1- Vendedores desalojados toman otra acera zona hospitalaria
Los vendedores que fueron desalojados el viernes pasado de la zona hospitalaria se tomaron ayer una nueva cuadra de la 25.ª avenida sur, exactamente la que colinda con el Hospital de Oncología del ISSS.
Los comerciantes acusaron a la alcaldía de no haberles presentado alternativas para su reubicación y por eso anuncian que recurrirán a la lucha de calle para que les devuelvan los mismos espacios.
“Vamos a defender nuestros puestos. Queremos decirle al alcalde que no esté provocando más violencia de la que ya hay. Nosotros no estamos en contra de reordenarnos, pero que quede muy claro qué es reordenamiento y qué es desalojo”, expresó Rodolfo Pereira, un desalojado.
La alcaldía capitalina, por su parte, reiteró que no dará marcha atrás en el reordenamiento y ya seleccionó un terreno cercano a la zona que alquilará para la reubicación de al menos 97 comerciantes. (Ver nota secundaria.)
La comuna responsabilizó a los vendedores de la explosión de una granada en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) el domingo por la noche. El alcalde capitalino, Norman Quijano, aseguró, sin presentar pruebas, que un “comando urbano” se había responsabilizado de ese acto.
“Un comando urbano se atribuyó la explosión de la granada de la noche y amenazó con continuar con este tipo de acciones si la alcaldía continúa con el plan de reordenamiento”, señaló el edil.
La granada causó lesiones en tres agentes identificados como: Ever David Rivas, Salvador Castellanos y Briseida Escobar. Las esquirlas rompieron las ventanas de tres autobuses que ocupa la alcaldía para trasladar a discapacitados y en una camioneta.
Pero los comerciantes se desmarcaron del hecho y acusaron a la alcaldía de cometer un “autoatentado” para desviar la atención de la opinión pública. “El alcalde no está negociando, está reprimiendo y no lo vamos a tolerar. Él no tiene alternativas viables y concretas. Dios no lo permita, ni el alcalde nos empuje a que se derrame sangre de gente pobre humilde del país”, declaró Pedro Julio Hernández, líder de los vendedores.
La alcaldía se presentó en horas de la tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) para declararse ofendida por el atentado y pidió a las autoridades competentes que el hecho no quede en la impunidad. (Ver página 4.)
En el transcurso de la mañana los comerciantes protagonizaron un breve altercado con los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) porque obstaculizaron la 25.ª avenida sur, pero luego se retiraron a los juzgados para pedir la libertad de todos los vendedores que fueron detenidos.
Varias asociaciones de comerciantes, que participaron de la toma de calle, se mostraron como un grupo consolidado para advertirle al alcalde que no cederán tan fácilmente a la reubicación.
“Este día queremos anunciar la unidad consolida por el sector informal que no va a permitir que el alcalde nos atropelle. Nos hemos consolidado como un solo grupo para luchar por nuestros puestos”, advirtió Martín Montoya, otro líder de vendedores.
El grupo de Montoya se había mantenido enfrentado con las asociaciones que defienden Pedro Julio Hernández y Vicente Ramírez. Pero ayer se mostraron como un solo bloque informal.
Quijano volvió a señalar que detrás de estos líderes hay militantes partidarios que intentan opacar su gestión. El alcalde, que la última semana había dicho que agotaría el diálogo con los comerciantes, cambió de parecer el viernes porque cree que no llegaría a nada con más reuniones.
“El diálogo no rindió frutos. Al toro por los cuernos, medias tintas nunca han sido la percepción de este servidor”, dijo el edil.
Los desalojados pidieron para hoy la mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos y una reunión con los directores de hospitales de la zona.
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2-Cuatro diputados del PDC desertan del partido
La bancada legislativa del PDC está, desde ayer, representada solo por dos diputados en el seno de la Asamblea Legislativa, tras la renuncia irrevocable a las filas del partido que presentaron tres diputados propietarios y un suplente.
Francis Zablah, diputado por La Libertad; Juan Carlos Mendoza, diputado por Santa Ana; Sandra Salgado, diputada por San Miguel, y Gloria de Salgado, diputada suplente por ese mismo departamento oriental, presentaron ayer, ante la sede principal del PDC, su carta de renuncia.
“Yo pido respeto, no se nos ha dado, hasta la fecha, la oportunidad más pequeña de defendernos. Ni siquiera de platicar dentro del partido”, dijo Zablah al lamentar la forma en que está trabajando el partido que lo llevó a su primera legislatura.
El diputado Zablah, que hace una semana atrás denunció la creación de grupos paralelos que “confunden” a las bases en La Libertad, agregó que como bloque han decidido no unirse a ningún partido político, pese a que GANA ya les ofreció abrirles la puerta.
“Dejamos claro que somos independientes y no vamos a pasarnos, por el momento, a ningún partido”, expresó Zablah, quien dejó, sin embargo, una puerta abierta para un futuro próximo.
La misma explicación dio Mendoza, quien hasta ayer también fungía como secretario general departamental de Santa Ana. “A mí me es imposible seguir contribuyendo con la división de poderes del partido y cuando existe pérdida de confianza”, explicó el diputado al justificar su decisión.
Por su parte, Salgado –hermana del alcalde migueleño, Wilfredo Salgado, y quien la semana pasada fue expulsado del PDC– se desligó de participación alguna en las declaraciones por las cuales sus compañeros estaban siendo sometidos a un proceso dentro del tribunal de honor del partido.
Salgado se apoyó en su poca presencia pública para descartar que el partido haya iniciado un proceso en su contra y asegurar que su decisión es netamente filial, como ya lo había anticipado su hermano y alcalde, quien esperaba que Salgado renunciara también al partido tras su expulsión.
“Lo hago por solidaridad con mis compañeros”, reiteró en ese sentido Salgado, quien era secretaria del PDC en la junta directiva.
Junto a ella, Gloria de Salgado, su suplente y esposa del alcalde migueleño, presentó su renuncia irrevocable.
3-Movimientos en PDC llevan a más reacomodos
La renuncia de los diputados que por apoyo a la denuncia hecha por el alcalde migueleño, Will Salgado, esperaban la expulsión del PDC será el inicio para nuevos reacomodos en el partido y en la Asamblea Legislativa.
Ayer, en los pasillos de este Órgano del Estado se esperaba también que el jefe de fracción pedecista, Santos Guevara, se sumara a los diputados que anunciaron su renuncia. Él lo descartó con firmeza.
“Yo no le debo nada a Rodolfo Parker, pero sí a mi departamento de Morazán, que me puso por la democracia cristiana y les debo respeto. Yo tengo que seguir y no salirme de la línea y disciplina hasta que termine el período para el que me eligieron”, dijo el diputado que se mantiene junto a Parker en el PDC.
Las insistentes diferencias que se han dado entre el diputado suplente por Santa Ana, Mauricio Rodríguez, con la dirigencia también lo llevaron a la lista de posibles apoyos a los miembros del nuevo bloque legislativo. Nadie lo confirmó, pero al momento de la renuncia pública, Rodríguez no estaba entre los críticos.
4-ONU censura uso de tropa para la seguridad pública
Naciones Unidas cuestionó ayer el uso de militares en tareas de seguridad pública, pues recordó que la tropa está entrenada para “defender del enemigo externo en los casos de guerra”, advirtiendo por ello que la seguridad pública “no es una función que le compete por su propia formación”.
“La seguridad ciudadana no puede estar en manos de Fuerzas Armadas, (que) tienen en su doctrina y su filosofía la defensa nacional contra el enemigo externo”, advirtió Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció en mayo pasado la ampliación por un año del desempeño de la tropa en las labores de seguridad pública ejercidas desde noviembre de 2009.
La funcionaria recordó que la Policía “lo que tiene es un deber de prevención y de represión del delito con una formación totalmente distinta, cercana al ciudadano de una manera que debe darle en esa relación un grado de confianza”.
Villa Quintana califica de “legítimo sentimiento” que la población diga sentirse más protegida con la tropa; sin embargo, pone en duda que ello haya logrado reducir los índices de violencia y delincuencia en el país. “Yo le pregunto a usted: ¿es por ello (uso de militares) que hoy tenemos menos delincuencia, menos homicidios? Habría que mirar las cifras”, dice.
La funcionaria participó en la revelación del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en las Américas, que “presenta cifras de mucha preocupación por los altos índices de homicidios y violencia que se registra en la región”.
La OACNUDH sostiene que no es posible desarrollar una política de seguridad ciudadana si no se actúa con transparencia, con una alta participación de ciudadanos y una efectiva rendición de cuentas. “La política de seguridad ciudadana no solo le pertenece a la Policía, el ministerio público juega un papel importante”, pues recordó que “hay índices de impunidad y un retardo en la administración de justicia”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública , Manuel Melgar, reconoció que existe un riesgo en usar a la FAES para labores de seguridad pública.
“Eso está en el marco de la Constitución y de una temporalidad que nos permita el fortalecimiento de las instituciones. No consideramos estar equivocados, es una preocupación que el informe plantea; yo lo he explicado ahora y ellos dicen que se comprende en el sentido de una temporalidad.”
Pese a esa temporalidad, el procurador de derechos humanos, Óscar Luna, pidió evaluar la efectividad de la FAES y dijo que el Ejecutivo mejor debería incrementar la inversión en el área de prevención.
5-Apagón de energía eléctrica se originó en Honduras
Una sobrecarga en los sistemas eléctricos centroamericanos fue lo que ocasionó un apagón, el domingo por la noche, en tres países. Más que la falta de energía en el sistema, fue el exceso de esta lo que se tradujo en el percance, que dejó a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños sin electricidad.
“El apagón ocurrió por la falla de dos autotransformadores en la subestación de Suyapa, en Honduras, el domingo a las 6:51 de la tarde, lo que provocó que 220 megavatios de carga viajaran a Guatemala y El Salvador a través de la interconexión y eso fue la raíz de los inconvenientes que se sucedieron en cadena”, dijo René González, director ejecutivo del Ente Operador Regional (EOR).
El problema en los autotransformadores significó que aunque en Honduras se siguió generando la energía según el consumo que se tenía, no se pudo transferir al sistema eléctrico y llegar a los hogares hondureños, por lo que toda esa carga acumulada viajó a Guatemala y El Salvador lo que provocaría una sobrecarga en el sistema.
Por ello, primero fue Honduras la que quedó en oscuridad, y posteriormente El Salvador y Guatemala. En estos últimos dos países, el sistema se desconectó como un mecanismo de defensa por la sobrecarga proveniente de Tegucigalpa. Un caso de desbalance total en la red.
Sin embargo, aunque el EOR, que es la entidad encargada de coordinar la operación eléctrica y de transacciones de mercado de los seis países de Centroamérica, estipulaba una sobrecarga de 220 megavatios (MW), la Unidad de Transacciones (UT) del mercado salvadoreño de energía eléctrica proyectó una carga de 325 megavatios.
“Fue una oscilación de potencia de aproximadamente 325 MW en el sentido sur-norte, atravesando nuestro sistema de transmisión hacia los sistemas de Guatemala y México”, se especificó en un comunicado de prensa de la UT.
En cuanto a la duración del apagón, se estipuló que el cero voltaje ocurrido en todo el país se registró a las 7:07 de la noche, es decir, 16 minutos después del fallo en la subestación Suyapa, en la ciudad de Tegucigalpa.
Asimismo, información del EOR contempló que la baja en el sistema eléctrico tuvo una duración aproximada de 45 minutos en El Salvador, después de lo cual se comenzó a restablecer el servicio paulatinamente en todo el territorio nacional.
En opinión de González, la falla en la planta hondureña fue un “inconveniente circunstancial que ya se ha suscitado en otras ocasiones en plantas de Panamá y la región”.
6-16% de empleados privados gana menos del mínimo
A la mitad de los salvadoreños que perciben ingresos no le aplican las legislaciones que tienen que ver con el salario mínimo. De la otra mitad, a los que sí deberían aplicarles, un 15.6% gana menos que el salario mínimo establecido por la ley del país.
Estos son dos de los principales hallazgos de un reciente estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), denominado “El impacto de los salarios mínimos en el mercado de trabajo en El Salvador”. El documento fue elaborado con apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por su sigla en inglés).
El estudio demuestra, entre otras cosas, que el alto grado de informalidad en la economía salvadoreña hace que el alcance de la política del salario mínimo sea muy limitado, en cuanto a herramienta para contrarrestar la desigualdad y la pobreza.
Con base en datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, que elabora la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), FUSADES determinó que a un 48.8% de los trabajadores no les aplica la legislación del salario mínimo.
“Se trata de trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados o patronos, sus ingresos son resultado de actividades productivas y no de salarios”, explicó Álvaro Trigueros, analista de FUSADES y uno de los autores del estudio.
En el resto de la población económicamente activa, hay un grado alto de incumplimiento de la legislación vigente: un 15.6% de los trabajadores ganaba menos del mínimo legal, según datos de 2008. “Mientras mayor es la informalidad en un sector, mayor es el incumplimiento de la legislación del salario mínimo”, apuntó Trigueros.
Desde principios de 2009, cuando entró en vigor el más reciente ajuste al salario mínimo, este se fijó en $207.68 para el sector de comercio y servicios, en $173.78 en el sector textil y de la confección, y en $97.20 para el agro. El sector industria debe pagar un mínimo de ley de $203.10.
Todo esto demuestra, según el estudio, el poco impacto que tienen las políticas de salario mínimo sobre el bienestar de los trabajadores, y que el énfasis debe estar en mejorar los salarios promedio, que aún son bajos. En El Salvador, por ejemplo, el salario mínimo equivale a un 61% del salario promedio.
7-Acuerdo para reorientar los $80 Mlls. queda en suspenso
La comisión de Hacienda del Congreso decidió llamar a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) para que opine sobre la redistribución de los fondos de un préstamo por $80 millones para refuerzo de las alcaldías.
Los diputados han rechazado la petición del Banco Mundial (BM) de mantener el destino de los fondos que en un principio propuso el Ejecutivo, y buscan que la mayor parte del préstamo vaya a la inversión municipal.
La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda había destinado $52 millones para las comunas y el resto para consultorías y entidades que se encargarán de vigilar la ejecución de las obras, como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem).
Ayer, los diputados llegaron a un acuerdo para que las comunas tengan más recursos, pero no alcanzaron un consenso sobre el monto específico.
El PCN, por su parte, quiere que se le entregue el 90% del empréstito de $80 millones a las comunas para destinarlo a inversión, es decir alrededor de $72 millones.
Los fondos en discusión son $5.7 millones destinados al Isdem para planificación, administración del crédito y consultorías sobre la implementación de obres en las comunas, lo cual representa un 7% del empréstito.
ARENA ha pedido que se consulte a Comures antes de dar una opinión en favor o en contra de la reorientación.
Los diputados también acordaron dejar para la próxima semana la discusión de un préstamo por $54 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) dirigido a programa "Protección de Ingresos y Empleabilidad", que es parte del programa gubernamental denominado "Protección de Apoyo Temporal al Ingreso".
Según los diputados, este plan servirá para beneficiar a 548 comunidades en estado "precario" ubicadas en 43 municipios. Esperan citar al Ministerio de Hacienda para que explique a detalle adónde irán los fondos del empréstito.
En otra comisión, en la de Salud, los diputados acordaron realizar tres reuniones para iniciar la metodología de abordaje de la Ley de Medicamentos.
Los legisladores acordaron reunirse los lunes 21 y 28 de junio, y el 5 de julio.
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8-Casos de dengue van en aumento
Los casos de dengue aumentaron en un 63% en relación a la semana anterior, según registros de Salud. El reporte epidemiológico reveló que del 6 al 12 de junio hubo 239 casos nuevos de la enfermedad, de ellos tres son de la variante hemorrágica.
La cifra es superior a los 146 que las autoridades reportaban entre el 30 de mayo y 5 de junio.
La ministra de Salud Pública, María Isabel Rodríguez, dijo ayer que hay que estar preparados y seguir con la alerta y la sensibilización en hospitales. El país atraviesa una epidemia de dengue, diarreas y neumonías.
Las lluvias intermitentes pueden complicar las situación, advirtió la ministra.
Rodríguez informó que en términos generales las cifras de pacientes con neumonía, diarreas y gastroenteritis aguda han descendido y no se ha registrado ninguna muerte por diarrea.
Sin embargo, en algunas departamentos, como La Unión, La Paz, Chalatenango y Morazán, San Miguel y Cuscatlán hubo un aumento en los casos de neumonía. Mientras que en La Unión, Ahuachapán, San Vicente, Usulután, Sonsonate y San Salvador presentan incremento en los casos de diarreas.
La población más vulnerable siguen siendo los niños menores de cinco años.
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9-"El salario mínimo debería ser flexible"
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) propone que en El Salvador se considere seriamente fijar el salario mínimo por hora trabajada y no con base en una jornada diaria de ocho horas, debido a que una política como esta estimularía la libre contratación, y por ende, favorecería el mercado laboral.
La anterior es una de las recomendaciones que se desprende del estudio denominado "Impacto de los salarios mínimos en el mercado de trabajo de El Salvador", que fue coordinado por la Fundación y cuyo contenido será revelado hoy al país.
El economista Álvaro Trigueros, uno de los autores de la investigación, explicó que en la actualidad el artículo 147 del Código de Trabajo distorsiona la contratación laboral, debido a que ordena al patrono pagar por ocho horas de trabajo en los casos en que el empleado haya laborado por un periodo mayor a cinco horas, pero cuando el tiempo de trabajo sea inferior a este número de horas se permite una remuneración proporcional.
"Esta disposición no se encuentra en otro país: que se tenga que pagar por ocho horas completas aunque alguien trabaje solo seis, eso restringe la contratación y la posibilidad de que se realicen contratos beneficios entre asalariados y patronos".
El estudio encontró que la legislación sobre salario mínimo tiene "un alcance limitado como política para contrarrestar la pobreza", ya que en el país el 46 por ciento pertenece al sector informal de la economía. "A una buena parte de los ocupados no les aplica esta legislación porque no reciben salario, sino que son trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados, y desocupados", detalló.
El porcentaje restante de la población tampoco se beneficia de esta legislación por los altos niveles de incumplimiento. En el caso de las microempresas, se detectó el porcentaje de quienes ganan menos que el salario mínimo es de un 30 por ciento.
Sobre el impacto de un aumento en el salario mínimo, uno de los hallazgos indica que un hogar pobre tiene más probabilidades de superar esta condición cuando dos o más sus miembros reciben una paga cercana a este parámetro; pero la posibilidad se reduce cuando sólo una persona del grupo trabaja. Otro de los inconvenientes, según Fusades, es que una subida en este tipo de salario aumenta las probabilidad de que un empleado permanente pase a temporal, y pierda beneficios sociales. Para facilitar la administración del salario mínimo se recomienda establecer un solo tipo, ya que en la actualidad el país cuenta con cuatro diferentes salarios mínimos.
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10-El Salvador sigue a la cabeza de países más violentos de C.A.
El Salvador sigue a la cabeza de los países más violentos de la región centroamericana, a pesar de los esfuerzos impulsados por las autoridades, según el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe revela, además, que la región es la más violenta de todo el mundo, y que los datos arrojan que han sido asesinadas más de 79 mil personas en los pasados 6 años, lo que traducen en “una cifra aterradora”.
Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional para América Central OACNUDH, dijo que el incremento de homicidios en la región y en especial en El Salvador es alarmante y que debe de servir como un llamado para todo el sistema que imparte justicia.
Los países con mayores tasas en la región son: Honduras con 58 por cada 100 mil habitantes, Guatemala con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes; pero en el 2009 El Salvador superó a esas dos naciones con 71 homicidios por cada 100 mil habitantes indican los datos del informe. A criterio de Villa, las políticas represivas impulsadas en los últimos años se prestan muy fácilmente para la cuantificación y proporcionan lo que “aparentan ser resultados rápidos que se ofrecen a los medios de comunicación”, pero esos números no son indicadores del impacto de las políticas sobre el problema.
El decomiso de armas y las detenciones solo suelen agudizar más la problemática como se refleja en los datos, porque se incrementan el numero de personas detenidas y las cárceles están hacinadas.
Para la representante regional de OACNUDH, los gobernantes de la región y en especial de El Salvador, deben de encontrar “respuestas eficientes” a los problemas de la violencia que subyacen en la inequidad, la discriminación y la exclusión social.
Los gobiernos deben de adoptar las reglas de rendición de cuentas, transparencia y la no discriminación, “principios que emanan de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, que deben de guiar el diseño, la implementación y evaluación de las políticas de seguridad”. Si los estados no esclarecen las conductas delictivas con miras a eliminar la impunidad, las cifras negativas no disminuirán.
“La impunidad vulnera derechos fundamentales y por ello la CIDH ha señalado que la impunidad es una situación propicia para la repetición crónica de la violación de los derechos humanos” sentenció Villa.
Agregó, que para evitar que los niveles de impunidad se mantengan el “poder judicial juega un importante papel en el tema de seguridad, cuando administra justicia eficazmente para reducir el riesgo y los alcances de la impunidad, y el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos a la seguridad de orden jurídico, administrativo y cultural”.
Mientras que Sérgio Pinheiro, Vicepresidente Primero de la CIDH, lamentó que en esta ola de crisis de violencia y homicidios las principales víctimas sean la niñez y la juventud. Criticó que algunos países estén adoptando medidas punitivas, reforzando la seguridad con la fuerzas armadas y con incremento de penas. “Estás trilogías no mejoran” sentenció Pinheiro durante la presentación del informe.
Además, dijo que en estos países con mayor tasa delincuencial las víctimas no son escuchadas y no son reparadas por el daño cometido.
“Creemos que este informe y las recomendaciones pueden ser una herramienta de diálogo”, sentenció el Vicepresidente Primero de la CIDH.
El informe elaborado por la CIDH y que contó con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se presentó hoy a todos los sectores del país y las autoridades de El Salvador.
Las autoridades se comprometieron a analizar las recomendaciones y seguir impulsando sus medidas de seguridad a través de la Política de Justicia, Seguridad Publica y Convivencia.
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11-Transportistas unifican peticiones al gobierno
Los empresarios dedicados al transporte colectivo, pretenden unificar las peticiones a realizar al Ministerio de Seguridad y Justicia, para lograr que disminuyan los niveles de criminalidad que afectan al sector.
Según Rodrigo Contreras Teos, representante de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT), «lo que más afecta al sector son las extorsiones, la quema de unidades de transporte y el asesinato de los empleados», por lo que pretenden que las nuevas medidas impulsadas por el ministerio de justicia sean más efectivas.
«Nosotros no podemos continuar simplemente como observadores, debemos de hacer algo para que se nos escuche y, además, impulsar planes específicos», argumentó Teos. Los transportistas han formulado propuestas a corto, mediano y largo plazo, entre sus propuestas están bloquear los teléfonos celulares, ya que aseguran que los mismos son utilizados para cometer las extorsiones, además, de realizar una depuración en la Policía Nacional Civil (PNC).
Para Teos, la última medida debe realizarse a corto plazo, porque los transportistas tienen información que algunos miembros de la policía colaboran con los delincuentes. «De hacerse esto habría más denuncia, porque generaría mayor confianza», comentó Teos.
El representante de CASIT opina que la inseguridad en el sector transporte debe ser tratado de forma integral «porque esto ya se convirtió en un modo de vida para los delincuentes, ya que no sólo obtienen riqueza, sino que ahora tienen mejor armamento que el que posee la PNC o la Fuerza Armada».
Por otra parte, los empresario piden a la Secretaría Técnica de la Presidencia continúen las negociaciones en lo referente a la tarifa y al monto del subsidio que les entrega el Estado.
«Estamos en la espera de una nueva reunión con el Secretario Técnico para negociar nuestras propuestas y las presentadas por el gobierno», informó Contreras Teos.
Para los empresarios, sería viable «volver a la tarifa de $0,25», pero que también es necesario discutir los elementos técnicos para que se pueda implementar la «banda de precios» ya que así se evitaría ese estira y encoge que hay en las tarifas ya que estas varían cuando cambian los precios del combustible.
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