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lunes, 26 de agosto de 2013

Fiscalía acusa a ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino-Venezolano






 
El Ministerio Público acusó a ocho ciudadanos venezolanos presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano para ser destinados a los planes de producción alimentaria en el bienio 2011-2012.

Entre los acusados está Pablo José González Hernández, quien se desempeñaba como gerente ejecutivo encargado, por presuntamente incurrir en el delito de peculado doloso propio en calidad de coautor, refiere nota de prensa del Ministerio Público.

También fueron acusados César Rafael Cortizo Ospino, quien era el coordinador legal; María Gabriela Dona García, analista en la Coordinación Legal; Javier Fernando González, analista operacional, y Ángel Daniel Dávila Briceño, analista de la Gerencia de Operaciones, por presuntamente ser coautores del delito de peculado doloso impropio.

Igualmente fueron acusados tres personas integrantes de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin): Roberto Pfeffer, administrador; Dubravka Dojg, directora general adjunta, y su hija Lea Dojg, arquitecto, por presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento y uso de documento público en grado de coautoría, y cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio.

Todas esas personas también fueron acusadas por presuntamente incurrir en asociación para delinquir en concurrencia real.

Las personas permanecen recluidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda (Este de Caracas).

Solamente Dona García está en arresto domiciliario con apostamiento policial, por encontrarse en estado avanzado de gravidez.

La investigación se inició el 19 de diciembre de 2012, cuando se solicitó al Ministerio Público indagar con relación a dos presuntos desembolsos irregulares de fondos económicos autorizados por el Fondo Chino-Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a las empresas Kelora S.A, por 22 millones de dólares, y Bismarck Consorcio Traving Corp por 62 millones de dólares.

Tras la investigación, las personas fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en distintos procedimientos.
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (Lunes 26/08/2013)

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