El
canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, lamentó el viernes la postura
adoptada por el Gobierno británico de no dar ni un paso para formar el
grupo de trabajo para estudiar la situación del fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, asilado desde hace 18 meses en la Embajada de Ecuador en
el país europeo.
Patiño recordó que, en junio pasado, acordó con su par británico, William Hague, crear un “grupo de juristas” para buscar una solución al caso Assange, y reiteró que, a petición de las autoridades británicas, cambió a un “grupo de trabajo”; sin embargo, Londres no ha dado pasos para la conformación de dicho grupo.
“Lamentamos que el Gobierno británico no haya tomado la decisión de establecer los nombres para conformar ese grupo de trabajo”, sostuvo Patiño.
Al ratificar que Quito mantendrá su posición de proteger a Assange, el canciller ecuatoriano sostuvo que el activista está cumpliendo una condena, incluso sin un juicio, por los delitos de los que lo acusan, y lamentó que Londres mantenga la postura de no concederle el salvoconducto.
Patiño lamentó que el país europeo, que alega ser defensor de los derechos humanos, “esté cumpliendo este vergonzoso papel”. Denunció que Londres sostiene la negativa de conceder un salvoconducto a Assange, a sabiendas de que se “están afectando gravemente los derechos humanos” del australiano, cuyo caso “quedará señalado en la historia como una clara responsabilidad del Gobierno británico”.
A juicio de Patiño, Londres “tiene la obligación de darle (el salvoconducto a Assange)”, aunque “acogiéndose a su soberanía, puede también no hacerlo, pero creemos que está violentando importantes normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
El activista, desde el 19 de junio de 2012, se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido para no ser extraditado a Suecia, donde se le reclama por supuestas agresiones sexuales, que Assange niega.
Assange teme que Suecia sea solo una escala para su entrega a EE. UU., donde podría ser condenado a pena de muerte o a cadena perpetua por la difusión de miles de cables diplomáticos estadounidenses de gran sensibilidad a través de su portal de información.
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