27 / 9 / 2011 ( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A - ) En Paraguay, los agronegociantes, los latifundistas, los tres poderes del estado y los agentes locales del imperialismo yankee intentan frenar “la historia de la lucha de clases” proponiendo un escenario de terrorismo de estado y persecución política. Al igual que en 2010, se debate el “estado de excepción,” con el cual dar marco “constitucional y legal” a las acciones del aparato fiscal – policial - militar contra los elementos más avanzados del pueblo, que en lo específico paraguayo, es la lucha por la reforma agraria.
Los agentes que encabezan el saqueo se relamen frente a las grandes posibilidades de alcanzar el objetivo, a pesar del carácter anacrónico de la metodología que utilizan. Como soporte económico y con evidentes necesidades geopolíticas presentan a Itaipu – Yacyreta, Petropar ( petrolera estatal ), Ande ( empresa estatal eléctrica) y los aeropuertos del país como objetivo de un tardío esfuerzo privatista del capital. Muy probablemente, el éxito de la intentona de estos agentes sea hijo del poder global que ostentan.
Sin embargo, como mostrábamos en el envío anterior de A.N.A. ( 14/9 /2011 ) el punto fundamental de este escenario sigue siendo, sin lugar a dudas, la operación represiva en función de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Llegados acá debemos señalar, que si las “promesas” dadas a 600.000 sin tierra y el millón de paraguayos desplazados en el exterior en materia de reforma agraria llevaron al jerarca católico Fernando Lugo a la presidencia de un país de sólo 6 millones de habitantes, el “incumplimiento” de las mismas promesas, permitió a este presidente conservar el cargo frente a las conspiraciones nacidas en la embajada de EE.UU.
En consecuencia, se ha disparado un proceso político, que en sus detalles más finos, no deja lugar a dudas en cuanto a las responsabilidades ( como en la historia de la segunda mitad del s. XX ) de la embajada de EEUU en la reedición del terrorismo de estado. Complementariamente Lugo adhirió abiertamente a la preparación de los militares paraguayos para reprimir en el discurso de apertura del curso 2011 de Inteligencia Estratégica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), contra lo que llama amenazas a “la seguridad de los estados.” "Deseo a los profesores, orientadores, integrantes de la hermana República Argentina, a los cursantes, el mejor de los éxitos," refiriéndose a los instructores de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército de la República Argentina. ( http://www.presidencia.gov.py/v1/?p=56865 ) O los cursos en contrainsurgencia en Colombia, o la presencia de los peruanos de SWAT, tal como han venido denunciando numerosas organizaciones del campo popular nacionales e internacionales.
La creciente combatitividad de los campesinos de la Liga Nacional de los Carperos, nos llevó en A.N.A., a concluir que en Paraguay “se agudizan las contradicciones sociales implicadas por el retroceso político que supone la injerencia yankee en los asuntos internos.” Dado la masiva toma del estado por parte del imperialismo mediante el programa Umbral ( oficina de la USAID ), agregábamos que “el proceso de militarización no se circunscribe solo a la zona en que las organizaciones campesinas más combativas ponen contra las cuerdas el régimen de la agricultura sin agricultores y la propiedad latifundiaria. ”
Por supuesto, decimos que se trata de una maquinaria en marcha y cuya clavija de encendido / apagado no está en Paraguay. 
Por eso, si observamos la secuencia del proceso, ( ANA, 14 / 9 / 2011 ) podemos sostener que el ataque armado contra la sub comisaría 10ª no es la causa de la militarización de nuestra región, tampoco lo es del “estado de excepción” en caso de que sea promulgado por Lugo. Menos aún, se puede considerar un tema relevante políticamente para captar las contradicciones fundamentales del proceso este ataque armado contra la sub comisaría 10ª de Capitán Giménez, imputado al Ejército del Pueblo Paraguayo. No, la larga y abierta preparación para la solución militar propuesta por el régimen muestra con claridad que la causa directa de la militarización, está en el brazo armado de los intereses del latifundio y los agronegocios coaligados con los intereses económicos del imperialismo yankee. Solo como muestra podemos recordar el pedido de sacar “ las Fuerzas Armadas de la Nación para traer la paz en nuestro país” formulado en diputados frente a la masiva recuperación de tierras por parte de la LNC ( antes, mucho antes que suceda el ataque contra la sub comisaría 10ª. ) Más aún, si tenemos en cuenta la sistemática preparación militar de la policía en Colombia para atacar al pueblo con ayuda abierta de la embajada de EEUU. Sólo señalamos el hecho más reciente, sin mencionar los aviones no tripulados ofrecidos por empresas israelíes, entre otros “proveedores” bendecidos por EE.UU. Denunciábamos en el envío anterior de A.N.A. que el comisario Tolentino Espinoza comunicó recientemente que el gobierno de los Estados Unidos “donó” 2 millones de dólares para infraestructura en Jhugua Ñandu y la incorporación de la tecnología digital. ( Ultima Hora, 30 / 9 / 2011. )
Este escenario está definido claramente por “la línea” recientemente traída por James Thessin ( nuevo embajador de EEUU ) desde el Departamento de Estado. Es la línea de la utilización de las áreas de DDHH para encubrir las violaciones a los DDHH en las operaciones de represión estatal.
En A.N.A. advertimos que el nuevo embajador era asesor del área de DDHH del Departamento de Estado de EEUU. Considerando este elemento hemos ajustado aún más nuestra tesis, ya que el redireccionamiento de “la línea “torna significativo el reciente nombramiento del delegado fiscal Suarez como director de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Este fiscal, además de ser autor intelectual del montaje de falsas imputaciones en el horrible secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, tiene que responder por su responsabilidad en el asesinato del compañero Guillermo Weyer, querellante en causas de crímenes de lesa humanidad cometidas por los stronistas.
Este delegado fiscal de la unidad DDHH del Ministerio Público, coordinaba las “operaciones” de los montajes jurídicos con los que los genocidas hacen frente a las querellas promovidas valientemente por un puñado de víctimas de la dictadura de Stroessner, entre los que estaba Weyer. En el caso del Guillermo Weyer, la fiscalía sometió a este compañero a pericias forenses para “confirmar” las torturas recibidas durante el genocidio en Paraguay, re-victimizándolo, consecuencia de lo cual, murió de un infarto a los pocos días.
Consideramos que el nombramiento del delegado fiscal Suarez, es un índice cierto de que estamos frente a la “llave maestra” de la represión para esta etapa del proceso. Por eso, concluimos que las operaciones represivas del aparato fiscal –policial- militar salidas en las semanas que siguen, desde el Ministerio del Interior y la embajada de EEUU responden a la misma “línea” operativa: más allá de los detectores de mentiras, las armas con visores nocturnos y los aviones no tripulados, la “llave maestra” será la sistemática violación a los DDHH encubiertos desde “la línea” del embajador Thiessen y el delegado fiscal ” en uso de licencia” Suarez, ambos especialistas en encubrir graves violaciones de los DDHH en escenarios de terrorismo de estado y persecución política.
Para concluir, como se ve el resultado de esta etapa en la lucha de clases, se va a resolver en el ataque militar definido desde montajes de falsas imputaciones contra los luchadores populares y los interrogatorios en la mesa de los peritos forenses del delegado fiscal Suarez “con licencia hasta fin de año,” otorgada por su jefe: el fiscal Candia Amarilla.
Este último es un funcionario con fecha de vencimiento, lo cual no evitará que consiga su lugar en la galería de los enemigos de un pueblo que criminalizó diciendo a todo aquel que lo quisiera escuchar que " estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores.” ( La Nación 5/1/09. )
Redacción Aratiri
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