EDITORIAL
Los miembros de la temida “Tandona”, que están en resguardo en una guarnición militar, desde hace ocho días, aunque a la orden del tribunal judicial salvadoreño, desde el mismo periodo, buscan, mediante sus aliados nuevos y tradicionales, generar miedo entre la población, para que se sume a su defensa, y que se impida su extradición.
Como ya de todos o casi todos es conocido, por la relevancia con la que se ha tocado el tema en los diferentes medios de comunicación, el domingo 7 del corriente mes, nueve militares, entre ellos reconocidos oficiales de la “Tandona” en calidad de retiro, se refugiaron en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM), luego de conocer que eran requeridos por la INTERPOL, por órdenes de un juez de la Audiencia Nacional de España, y que la “Difusión Roja” estaba en poder la Policía Nacional Civil (PNC).
El Juez Eloy Velasco, giró órdenes de captura preventiva con miras a la extradición, contra los Generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, así como contra los oficiales José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos. Además contra los clase Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y contra el soldado Mariano Amaya Grimaldi.
En la Difusión Roja se incluye a René Emilio Ponce, quien falleció este año.
Desde 2008 se inició en España, un juicio contra 20 de militares, en la que están incluidos los arriba mencionados, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres que colaboraban con los sacerdotes en la UCA.
El juicio en España, ha sido tomado por los militares procesados y por grupos conservadores de nuestro país, como un ataque a la institución armada, lo cual es totalmente falso.
El también coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, dijo el viernes pasado, durante una manifestación que promovió el recién creado “Movimiento por la paz social, la dignidad y la soberanía nacional”, que el juicio es: “una conspiración de la izquierda nacional y extranjera. Este es un acto juzgado y el único pecado de ellos fue defender el Estado”.
Ochoa Pérez, como mucho militares que participaron en la guerra, defienden a capa y espada, que matar al Padre Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, y las empleadas Elba y Celina Ramos, era defender al Estado.
Está claro, que el padre Ellacuría, fue el principal promotor del diálogo, para ponerle fin a la guerra civil.
Aunque, está claro también, que muchos militares, sobre todo los de la Tandona no querían el diálogo, y, por tanto, mataron a aquel que estaba propiciando el Diálogo, pero, no por defender el estado, sino, porque la cúpula militar se oponía a ese diálogo.
El general Vargas ha dicho que el proceso contra los militares es una amenaza contra la Fuerza Armada, si ese fuera el caso, los procesados deberían ser el actual Ministro de Defensa o su Comandante General, y no los nueves militares en calidad de retiro.
Cuando estas voces esgrimen que hay conspiración contra la casta militar, hay injerencia o amenazas a la soberanía, o lo más grave, que “se pone en peligro” la estabilidad de la nación, lo que se está provocando es generar miedo, para que no haya justicia, para que siga imperando la impunidad de los casos considerados crímenes de lesa humanidad, que en la guerra civil, solo los pudo cometer el ejército de aquella época, como ha quedado registrado en la memoria histórica de quienes sufrieron directa o indirectamente esos hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario