«Somos la primera
generación que puede erradicar la pobreza». En el año 2005, en las
campañas de promoción de los Objetivos del Milenio, este eslogan
expresaba, a costa de olvidar la historia real de las luchas de las
generaciones anteriores y las razones por las que no consiguieron
vencer, el optimismo autosatisfecho con que se afrontaba entonces en los
países del Norte la erradicación de la pobreza del Sur. Porque era
obvio que cuando se hablaba de “pobreza” se hacía referencia a otros
países y pueblos, los del Sur global. Ocho años después, buena parte de
esa “generación” está más preocupada por librarse de la pobreza cercana
que por erradicar la lejana.
La crisis capitalista que
estalló en el año 2008 está transformando el mundo con una radicalidad
que sólo tiene parangón en los orígenes del capitalismo. Como
diagnosticó Karl Polanyi en su imprescindible
La gran transformación:
«El mecanismo que el móvil de la ganancia puso en marcha únicamente
puede ser comparado por sus efectos a la más violenta de las explosiones
de fervor religioso que haya conocido la historia. En el espacio de una
generación toda la tierra habitada se vio sometida a su corrosiva
influencia». [
1]
El triunfo del neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado dio
inicio a una “segunda corrosión”, que arrasó las economías de los países
del Sur con los planes de ajuste estructural y comenzó una demolición
sistemática tanto de los sistemas públicos en los que estaba basado el
Estado del Bienestar como de los valores morales asociados a ellos.
Al
comienzo de la crisis financiera que hoy sufrimos, se hizo célebre una
frase del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamando a
«refundar sobre bases éticas el capitalismo». Expresaba así los temores
de las élites hacia el rechazo social a un modelo económico desnudado
por la caída de Lehman Brothers y las tramas ocultas de la
financiarización que, en aquel momento, sólo empezaban a emerger.
Lamentablemente, esa contestación no llegó a alcanzar ni la fortaleza
necesaria ni una expresión política significativa en los países del
Centro, con la excepción de la organización Syriza en Grecia.
Una
vez comprobada la debilidad del adversario, cambió radicalmente el
sentido de la “refundación”. «Claro que hay lucha de clases. Pero es mi
clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando».
El lema del multimillonario Warren Buffett, que como tantos otros
–George Soros en primer lugar– ejerce de filántropo en los ratos libres
con las migajas de sus actividades de especulación financiera, resume la
dinámica fundamental de la situación internacional: ciertamente,
asistimos a un intento de “refundación del capitalismo”, pero no sobre
“bases éticas”, sino sobre las bases de la lucha de clases y por medio
de la acumulación por desposesión –según la expresión de David Harvey–
de los bienes comunes y públicos, y de los derechos sociales y las
condiciones para una vida digna de la gran mayoría de la población
mundial. [
2]
Las políticas de ajuste estructural de los ochenta y noventa en el Sur
imperan ahora en la Unión Europea con fundamentos similares y nombres
diversos: austeridad, disciplina fiscal, reformas, externalizaciones.
Este
es el marco general de la “globalización de la pobreza” que es el tema
del presente artículo. Llamamos así a la lógica común que produce y
reproduce el empobrecimiento de las personas en todo el mundo, tanto en
el Norte como en el Sur. Pero es necesario analizar las diferencias en
los procesos políticos y económicos creadores de pobreza, en sus
consecuencias materiales en la vida de las clases trabajadoras y en las
percepciones sociales que se tienen de estos procesos. Mostraremos
también el rol que, desde los gobiernos de los países centrales y las
instituciones multilaterales, quiere asignarse al mercado y a las
grandes empresas en la erradicación de la pobreza, así como el papel
residual que va a cumplir la cooperación internacional para el
desarrollo tras el estallido del
crash global.
Somos
conscientes de que las categorías, que utilizaremos indistintamente,
Norte/Sur o Centro/Periferia simplifican la realidad, en general, y
especialmente en lo que se refiere a la pobreza. Sin duda, hay muchos
“Sures”, e incluso dentro de un mismo continente hay una enorme
distancia política y social entre, por ejemplo, México y los países de
la Alianza Bolivariana para América (ALBA). En los límites de este
texto, trataremos de analizar por qué todavía pueden señalarse
excepciones a esta regla, que aún permiten establecer diferencias
significativas en el tratamiento que se da a la pobreza en los países
centrales y periféricos. Para ello, partiremos de datos fiables, entre
los que no está, por cierto, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD,
que en el año 2011 situaba a Chipre en el muy honorable puesto 31 y con
tendencia ascendente; por tener una referencia, Venezuela ocupaba el
puesto 71 en la misma clasificación.
Entre la pobreza y las “clases medias”
Según
una interpretación ampliamente difundida, la crisis capitalista está
siguiendo un curso paradójico que cuestiona los esquemas tradicionales
sobre la jerarquía Norte-Sur: mientras que las economías del Centro,
especialmente la de la Unión Europea, bordean o se hunden en la
recesión, las economías periféricas, sobre todo las de los países
llamados “emergentes”, mantienen año tras año altos niveles de
crecimiento, por encima del 5% del PIB. Una de las consecuencias de esta
asimetría es que la pobreza ha hecho su aparición en el Norte como un
problema político importante, con un gran impacto social, mientras que, a
la vez, parecería estar en retroceso en el Sur. Frecuentemente, se
asocia esta situación con el estado de las “clases medias”, nuevo mantra
sociológico que se ha convertido en el criterio de medida de numerosos
fenómenos sociopolíticos relevantes, desde la movilidad social a la
crisis de la democracia.
Hay en estos enfoques datos relevantes
que dan cuenta de cambios profundos en la situación internacional: por
ejemplo, la relativa y desigual autonomización de los países del Sur,
bajo el liderazgo de aquellos que forman parte de los BRICS –Brasil,
India, China y Sudáfrica; no cabe incluir a Rusia desde ningún punto de
vista en la categoría “Sur”–, respecto a los “viejos” imperialismos,
EEUU y la UE. [
3]
En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, sin embargo, esta
consideración del contexto internacional es más que discutible.
Empezaremos por el Sur, planteando dos tipos de problemas: el primero,
la valoración de los logros alcanzados en la erradicación de la pobreza;
el segundo, el uso y la manipulación de la categoría “clases medias”.
Con la habitual afición de los políticos del
establishment
a las cifras redondas, el secretario general de Naciones Unidas ha
contado los mil días que quedan para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y se ha mostrado extraordinariamente
satisfecho de los logros ya alcanzados. En especial, porque en los
últimos doce años «600 millones de personas han salido de la pobreza
extrema, lo que equivale al 50%». El cálculo es cuanto menos engañoso:
según el Banco Mundial, en 1990 el 43% de la población mundial vivía con
menos de 1,25 dólares al día, mientras en 2010 esta cifra ha caído al
21%; esta es la reducción a la mitad a la que se refiere Ban Ki-moon.
Pero no informa ni de las condiciones de extrema pobreza que siguen
existiendo cuando se supera la barrera de los 1,25 dólares de ingreso
diario –más del 40% de la población mundial sobrevive con menos de dos
dólares al día–, ni de que cerca de 1.300 millones de personas siguen
viviendo por debajo de ese nivel. Al final, esa reducción de la pobreza
extrema se debe a los grandes países emergentes, fundamentalmente a
China, y no tiene nada que ver con las políticas y proyectos inspirados
en los ODM ni tampoco con la ortodoxia económica imperante.
En la
presentación de esta nueva campaña, que tuvo lugar el pasado 2 de abril
en la Universidad de Georgetown bajo la marca de «Un mundo sin
pobreza», el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmó: «Nos
hallamos en un auspicioso momento histórico, en que se combinan los
éxitos de décadas pasadas con perspectivas económicas mundiales cada vez
más propicias para dar a los países en desarrollo una oportunidad, la
primera que jamás hayan tenido, de poner fin a la pobreza extrema en el
curso de una sola generación». No puede tomarse en serio un proyecto que
tiene como punto de partida una visión tan poco consistente de la
situación internacional, en la que por cierto no podía faltar la ya
habitual coletilla generacional.
La ingeniería estadística sobre
las “clases medias” merece una mayor atención. Un reciente estudio
publicado por el Banco Mundial [
4]
propone un cambio importante en la caracterización y medición de la
pobreza: lo más significativo es el uso del concepto de «seguridad
económica», entendido como «baja probabilidad de volver a caer en la
pobreza». De ahí nace una nueva categoría, la población «vulnerable»,
una estación de paso desde la pobreza hasta la entrada en la «nueva
clase media», formada por quienes han alcanzado la «seguridad económica»
y garantizarían la «estabilidad económica futura». La suma de pobres,
vulnerables y clase media supone el 98% de la población latinoamericana;
por tanto, la medida del éxito en la lucha contra la pobreza sería una
movilidad social ascendente hacia la clase media. Esto es lo que, según
los autores, está ocurriendo, ya que «la clase media en América Latina
creció y lo hizo de manera notable: de 100 millones de personas en 2000 a
unos 150 millones hacia el final de la última década». Nos estaríamos
acercando, siguiendo esa argumentación, a un continente de “clases
medias” que habría superado definitivamente el peso determinante de la
pobreza.
Aunque los criterios cuantitativos sean sólo unos de los
que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la pobreza, en
ocasiones son imprescindibles para concretar los términos del debate. [
5]
Si hacemos caso al Banco Mundial, se considera pobres a quienes tienen
ingresos inferiores a 4 dólares; estos vienen a representar el 30,5% de
la población latinoamericana. Las personas que tienen entre 4 y 10
dólares al día serían las “vulnerables”, el 37,5% de la ciudadanía de
América Latina. Por encima de los 10 hasta los 50 dólares de ingreso
diario estaría la “clase media”, el 30% de la población continental. Por
último, el 2% restante son los considerados “ricos”, que ingresan más
de 50 dólares al día. Tomando como referencia el salario mínimo
existente en Ecuador, unos 300 dólares mensuales, podemos comprobar, en
fin, que con un ingreso como este se tendría acceso a la “clase media”.
No parece, pues, que tal clasificación sea razonable: lo suyo sería
concluir que, al menos, el 68% de la población latinoamericana es pobre.
Y además, continuando con la referencia ecuatoriana, vemos que esa
“clase media” se compondría, en realidad, de trabajadores con ingresos
de entre uno y cinco veces el salario mínimo, es decir, quienes están
entre un frágil escalón por encima la pobreza y el nivel medio-alto de
la población asalariada.
Brasil aparece como uno de los
principales estandartes utilizados para justificar todo este proceso de
ascenso de las “clases medias”. Así, el Gobierno brasileño define como
clase media a quienes alcanzan un ingreso per cápita mensual de entre
291 y 1.019 reales, [
6]
de manera que el 54% de la población del país pertenecería a esta
supuesta “clase media”. En la última década, 30 millones de personas (el
15% de la población) habrían “salido de la pobreza”, ya que pasaron a
disponer cada mes de ingresos superiores a 250 reales. Teniendo en
cuenta que en Brasil el salario mínimo es de 678 reales, esta “clase
media” tendría unos ingresos que oscilarían entre el 42% y el 150% de un
salario mínimo. Con semejantes criterios, parece fácil alardear de que
Brasil sea ya un país de “clases medias”, unas “clases medias” cuyos
ingresos no permiten siquiera alcanzar una cobertura digna de las
necesidades básicas.
Es verdad que, para evaluar esta cobertura,
también hay que tener en cuenta otros factores; sobre todo, la extensión
y calidad de los servicios públicos al alcance de los ciudadanos y, por
tanto, el volumen de gasto social destinado a ellos. Por eso es muy
importante tener en cuenta que, en cuestiones económicas básicas,
Brasil, como la gran mayoría de los países del Sur, se somete a la
ortodoxia dominante: con nueve días del pago de la deuda externa podría
cubrirse todo el presupuesto del programa Bolsa Familia, eje de la
política asistencial y de la base electoral del partido gobernante. [
7]
Si podemos decir que con la crisis capitalista los programas de ajuste
estructural han viajado del Sur al Norte, los fundamentos del Estado del
Bienestar, por el contrario, no han hecho el viaje desde el Norte hasta
el Sur.
Dice David Harvey que «el crecimiento económico
beneficia siempre a los más ricos». Efectivamente, ellos están siendo
los principales beneficiarios del crecimiento en los países del Sur, de
ahí que el incremento del PIB se vea acompañado del aumento sostenido de
la desigualdad. La bonanza económica no está produciendo un incremento
de esas ficticias “clases medias”, sino de millones de empleos
precarios, con bajos ingresos, mínimos derechos laborales y grandes
carencias en servicios sociales. “Trabajos brasileños” se les llama,
precisamente, en algunos análisis sociológicos con sentido crítico. Pero
son mucho más habituales los enfoques afines a las ideas del Banco
Mundial, que en sus versiones más delirantes llegan nada menos que a
llamar “neoburguesía” a la “clase media”.
No han terminado los
procesos de empobrecimiento en el Sur, pero es cierto que se han
modificado. Sustancialmente, sólo en aquellos países –como Venezuela–
que están realizando un esfuerzo considerable más allá del incremento de
los ingresos de los trabajadores pobres, apostando por el
establecimiento de potentes redes públicas de educación, vivienda y
sanidad. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, se ha pasado de
la extrema pobreza al empleo extremadamente precario, en un camino que
además tiene vuelta atrás. Si las frágiles expectativas de movilidad
social ascendente se quebraran, una posibilidad nada descartable dadas
las actuales perspectivas de la economía global, la situación en el Sur
tendería a parecerse más a las revoluciones árabes que a los ficticios
paraísos de la “clase media”.
Extensión y percepción social de la pobreza
En
la Unión Europea, antes del estallido de la crisis financiera, 80
millones de personas –el 17% de la población– sobrevivían en la pobreza.
En el año 2010, la cifra había aumentado hasta los 115 millones de
personas (23,1%) y se estimaba que un número similar se encontraba «en
el filo de la navaja». [
8] Pero, para entender la situación actual, hay que considerar la etapa anterior al
crash
global. Porque si es significativo y alarmante el crecimiento de la
pobreza, también debía haberlo sido que antes de 2008 la pobreza fuera
ya una lacra masiva tanto en la Unión Europea como en España, donde
entre 2007 y 2010 pasó de afectar a 10,8 millones de personas (23,1% de
la ciudadanía) a 12,7 millones (25,5%).
La extensión de la
pobreza es, sin duda, un problema de primera magnitud. Creemos, sin
embargo, que no explica por sí sola que en cinco años la pobreza haya
pasado de ser considerada por la mayoría de la población europea como un
problema marginal y ajeno, “invisible”, cuyo control quedaba a cargo de
las organizaciones asistenciales y con mínimos subsidios públicos, a
afectar a la situación y los temores de esa mayoría de la ciudadanía que
se consideraba liberada para siempre de “caer en la pobreza”. Se afirma
ahora que la pobreza se ha hecho más intensa, más extensa y más
cíclica. De estas características hay que destacar la tercera, que
indica una tendencia al incremento de la pobreza sin “brotes verdes” en
el horizonte, estimulada por las políticas que se imponen
implacablemente en la Unión Europea, sin alternativas creíbles a medio
plazo. La pobreza se ha hecho “visible” en la UE no sólo porque haya más
pobres, sino fundamentalmente porque se ha masificado la conciencia del
riesgo de caer en la pobreza. [
9]
Diagnosticar
el problema como una “crisis de las clases medias” es una
simplificación que no permite entender ni las causas de la crisis actual
ni las condiciones básicas para revertir esa tendencia al
empobrecimiento. También en los países del Norte este es un concepto
manipulable y fundamentalmente subjetivo: un mileurista era hace unos
pocos años el símbolo de la precariedad, hoy sería considerado un
miembro más de la “clase media”. Es más útil considerar en su conjunto
los elementos principales, bien conocidos, que han ido produciendo la
corrosión de la “seguridad social”, con minúscula, característica
fundamental del Estado del Bienestar: el paro masivo, de larga duración y
con subsidios decrecientes; el incremento de los “trabajadores pobres”
porque el trabajo precario y sometido al poder patronal ya no asegura
ingresos suficientes para una vida digna; los recortes drásticos en el
empleo en la administración y en los servicios públicos, que amenazan al
funcionariado; el riesgo de no poder hacer frente a las deudas
contraídas en la etapa anterior, que permitieron una burbuja de alto
consumo en las clases trabajadoras pese a la tendencia generalizada a la
caída de los salarios desde los años noventa; el deterioro de la
calidad de la sanidad y la educación, y el aumento de los pagos a cargo
de los usuarios que sirven para avanzar en su privatización.
Todo
este conjunto de medidas responde a una lógica común que es el
principio fundamental de la economía política neoliberal: la reducción
sistemática del coste directo e indirecto de la fuerza de trabajo. En
condiciones de relaciones de fuerzas muy favorables para el capital, eso
termina desgarrando las redes de seguridad que constituían la base de
estabilidad del sistema. Es aquí, en la debilidad de las clases
trabajadoras, incluso aquellas que consideraban un logro garantizado el
empleo estable de calidad, con sanidad y enseñanza básica públicas y
gratuitas y jubilación en condiciones dignas, donde ha nacido el pánico a
la pobreza y, al mismo tiempo, la impotencia para hacerle frente. Y es
que, a diferencia de la situación en muchos países periféricos, donde
con independencia de la orientación política de los gobiernos se ponen
en marcha políticas focalizadas en la pobreza –habitualmente por razones
de gestión de conflictos y construcción de clientelas electorales, muy
alejadas de la idea de solidaridad–, en los países del Centro, y
particularmente en la UE, las políticas que se aplican siguen sometidas a
la “regla de oro” de privilegiar los intereses del capital sobre las
necesidades de la población, tratando la atención social a la población
empobrecida como un lastre y recortando sistemáticamente los fondos
destinados a ella. En este contexto, que el año 2010 haya sido
etiquetado como el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social» no deja de ser un sarcasmo.
Desde los primeros
estudios de los conflictos sociales característicos de la sociedad
capitalista, se ha considerado un rasgo fundamental de la clase obrera
la “inseguridad” en las condiciones de vida. Cuando, gracias a las
políticas propias del Estado del Bienestar, pareció que esta
característica desaparecía para una gran parte de la población
trabajadora, la categoría de “clase media” cumplió la función de
certificar esa nueva situación: «Hemos dejado de ser clase trabajadora»,
vino a decirse entonces. El neoliberalismo desarrolló con éxito «una
demonización de la clase obrera», según la expresión de Owen Jones en su
excelente reportaje
Chavs, [
10] tratando a esta como un grupo social en declive, cuyos ingresos no provienen del trabajo sino de los subsidios públicos.
Generalizando
la inseguridad social y aproximando la amenaza de la pobreza, la crisis
está debilitando estas barreras ideológicas que fragmentaban el tejido
social de las clases trabajadoras. Pero no caerán si no se enfrentan a
alternativas que comprendan que sólo puede lucharse eficazmente por la
erradicación de la pobreza venciendo a quienes la producen.
Mercado y empresas para “luchar contra la pobreza”
«El capital, las ideas, las buenas prácticas y las soluciones se extienden en todas direcciones». [
11]
Sumidos en una crisis económica, ecológica y social como nunca antes
había conocido el capitalismo global, estamos asistiendo al final de la
“globalización feliz” y a la demolición de la
belle époque del neoliberalismo. [
12] Pero las grandes corporaciones y los
think tanks
empresariales insisten en no darse por aludidos; lejos de cuestionar su
responsabilidad en el actual colapso del sistema socioeconómico y en la
crisis civilizatoria, las empresas transnacionales vuelven a
presentarse como el motor fundamental del desarrollo y la lucha contra
la pobreza. Según el pensamiento hegemónico, la gran empresa, el
crecimiento económico y las fuerzas del mercado han de ser los pilares
básicos sobre los que sustentar las actividades socioeconómicas de cara a
combatir la pobreza. Eludiendo su responsabilidad en el origen de la
crisis sistémica que hoy sufrimos, así como el hecho de que ellas están
siendo precisamente las únicas beneficiarias del
crack, las
grandes corporaciones nos proponen más de lo mismo: que el fomento de la
actividad empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento
innovador sean los argumentos fundamentales para la “recuperación
económica”.
Esta reorientación empresarial consiste en aplicar, junto con una táctica defensiva basada en el
marketing,
una estrategia ofensiva para pasar de la retórica de la
“responsabilidad social” a la concreción de la “ética de los negocios”
en la cuenta de resultados mediante toda una serie de técnicas
corporativas. Y su objetivo no es el de atajar las causas estructurales
que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan las condiciones
para vivir dignamente a la mayoría de la población mundial, sino
gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del
mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. Es lo que
hemos denominado
pobreza 2.0 y constituye uno de los negocios en auge del siglo XXI. [
13]
En los países del Sur global, por un lado, eso se traduce en el deseo
del “sector privado” de incorporar a cientos de millones de personas
pobres a la sociedad de consumo; en el Norte, por otro, significa la no
exclusión del mercado de la mayoría de la población, una cuestión
central ante el creciente aumento de los niveles de pobreza en las
sociedades occidentales como consecuencia de las medidas económicas que
se están adoptando para “salir de la crisis”.
«Ya es hora de que las corporaciones multinacionales miren sus estrategias de globalización a través de las nuevas gafas del
capitalismo inclusivo»,
escribían hace diez años los gurús neoliberales que llamaban a las
grandes empresas a poner sus ojos en el inmenso mercado que forman las
dos terceras partes de la humanidad que no son “clase consumidora”. «Las
compañías con los recursos y la persistencia para competir en la base
de la pirámide económica mundial tendrán como recompensa crecimiento,
beneficios y una incalculable contribución a la humanidad», decían
entonces. [
14]
Hoy, las corporaciones transnacionales han asumido plenamente esta
doctrina empresarial y han puesto en marcha una variada gama de
estrategias, actividades y técnicas que tienen como objetivo que las
personas pobres que habitan en los países del Sur se incorporen al
mercado global mediante el consumo de los bienes, servicios y productos
de consumo que suministran estas mismas empresas. “Responsabilidad
social”, “negocios inclusivos” en “la base de la pirámide”, “inclusión
financiera”, “alfabetización tecnológica” y, en definitiva, todas
aquellas vías que permitan lograr el acceso a nuevos nichos de mercado
se justifican con el argumento de que van a contribuir al “desarrollo” y
la “inclusión” de las personas pobres. Pero, como recalcó Evo Morales
en la última Cumbre Unión Europea-CELAC, «cuando nos sometemos al
mercado hay problemas de pobreza; problemas económicos y sociales, y la
pobreza sigue creciendo».
Al mismo tiempo, en los países
centrales, donde también están aumentando los niveles de pobreza y
desigualdad, en vez de emplear los recursos públicos en políticas
económicas y sociales que pudieran poner freno a esa situación, las
instituciones que nos gobiernan no se han salido de la ortodoxia
neoliberal y han emprendido toda una serie de contrarreformas que van a
contribuir a aumentar el empobrecimiento de amplias capas de la
población. Y las grandes empresas, en este contexto, están rediseñando
sus estrategias para no perder cuota de mercado: «En Madrid, Londres o
París también hay favelas, aunque no se llamen así», sostiene un experto
brasileño en “la base de la pirámide”, «es un mercado creciente que
compone la nueva clase media con poder de consumo». [
15]
Gigantes como Unilever, por ejemplo, ya están pensando en trasladar
aquí estrategias que antes probaron que funcionaban en países del Sur. [
16]
Pero, aunque algunas multinacionales están viendo cómo aplicar en
Europa la lógica de los “negocios inclusivos”, la mayoría de las grandes
corporaciones ha optado por no innovar demasiado cuando lo que se trata
es de seguir incrementando los beneficios: la continuada presión a la
baja sobre los salarios [
17]
y la expansión de la cartera de negocios a otros países y mercados han
sido, hasta el momento, las vías preferidas por las empresas para
continuar con sus dinámicas de crecimiento y acumulación.
La
tendencia a considerar el incremento del crecimiento económico como la
única estrategia posible para la erradicación de la pobreza se ha visto
reforzada desde que estalló la crisis financiera. Con el actual
escenario de recesión, las grandes corporaciones pretenden incrementar
sus volúmenes de negocio y ampliar sus operaciones en las regiones
periféricas para así contrarrestar la caída de las tasas de ganancia en
Europa y EEUU. Por su parte, los gobiernos de los países centrales
abogan por un aumento de las exportaciones y de la internacionalización
empresarial como forma de “salir de la crisis”. Según la doctrina
neoliberal, la expansión de los negocios de estas compañías a nuevos
países, sectores y mercados redundará en un incremento del PIB y, por
consiguiente, en una mejora de los indicadores socioeconómicos,
fundamentalmente en el aumento del empleo. «La única solución posible
para superar la crisis y volver a crear puestos de trabajo es recuperar
el crecimiento económico», resume el presidente de La Caixa, quien para
lograrlo propone «buscar nuevas fuentes de ingresos, diseñar nuevos
productos y abrir nuevos mercados». [
18]
A
pesar de que las afirmaciones acerca de una correlación directa entre
el crecimiento del PIB y los avances en términos de desarrollo humano no
resistirían ningún análisis serio, la idea de que crecimiento económico
es equivalente a desarrollo se ha hecho dominante en el discurso de la
“lucha contra la pobreza”. De esta manera, las referencias al
crecimiento de las economías nacionales –cuantificadas exclusivamente a
través del aumento del PIB– como vía para la superación de la pobreza no
solo forman parte de toda la arquitectura discursiva de la agenda
oficial de desarrollo, sino que además se están pudiendo llevar a la
práctica mediante la asignación de medios y recursos públicos para las
estrategias de fomento de la actividad empresarial y de los “negocios
inclusivos”. Esto es así porque las principales agencias de cooperación y
los gobiernos de los países del Centro, así como los organismos
multilaterales, las instituciones financieras internacionales e incluso
muchas ONGD, avalan este discurso y trabajan por incorporar al “sector
privado” en sus estrategias de desarrollo.
De la cooperación internacional a la filantropía empresarial
La
cooperación para el desarrollo, en tanto que política pública de
solidaridad internacional, difícilmente encuentra encaje en este marco. Y
es que, en las contrarreformas estructurales que se imponen en la
actualidad, la cooperación internacional no está teniendo un destino
diferente al del resto de los servicios públicos: la privatización y la
mercantilización. No puede decirse que en los últimos años se haya
provocado un cambio de rumbo en la senda emprendida por los principales
organismos y gobiernos que lideran el sistema de cooperación
internacional, sino más bien lo contrario: en el marco de la búsqueda de
alternativas neoliberales para huir hacia delante con la actual
situación, la crisis ha llevado a que toda la renovada orientación
estratégica de la cooperación para el desarrollo se refuerce y cobre aún
más sentido.
Por eso, estamos asistiendo a una profunda
reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda internacional
con vistas a reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte
como en el Sur, los que se considera que son los principales actores
sociales –grandes corporaciones, Estados, organismos internacionales y
organizaciones de la sociedad civil– en las estrategias de “lucha contra
la pobreza”. La hoja de ruta para los próximos tiempos parece clara:
otorgar la máxima prioridad al crecimiento económico como estrategia
hegemónica de lucha contra la pobreza, considerar al sector empresarial
como agente de desarrollo en las líneas directrices de la cooperación,
reducir los ámbitos de intervención estatal a determinados sectores poco
conflictivos y limitar la participación de las organizaciones sociales
en las políticas de cooperación para el desarrollo. [
19]
Ya
no es posible «seguir exportando tanta solidaridad», las
«circunstancias han cambiado» y los compromisos contra la pobreza han de
reorientarse «hacia nuestro territorio». Eso afirmaba el pasado mes de
septiembre el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana, Jorge Cabré, para justificar la decisión de su Gobierno de
poner fin a las políticas de cooperación internacional. Es sólo un
ejemplo de cómo, siguiendo una línea argumental similar, tanto el
Gobierno central como la mayoría de las administraciones autonómicas y
municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus
presupuestos para cooperación al desarrollo en 2012. Y para este año,
lejos de augurarse una recuperación –cierto es que existen algunas
excepciones a esta tendencia generalizada–, caminamos en la misma
dirección: como ha denunciado la Coordinadora de ONG para el Desarrollo,
a los 1.900 millones de euros que se recortaron el pasado año se le
sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) española pasará a suponer solamente el 0,2% de la renta
nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de los
noventa. «Fue un error perseguir el 0,7%», dice ahora el secretario de
Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, renunciando así
a la que desde hace dos décadas ha sido una de las reivindicaciones
fundamentales de las ONGD en el Estado español y que los sucesivos
ejecutivos se habían comprometido a cumplir firmando el Pacto de Estado
contra la Pobreza.
En los años ochenta y noventa, la cooperación
internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las
reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las
grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países
donantes de AOD. Hoy, la cooperación al desarrollo ya no cumple un papel
fundamental para la legitimación de la política exterior del país
donante, como lo venía haciendo hasta el comienzo de la crisis
financiera. Aunque aún puede seguir desempeñando un rol secundario en la
proyección de imagen internacional, su función esencial es la de
asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su expansión
global, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de
mercado con las personas pobres que habitan en “la base de la
pirámide”.
En el caso que nos toca más de cerca, todo ello se articula en torno a la famosa
marca España,
un proyecto para atraer capitales transnacionales a nuestro país –con
EuroVegas como modelo bandera– y fomentar la internacionalización de las
empresas españolas: en palabras de José Manuel García-Margallo,
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, «los intereses de España
en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las
empresas como protagonistas». Esto se constata, sin ir más lejos, en el
presupuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para este
año, en el que se observa que la partida de cooperación para el
desarrollo ha disminuido el 73% entre 2012 y 2013 mientras, en el mismo
periodo, han subido el 52% los fondos para la acción del Estado en el
exterior a través de sus embajadas y oficinas comerciales. [
20]
Nos
hemos habituado a escuchar con frecuencia, en el discurso oficial, una
frase que se repite a modo de justificación: «Bastante tenemos con la
pobreza de aquí como para preocuparnos de la de otros sitios». Es
evidente que los últimos gobiernos españoles, tanto el actual como el
anterior, han incumplido una y otra vez sus compromisos sobre la
cooperación internacional y la lucha contra la pobreza a nivel mundial. [
21]
Y a la vez, no es verdad que, a cambio, se estén destinando más fondos
para afrontar la extensión de la pobreza en nuestro país. Aquí y ahora,
esa labor se está dejando en manos de algunas ONG y de las grandes
empresas, recuperando la obra social, la caridad y la filantropía como
forma de paliar las crecientes desigualdades. Mientras crece la
desigualdad a marchas forzadas –desde 2007, la diferencia entre el 20%
más rico y el 20% más pobre en España ha subido un 30%–, [
22]
resurge con fuerza la filosofía del “neoliberalismo compasivo”, basada
en la idea de que pueden paliarse la pobreza y el hambre aportando “lo
que nos sobra”.
«Cada vez más gente de la que imaginas necesita
ayuda en nuestro país», decía Cruz Roja en sus anuncios para el último
«Día de la Banderita», poniendo el foco en la pobreza “local”. «Cuenta
conmigo contra la pobreza infantil», ese era el lema de la pasada
campaña navideña de La Caixa y Save the Children, añadiendo lo de
“infantil” para darle un toque adicional de sentimentalismo. Y tenemos
muchos más ejemplos de cómo las grandes corporaciones están intentando
reapropiarse de las buenas intenciones y de la solidaridad de una
ciudadanía cada vez más preocupada por el incremento de la pobreza y el
hambre: desde la filantropía de Amancio Ortega, patrón de Inditex y
tercer hombre más rico del planeta, que ha donado 20 millones de euros a
Cáritas (el 0,05% de su fortuna), hasta los
spots tipo «siente a un pobre a su mesa» que han publicitado diferentes ONGD, [
23]
pasando por el auge de los bancos de alimentos, a los que han anunciado
donaciones grandes empresas como Mercadona o Repsol. Hace años, la
“solidaridad de mercado” se medía en base al dinero recaudado en los
telemaratones, hoy parece computarse a partir de la cantidad de bolsas
de comida que pueden donarse a las organizaciones asistencialistas.
Repensando el modelo de desarrollo
«No
es una crisis, es una estafa», gritan los manifestantes que protestan
por la privatización de la sanidad, la educación y el agua. Y
efectivamente, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que
los grandes capitales privados estén saliendo reforzados de la crisis
mientras, por el contrario, la mayoría de mujeres y hombres van
perdiendo empleo y vivienda, sanidad y educación, pensiones y derechos
sociales conquistados en el último siglo. En este contexto, los cambios
sustanciales para luchar contra la pobreza sólo pueden darse
confrontando, en alianza con las organizaciones políticas y sindicales y
con los movimientos sociales emancipadores, a las reformas económicas y
los ajustes estructurales que cada día producen y reproducen un mayor
empobrecimiento.
Ante el desmantelamiento de la cooperación como
política pública de solidaridad internacional, la única forma de no
perder ese sentido solidario que ha presidido las actividades de muchas
organizaciones españolas de cooperación internacional en las dos últimas
décadas es trabajar, aquí y ahora, en la formulación y puesta en
práctica de una agenda alternativa de desarrollo en la que la
cooperación solidaria se entienda como una relación social y política
igualitaria, articulada con las luchas y los movimientos sociales
emancipadores. No podemos pensar que vamos a aliviar la pobreza con lo
que nos sobra, hace falta otro programa político. Trabajando en la
construcción de alternativas solidarias que pueden contribuir a la
resistencia social frente a los procesos de empobrecimiento y, en un
futuro, a ganar fuerza para revertirlos, es decir, para cambiar de raíz
la economía política dominante, tutelada por la dictadura de la
ganancia. En eso estamos.
Miguel Romero es editor de la revista VIENTO SUR y Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Este artículo ha sido publicado en la revista
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013, pp. 143-156. Ver en línea :
PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013
Documentos adjuntos
Notas: [
1] K. Polanyi,
La gran transformación, La Piqueta, Madrid, 1989, p. 66.
[
2]
D. Harvey ha desarrollado recientemente las modalidades de esta
acumulación, como puede verse en esta entrevista de E. Boulet al
geógrafo británico: «El neoliberalismo como “proyecto de clase”»,
Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
[
3]
No es el tema central de este artículo, pero dejemos claro que no hay
nada que lamentar en esto que podríamos llamar “desoccidentalización”,
por más problemática que sea la nueva relación de fuerzas a nivel global
desde el punto de vista de los intereses de las mayorías sociales.
[
4] F. H. G. Ferreira, J. Messina, J. Rigolini, L. F. López-Calva, M. A. Lugo y R. Vakis,
La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Panorama general, Banco Mundial, Washington, 2013.
[
5]
Los principales datos que aquí vamos a citar están tomados de J. L.
Berterretche, «Los tramposos delirios de los tecnócratas del Banco
Mundial»,
Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
[
6] El tipo de cambio es de 1 real = 0,38 euros. El salario mínimo en Brasil es de 678 reales, por tanto, unos 257 euros.
[
7]
El 42% del presupuesto federal brasileño se destina al pago de la deuda
pública. Los presupuestos de educación y sanidad equivalen solamente al
8% y 10%, respectivamente, de esta enorme sangría de los fondos
públicos.
[
8] Así lo recogía el diario
El País, 30 de marzo de 2013, pp. 4-5.
[
9] Diferentes estudios alertan de ello: Intermón Oxfam, por ejemplo, en
Crisis, desigualdad y pobreza
(Informe nº 32, 2012), pronostica que en España pasaremos de tener 12,7
millones de pobres (27% de la población total) en 2012 a 18 millones
(38%) en 2022.
[
10] O. Jones, Chavs.
La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, Madrid, 2012.
[
11] Eso afirma el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD,
Visión 2050. Una nueva agenda para las empresas, Fundación Entorno, 2010).
[
12] R. Fernández Durán,
La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. Preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial, Libros en Acción, Virus y Baladre, 2011.
[
13] Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en: M. Romero y P. Ramiro,
Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona, 2012.
[
14] C. K. Prahalad y S. L. Hart, «The fortune at the bottom of the pyramid»,
Strategy and Business, nº 26, 2002.
[
15] «En Madrid hay favelas aunque no se llamen así»,
El País, 3 de septiembre de 2012.
[
16]
«En Indonesia, vendemos dosis individuales de champú a dos o tres
céntimos y aún así obtenemos un beneficio decente», afirma un ejecutivo
de la compañía en «La pobreza regresa a Europa»,
Público, 27 de agosto de 2012.
[
17]
En este año, por primera vez los excedentes empresariales (46,1%) han
superado a las rentas salariales (44,2%) en el cómputo del PIB español.
[
18] I. Fainé, «Crecer para dirigir»,
El País, 2 de noviembre de 2011.
[
19] G. Fernández, S. Piris y P. Ramiro,
Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: Bases para un encuentro necesario, Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013.
[
20]
CONGDE, «Análisis y valoración de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2013», 8 de octubre de 2012.
[
21]
Plataforma 2015 y más, «España lidera la reducción de la Ayuda Oficial
al Desarrollo y lleva la cifra de cooperación a su mínimo histórico», 3
de abril de 2013.
[
22] Cáritas,
Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, Fundación Foessa, 2013.
[
23]
Acción contra el Hambre, por ejemplo, nos invitaba a dar un donativo
por cada “menú solidario” que consumiéramos en uno de los «Restaurantes
contra el hambre» que formaban parte de la campaña; en una línea
similar, Intermón Oxfam nos llamaba a sentarnos en su «Mesa para 7.000
millones».
