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martes, 18 de noviembre de 2014

Procurador de El Salvador se pronuncia por homicidio y desaparición de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Ernesto Morales Cruz, en atención a la petición realizada por organizaciones de la sociedad civil y personas activistas mexicanas del Colectivo de Derechos Humanos en Acción Mesoamericana residentes en El Salvador; ante la gravedad de los hechos acaecidos el 26 de septiembre del 2014, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero de los Estados Unidos Mexicanos; los cuales consistieron en el homicidio de 6 personas, 30 lesionadas y 43 desaparecidas, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acciones presuntamente realizadas por agentes policiales municipales y de crimen organizado, expresa:
Su consternación ante estas prácticas violatorias del derecho a la vida, a la integridad personal y que poseen connotaciones de una presunta desaparición forzada, puesto que a la fecha las 43 personas desaparecidas, aún no han sido encontradas o identificadas. El 7 de noviembre del 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), por medio de un comunicado manifestó en su calidad de peritos independientes, que hasta el momento no han habido identificaciones y que continúan trabajando al mismo tiempo que los peritos oficiales.
Por ello, estima que las acciones de las autoridades competentes encargadas del análisis, la investigación y la determinación de las responsabilidades en los asesinatos, lesiones y desaparición de los 43 estudiantes del municipio de Iguala deben tener como prioridad la protección integral de las personas víctimas y sus familiares, la garantía del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la restitución y reparación de sus derechos.  
En este sentido, reitera su solidaridad a las familias de las víctimas, uniéndose al clamor de las organizaciones sociales y población en general de los diversos países que se han pronunciado y les insta a que no desistan en la lucha de exigir la verdad y justicia para las víctimas; de tal manera que se realicen los mayores esfuerzos para que las autoridades competentes cumplan su papel de investigar a profundidad los hechos enunciados y evitar que los mismos queden impunes.
Solicita a los organismos internacionales y de cooperación, a que emprendan sus mejores estrategias de desarrollo e incidencia de manera efectiva y oportuna para fortalecer las capacidades del Gobierno de México y de los gobiernos de los países latinoamericanos en la prevención, investigación, combate del delito y crimen organizado, que afecta no únicamente a los nacionales de dicho país, sino también a las personas migrantes en tránsito, en gran medida provenientes de los países del triángulo norte de Centroamérica, y a que el tema de seguridad ciudadana y humana en la región sea parte prioritaria de sus agendas a largo plazo.
Finalmente, considera que la grave connotación de este caso no debe repetirse bajo ninguna circunstancia en ningún país. Los Estados tienen el deber de respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad de la población y a propiciar los mecanismos necesarios para la protección, prevención, persecución del delito, sobre todo cuando se tratan de prácticas ilícitas que pueden calificarse como delitos de lesa humanidad. Para ello es determinante el acompañamiento a las víctimas y la verificación de las actuaciones de las autoridades, por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos de los diversos países y la conformación de redes de protección y promoción de derechos humanos que coadyuven a la prevención de estos lamentables hechos.
San Salvador, 18 de noviembre de 2014.