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| Fragmentos del libro: Dos pasos adelante, uno atrás. Vadell Editorial, Caracas, 2010. |
¿Opción democrática para transformar la sociedad o “vía electoral” para tomar el poder?
Las experiencias políticas que han dado lugar a la constitución de gobiernos populares o revolucionarios en el continente han puesto de manifiesto que ganar las elecciones nacionales y hacerse cargo del gobierno nacional si bien no conduce directamente a una revolución, tampoco significa necesariamente el empantanamiento o derrota de los procesos de cambio social. En su corta trayectoria, estas experiencias evidencian que el acceso al gobierno nacional significa además de asumir las responsabilidades y dificultades que conlleva , acceder a un instrumento político clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivos e impulsar el proceso sociotransformador.
La ampliación de procesos democráticos participativos desde abajo promovidos ahora –conjugadamente desde el aparato gubernamental estatal puede activar/profundizar los procesos de constitución del actor colectivo. Esto va: desde la realización de las campañas masivas de alfabetización anudada a procesos que promueven –desde abajo la participación de los actores sociopolíticos (movimientos sociales, movimientos indígenas, actores sociales diversos), en el ejercicio de funciones de gobierno y del aparato estatal. Ello implica la apertura de procesos de transformación de las formas y normas del ejercicio de funciones institucionales y de la institucionalidad misma, procesos que, reclaman entre varias aristas , la creación de espacios y mecanismos de participación y control popular en todas las instancias superestructurales, recortando cada vez más –a través de ellos , los ámbitos de dominio de los poderes instituidos del capital y de la burocracia que lo acompaña y recicla.
El lugar neurálgico de las Asambleas ConstituyentesEn los actuales procesos indo-afro-latinoamericanos de búsqueda y construcción democrática de una nueva sociedad, resulta central la realización de asambleas constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos indígenas orginarios y sus comunidades.
Obviamente, no cabe pretender que las asambleas constituyentes sean el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante comprender que el cambio de sociedad es procesal: lo más probable es que no se alcancen todos los objetivos en la primera asamblea constituyente. Habrá que hacer tantas asambleas constituyentes como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer la lugar por la maduración política del actor colectivo, fuerza sociopolítica del cambio.
La modificación de las bases jurídico-institucionales de una nación es también parte del proceso de construcción cotidiana sistemática y permanente de los pueblos. Esto implica una modificación de la concepción acerca del lugar y el papel del Estado en los procesos sociales de cambio. Tanto en su interrelación con la llamada “sociedad civil”: con movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones comunitarias, religiosas, etc., como en su interrelación con los gobiernos nacional y estaduales, provinciales, departamentales, etc., en lo jurídico-institucional y en lo democrático-participativo.
Los actuales procesos político-sociales indo-afro-latinoamericanos, particularmente los que tienen lugar en Venezuela y Bolivia, enseñan que desde el gobierno –con voluntad política colectiva como sustrato es posible impulsar la participación protagónica del pueblo en el proceso, y avanzar en la construcción desde abajo del actor colectivo, propiciando procesos de desarrollo de su conciencia y organización, pilares de la construcción del poder popular. Es precisamente por ello que estas experiencias se empeñan en abonar procesos de transformación cultural y política (práctica-educativa) de los pueblos, entendiéndolos como sustrato indispensable para llevar a cabo cambios sociales desde la raíz, sostenerlos y profundizarlos.
Esto se hace evidente particularmente en el proceso actual de transformación que tiene lugar en Bolivia, que se autodefine como una revolución democrático cultural que se desarrolla desde abajo. Los logros están a la vista, también las limitaciones, las amenazas y los desafíos. Una realidad es la que existe en tiempos de oposición y lucha y otra es la que se va configurando cuando los actores sociales que protagonizaron las luchas tienen que hacerse cargo de las responsabilidades gubernamentales y estatales. Hacerse cargo de la administración de un país no solo “es difícil”, sino que también modifica la realidad de los demandantes de ayer que ahora pueden y deben decidir, que acceden a posiciones de poder y del aparato burocrático, que tienen recursos, y que pueden decidir –al menos en parte cómo emplearlos. La vieja cultura sectorial o corporativa puede volver a emerger y frenar o hacer estragos en los procesos. Es por ello que la organización y educación política ocupa o tiene que ocupar el lugar central simultáneamente con todas las demás tareas y actividades. No hacerlo puede llevar al debilitamiento o incluso al naufragio del proyecto revolucionario.
Dar la espalda a tales contiendas, implicaría de hecho , la negación de toda política, a la vez que tornaría un sinsentido las luchas sociales, los procesos de acumulación de fuerzas y la construcción sociopolítica toda, ya que -de antemano- estos tendrían límite que –por definición- no se debería traspasar. Igualmente sería un contrasentido circunscribir toda la acción y la construcción sociopolítica a la lucha por ganar elecciones, trastocando fines y medios, transformando el camino en objetivo, clausurando así toda proyección, tracción, organización y capacitación de las fuerzas sociales para actuar en pro de la superación del estado de cosas.
Hacer política es imprescindible y fundamental.
El problema radica en cómo hacer política de un modo y con un contenido diferente al tradicional, para no ser funcional al poder del capital. Los nuevos movimientos sociopolíticos apelan a metodologías participativas y buscan incrementarlas y desarrollarlas en aras de ampliar las articulaciones sociales y superar la desconfianza instalada en las mayorías populares hacia el estado, el gobierno, los partidos políticos, los políticos y la política, y la apatía, el apoliticismo y el quemeimportismo reinante en amplios sectores de la población, que la alejan de su vital e insustituible protagonismo.
Lo expuesto permite reafirmar una hipótesis: en las condiciones actuales de Indo-afro-latinoamérica, la disputa político electoral por el gobierno nacional es parte de los procesos de cambios. En esta perspectiva, lo que podría entenderse como vía electoral para realizar las transformaciones sociales, resulta hoy para los pueblos una posibilidad real, un camino para fortalecer o debilitar los procesos de construcción, acumulación y crecimiento de poder, conciencia, propuestas y organización política propias, en proceso de (auto)constitución de los actores sociales y políticos en sujeto colectivo (popular) del cambio. Pero esta opción no es el “camino electoral para la toma del poder”; implica otro modo de concebir (y realizar) la transformación social.
No se trata de reemplazar la insurrección por las urnasSi una fuerza p conjunto de fuerzas sociopolíticas que propugnan el cambio social comprenden que este transita anudado a los procesos democráticos y democratizadores, no pueden concebir su participación en los procesos electorales como un “truco” para llegar al gobierno y “dar el manotazo”.
Pretender que una vez ganadas las elecciones, al asumir el gobierno se puede actuar obviando la correlación de fuerzas existente (conciencia, organización, hegemonía cultural y poder económico), conduciría al contrario de sus suposiciones , a estériles enfrentamientos con los adversarios políticos, a sembrar la confusión y el aislamiento del proceso sociotransformador que se pretende afianzar y ampliar cuestión que supone profundizar la construcción de fuerza y poder propios , y a relegar la lucha cultural democratizadora, clave de la construcción de una nueva sociedad y una nueva civilización humana, corazón del tránsito –con marchas y contramarchas hacia lo nuevo.
Este tránsito reclama como eje vertebrador del mismo la conformación de un actor colectivo, fuerza social y política de liberación capaz de traccionar permanentemente el proceso sociotransformador hacia objetivos superadores, actuando para ello con protagonismo y autonomía políticas respecto del aparato gubernamental-estatal, en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario articuladamente.
¿Conservar el gobierno o gobernar para el cambio?Los representantes políticos del capital y sus acólitos, pueden prescindir del protagonismo popular porque se apoyan en la hegemonía del poder y sus aparatos ideológicos, económicos y extraeconómicos. Pero las fuerzas populares, si llegan al gobierno y cometen el error de dejarse encandilar por el poder y sus mecanismos tentaculares de envolvencia, si optan por acomodarse a los cargos o “arreglar” por arriba con los poderosos, haciendo concesiones de todo tipo esperando –a cambio perpetuarse en el gobierno, difícilmente lo logren, pero si lo hacen, será costa de dar la espalda a los objetivos transformadores y a los movimientos sociales que los llevaron a tales posiciones políticas.
Es injustificable, por un lado, que el triunfo de la izquierda en gobiernos locales o nacionales se alcance proponiendo construir lo nuevo y termine luego aceptando o incluso promoviendo políticas neoliberales sostenedoras/salvadoras del capitalismo. Por otro lado, está el peligro de ser tragados por la cultura del poder burocrático superestructural, dejarse llevar por la tentación de gobernar acompañados por expertos y asesores confiando el proceso de cambio a resoluciones y decretos que supuestamente, desde arriba, irán produciendo reformas y marcando el rumbo y sentido de los cambios. En cualquiera de los casos, si los pueblos no intervienen, la maquinaria institucional funcional al capital terminará tragándose la potencialidad y la perspectiva de transformación social de los que participan en el gobierno.
Las revoluciones sociales son idénticas a la participación protagónica de sus pueblos; directamente proporcionales a ella. Si, por ejemplo, se aplica esta sencilla ecuación a los procesos populares revolucionarios en curso, a las medidas gubernamentales y sus procedimientos, los resultados saltan a la vista: a menor participación popular, menor contenido y alcance revolucionario, menos revolución. Conclusión: El nudo gordiano estratégico de los procesos revolucionarios no radica en la pertinencia de las resoluciones gubernamentales ni en la sabiduría de los gobernantes y su entorno, sino en la voluntad popular, en su conciencia y organización para participar en las definiciones y soluciones, impulsarlas y sostenerlas.
No se avanza con medidas superestructurales por muy justas y razonables que estas sean. Hay que construir protagonismo popular colectivo y eso solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo significa desarrollar nuevas prácticas, dar el ejemplo. Esta es la clave pedagógica vital de las revoluciones desde abajo. Estas solo pueden profundizarse anudadas a la construcción y fortalecimiento del sujeto colectivo de las mismas, el actor sociopolítico capaz de traccionarlas e impulsarlas permanentemente hacia objetivos radicalmente superiores.
Un gobierno de izquierda no puede limitarse a hacer una “buena administración”Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose a ejercerlo “correctamente”, ocupando los correspondientes espacios parlamentarios o gubernamentales nacionales o locales , conduce también a disecar –hasta anular la perspectiva transformadora.
El problema no ha estado ni está en las personas: en si los gobernantes son buenas o malas personas. Como dice un sabio amigo: no hay nada peor que buenas y honestas personas en instituciones malas y perversas (como son las del capital). Porque esas personas, empeñadas en marcar su diferencia con funcionarios incapaces o corruptos, centran su accionar en “hacer buena letra” para demostrar que son “intachables”. Con su gestión terminan lavándole la cara a tales instituciones, y contribuyen –de modo consciente o no , a relegitimar, reoxigenar y reproducir el sistema del capital y sus lógicas de dominación.
La corrupción es un mal que hay que erradicar, pero es inherente al sistema regido por el mercado. Este la crea, afianza y generaliza convirtiéndola en un flagelo que luego, esquizofrénicamente, debe combatir. Suponer que “buenas y honradas personas” que hagan una administración “prolija” salvarán a la sociedad de todos los males, y que –por tanto lo que hay que hacer es lograr que ese tipo de personas sean los candidatos a votar, es cuando menos una ingenuidad inadmisible.
Cuando se limita el proyecto político a ejercer “honradamente” los cargos de gobierno, sin apelar a la transformación y apertura de los mismos a la participación de los pueblos y sus organizaciones sociales o comunitarias, se contribuye al descrédito del sentido político transformador que tiene para los actores sociopolíticos populares participar en la disputa democrático-electoral en aras de acceder a parlamentos y gobiernos, además de que termina generalmente abortando el proceso político/social hacia posicionamientos personales.
Los casos más evidentes en este sentido resultan ser los de parlamentarios que llegan a ser tales en nombre de movimientos sociales u organizaciones políticas de izquierda y luego -cortando todo vínculo con ellos- se dedican a hacer de la bancada un ámbito para sus ambiciones personales, o un lucrativo “puesto de trabajo”. Ese es, precisamente, el juego del poder: quebrar, aislar, manipular o corromper.
Un gobernante revolucionario no se define como tal por el currículo, ni por ser “honrado y bueno” en comparación con los gobernantes tradicionales del sistema; aunque estas cualidades se requieren elementalmente, su proyección va más allá de lo personal: se relaciona directamente con su capacidad de poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria, abriéndole las puertas del gobierno al pueblo, construyendo un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad basada en la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas (basamento de la asamblea constituyente).
La única perspectiva y anclaje de fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social.
La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos para demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país.
Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos.
Estar en el gobierno no es lo mismo que gobernar para el cambio con el protagonismo creciente de las fuerzas sociales extraparlamentarias populares activas, abrir puertas y promover transformaciones mayores. En tal caso, constituirse en fuerza política gobernante significa para las fuerzas sociales transformadoras contar con un importante instrumento político para impulsar integralmente la transformación social.
Sin embargo, vale reiterarlo, no hay métodos que garanticen resultados. Ni la toma del poder, ni la participación electoral, ni el llegar a ser gobierno provincial o nacional constituyen per se vías de cambios raizales revolucionarios.
La transformación social es un caminar abierto, lleno de incertidumbres y obstáculos, que tiene una trinchera de posibilidades para avanzar en aras de la nueva civilización: la (auto)construcción del sujeto revolucionario colectivo.
El lugar y papel protagónico de los actores sociopolíticos en aras de ello es indeclinable en todas las dimensiones, tiempos y tareas del proceso político transformador. Articuladamente con ello se van definiendo los caminos, los métodos y los instrumentos a emplear, los que hay que crear, etcétera. La transición a otra sociedad reclama, además, la articulación de los procesos locales, nacionales y/o regionales con el tránsito global hacia un mundo diferente.
Formar una nueva cultura, como la socialista, por ejemplo, no implica solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos. La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente , quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo
Los avances se producen en primera instancia y generalmente, en el ámbito de un país o de varios, pero hay que destacar que estos van construyendo consensos regionales e internacionales, en temáticas civilizatorias que defienden la vida, interarticulando diversos procesos sociotransformadores [1]. En Indo-afro-latinoamérica se abren hoy grandes oportunidades para ello, dada la madurez convergente de amplios y maduros movimientos sociales urbanos y rurales y movimientos indígenas y la coincidencia histórica de gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, entre otros. Esta realidad emerge de la acumulación de resistencias y luchas de los pueblos, y marca el predominio de la tendencia transformadora que se abre paso en medio (a través) de las luchas y construcciones sociales con oportunas intervenciones de las casualidades.
Protagonismo y responsabilidades políticas de los movimientos sociales
La madurez alcanzada por los movimientos indígenas y sociales en años de resistencias y luchas sociales, ha resultado incrementada por la experiencia que viven aquellos que han constituido gobiernos y conjugan sus actividades políticas y sociales en aras de profundizar procesos populares colectivos de construcción de poder propio desde abajo en simultánea disputa con el poder del capital.
Esta situación ubica el debate de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: se trata de hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido, se trata de asumirse también como parte de los gobiernos y cogobernar. No es políticamente válido resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego no se asume (o no se puede asumir) la responsabilidad de (co)gobernar, con autonomía, [4] pero articulados a sus representantes, para participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para llevar propuestas propias construidas desde abajo por los de abajo. Se trata de transformar radicalmente también las instituciones y su papel en la sociedad y viceversa, y en esto, como en todo, los movimientos sociales, los pueblos todos, tienen que involucrarse.
Ya no basta con las resistencias y las luchas antineoliberales, no basta con sobrevivir; es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia. Esto supone dar cuenta de la nueva realidad sociopolítica, de sus características y dimensiones, sus tareas y sus nuevos desafíos. Estos implican para los movimientos indígenas y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas no ya de las luchas contra el otrora poder del Estado y el gobierno, tampoco pidiendo concesiones o satisfacción de reclamos sectoriales o corporativos; es tiempo de transitar caminos para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno, y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde abajo. En tales procesos de lucha por los cambios, en medio de ellos, es que reside la posibilidad de que los diversos actores sociales atomizados vayan encontrándose y constituyéndose en actor político colectivo capaz de definir protagónicamente los rumbos su historia y traccionar hacia ellos los cambios.
Comprender que se trata de un proceso constituyente, es clave. Implica que no existe un ser ni un deber ser definidos a priori, que no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos; no hay garantías ni situaciones irreversibles, se trata de una lucha constante, de apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso su voluntad para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Se trata de un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante. Este carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, es decir, a los sujetos mismos. Se trata en realidad de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores sujetos, resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, es decir, consciente y abierto. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente.
Precisamente por ello los actuales procesos democrático-revolucionarios que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman el creciente y renovado protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera.
Sin embargo, la ausencia de los tradicionales conflictos antigubernamentales ha creado una situación de calma y reflujo de los movimientos, y esto es –en parte también responsable de que los que gobiernan interpreten esta situación de calma como una delegación del poder de decisión de los movimientos hacia ellos, con lo cual se incentiva la casi “natural tendencia” cultural a decidir desde arriba que presiona administrativamente a quienes ocupan cargos gubernamentales y estatales.
Superada la “sorpresa” inicial que puede producir el salto de la lucha de calles a estar en el gobierno, el desafío primero es poner en marcha propuestas concretas que permitan, por un lado, fortalecer y articular a las organizaciones sociales y políticas de los pueblos y, por otro, profundizar los procesos de cuestionamiento de las medidas regresivas del neoliberalismo, frenar su implementación y, allí donde sea posible, anular su vigencia y avanzar creando y construyendo lo nuevo, incluyendo en ello, por supuesto, la profundización de las dimensiones y el ejercicio efectivo de la democracia desde la raíz, desde abajo, por los de abajo y en función de los intereses colectivos.
Los primeros pasos resultan hasta ahora marcados por el desarrollo de programas de gobierno que -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente y las posibilidades de modificarla favorablemente , buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente, pero sin reducir a ello su accionar político revolucionario. La construcción de hegemonía popular es vital, y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada, simultáneamente con la construcción de una democracia raizal que abra el horizonte a la participación multidimensional de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en actor colectivo, sujeto de su historia.
Romper los mitos de la cultura política instalada por el capital y funcional a sus intereses
En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El quemeimportismo político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal, y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía.
Es inadmisible que –en tales situaciones , los movimientos sociales, indígenas, campesinos, urbano-populares, de mujeres, etc., rechacen compartir determinadas responsabilidades y tareas políticas articuladas a acciones de gobierno esgrimiendo argumentos tales como: el temor a “ser cooptados” o manipulados por los gobernantes o las estructuras del poder. La pregunta correspondiente en este caso es: ¿cooptados por quiénes, si el gobierno es propio? Obviamente puede haber cooptación, acomodamiento, complacencia, etc., siempre existen tales peligros, como también otros. Pero la cooptación, el acomodamiento o la complacencia responden a casos individuales, y estos al aislamiento entre representantes y representados. Pero se trata de participar colectivamente, de discutir como actores sociales y políticos, de interactuar como pueblo organizado, en tales situaciones la cooptación o complacencia desparece como posibilidad.
En esta perspectiva, la negativa o reticencia a participar interactuando con autonomía en el proceso gubernamental, inclina la balanza de los cambios a la parálisis y retranca de los procesos abiertos. Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados. La escasa participación autonómica (no subordinada) de los de abajo acentúa las persistentes tendencias a la burocratización de lo político institucional y su paulatina sustitución por lo administrativo superestructural y el funcionariado correspondiente, y hace de los otrora protagonistas, –en el mejor de los casos marionetas de la historia manipulados –todos por la hegemonía del poder del capital anulándolos en su posibilidad de constituirse en sujetos capaces de crear su historia y pelear por hacerla realidad.
Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios y dogmas para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es fundamental instalar o reinstalar el trabajo político, la formación (descolonizadora) y la organización (articulada intercultural).
Fortalecer el instrumento político es central.
Este puede potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios, construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social.
Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política asumida por los actores sociopolíticos, fundamentalmente, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva. Abrir espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades resulta vital para el desarrollo político-cultural de los movimientos sociopolíticos (y el campo popular todo).
La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo, y no un dogma apriorístico establecido –desde fuera de las luchas de los pueblos por alguna vanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.
El debate estratégico está abierto. Y se manifiesta a través de los actuales procesos de luchas sociales para avanzar en las definiciones, la implementación o el perfeccionamiento de las propuestas de cambios radicales en las sociedades donde dicha disputa se está desarrollando abiertamente, construyendo simultáneamente caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema mundo a la vez que lo van rediseñando “más allá del dominio del capital” [Mészáros].
Isabel Rauber. Doctora en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Educadora popular. Estudiosa de los procesos políticos de los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica. www.isabelrauber.blogspot.com; e-mail: irauber@gmail.com
[1] Un ejemplo de ello fue la “Cumbre de la tierra” en defensa de la vida, realizada en Cochabamba en abril del año 2010.
[2] Para el concepto “autonomía” puede consultarse: Rauber, Isabel. 2000. Construcción de poder desde abajo. Claves para una nueva estrategia. CIPROS. Sto Dgo. También: www.pasadoypresente21.org.ar
Por Giorgio Trucchi - Lista Informativa "Nicaragua y más"
http://nicaraguaymasespanol.
La Comisión de Verdad (CdV), instancia creada por la Plataforma de Derechos Humanos¹ de Honduras para investigar, esclarecer y señalar los culpables de los crímenes cometidos antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, inauguró una nueva oficina en la capital hondureña.
A partir de este mes, la CdV impulsará también jornadas itinerantes en todo el país, para recoger los testimonios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas a raíz del golpe.
Según Nora Miselem, coordinadora de la nueva oficina y sobreviviente de torturas durante los años 80, ese 8 de marzo de 2011 es un día histórico, porque “tenemos el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro”.
En su presentación, Miselem hizo un llamado a todas las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos antes, durante y después del golpe, a presentar sus denuncias o testimonios en la nueva oficina. También aseguró la más absoluta confidencialidad, seguridad y discreción.
“No nos cansemos de denunciar. Un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Extirpemos de manera colectiva y clara esta página de la historia de nuestro país, y hagamos que nunca más se les ocurra a ninguna persona o grupo de poder, intentarlo de nuevo.
Los mismos opresores y violadores de los años 80 han vuelto a las calles. Nunca fueron juzgados por los crímenes cometidos, y ahora están nuevamente reprimiéndonos. Ahora vamos detrás de ellos.
Hoy -continuó la defensora de derechos humanos- quiero hacer nuestra esta consigna popular que, en medio de toletazos, bombas lacrimógenas, persecuciones y torturas, no nos cansamos de repetir: ¡No tenemos miedo!”, aseveró Miselem.
El sacerdote y comisionado de la CdV, Fausto Milla, recordó que para que triunfe la justicia y se derrote la impunidad, se necesita que todo el pueblo se preocupe por la verdad.
“Sólo así podemos tener una Honduras diferente, donde ya no haya pobreza y desnutrición. El día que termine la mentira y triunfe la verdad, ya no habrá explotación. Esta es la Honduras que soñamos y debemos pasar del sueño a la realidad.
Hay que seguir denunciando las violaciones, sin miedo. Nos hicieron tantas injusticias, nos llenaron de mentiras y engaños, pero el miedo nos quita el sueño y el hambre. Ya debemos reaccionar. Basta ya de tenerles miedo a los opresores”, concluyó Milla.
Comisión de Verdad en todo el país
La CdV ya tiene ocho meses de estar trabajando y ha desarrollado un programa de investigación basado en tres ejes principales.
El primero se propone una investigación para develar las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después del golpe de Estado, intentando encontrar patrones y detectar las instituciones y personas físicas responsables de los hechos.
El segundo desarrolla una investigación jurídica para demostrar la participación de los poderes e instituciones del Estado en el golpe. Finalmente, el tercero se plantea una investigación contextual para descubrir y mostrar las causas estructurales que originaron el golpe.
Durante un encuentro realizado con la Misión Internacional que en los días pasados investigó las violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, el equipo administrativo de la CdV explicó que “no nos estamos preguntando sí fue un golpe de Estado, sino cómo se planeó, cómo se ejecutó y quiénes fueron los responsables”.
Además de recoger los testimonios en las dos oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, doce equipos de la CdV iniciarán jornadas itinerantes en todo el país. Todo este material se sumará a los más de 2 mil casos de violaciones ya recopilados por las organizaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos.
Durante el encuentro, el equipo de la CdV denunció repetidos episodios de persecución y hostigamiento de los que fueron víctimas, así como ataques cibernéticos a sus bases de datos.
Ante una previsible escalada represiva, la CdV pidió a organizaciones internacionales el mayor respaldo posible y la presencia de acompañantes durante las jornadas itinerantes. La presentación del informe final está prevista para octubre de 2011.
¹ Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), FIAN Internacional y Centro de INvestigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
3.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 8 de marzo de 2011. Juliete Handal, coordinadora de la Coalición Patrióticae, presentó en una conferencia de prensa una lista de medidas para el ahorro de combustible con el objetivo de evitar una crisis energética que agravaría la agónica situacción económica que vive la población pobre de Honduras.
Dentro de las propuestas de la organización, se incluyen la regulación del uso de vehículos automotores, también conocida como "hoy no circula", que ya había sido propuesta por el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, pero había sido rechazada por una agresiva campaña de desprestigio artíuculada por los sectores que más adelante darían el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Handal consideró que es necesario retomar el "hoy no circula" con algunas variantes, como establecer horarios de restricción de circulación de la flota de taxis por carrera utilizando el mecanismo de placas pares e impares.
También propupuso regular la cantidad de taxis en espera en sus puntos, ubicarlos en otro lado mientras esperan, realizar un plan de reordenamiento del transporte urbano publico, prohibir a los autobuses que rebasen y retomar la idea de la construcción de una terminal de central de buses.
Para la Coalición Patriótica, el transporte pesado, la flota de furgones y camiones deben utilizar las vías externas de la ciudad para definir un horario nocturno para la carga y descarga de productos.
Asimismo se debe prohibir el parqueo de vehículos en las calles con alto trafico, angostas, desarrollar nuevos y modernos proyectos de parqueos o edificios de estacionamiento.
Handal expreso que “eso deberíamos de tenerlo desde hace muchos años, lamentablemente parece que aquí vivimos en una bonanza, no nos interesa, politizamos los temas de medidas, sin estar conscientes de la necesidad que tenemos, el mundo las esta tomando porque el combustible ha disparado, la alimentación”.
“El gobierno ha lanzado medidas, pero es importante que digan que medidas van a implementar ellos o que van a cumplir, debieron haber sido publicadas las que van a establecer para que el estado ahorre tambien, tiene que dar el ejemplo”.
Redordo que “el no circula del presidente Zelaya se puede discutir para que sea equitativo, pero aqui siempre el tema se politiza”.
En tanto que mencionó que es necesario resolver los precios justos de los combustibles y que “para eso hemos insistido, Pepe Lobo nos firmó aquí cuando fue electo una promesa y un compromiso de que no se iba a tocar la formula, que se había retocado en diciembre del 2009, donde cambiaron el índice de precios que en ese momento les favoreció a las compañías en mas de un lempira y luego el otro cambio que se hizo en el gobierno de Lobo que los favoreció con 85 centavos, casi son dos lempiras de ganancia, chantajeando a los gasolineros que les dieron una migaja”.
"Si esa formula no se hubiera tocado estaríamos pagando en lugar de ochenta lempiras 76, luego en el ajuste de los 60 grados nos ahorramos dos lempiras, mas de 12 mil millones que se ahorraron, solo por el índice de enero del 2007 a diciembre del 2009 se ahorro 243 millones de dolares”.
“Siendo honestos si hubiéramos tenido esos precios sin tener que estar gastando en la factura petrolera, con créditos a largo plazo seria un beneficio, ese dinero que estaba viniendo de petrocaribe ya el Congreso aprobó que fuera utilizado y es lo que le ha permitido al gobierno funcionar con recursos que la verdad, hacen falta”, concluyó.
4.
La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda América latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para acceder a la posesión de sus tierras. En Brasil, son cuatro millones de familias en esa condición. Para analizar esa problemática, Cash reunió a la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Etelvina Macioli, a un integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el ecuatoriano Luis Andrango, y el representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, Diego Montón. La soberanía alimentaria, una reforma agraria y un nuevo modelo de agricultura son los ejes comunes que atraviesan a esos movimientos sociales vinculados con el pequeño productor familiar y comunitario. También analizaron el modelo brasileño para la distribución de tierras, esquema que podría ser adoptado por la Argentina en un proyecto de ley para regular su propiedad, anunciado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?
Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.
¿Qué significa?
E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.
¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?
Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.
E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.
¿Cuáles?
E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.
¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.
E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.
¿Cómo es la política de distribución de tierras?
E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?
Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.
E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.
D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.
¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?
L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.
En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?
D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.
¿Cómo se refleja ese proceso?
D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.
¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?
L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.
D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.
E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/
Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que el número de empleados de seguridad contratados a empresas privadas, que se encuentran trabajando para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, llegó a un nuevo récord de casi 19 000.
La cifra oficial, 18 919 contratistas destinados a la seguridad, es más del triple del personal que se encontraba en Afganistán en junio de 2009 y el número más alto de esta categoría de contratistas utilizado por EEUU en cualquier conflicto, añadió el informe.
El presidente afgano, Hamid Karzai, ha estado tratando de disolver los contratistas de seguridad, a quienes ha acusado de saquear y robar, tener vínculos con grupos delictivos e incluso financiar a los insurgentes.
Alrededor del 95 por ciento de los empleados de empresas privadas para la seguridad en Afganistán eran de nacionalidad afgana, con un uno por ciento de estadounidenses y otros cuatro por ciento de otros países, dijo el informe.
“De 2006 a 2009, los contratistas privados de seguridad que escoltan convoyes de suministros a las bases de la coalición han sido culpados por la muerte de más de 30 civiles inocentes solo en el distrito de Maywand”, dijo el informe.
“Y en mayo de 2010, EE.UU. y funcionarios afganos, habría declarado que los contratistas locales de seguridad que acompañan los convoyes de suministro de la OTAN en Kandahar” regularmente abren fuego contra los pueblos por los que pasan, añadió.
La investigación del gobierno de EEUU también ha encontrado que parte del dinero de EEUU. para los contratos en Afganistán se ha utilizado para pagar a los talibanes a cambio de seguridad, según el informe.
Además del Departamento de Defensa, otras agencias de EEUU emplean las empresas privadas de seguridad, incluido el Departamento de Estado.
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