Construcción en propiedad de la entonces esposa del candidato presidencial
Por David Ernesto Pérez
SAN SALVADOR – Después de ser extraditado de Francia y en pleno proceso penal en su contra, el ex presidente de ANDA, Carlos Perla acusó a Norman Quijano, actual alcalde de San Salvador, y al entonces presidente, Francisco Flores, de haber sido beneficiados con la ola de corrupción que protagonizó en la autónoma.
Entre las acusaciones, el ex titular de ANDA -condenado a 15 años de prisión-, incriminó al actual candidato presidencial de ARENA de tener en sus propiedades pozos construidos con recursos estatales, sin haber cancelado por los respectivos servicios.
En su momento, el entonces diputado Quijano negó dichos favores, e incluso llevó a sus propiedades a varios medios de comunicación a constatar que no eran ciertas las acusaciones.
Sin embargo, el pozo del que habló Perla no estaba en terrenos de Quijano, sino en la Hacienda Cangrejera, en la parcela 47 a nombre de su entonces esposa, Flor de María González de Quijano.
Dicha construcción es conocida como Pozo el Niza.
“Perla fue un bocón que habló de todo pero nunca demostró con documentos”, recordó una fuente jurídica que fue cercana al ex titular mientras duró el proceso penal.
En el juicio, Perla mencionó una larga lista de personas vinculadas a la corrupción de la que “todo mundo hizo fiesta”; no obstante, nunca contó con un documento que sustentara las incriminaciones.
Fue así como, en la etapa de instrucción, comunicó a sus abogados y a la Fiscalía General que presentaría una denuncia contra el ex presidente Flores, Quijano y el ex gerente general de ANDA, Mario Orellana.
“Vamos a presentar un escrito a la señora jueza Chavarría, pidiéndole permiso para que yo pueda salir de la DAN la próxima semana para poner la denuncia, ya que los señores fiscales no quieren proceder de oficio, como corresponde”, dijo Perla en marzo del 2007.
De este tema ya había hecho eco la fracción parlamentaria del FMLN. En el 2003 los entonces diputados Nelson García y Humberto Centeno, les recriminaron la edificación de pozos con materiales de la autónoma a Quijano y a Mario Acosta Oertel, ambos miembros “pura sangre” del partido de derechas.
La Fiscalía General no actuó con ninguna denuncia pública, tampoco atendió las reiteradas quejas de Perla.
“¿Por qué no ha actuado Fiscalía? ¿Tiene orden de no actuar? ¿Tiene una orden política?”, cuestionó Perla en el 2007.
Para este artículo, ContraPunto gestionó entrevista con Carlos Augusto Perla, sin embargo, respondió negativamente a la solicitud.
Cómo buscar un pozo en un pajar
A finales del 2011 un fenómeno meteorológico arrasó a El Salvador: en pocas horas de lluvias intensas, la tormenta 12E provocó que centenares de familias fueran evacuadas de sus casas, otras personas perdieron miles de dólares en sus pertenencias arrastradas por el agua y la agricultura sufrió otro revés que se tradujo en cosechas frustradas por el exceso de humedad.
Las lluvias provocaron la paralización de la actividad productiva, el comercio cerró sus puertas y la gente se quedó en casa por miedo a salir bajo aquellos aguaceros que no paraban nunca de caer. Incluso, dos municipios fueron literalmente hundidos y las casas quedaron bajo el agua.
Aquella catástrofe se vislumbró en su totalidad cuando escampó y sol alumbró todos los rincones del país; en reunión con la comunidad internacional, el presidente Mauricio Funes estimó en aproximadamente 840 millones de dólares las pérdidas provocadas por el 12E.
El interior del país fue el más afectado, de tal forma que, semanas después del temporal, la presidencia de ANDA ordenó la búsqueda de nuevas fuentes de agua en las zonas en las que, debido a las fuertes corrientes, pozos y otros sistemas fueron dañados.
Un grupo de técnicos se dedicó a rastrear los lugares en las cuales una vez hubo un pozo y verificar si existía salinidad. A este proceso se le llama investigación hidrológica. Dependiendo del resultado, podían continuar perforando en una zona o poner pies a polvosa en búsqueda de fuentes subterráneas con agua apta para consumo humano.
Uno de estos grupos hizo un extenso e intenso recorrido: desde Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán hasta la desembocadura del Río Grande, en San Miguel. Sin embargo, en Cangrejera, La Libertad, ocurrió algo que desconcertó al grupo: al preguntar a las comunidades sobre pozos en el lugar, los lugareños se refirieron a uno que estaba “allá arriba” del cual nadie podía obtener agua.
“Allá arriba hicieron un pozo los de ANDA”, con esta referencia el equipo se trasladó en el vehículo para constatar lo que los vecinos dijeron, de tal suerte que en lugar de encontrar un pozo toparon con un enorme cerco y dos vigilantes privados con cara de pocos amigos, quienes con fusiles en mano les advirtieron que no podían ir propiedad adentro, a menos que tuvieran un permiso autorizándolos.
Con la inquietud decidieron abandonar el lugar, puesto que no era necesario poner en riesgo a los trabajadores de la autónoma.
Posteriormente, uno de los técnicos del equipo verificó qué era lo que estaba pasando en esa enorme finca, y confirmó que sí existe un pozo que fue construido con materiales y por personal de la autónoma.
Una bitácora de la institución refleja que el pozo fue construido el 11 de enero del 2001, el diámetro de perforación es entre 12 a 14 pulgadas y tiene 164 metros de profundidad.
Exactamente, la edificación está ubicada en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7,8 y 11 del polígono E, pertenecientes a la ex cónyuge de Quijano.
Esta propiedad es de 39 mil 784.8 varas cuadradas, y fue adquirida a 9 mil 784.71 dólares a principios de 1990. La compra fue hecha a Ricardo Ernesto Antonio Gutiérrez Gutiérrez, representante de la sociedad Agroindustrias El Litoral.
En dicho momento, González canceló únicamente 8 mil 571 colones, según el contrato de compra venta ante los oficios notariales de Narciso Rovira Flores, con promesa de pago en un plazo de ocho años.
Las propiedades son segregaciones de La Hacienda Las Mesas, la cual se ubica en la Carretera del Litoral, 1.7 kilómetros.
La parcela 48-justamente a la par de la 47- es propiedad de Norma Elizabeth Quijano González, hija del aspirante presidencial.
Esta segregación tiene un costo actual de 13 mil 397 dólares, y es de 13 mil varas cuadradas, según la escritura notarial.
En esta ubicación, el Niza puede ser visto con Google Maps, asimismo son identificables las líneas que deja en la tierra el aterrizaje de una avioneta y naranjales.
Una fuente técnica de ANDA, que declinó identificarse para este reportaje, explicó que en la actualidad, el costo del pozo ronda los 30 mil dólares.
El 8 de enero del 2009, Diario Co Latino publicó una denuncia anónima en la cual señaló que dicho pozo significó a la autónoma, aproximadamente 300 mil colones, cuyo destino original era para ayudar a comunidades rurales. La maquinaria fue donativo de Japón.
Según la fuente, existen varios problemas legales con la construcción de dicha estructura para abastecimiento de agua: ANDA desconoce de dónde vino la orden para edificar un pozo con sus fondos a favor de un funcionario, y el servicio no fue cancelado, y se desconoce si en la actualidad el propietario paga por el uso que le da.
“Es un pozo hecho con recursos institucionales pero que no está siendo utilizado por una comunidad. Si paga o no, no es tan dañino como que sea un pozo que se hizo para una comunidad”, lamentó el consultado.
A nivel documental la orden primaria no existe, por lo que no se puede determinar si, Orellana o Perla, a solicitud de Quijano, ordenó la construcción en el terreno de la entonces cónyuge.
“No sabemos dónde comenzó el proceso, pero sí como terminó”, reiteró.
Al preguntar si, así como hay una bitácora técnica con las especificaciones del pozo, existe una orden escrita para que el trabajo fuera consumado, el profesional respondió que no.
Por lo tanto, el rastreo directo se bifurca en dos caminos: la confusión respecto a la orden original, por un lado, y por otro los mandos medios que no cuestionaron la labor encomendada, reiterando de esta manera la irregularidad por no ser una decisión de una junta directiva.
“Es bien difícil (determinar quién dio la orden), es que no es que uno quiera perforar un pozo, pero si viene una comunidad y le llevan la solicitud al presidente, él es quien puede dar la autorización y nosotros, como unidad técnica, recibimos las instrucciones necesarias”, aclaró el entrevistado.
Al consultar a la fuente jurídica sobre el proceso de Perla, éste insistió en que el ex titular solamente fue una pieza más del engranaje de negocios ilícitos en la autónoma, y, en consecuencia, por eso fue incapaz de enumerar, con nombres y apellidos, a los beneficiados de la “fiesta de corrupción”.
Por eso, el conocedor directo del caso estimó que, la cabeza principal del caso fue Mario Orellana, y es éste ex funcionario quien sí podría señalar si ANDA otorgó más dádivas a otros personajes de la vida pública.
Perla fue acusado por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de: peculado, asociaciones y negociaciones ilícitas; Orellana, por asociaciones y negociaciones ilícitas; por estas últimas infracciones a la ley fueron perseguidos penalmente los ex gerentes Luis Gustavo Crespín y Carlos Herrera.
La fuente, que además tiene experticia en temas penales, describió que, las personas que se lucran de los bienes públicos gracias a un tercero son castigados por el Código Penal, y pueden ser delimitados en los delitos referidos a la corrupción.
Para el caso, citó el artículo 326 de la normativa mencionada, que dicta que el funcionario o empleado público que dé ocasión al cometimiento del peculado (apropiarse de recursos del Estado) puede ser condenado con prisión de dos a tres años, en caso la falta fuese igual o inferior a cien colones. En caso sea mayor, el número de años de cárcel aumenta.
Asimismo, sería aplicable el cohecho impropio que, además de la inhabilitación, ordena prisión por cuatro años.
Por aquellos días, Quijano se defendió a capa y espada, retando incluso a una Fiscalía que, a la cabeza de Belisario Artiga, desde el principio se mostró tibia en el tema, reaccionó además que se trataba de una “estratagema” de Perla para salpicarlo.
Mientras Quijano esgrimía sus argumentos, la bancada arenera, liderara por el ahora opositor, Guillermo Gallegos, de GANA, le defendió sin pensarlo tanto.
Ahora, consultado a propósito del tema, el aspirante presidencial respondió, evasivo, que son señalamientos con “intencionalidad política”
Dr. Tenemos una bitácora de ANDA que señala la construcción de un pozo con fondos de ANDA que no fueron cancelados y…
Mirá, eso lo tienen desde hace más de nueve años y nunca han presentado nada, cada vez que vienen las elecciones es el mismo tema y yo llevé a varios colegas tuyos periodistas a mi propiedad.
¿Dónde?
A Zaragoza porque el señor que hizo la denuncia dijo que era en Zaragoza. Y yo entiendo esos señalamientos que no tienen más que una intencionalidad política.
(Inmediatamente continuó caminando hacia el interior de la sede del COENA)
http://www.contrapunto.com.sv/politica/perla-quijano-y-un-pozo-que-quizas-los-une
Construcción en propiedad de la entonces esposa del candidato presidencial
Por David Ernesto Pérez
SAN SALVADOR – Después de ser extraditado de Francia y en pleno proceso penal en su contra, el ex presidente de ANDA, Carlos Perla acusó a Norman Quijano, actual alcalde de San Salvador, y al entonces presidente, Francisco Flores, de haber sido beneficiados con la ola de corrupción que protagonizó en la autónoma.
Entre las acusaciones, el ex titular de ANDA -condenado a 15 años de prisión-, incriminó al actual candidato presidencial de ARENA de tener en sus propiedades pozos construidos con recursos estatales, sin haber cancelado por los respectivos servicios.
En su momento, el entonces diputado Quijano negó dichos favores, e incluso llevó a sus propiedades a varios medios de comunicación a constatar que no eran ciertas las acusaciones.
Sin embargo, el pozo del que habló Perla no estaba en terrenos de Quijano, sino en la Hacienda Cangrejera, en la parcela 47 a nombre de su entonces esposa, Flor de María González de Quijano.
Dicha construcción es conocida como Pozo el Niza.
“Perla fue un bocón que habló de todo pero nunca demostró con documentos”, recordó una fuente jurídica que fue cercana al ex titular mientras duró el proceso penal.
En el juicio, Perla mencionó una larga lista de personas vinculadas a la corrupción de la que “todo mundo hizo fiesta”; no obstante, nunca contó con un documento que sustentara las incriminaciones.
Fue así como, en la etapa de instrucción, comunicó a sus abogados y a la Fiscalía General que presentaría una denuncia contra el ex presidente Flores, Quijano y el ex gerente general de ANDA, Mario Orellana.
“Vamos a presentar un escrito a la señora jueza Chavarría, pidiéndole permiso para que yo pueda salir de la DAN la próxima semana para poner la denuncia, ya que los señores fiscales no quieren proceder de oficio, como corresponde”, dijo Perla en marzo del 2007.
De este tema ya había hecho eco la fracción parlamentaria del FMLN. En el 2003 los entonces diputados Nelson García y Humberto Centeno, les recriminaron la edificación de pozos con materiales de la autónoma a Quijano y a Mario Acosta Oertel, ambos miembros “pura sangre” del partido de derechas.
La Fiscalía General no actuó con ninguna denuncia pública, tampoco atendió las reiteradas quejas de Perla.
“¿Por qué no ha actuado Fiscalía? ¿Tiene orden de no actuar? ¿Tiene una orden política?”, cuestionó Perla en el 2007.
Para este artículo, ContraPunto gestionó entrevista con Carlos Augusto Perla, sin embargo, respondió negativamente a la solicitud.
Cómo buscar un pozo en un pajar
A finales del 2011 un fenómeno meteorológico arrasó a El Salvador: en pocas horas de lluvias intensas, la tormenta 12E provocó que centenares de familias fueran evacuadas de sus casas, otras personas perdieron miles de dólares en sus pertenencias arrastradas por el agua y la agricultura sufrió otro revés que se tradujo en cosechas frustradas por el exceso de humedad.
Las lluvias provocaron la paralización de la actividad productiva, el comercio cerró sus puertas y la gente se quedó en casa por miedo a salir bajo aquellos aguaceros que no paraban nunca de caer. Incluso, dos municipios fueron literalmente hundidos y las casas quedaron bajo el agua.
Aquella catástrofe se vislumbró en su totalidad cuando escampó y sol alumbró todos los rincones del país; en reunión con la comunidad internacional, el presidente Mauricio Funes estimó en aproximadamente 840 millones de dólares las pérdidas provocadas por el 12E.
El interior del país fue el más afectado, de tal forma que, semanas después del temporal, la presidencia de ANDA ordenó la búsqueda de nuevas fuentes de agua en las zonas en las que, debido a las fuertes corrientes, pozos y otros sistemas fueron dañados.
Un grupo de técnicos se dedicó a rastrear los lugares en las cuales una vez hubo un pozo y verificar si existía salinidad. A este proceso se le llama investigación hidrológica. Dependiendo del resultado, podían continuar perforando en una zona o poner pies a polvosa en búsqueda de fuentes subterráneas con agua apta para consumo humano.
Uno de estos grupos hizo un extenso e intenso recorrido: desde Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán hasta la desembocadura del Río Grande, en San Miguel. Sin embargo, en Cangrejera, La Libertad, ocurrió algo que desconcertó al grupo: al preguntar a las comunidades sobre pozos en el lugar, los lugareños se refirieron a uno que estaba “allá arriba” del cual nadie podía obtener agua.
“Allá arriba hicieron un pozo los de ANDA”, con esta referencia el equipo se trasladó en el vehículo para constatar lo que los vecinos dijeron, de tal suerte que en lugar de encontrar un pozo toparon con un enorme cerco y dos vigilantes privados con cara de pocos amigos, quienes con fusiles en mano les advirtieron que no podían ir propiedad adentro, a menos que tuvieran un permiso autorizándolos.
Con la inquietud decidieron abandonar el lugar, puesto que no era necesario poner en riesgo a los trabajadores de la autónoma.
Posteriormente, uno de los técnicos del equipo verificó qué era lo que estaba pasando en esa enorme finca, y confirmó que sí existe un pozo que fue construido con materiales y por personal de la autónoma.
Una bitácora de la institución refleja que el pozo fue construido el 11 de enero del 2001, el diámetro de perforación es entre 12 a 14 pulgadas y tiene 164 metros de profundidad.
Exactamente, la edificación está ubicada en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7,8 y 11 del polígono E, pertenecientes a la ex cónyuge de Quijano.
Esta propiedad es de 39 mil 784.8 varas cuadradas, y fue adquirida a 9 mil 784.71 dólares a principios de 1990. La compra fue hecha a Ricardo Ernesto Antonio Gutiérrez Gutiérrez, representante de la sociedad Agroindustrias El Litoral.
En dicho momento, González canceló únicamente 8 mil 571 colones, según el contrato de compra venta ante los oficios notariales de Narciso Rovira Flores, con promesa de pago en un plazo de ocho años.
Las propiedades son segregaciones de La Hacienda Las Mesas, la cual se ubica en la Carretera del Litoral, 1.7 kilómetros.
La parcela 48-justamente a la par de la 47- es propiedad de Norma Elizabeth Quijano González, hija del aspirante presidencial.
Esta segregación tiene un costo actual de 13 mil 397 dólares, y es de 13 mil varas cuadradas, según la escritura notarial.
En esta ubicación, el Niza puede ser visto con Google Maps, asimismo son identificables las líneas que deja en la tierra el aterrizaje de una avioneta y naranjales.
Una fuente técnica de ANDA, que declinó identificarse para este reportaje, explicó que en la actualidad, el costo del pozo ronda los 30 mil dólares.
El 8 de enero del 2009, Diario Co Latino publicó una denuncia anónima en la cual señaló que dicho pozo significó a la autónoma, aproximadamente 300 mil colones, cuyo destino original era para ayudar a comunidades rurales. La maquinaria fue donativo de Japón.
Según la fuente, existen varios problemas legales con la construcción de dicha estructura para abastecimiento de agua: ANDA desconoce de dónde vino la orden para edificar un pozo con sus fondos a favor de un funcionario, y el servicio no fue cancelado, y se desconoce si en la actualidad el propietario paga por el uso que le da.
“Es un pozo hecho con recursos institucionales pero que no está siendo utilizado por una comunidad. Si paga o no, no es tan dañino como que sea un pozo que se hizo para una comunidad”, lamentó el consultado.
A nivel documental la orden primaria no existe, por lo que no se puede determinar si, Orellana o Perla, a solicitud de Quijano, ordenó la construcción en el terreno de la entonces cónyuge.
“No sabemos dónde comenzó el proceso, pero sí como terminó”, reiteró.
Al preguntar si, así como hay una bitácora técnica con las especificaciones del pozo, existe una orden escrita para que el trabajo fuera consumado, el profesional respondió que no.
Por lo tanto, el rastreo directo se bifurca en dos caminos: la confusión respecto a la orden original, por un lado, y por otro los mandos medios que no cuestionaron la labor encomendada, reiterando de esta manera la irregularidad por no ser una decisión de una junta directiva.
“Es bien difícil (determinar quién dio la orden), es que no es que uno quiera perforar un pozo, pero si viene una comunidad y le llevan la solicitud al presidente, él es quien puede dar la autorización y nosotros, como unidad técnica, recibimos las instrucciones necesarias”, aclaró el entrevistado.
Al consultar a la fuente jurídica sobre el proceso de Perla, éste insistió en que el ex titular solamente fue una pieza más del engranaje de negocios ilícitos en la autónoma, y, en consecuencia, por eso fue incapaz de enumerar, con nombres y apellidos, a los beneficiados de la “fiesta de corrupción”.
Por eso, el conocedor directo del caso estimó que, la cabeza principal del caso fue Mario Orellana, y es éste ex funcionario quien sí podría señalar si ANDA otorgó más dádivas a otros personajes de la vida pública.
Perla fue acusado por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de: peculado, asociaciones y negociaciones ilícitas; Orellana, por asociaciones y negociaciones ilícitas; por estas últimas infracciones a la ley fueron perseguidos penalmente los ex gerentes Luis Gustavo Crespín y Carlos Herrera.
La fuente, que además tiene experticia en temas penales, describió que, las personas que se lucran de los bienes públicos gracias a un tercero son castigados por el Código Penal, y pueden ser delimitados en los delitos referidos a la corrupción.
Para el caso, citó el artículo 326 de la normativa mencionada, que dicta que el funcionario o empleado público que dé ocasión al cometimiento del peculado (apropiarse de recursos del Estado) puede ser condenado con prisión de dos a tres años, en caso la falta fuese igual o inferior a cien colones. En caso sea mayor, el número de años de cárcel aumenta.
Asimismo, sería aplicable el cohecho impropio que, además de la inhabilitación, ordena prisión por cuatro años.
Por aquellos días, Quijano se defendió a capa y espada, retando incluso a una Fiscalía que, a la cabeza de Belisario Artiga, desde el principio se mostró tibia en el tema, reaccionó además que se trataba de una “estratagema” de Perla para salpicarlo.
Mientras Quijano esgrimía sus argumentos, la bancada arenera, liderara por el ahora opositor, Guillermo Gallegos, de GANA, le defendió sin pensarlo tanto.
Ahora, consultado a propósito del tema, el aspirante presidencial respondió, evasivo, que son señalamientos con “intencionalidad política”
Dr. Tenemos una bitácora de ANDA que señala la construcción de un pozo con fondos de ANDA que no fueron cancelados y…
Mirá, eso lo tienen desde hace más de nueve años y nunca han presentado nada, cada vez que vienen las elecciones es el mismo tema y yo llevé a varios colegas tuyos periodistas a mi propiedad.
¿Dónde?
A Zaragoza porque el señor que hizo la denuncia dijo que era en Zaragoza. Y yo entiendo esos señalamientos que no tienen más que una intencionalidad política.
(Inmediatamente continuó caminando hacia el interior de la sede del COENA)
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