina Amaya al momento de salir del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde rindió su testimonio sobre las masacres del Mozote, el 26 de octubre de 1990.
Rufina Amaya al momento de salir del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde rindió su testimonio sobre las masacres del Mozote, el 26 de octubre de 1990.
El desmontaje de la amnistía
Los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 no fueron buenos para tener apellido Márquez y residir en la zona de El Mozote y aledañas. De las 936 víctimas individualizadas reconocidas por el mismo Estado en este juicio, la Corte IDH estableció plenamente la identidad de 440 como personas ejecutadas por los soldados del Batallón Atlacatl. Y de estas 440, 120 llevaban el apellido Márquez. 27 de cada 100 asesinados podía responder si se les llamaba "Márquez".
Las investigaciones determinaron que a finales de diciembre 1981, un avión de la Fuerza Aérea salvadoreña sobrevoló el pueblo de San Fernando, unos kilómetros al noroccidente de El Mozote. Ahí dejaron caer papeles en los que informaban que recientemente habían muerto todos los habitantes de El Mozote y sus alrededores. Aparentemente era una medida para desmoralizar a quienes el ejército consideraba eran colaboradores civiles de la guerrilla. Todas estas muertes hasta ahora han sido prácticamente nada para la justicia salvadoreña.
La respuesta de Cristiani 

—(El Faro): La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz cumplirá 20 años en marzo. La Corte Interamericana... 
—(Alfredo Cristiani): Ya hablararon demasiado sobre eso... 

— Quiero preguntarle sobre algo muy puntual: sobre la orden que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos para desmontar la Ley de Amnistía, no derogarla... 
—No... no, no veo cuál es la potestad de una corte extranjera de venir a decir que tenemos que derogar leyes internas. 

—Porque El Salvador ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual es parte del sistema de derecho interamericano. 
—Vaya, creo que lo principal de nosotros fue haber logrado los Acuerdos de Paz. La Ley de Amnistía formó parte integral de los Acuerdos... 

—Eso dice también la Corte, que la Ley de Amnistía no formó parte de los Acuerdos de Paz y más aun, que los violó. 
—Eso lo dicen ellos... 

—El Capítulo I, punto 5, titulado "Superación de la impunidad" de los Acuerdos de Paz dice... 
Ya no voy a hablar de eso, para mí es una cosa ya pasada, para mí fue una cosa buena para el país, y ya. Que diga la Corte Interamericana lo que quiera.
La Corte IDH establece en su fallo de octubre (fue dado a conocer hasta diciembre) la hoja de ruta para inhabilitar la Ley de Amnistía aunque el método para hacerlo ya depende de la elección que haga el propio Estado. Otros países de Latinoamérica han optado por declarar la nulidad de sus amnistías, no una derogatoria, pero también hay otras naciones que han preferido la creación de jueces especiales para ventilar los casos.
Aquí, todo indica que el Ejecutivo actual, en manos del gobierno de Mauricio Funes, se inclinaría por buscar la nulidad de la Ley de Amnistía de 1993. Hay coincidencia entre la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto. El titular de esta última instancia, el abogado David Morales, asegura que la nulidad es “la vía efectiva” para aplicar justicia en este caso.
¿Cuáles son las tres medidas de reparación que el Estado debe cumplir por orden de la Corte? La primera es que “en un plazo razonable, el Estado inicie, impulse, reabra, dirija, continúe y concluya, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos (del caso El Mozote)”. En segundo lugar, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como de cualquier otra disposición análoga, como la prescripción, irretroactividad de la ley penal, o cosa juzgada para excusarse de esta obligación. Y como tercera disposición, la Corte dice que el gobierno debe investigar y procesar, por medio de las instituciones públicas competentes, la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en inpunidad.
Esto significa que la Fiscalía no podrá argumentar, como lo hizo en las administraciones de Belisario Artiga o Félix Garrid Safie, que los asesinatos de El Mozote ya no pueden perseguirse penalmente porque pasaron más de los 10 años que la ley da para que se inicie un proceso de acusación.
En 10 meses (un año después de emitida la sentencia), la Corte evaluará qué tantos avances en el cumplimiento de estas medidas ha tenido el Estado salvadoreño y además rendirá un informe a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la que depende.
El fallo es inapelable. Para la Corte ya quedaron demostradas las razones por las cuales la Ley de Amnistía debe inhabilitarse. Por un lado, dicen los jueces interamericanos, la Ley sobrepasó los límites de las reglas internacionales de guerra establecidas en las Convenciones de Ginebra de 1949 y la misma Convención Americana. La Corte concluyó que dicha amnistía, además de ser improcedente porque el mismo gobierno se la había aplicado a sí mismo, se pensó para proteger crímenes de guerra que no podía ni debía proteger, según la interpretación que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el artículo 6 (5) del Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra que establece que “las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado (...)”.
Otra razón que esgrime la Corte es que los Acuerdos firmados en México, el 16 de enero de 1992, entre el gobierno y el FMLN no incluían en ninguna parte una amnistía absoluta y que, por el contrario, solo mencionaban la necesidad de un indulto parcial que dejara como sujeto de investigación las graves violaciones a los derechos humanos, como lo exige el Derecho Internacional Humanitario que debe cumplir el país. El Capítulo I, punto 5, de los Acuerdos de Paz, lleva por título “Superación de la impunidad” y reza así: “Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. (El Gobierno y el FMLN) igualmente reconocen que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley” .
Por años, el partido Arena ha mantenido el argumento de que la amnistía sobre las graves violaciones a los derechos humanos fue la columna vertebral de los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec y que derogarla sería contraproducente y estéril. El actual presidente arenero y también firmante de los Acuerdos, Alfredo Cristiani, ha manejado dicho discurso: “Eso ya es parte del pasado, ayudó mucho al país, que diga la Corte lo que quiera”, dijo la semana pasada, cuando El Faro le pidió que valorara la sentencia (ver recuadro).
Cristiani ocupaba el cargo político más alto de todo el Estado salvadoreño cuando se dictó la amnistía. Los diputados de otros partidos de derecha como PCN y Gana, así como los militares retirados, han abanderado un discurso proamnistía, sobre todo porque buena parte de los que fueron miembros del Alto Mando militar en la guerra civil tienen hoy una orden de captura vigente desde 2011 y girada por la justicia española por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989.
Sobre el proceso judicial iniciado en 1990 por la masacre de El Mozote en un juzgado del departamento de Morazán, la Corte concluye que fue un fiasco y que, por ello, El Salvador violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los puntos sobre las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas. Wilfredo Medrano, el abogado de Tutela Legal, solo sonríe y suspira cuando se le pide que enumere alguno de los contratiempos que sufrió a lo largo de los años. Ni la Fiscalía ni los jueces del país efectuaron diligencias para establecer toda la verdad de lo ocurrido en el caserío El Mozote, del municipio de Meanguera, pese a que ya a inicios de los 90 Pedro Chicas, Rufina Amaya y otros 10 sobrevivientes de la masacre habían atestiguado en sede judicial, y pese a que ya se había comprobado la muerte de personas mediante las exhumaciones en la zona.
El primer representante del Estado que se animó a escuchar -escuchar- lo que había ocurrido fue el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Federico Portillo. A partir de la denuncia que recibió de Pedro Chicas, el expediente sufrió un calvario de dilaciones que quedaron retratados en el desarrollo del proceso ante la Corte Interamericana: el juez y el fiscal del caso argumentaron entre 1990 y 1992 que los terrenos alrededor del caserío El Mozote estaban plagados de minas y que era peligroso efectuar cualquier diligencia y exhumación. El 27 de marzo de 1992, el juez Portillo confesó que había recibido órdenes para dilatar o estancar la investigación por parte del los titulares del Ejecutivo, Alfredo Cristiani; y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro.
El Ministerio de la Defensa, entonces bajo el mando de René Emilio Ponce, fallecido en mayo de 2011 tampoco colaboró. La institución negó que durante las noches del 11 y 13 de diciembre de 1981 algún pelotón del ejército se hubiera desplegado al norte de Morazán, y mucho menos, que hubiera cometido alguna masacre. Tampoco entregaron la documentación que respaldara dichas afirmaciones. Desde su cargo como ministro de la Presidencia, el abogado y notario Óscar Santamaría, actual miembro del Coena y excandidato a diputado por San Salvador, se limitaba a escribir: “(...) no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.
Hoy, a más de 12 años de que la Sala de lo Constitucional otorgara a cada juez la discreción para procesar las graves violaciones a derechos humanos, el juzgado de Gotera no ha resuelto las varias solicitudes de reapertura que presentaron las víctimas de El Mozote y sus apoderados. Desde 1981, el Estado nunca pareció interesado en investigar de oficio lo que ocurrió, dice el abogado que suspira cuando se le pregunta si hubo dilaciones en el proceso, Wilfredo Medrano.
La amnistía se queda sin fundamentos
El Salvador pudo haber evitado la condena por el caso El Mozote, al menos parcialmente. Sin embargo, el mismo Estado abrió la puerta para que no fuera así. Una especie de harakiri jurídico. En diciembre de 2011, El Salvador no solo dijo que admitía y reconocía la responsabilidad de las violaciones en El Mozote (aunque sin detallar cuáles ni cuántas), sino que además, y más importante, El Salvador dijo que admitía la jurisdicción de la Corte Interamericana en el caso. Esa sola admisión hizo añicos el principio de irretroactividad jurídica que caracteriza la legislación penal salvadoreña y que había servido de escudo para que en otro caso la Corte Interamericana no pudiera pronunciarse.
En materia penal, una ley no puede aplicarse para delitos cometidos antes de su entrada en vigor, a menos que la pena a imponer sea más favorable a la persona procesada. En este caso, el control del Estado salvadoreño por parte de la Corte Interamericana había comenzado a ejercerse, formalmente, desde el 6 de junio de 1995. El principio de irretroactividad hacía imposible que se sancionara a alguien por las masacres de 1981, sin embargo, en diciembre de 2011, el Estado dijo literalmente que aceptaba la competencia de la Corte para que se pronunciase sobre los hechos de El Mozote.
En 2004, el Estado salvadoreño enfrentó un proceso por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz en la “Guinda de Mayo”, entre mayo y junio de 1982. Al final, de todas las violaciones alegadas, el fallo terminó reconociendo solo unas: hubo condena por las vulneraciones de derechos cuyo efecto seguía dándose, como la retardación de justicia y la ausencia de protección judicial, pero quedaron fuera de la condena las afrentas a la vida, a la integridad o a la libertad personal, que ocurrieron y terminaron antes del 6 de junio de 1995. 
La actitud del gobierno salvadoreño en este caso ha tirado por la borda el último obstáculo que le quedaba a la Ley de Amnistía para quedar invalidada. 
No obstante, siempre habrá desencuentros, voces a favor y en contra. Óscar Santamaría, quien fuera ministro de la Presidencia durante el mandato de Alfredo Cristiani (1989 – 1994), recordó que desde la resolución de la Sala en 2000, cada juez está habilitado para proseguir un caso o rechazarlo, con lo cual dejó entrever que la orden de la Corte le parecía innecesaria. Pero lo que al expresidente Cristiani le parece innecesario es remover el pasado tocando estos temas.
A mediados de 2011, el rumor de que la Sala de lo Constitucional estaba a punto de emitir una sentencia que la declararía ilegal la amnistía del 93 provocó una crisis de nervios y uno de los más grandes descalabros institucionales en la historia reciente del país. Arena promovió y logró que los partidos de derecha emitieran, sin consulta ni debate de por medio, un decreto legislativo que bloqueaba cualquier nueva resolución de la Sala de lo Constitucional que no fuera emitida con unanimidad de sus cinco magistrados. Solo cuando la Corte oficializó que no preparaba ningún estudio sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, Arena y el resto de partidos se retractaron. “Hoy, ante las evidentes demostraciones de que la Sala no tiene la intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, sino todo lo contrario, defenderla, rectifica y propone al FMLN, en aras de mantener la gobernabilidad democrática, estabilidad y armonía social, que nos acompañe en la derogatoria del decreto 743”, rezaba el pronunciamiento público que emitieron una semana después de la aprobación los diputados que pretendieron maniatar a los jueces constitucionalistas.
El FMLN, que gracias a la alianza con Funes colocó a dirigentes de su partido en el gobierno, terminó defendiendo el 743, a pesar de que no había votado por el decreto y de que su discurso inicial había sido de crítica, pues la consideró "un golpe a la democracia". Funes, cuando aún era candidato antes de las elecciones de 2009, se comprometió a no promover la derogación de la aministía. El FMLN, por conveniencia o por discurso, se plegó a ese discurso cuando el decreto 743.
En el Ejecutivo parece haber sintonía con la orden de deshabilitar los efectos de la Ley de Amnistía vía nulidad y no derogatoria, que fue lo que por muchos años pidieron las organizaciones de derechos humanos y partidos como el FMLN –antes de su cambio de discurso en 2009-. Derogar el indulto traería como consecuencia un efecto jurídico mucho más pequeño que si la ley se declara nula. Si la amnistía se deroga, jurídicamente eso significa que la ley sí estuvo vigente en un tiempo atrás y que, por tanto, las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en ese tiempo estaban protegidas y que hoy día no podrían investigarse, ni siquiera las personas contra las cuales ya se había abierto un proceso en el juzgado de San Francisco Gotera con su posterior sobreseimiento en virtud de la Ley de Amnistía de 1993.
En cambio, si la Ley se declara nula, las mismas personas podrían ser sujetas de un nuevo proceso judicial porque la nulidad trae como efecto decir que el indulto nunca existió y que, por lo tanto, siempre se pudo haber investigado la violación de derechos humanos conforme a las leyes vigentes.
Por eso es que Gisela De León, abogada de Cejil, sostiene que con la sentencia la Fiscalía salvadoreña debe comenzar a investigar de oficio el caso El Mozote a pesar de que, en conjunto con Tutela Legal, desde 2006 han pedido la reapertura de las acciones judiciales.
Pese a la contundencia del fallo interamericano, De León alberga un pequeño espacio para el pesimismo pues, según dice, en otros países de Latinoamérica el efecto de fallos similares es el letargo procesal. “Hay muchos casos en los que la sociedad civil ha presentado acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos y la reacción del aparato judicial ha sido no hacer nada, hay una inactividad pero con el fallo de la Corte esperamos que los casos se comiencen a mover”, explica esta abogada panameña, que ya ha obtenido otros triunfos con El Salvador representando a víctimas ante el sistema interamericano.
El Ejecutivo salvadoreño parece ya dar razones para el pesimismo a De León. David Morales, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, sostiene que el protagonismo en la inhabilitación de la ley corresponde a otras instancias, no al Ejecutivo. Morales repite que no hay garantía de que los jueces o los fiscales vayan a omitir la aplicación de la Ley de Amnistía. Ante la pregunta de El Faro de si solicitará la reapertura del caso en los tribunales o de si presentarían su propia acusación ante la Fiscalía, o si impulsarán un paquete de leyes para cumplir con las medidas restaurativas, Morales respondió con un contundente no. “Solo vamos a informar ante la Corte los incumplimientos que podrían darse, pero no podemos hacer más por la autonomía procesal que tienen tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General”, explicó.
Desde Cejil, objetan esta actitud. “Esa actitud va en contra de la tendencia internacional. Los países de Latinoamérica a los cuales la Corte ha obligado a invalidar sus leyes de amnistía han cumplido, cada cual a su manera, pero han cumplido al fin y al cabo, o al menos la institución equivalente a la Fiscalía presenta solicitudes de apertura de procesos”, comenta De León.
Morales cree que el fallo de la Corte es “un instrumento de exigibilidad” para que el sistema judicial procese algunos casos, pero deja claro que no será el Ejecutivo quien use esa carta en respeto, supuestamente, a la autonomía judicial de los jueces y los fiscales. Morales dibuja a un Ejecutivo de manos amarradas para promover decretos o hacer llamados de atención. “Lo que nosotros generamos son informes, aunque también nos dedicamos a trabajar de manera coordinada con el resto de entidades públicas que están obligadas a acatar el fallo”.
Morales explicó que ya han tenido experiencias desalentadores a pesar de haber sostenido este tipo de reuniones. “La gran mayoría de veces lo que se nos dice es que no han tenido acceso a ver la sentencia y sobre eso no podemos hacer ningún tipo de presión”.
La ironía ha querido que Morales hoy ocupe el cargo que ocupa, y que fuera él, como abogado de Tutela Legal, quien hace años impulsó la investigación del caso El Mozote junto a María Julia Hernández, exdirectora de la oficina, ya fallecida. Después pasó a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora, el funcionario se compromete a que, contrario a los gobiernos anteriores, los avances que el Estado haga respecto de las 14 medidas que debe cumplir serán transparentes. La satisfacción de esas medidas, no obstante, luce cuesta arriba.

Los números 1, 2 y 3 hacen referencia a los primeros tres cadáveres que pudo rescatar el Equipo Argentino de Antropología Forense en El Mozote. Mayo de 1992.
Los números 1, 2 y 3 hacen referencia a los primeros tres cadáveres que pudo rescatar el Equipo Argentino de Antropología Forense en El Mozote. Mayo de 1992.
Por poner un ejemplo, el gobierno trabaja por ahora en el levantamiento del Registro Único de Víctimas, sin embargo, hay casi un consenso en que se ha dejado afuera a muchas personas debido a que no se ha podido comprobar fehacientemente que existieron. Los individuos de los que hay alguna certeza de que sí existieron se han colocado en una lista, denominada Anexo E, que incluye 54 nombres.
En total, dice la sentencia, El Salvador como Estado aportó una lista de 936 víctimas individualizadas. Pero las listas que incorpora la resolución de la Corte incluyen 641 nombres, entre víctimas ejecutadas, víctimas desplazadas forzadamente, familiares de víctimas ejecutadas y víctimas sobrevivientes. En esta última se encuentra Rufina Amaya, quien con su testimonio dio a conocer al mundo lo ocurrido los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981.
La lista de 440 personas ejecutadas en el caserío El Mozote y lugares cercanos es el Anexo "A", página 162 de la sentencia; la lista de 48 personas sobrevivientes es el Anexo "B", página 171); la de los 154 familiares de las personas ejecutadas constituye el Anexo "C", página 174; y la de las 29 personas que tuvieron que desplazarse y huir hacia Honduras es el Anexo "D", página 29.
A cada una de ellas, el Estado debe resarcirles los daños causados por su olvido en la protección de las garantías judiciales que incluye un pago de entre 10 mil y 35 mil dólares.
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