El
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Ernesto
Morales Cruz, en atención a la petición realizada por organizaciones de
la sociedad civil y personas activistas mexicanas del Colectivo de
Derechos Humanos en Acción Mesoamericana residentes en El Salvador; ante
la gravedad de los hechos acaecidos el 26 de septiembre del 2014, en el
municipio de Iguala, estado de Guerrero de los Estados Unidos
Mexicanos; los cuales consistieron en el homicidio de 6 personas, 30
lesionadas y 43 desaparecidas, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acciones presuntamente realizadas por agentes policiales municipales y de crimen organizado, expresa:
Su
consternación ante estas prácticas violatorias del derecho a la vida, a
la integridad personal y que poseen connotaciones de una presunta
desaparición forzada, puesto que a la fecha las 43 personas
desaparecidas, aún no han sido encontradas o identificadas. El 7 de noviembre del 2014, el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), por medio de un comunicado
manifestó en su calidad de peritos independientes, que hasta el momento
no han habido identificaciones y que continúan trabajando al mismo
tiempo que los peritos oficiales.
Por
ello, estima que las acciones de las autoridades competentes encargadas
del análisis, la investigación y la determinación de las
responsabilidades en los asesinatos, lesiones y desaparición de los 43
estudiantes del municipio de Iguala deben tener como prioridad la
protección integral de las personas víctimas y sus familiares, la
garantía del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la
restitución y reparación de sus derechos.
En
este sentido, reitera su solidaridad a las familias de las víctimas,
uniéndose al clamor de las organizaciones sociales y población en
general de los diversos países que se han pronunciado y les insta a que
no desistan en la lucha de exigir la verdad y justicia para las
víctimas; de tal manera que se realicen los mayores esfuerzos para que
las autoridades competentes cumplan su papel de investigar a profundidad
los hechos enunciados y evitar que los mismos queden impunes.
Solicita
a los organismos internacionales y de cooperación, a que emprendan sus
mejores estrategias de desarrollo e incidencia de manera efectiva y
oportuna para fortalecer las capacidades del Gobierno de México y de los
gobiernos de los países latinoamericanos en la prevención,
investigación, combate del delito y crimen organizado, que afecta no
únicamente a los nacionales de dicho país, sino también a las personas
migrantes en tránsito, en gran medida provenientes de los países del
triángulo norte de Centroamérica, y a que el tema de seguridad ciudadana
y humana en la región sea parte prioritaria de sus agendas a largo
plazo.
Finalmente,
considera que la grave connotación de este caso no debe repetirse bajo
ninguna circunstancia en ningún país. Los Estados tienen el deber de
respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la
libertad, a la seguridad de la población y a propiciar los mecanismos
necesarios para la protección, prevención, persecución del delito, sobre
todo cuando se tratan de prácticas ilícitas que pueden calificarse como
delitos de lesa humanidad. Para ello es determinante el
acompañamiento a las víctimas y la verificación de las actuaciones de
las autoridades, por parte de las instituciones nacionales de derechos
humanos de los diversos países y la conformación de redes de protección y
promoción de derechos humanos que coadyuven a la prevención de estos
lamentables hechos.
San Salvador, 18 de noviembre de 2014.
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