Chevron desprestigia a la justicia ecuatoriana como argumento para no pagar a afectados por contaminación

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Domingo 03 de Noviembre de 2013 09:17 Patria Grande

Chevron intenta demostrar que la justicia ecuatoriana ha empeorado desde la llegada al poder de Rafael Correa en el país suramericano; lo hace en Nueva York, en una demanda que impone contra los afectados amazónicos de la contaminación en la selva ecuatoriana, a los que acusa de ser una organización criminal que quiere extorsionar a la gigante petrolera.

Chevron presentó el pasado 24 de octubre –a su favor- la declaración de un exjuez ecuatoriano, Alberto Guerra, a quien la propia empresa aceptó haber pagado por su testimonio, incluso lo reubicaron junto con su familia en Estados Unidos, y sobre quien, el defensor de los afectados amazónicos, Pablo Fajardo, relató que había pedido 500.000 dólares a cambio de un testimonio favorable a la causa de los amazónicos.

El investigador y abogado de Boston Ted Folkman reflexionó al respecto en su blog y dijo que, efectivamente, Alberto Guerra Bastidas, es “un testigo clave, si no, acaso, el testigo clave del caso de Chevron”.

Folkman relata que Guerra volvió a narrar su historia respecto a que la sentencia de la ciudad de Lago Agrio no fue redactada por la instancia judicial de la provincia de Sucumbíos, sino desde los computadores de los abogados de los afectados. Esa sentencia obliga a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares por compensación a los afectados, por daños ambientales y en la salud que surgieron de su negligente operación en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Ese testimonio, que tiene visos de haber sido fraguado y es propiciado por una persona “notoriamente corrupta” (dijo a Andes el defensor de los afectados Juan Pablo Sáenz), puede ser la parte medular del argumento que Chevron, que intenta así imponer en la corte de Nueva York que la justicia ecuatoriana era mejor antes del gobierno de Rafael Correa.

La petrolera intenta demostrar que el fallo de Sucumbíos tuvo injerencia política del Gobierno Central, pero el testimonio de Guerra –lo analiza Folkman- habla de una supuesta corrupción, que incluso de ser cierta (un peritaje demuestra lo contrario), sería el retrato de una corrupción, por decirlo así común y corriente y que no involucra al Gobierno.

Folkman apunta en su blog, en el cual hay varias entradas de análisis de las acciones de Chevron en este caso: “Mi tweet favorito sobre el testimonio viene de @ pulvdiggity vía @ Fedcourtjunkie: “mentí antes, pero ahora estoy del lado de una gran corporación, así que deberían creerme”.

“En lugar de discutir el testimonio en detalle, quiero hacer la siguiente observación: Me llamó la atención lo ordinario de la corrupción que Guerra relata. Guerra y Zambrano habrían decidido su partido a favor de Chevron si tan solo Chevron hubiera estado dispuesto a pagar. No había nada claramente político en el relato de corrupción de Guerra. Era corrupción de la clásica. Recuerden, sin embargo, que es importante para Chevron poder sostener que los tribunales ecuatorianos cambiaron dramáticamente para peor con los cambios políticos en Ecuador, incluyendo la elección del presidente Correa”.

Chevron trabó el juicio durante 10 años –originalmente impuesto en Nueva York por los demandantes amazónicos- exigiendo que el litigio se lleve a cabo en Sucumbíos (Ecuador) una vez que aquello sucedió, dos sentencias culminaron en la orden de pago de 19.000 millones para reparación ambiental.

Al no contar con bienes embargables de la empresa en Ecuador, los demandantes están obligados a hacer valer esta sentencia en el exterior, una acción que Chevron intenta impedir en Estados Unidos.

“Chevron quiere defender este argumento porque quiere explicar por qué estuvo bien decir , durante la etapa “forum non conveniens”, que los tribunales ecuatorianos eran lo suficientemente buenos, y luego decir, en la etapa de reconocimiento, que los tribunales ecuatorianos son tan malos que sus sentencias no pueden ser reconocidas. Pero si estamos hablando de corrupción ordinaria, y no de sentencias motivadas políticamente, entonces ¿por qué habría una razón fuerte para sostener que hubo un cambio en el poder judicial?”, dice Folkman en su análisis.