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Hank Johnson
Congresistas de EU presionan para que su gobierno aclare
participación de la DEA en masacre de Ahúas
participación de la DEA en masacre de Ahúas
Marvin Palacios
Tegucigalpa.
Más de 50 congresistas demócratas de Estados Unidos firmaron una carta dirigida al Secretario de Estado John Kerry y al Fiscal General Eric Holder en la que demandan una investigación sobre supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad hondureñas y el posible papel jugado por agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) en un incidente que resultó en la trágica muerte de cuatro indígenas miskitos en la comunidad de Paptalya, municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios, en el noreste de Honduras.
La carta enviada el 30 de enero de este año, fue liderada por el congresista del distrito 4 del estado de Georgia, Hank Johnson y firmada por 57 representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos, en donde instan al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas”.
Sobre el caso, una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) visitó la zona del ataque del 20 al 24 de mayo del año pasado para documentar los hechos, entrevistar a las familias, a los sobrevivientes y obtener la representación legal de los familiares de las víctimas.
Durante las diligencias jurídicas el Cofadeh ha encontrado obstáculos por parte del Ministerio Público de Honduras que declaró las investigaciones “en secretividad”, negándole el derecho que tiene en su condición de representante de las víctimas.
En el área de acceso a justicia del Cofadeh se informó que las procuradoras de derechos humanos sólo habían podido ver el testimonio de las víctimas, pero el resto de investigaciones y acciones emprendidas por el Ministerio Público fueron extraídas del expediente.
Al respecto, la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva, expresó que “el Ministerio Público sigue cometiendo atropellos al debido proceso, él debería ser el garante para permitir que las partes miren el expediente, que esté a la vista y que no sea un ´expediente especial´ en una determinada fiscalía pero manejado por la Coordinadora de Fiscales o por el Fiscal General, porque eso indica que hay un interés de minimizar el daño causado”.
Oliva indicó que esto aleja la posibilidad de iniciar el proceso para reparar a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes y más se ve orientado en justificar y dar una rendición de cuentas no a las víctimas, no a la comunidad miskita, ni a los familiares, sino directamente a Estados Unidos.
“Imagínese que el informe que dio con eficacia al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Fiscal General Luis Alberto Rubí, pone con nombres y apellidos a los militares y policías que estuvieron en ese operativo, pero no descarta ni coloca los nombres de los agentes de la DEA que estuvo comandando el operativo y no destaca para nada y que se ha tratado de borrar es que lo que utilizaron ahí fueron armas de guerra, por eso el tratamiento de las víctimas ha sido tan difícil porque aquí en los hospitales públicos no hay medicamentos para dar un tratamiento eficaz”, detalló la Coordinadora del Cofadeh.
En el oficio FGR N.222-09-2012, el Fiscal General Luis Alberto Rubí envío un informe a la Secretaria de Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, María Otero con fecha 12 de septiembre de 2012 (cinco meses después del ataque) en donde le brinda detalles de la operación militar antidrogas que involucró a agentes de la DEA y a efectivos policiales y militares hondureños.
El Informe sólo detalla los nombres de los policías y militares hondureños que participaron en el operativo, no así de los agentes de la DEA. En la operación se utilizaron 4 helicópteros UH1-HII que se desplazaron desde una base militar en Gracias a Dios hasta Ahúas, equipados con ametralladoras M240 calibre 7.62 X 51.
Dicha acción fue ejecutada por 10 efectivos del Equipo de Respuesta Táctico (Team Response Tactical) y Fast de la DEA, 13 agentes antinarcóticos de Honduras, 8 pilotos y 6 artilleros pertenecientes a la policía hondureña y soldados de la Fuerza de Tarea.
El Informe da cuenta que los helicópteros fueron atacados desde el pipante en el que se transportaban los pobladores miskitos, sin embargo testimonios y evidencias de los sobrevivientes rechazan estos señalamientos, al sostener que la gente que se transportaba en el pipante no estaba armada y que lo único que llevaban eran enseres domésticos, granos básicos y ropa.
Cabe señalar que ante la indiferencia mostrada por el Estado de Honduras, en este caso de la Secretaría de las Etnias, la Fiscalía del Menor y la Secretaría de Derechos Humanos, entre3 otras, el Cofadeh ha corrido con los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y cuidados médicos para dos de los sobrevivientes de Ahúas.
Se trata del niño Wilmer Walter Lucas (15) a quien un disparo le destruyó los tejidos de su mano izquierda y del joven Lucio Nelson que sufrió heridas de gravedad en su costado y antebrazo derecho a la altura del codo. Los sobrevivientes relataron que recibieron ráfagas de disparos desde los helicópteros, situación que obligó a varios de ellos a lanzarse al río para salvar sus vidas.
En el ataque murieron Juana Jackson, Candelaria Trapp (ambas en estado de embarazo), Emerson Martínez y el niño Hasked Brook Wood y resultaron con heridas severas Hilda Lezama, Lucio Nelson, Wilmer Walter Lucas, Melanio Olopio.
“La gente que murió ahí era el sostén de su familia y no se ha hecho absolutamente nada, me parece que en esa línea, esta carta que han enviado los congresistas a John Kerry es importantísima, porque por un lado demuestran y reflejan su preocupación por los operativos que se están llevando a cabo en Honduras que violentan y contradicen el respeto a los derechos humanos y en nombre del combate al narcotráfico no se puede estar matando a la gente inclusive ni a los que ellos dicen que son narcotraficantes, porque tienen derecho a un debido proceso”, explicó Oliva.
Nuevamente esta el caso Ahúas en el tapete de la discusión y eso indica que deben de admitir ya la responsabilidad directa, que “la embajada (Estados Unidos en Honduras) deje de estar metiendo las manos en el avance del proceso, que se haga una investigación y que ponga más bien a disposición a la gente de la DEA que comandaba y que disparó irresponsablemente”.
Ahúas en el tapete de la discusión
En vista que sobre el ataque en Ahúas se han publicado una serie de distorsiones para confundir, Oliva dijo que no se puede encontrar justicia en base a mentiras y a manipulación de hechos con saldos tan trágicos como el asesinato de mujeres embarazadas que eso fue un ingrediente que en un inicio han tratado de borrar, pero el punto no es si las mujeres estaban embarazadas o no, el punto es que tienen que responder por las víctimas que ahí se produjeron, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
La carta enviada al Secretario de Estado John Kerry fue liderada por el congresista del distrito 4 del estado de Georgia, Hank Johnson y firmada por 57 representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos, en donde instan al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas.”
También hicieron saber su preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos que viene empeorando para comunidades afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009 en Honduras. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por violencia relacionada al tráfico de drogas y a la guerra anti-droga en Honduras apoyada por Estados Unidos.
“La tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. ---“ y consecuentemente, se les recomienda hacer “una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas“, dice la carta.
Sobre el caso, una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) visitó la zona del ataque del 20 al 24 de mayo del año pasado para documentar los hechos, entrevistar a las familias, a los sobrevivientes y obtener la representación legal de los familiares de las víctimas.
Durante las diligencias jurídicas el Cofadeh ha encontrado obstáculos por parte del Ministerio Público de Honduras que declaró las investigaciones “en secretividad”, negándole el derecho que tiene en su condición de representante de las víctimas.
En el área de acceso a justicia del Cofadeh se informó que las procuradoras de derechos humanos sólo habían podido ver el testimonio de las víctimas, pero el resto de investigaciones y acciones emprendidas por el Ministerio Público fueron extraídas del expediente.
Al respecto, la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva, expresó que “el Ministerio Público sigue cometiendo atropellos al debido proceso, él debería ser el garante para permitir que las partes miren el expediente, que esté a la vista y que no sea un ´expediente especial´ en una determinada fiscalía pero manejado por la Coordinadora de Fiscales o por el Fiscal General, porque eso indica que hay un interés de minimizar el daño causado”.
Oliva indicó que esto aleja la posibilidad de iniciar el proceso para reparar a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes y más se ve orientado en justificar y dar una rendición de cuentas no a las víctimas, no a la comunidad miskita, ni a los familiares, sino directamente a Estados Unidos.
“Imagínese que el informe que dio con eficacia al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Fiscal General Luis Alberto Rubí, pone con nombres y apellidos a los militares y policías que estuvieron en ese operativo, pero no descarta ni coloca los nombres de los agentes de la DEA que estuvo comandando el operativo y no destaca para nada y que se ha tratado de borrar es que lo que utilizaron ahí fueron armas de guerra, por eso el tratamiento de las víctimas ha sido tan difícil porque aquí en los hospitales públicos no hay medicamentos para dar un tratamiento eficaz”, detalló la Coordinadora del Cofadeh.
En el oficio FGR N.222-09-2012, el Fiscal General Luis Alberto Rubí envío un informe a la Secretaria de Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, María Otero con fecha 12 de septiembre de 2012 (cinco meses después del ataque) en donde le brinda detalles de la operación militar antidrogas que involucró a agentes de la DEA y a efectivos policiales y militares hondureños.El Informe sólo detalla los nombres de los policías y militares hondureños que participaron en el operativo, no así de los agentes de la DEA. En la operación se utilizaron 4 helicópteros UH1-HII que se desplazaron desde una base militar en Gracias a Dios hasta Ahúas, equipados con ametralladoras M240 calibre 7.62 X 51.
Dicha acción fue ejecutada por 10 efectivos del Equipo de Respuesta Táctico (Team Response Tactical) y Fast de la DEA, 13 agentes antinarcóticos de Honduras, 8 pilotos y 6 artilleros pertenecientes a la policía hondureña y soldados de la Fuerza de Tarea.
El Informe da cuenta que los helicópteros fueron atacados desde el pipante en el que se transportaban los pobladores miskitos, sin embargo testimonios y evidencias de los sobrevivientes rechazan estos señalamientos, al sostener que la gente que se transportaba en el pipante no estaba armada y que lo único que llevaban eran enseres domésticos, granos básicos y ropa.
Cabe señalar que ante la indiferencia mostrada por el Estado de Honduras, en este caso de la Secretaría de las Etnias, la Fiscalía del Menor y la Secretaría de Derechos Humanos, entre3 otras, el Cofadeh ha corrido con los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y cuidados médicos para dos de los sobrevivientes de Ahúas.
Se trata del niño Wilmer Walter Lucas (15) a quien un disparo le destruyó los tejidos de su mano izquierda y del joven Lucio Nelson que sufrió heridas de gravedad en su costado y antebrazo derecho a la altura del codo. Los sobrevivientes relataron que recibieron ráfagas de disparos desde los helicópteros, situación que obligó a varios de ellos a lanzarse al río para salvar sus vidas.
En el ataque murieron Juana Jackson, Candelaria Trapp (ambas en estado de embarazo), Emerson Martínez y el niño Hasked Brook Wood y resultaron con heridas severas Hilda Lezama, Lucio Nelson, Wilmer Walter Lucas, Melanio Olopio.
“La gente que murió ahí era el sostén de su familia y no se ha hecho absolutamente nada, me parece que en esa línea, esta carta que han enviado los congresistas a John Kerry es importantísima, porque por un lado demuestran y reflejan su preocupación por los operativos que se están llevando a cabo en Honduras que violentan y contradicen el respeto a los derechos humanos y en nombre del combate al narcotráfico no se puede estar matando a la gente inclusive ni a los que ellos dicen que son narcotraficantes, porque tienen derecho a un debido proceso”, explicó Oliva.
Nuevamente esta el caso Ahúas en el tapete de la discusión y eso indica que deben de admitir ya la responsabilidad directa, que “la embajada (Estados Unidos en Honduras) deje de estar metiendo las manos en el avance del proceso, que se haga una investigación y que ponga más bien a disposición a la gente de la DEA que comandaba y que disparó irresponsablemente”.
Ahúas en el tapete de la discusiónEn vista que sobre el ataque en Ahúas se han publicado una serie de distorsiones para confundir, Oliva dijo que no se puede encontrar justicia en base a mentiras y a manipulación de hechos con saldos tan trágicos como el asesinato de mujeres embarazadas que eso fue un ingrediente que en un inicio han tratado de borrar, pero el punto no es si las mujeres estaban embarazadas o no, el punto es que tienen que responder por las víctimas que ahí se produjeron, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
La carta enviada al Secretario de Estado John Kerry fue liderada por el congresista del distrito 4 del estado de Georgia, Hank Johnson y firmada por 57 representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos, en donde instan al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas.”
También hicieron saber su preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos que viene empeorando para comunidades afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009 en Honduras. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por violencia relacionada al tráfico de drogas y a la guerra anti-droga en Honduras apoyada por Estados Unidos.
“La tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. ---“ y consecuentemente, se les recomienda hacer “una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas“, dice la carta.
Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a
Honduras por crimen de ambientalista
Agencias / EL LIBERTADOR
San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, iniciará el próximo lunes su primer periodo de sesiones del año con audiencias de casos de Ecuador, Argentina, Honduras y Colombia.
El 98 Período Ordinario de Sesiones del tribunal continental concluirá el 15 de febrero, tras haber escuchado los alegatos y testigos de casos relacionados con asesinatos, bombardeos, destitución de magistrados, libertad de expresión y hasta impunidad en un caso de mala praxis médica, según informó hoy la Corte en un comunicado.
El primer caso que conocerán los jueces, el próximo lunes, es el "Quintana Coello versus Ecuador", que se refiere a la presunta remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución parlamentaria de 8 de diciembre de 2004.
A partir del 7 de febrero, los jueces verán el caso "Luna López versus Honduras", relacionado con el alegado asesinato de Carlos Antonio Luna López, un defensor ambientalista de ese país centroamericano.
Al día siguiente, Argentina se sentará en el banquillo de los acusados por el caso "Mémoli", relacionado a la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión de Carlos y Pablo Carlos Mémoli, por una supuesta condena penal impuesta con base en el delito de injuria.
Ecuador volverá a enfrentar a la CorteIDH el 11 de febrero en un caso relacionado con la impunidad de los médicos por una mala praxis médica.
Finalmente, Colombia rendirá cuentas a partir de ese mismo día por el caso "Marino López", conocido como "Operación Génesis", que se refiere a las supuestas acciones del ejército conjuntamente con los paramilitares entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Río Cacarica en el departamento del Chocó.
Los jueces analizarán "los supuestos bombardeos y las alegadas violaciones de derechos humanos como torturas y la ejecución extrajudicial de Marino López, además de las amenazas de muerte, los saqueos y destrucción de bienes" en contra de la población, que habrían ocasionado el "desplazamiento forzado de cientos de personas de esas comunidades, mayoritariamente mujeres, niñas y niños", detalla el comunicado oficial (EFE).
3.
El recurso fue interpuesto por varias organizaciones campesinas, ecologistas, indígenas y personas preocupadas por el impacto de los transgénicos en el agro costarricense.
El documento plantea “que se declaren inconstitucionales los artículos 117, 118 y 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria”, y fue aceptado para su estudio en la Sala Constitucional por el presidente a.i. de ese Alto Tribunal, Gilberth Armijo.
Los recurrentes solicitan declarar inconstitucional el reglamento pues viola la participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano consagrados por la constitución de la República.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, explicó que esta acción es contra el reglamento que la Comisión Nacional Técnica en Bioseguridad utilizó para aprobar el permiso a los transgénicos.
“A partir de este momento debe suspenderse la resolución final sobre los permisos” otorgados por la comisión, anunció el legislador, que también firmó el recurso de amparo.
El colectivo ecologista Bloque Verde, que organizó una manifestación del miércoles 30 en la rotonda de la Hispanidad, celebró la admisión del recurso por parte de la Sala.
Mauricio Álvarez, vocero de Bloque Verde y presidente de la Federación Ecologista, se mostró satisfecho y muy contentó porque “es una señal más de que la organización, la protesta y la acción ecologista en sus distintos niveles es efectiva”.
“Seguiremos con nuestras estrategias de lucha que incluyen la difusión de la lucha por medio de redes sociales, manifestaciones y notas de opinión. Además, las declaratorias de territorios libres de transgénicos y los recursos legales”, indicó Álvarez.
Los ecologistas esperan que la lucha contra los transgénicos llegue a amplios sectores de la sociedad y así se brinde el espacio para un debate profundo sobre una tecnología altamente cuestionada en numerosos países.
El representante de los ecologistas en la comisión, Fabián Pacheco, no ocultó este viernes su alegría por la suspensión de un acuerdo que él mismo había cuestionado.
“Este es una nueva etapa de una campaña que llevamos desde ha e varios años, contra los cultivos genéticamente modificados”, dijo Pacheco a Elpais.cr.
El ingeniero agrónomo también responsabilizó al ministerio de Agricultura de las consecuencias que esta suspensión pueda tener.
“Les advertimos a todos los miembros de la comisión que las cosas se estaban haciendo mal. Que había que escuchar a varios sectores de la sociedad e integrar argumentos válidos, tanto técnicos y científicos como sociales, culturales y económicos que no se estaban tomando en cuenta”, enfatizó Pacheco.
“Por eso votamos de forma negativa y mantenemos nuestra dignidad”, concluyó.
La admisión en la Sala Constitucional del recurso contra el reglamento que utilizó la comisión para aprobar la solicitud de siembra de transgénicos en Guanacaste hace que todo se suspenda hasta que la Sala no emita un fallo sobre el fondo.
Esto quiere decir que mientras tanto se aplica una suerte de moratoria a los transgénicos hasta que se emita una resolución en lo constitucional.
Mientras tanto los ecologistas anunciaron que redoblarán esfuerzos para continuar con la declaratoria de municipios libres de transgénicos que a esta fecha alcanza los 23 cantones.
Fuente: http://www.elpais.cr/frontend/
Honduras por crimen de ambientalista
Agencias / EL LIBERTADOR
El 98 Período Ordinario de Sesiones del tribunal continental concluirá el 15 de febrero, tras haber escuchado los alegatos y testigos de casos relacionados con asesinatos, bombardeos, destitución de magistrados, libertad de expresión y hasta impunidad en un caso de mala praxis médica, según informó hoy la Corte en un comunicado.
El primer caso que conocerán los jueces, el próximo lunes, es el "Quintana Coello versus Ecuador", que se refiere a la presunta remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución parlamentaria de 8 de diciembre de 2004.
A partir del 7 de febrero, los jueces verán el caso "Luna López versus Honduras", relacionado con el alegado asesinato de Carlos Antonio Luna López, un defensor ambientalista de ese país centroamericano.
Al día siguiente, Argentina se sentará en el banquillo de los acusados por el caso "Mémoli", relacionado a la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión de Carlos y Pablo Carlos Mémoli, por una supuesta condena penal impuesta con base en el delito de injuria.
Ecuador volverá a enfrentar a la CorteIDH el 11 de febrero en un caso relacionado con la impunidad de los médicos por una mala praxis médica.
Finalmente, Colombia rendirá cuentas a partir de ese mismo día por el caso "Marino López", conocido como "Operación Génesis", que se refiere a las supuestas acciones del ejército conjuntamente con los paramilitares entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Río Cacarica en el departamento del Chocó.
Los jueces analizarán "los supuestos bombardeos y las alegadas violaciones de derechos humanos como torturas y la ejecución extrajudicial de Marino López, además de las amenazas de muerte, los saqueos y destrucción de bienes" en contra de la población, que habrían ocasionado el "desplazamiento forzado de cientos de personas de esas comunidades, mayoritariamente mujeres, niñas y niños", detalla el comunicado oficial (EFE).
Costa Rica
Ecologistas celebran la suspensión del permiso a Monsanto
Ecologistas celebran la suspensión del permiso a Monsanto
El País (Costa Rica)
Grupos ecologistas celebraron la decisión de la Sala Constitucional de suspender el permiso otorgado por el ministerio de Agricultura a la siembra de semillas transgénicas en Chomes, Puntarenas.El recurso fue interpuesto por varias organizaciones campesinas, ecologistas, indígenas y personas preocupadas por el impacto de los transgénicos en el agro costarricense.
El documento plantea “que se declaren inconstitucionales los artículos 117, 118 y 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria”, y fue aceptado para su estudio en la Sala Constitucional por el presidente a.i. de ese Alto Tribunal, Gilberth Armijo.
Los recurrentes solicitan declarar inconstitucional el reglamento pues viola la participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano consagrados por la constitución de la República.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, explicó que esta acción es contra el reglamento que la Comisión Nacional Técnica en Bioseguridad utilizó para aprobar el permiso a los transgénicos.
“A partir de este momento debe suspenderse la resolución final sobre los permisos” otorgados por la comisión, anunció el legislador, que también firmó el recurso de amparo.
El colectivo ecologista Bloque Verde, que organizó una manifestación del miércoles 30 en la rotonda de la Hispanidad, celebró la admisión del recurso por parte de la Sala.
Mauricio Álvarez, vocero de Bloque Verde y presidente de la Federación Ecologista, se mostró satisfecho y muy contentó porque “es una señal más de que la organización, la protesta y la acción ecologista en sus distintos niveles es efectiva”.
“Seguiremos con nuestras estrategias de lucha que incluyen la difusión de la lucha por medio de redes sociales, manifestaciones y notas de opinión. Además, las declaratorias de territorios libres de transgénicos y los recursos legales”, indicó Álvarez.
Los ecologistas esperan que la lucha contra los transgénicos llegue a amplios sectores de la sociedad y así se brinde el espacio para un debate profundo sobre una tecnología altamente cuestionada en numerosos países.
El representante de los ecologistas en la comisión, Fabián Pacheco, no ocultó este viernes su alegría por la suspensión de un acuerdo que él mismo había cuestionado.
“Este es una nueva etapa de una campaña que llevamos desde ha e varios años, contra los cultivos genéticamente modificados”, dijo Pacheco a Elpais.cr.
El ingeniero agrónomo también responsabilizó al ministerio de Agricultura de las consecuencias que esta suspensión pueda tener.
“Les advertimos a todos los miembros de la comisión que las cosas se estaban haciendo mal. Que había que escuchar a varios sectores de la sociedad e integrar argumentos válidos, tanto técnicos y científicos como sociales, culturales y económicos que no se estaban tomando en cuenta”, enfatizó Pacheco.
“Por eso votamos de forma negativa y mantenemos nuestra dignidad”, concluyó.
La admisión en la Sala Constitucional del recurso contra el reglamento que utilizó la comisión para aprobar la solicitud de siembra de transgénicos en Guanacaste hace que todo se suspenda hasta que la Sala no emita un fallo sobre el fondo.
Esto quiere decir que mientras tanto se aplica una suerte de moratoria a los transgénicos hasta que se emita una resolución en lo constitucional.
Mientras tanto los ecologistas anunciaron que redoblarán esfuerzos para continuar con la declaratoria de municipios libres de transgénicos que a esta fecha alcanza los 23 cantones.
Fuente: http://www.elpais.cr/frontend/
Activista egipcio torturado hasta la muerte por la policía,
dicen opositores al gobierno
El Ministerio del Interior no hizo comentarios inmediatos.
El-Gindy estuvo desaparecido durante varios días después de protestar el 27 de enero en la plaza Tahrir de El Cairo. Los manifestantes se oponen a las políticas del presidente islamista egipcio Mohamed Morsi, y lo están presionando para enmendar la constitución, elaborada por un grupo dominado por islamistas y aprobada en un referéndum el año pasado.
El portavoz del Partido, Mona Amer, dijo que vio el cuerpo de el-Gindy y que portaba señales de tortura. Dijo que fue electrocutado, que había costillas rotas y un “cordón parecía haber sido envuelto alrededor de su cuello.” Un informe médico citado apuntaba hemorragia cerebral como causa de muerte.
Los miembros del partido estaban organizando un funeral para el-Gindy y Mohammed Saad, un manifestante de 20 años de edad, quien también murió a causa de las heridas sufridas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el viernes.
Más de 60 personas han muerto en las últimas protestas en todo Egipto, que comenzaron el 24 de enero, la víspera del segundo aniversario del inicio de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak.
Las muertes de los dos activistas se producen días después de la aparición de un video que muestra a la policía antidisturbios golpeando y arrastrando a un hombre desnudo durante los enfrentamientos del viernes, cerca de Palacio Presidencial de Egipto. El hombre, Saber Hamada, negó inicialmente abuso de la policía y dijo que los manifestantes lo desnudaron. Pero más tarde cambió su relato de lo sucedido, diciendo que mintió para evitar más problemas.
La paliza fue filmada por The Associated Press, y el video fue transmitido en vivo por la televisión egipcia el viernes, cuando las protestas hicieron estragos en las calles frente al palacio presidencial. Esto provocó una inusual declaración de arrepentimiento desde el Ministerio del Interior, que prometió investigar el ataque. La oficina del presidente dijo que estaba dolido por las imágenes y llamó al asalto “escandaloso”.
Video de la represión transmitido por la televisión egipcia el viernes:
http://www.youtube.com/watch?
5.
dicen opositores al gobierno
Un partido de la oposición egipcia afirmó este lunes que la policía torturó a uno de sus miembros hasta la muerte. Aseguran que fue electrocutado y golpearlo repetidamente en la cabeza. Es este el más reciente caso que alega brutalidad policial en la represión contra los manifestantes antigubernamentales.
Mohammed el-Gindy, de 28 años de edad, murió en la madrugada del lunes en un hospital de El Cairo después de que fue “torturado hasta la muerte”, dijo su partido en un comunicado.El Ministerio del Interior no hizo comentarios inmediatos.
El-Gindy estuvo desaparecido durante varios días después de protestar el 27 de enero en la plaza Tahrir de El Cairo. Los manifestantes se oponen a las políticas del presidente islamista egipcio Mohamed Morsi, y lo están presionando para enmendar la constitución, elaborada por un grupo dominado por islamistas y aprobada en un referéndum el año pasado.
El portavoz del Partido, Mona Amer, dijo que vio el cuerpo de el-Gindy y que portaba señales de tortura. Dijo que fue electrocutado, que había costillas rotas y un “cordón parecía haber sido envuelto alrededor de su cuello.” Un informe médico citado apuntaba hemorragia cerebral como causa de muerte.
Los miembros del partido estaban organizando un funeral para el-Gindy y Mohammed Saad, un manifestante de 20 años de edad, quien también murió a causa de las heridas sufridas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el viernes.
Más de 60 personas han muerto en las últimas protestas en todo Egipto, que comenzaron el 24 de enero, la víspera del segundo aniversario del inicio de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak.
Las muertes de los dos activistas se producen días después de la aparición de un video que muestra a la policía antidisturbios golpeando y arrastrando a un hombre desnudo durante los enfrentamientos del viernes, cerca de Palacio Presidencial de Egipto. El hombre, Saber Hamada, negó inicialmente abuso de la policía y dijo que los manifestantes lo desnudaron. Pero más tarde cambió su relato de lo sucedido, diciendo que mintió para evitar más problemas.
La paliza fue filmada por The Associated Press, y el video fue transmitido en vivo por la televisión egipcia el viernes, cuando las protestas hicieron estragos en las calles frente al palacio presidencial. Esto provocó una inusual declaración de arrepentimiento desde el Ministerio del Interior, que prometió investigar el ataque. La oficina del presidente dijo que estaba dolido por las imágenes y llamó al asalto “escandaloso”.
Video de la represión transmitido por la televisión egipcia el viernes:
http://www.youtube.com/watch?
Anonymous publica datos de más de 4.000 ejecutivos bancarios de EE.UU.
El grupo de ‘hacktivistas’ Anonymous publica datos privados y de acceso a cuentas de más de 4.000 ejecutivos bancarios estadounidenses como parte de su operación denominada Last Resort (Último Recurso).
Tras los ataques a sitios web del Gobierno de EE.UU. la semana pasada, el grupo continúa con su operación Last Resort, que busca reformar la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras al amparo de la cual fue acusado Aaron Swartz, el conocido activista que abogaba por la libre información en la Red y que, tras un proceso que le dejó en la ruina, cayó en una profunda depresión y se suicidó el pasado 11 de enero.Así, este domingo el grupo de ‘hacktivistas’ difundió la información de acceso y los datos privados de más de 4.000 cuentas de ejecutivos bancarios estadounidenses.De acuerdo con la página web www.zdnet.com, una hoja de cálculo, publicada en un sitio web gubernamental, incluía los nombres de usuario de los ejecutivos de los bancos estadounidenses, información de su inicio de sesión, credenciales, direcciones IP e incluso las contraseñas almacenadas como ‘hash’ (no como caracteres no encriptados).El sitio web utilizado en este ataque pertenece al Centro de Información de Justicia Penal de Alabama y la extensión URL de la misma contenía las palabras “oops-we-did-it-again” que en español podría traducirse como: “Uy, lo hicimos de nuevo”.
Además, los datos fueron también publicados en Pastebin, sitio web previamente utilizado por Anonymous y a través de distintas cuentas en Twitter y Facebook.
Además, los datos fueron también publicados en Pastebin, sitio web previamente utilizado por Anonymous y a través de distintas cuentas en Twitter y Facebook.
www.losnecios.com
http://lasnecias.blogspot.com/
http://losnecius.blogspot.com/
www.resistenciahonduras.net
http://lasnecias.blogspot.com/
http://losnecius.blogspot.com/
www.resistenciahonduras.net
Este es un grupo de correos de amigos de la Organizacion Politica Los Necios. Creemos en el debate, en el ejercicio de opinar y difundir pensamiento revolucionario, sentimiento humano. Tambien para hacer acopio de ideas, observaciones, criticas y pensamientos que contribuyan con la construccion de una nueva sociedad hondureña y centro americana, que a la vez nuestra luz crezca y se comparta con el mundo.
¡Venceremos!
¡Necedad!
OPLN
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