Mientras el gobierno de Estados Unidos y las diferentes burguesías están concentrados en la lucha contra la violencia, el narcotráfico y el accionar del crimen organizado en la región Centroamericana, gastando miles de millones de dólares, en los últimos meses se han producido importantes luchas de los empleados públicos por la defensa de la salud y la educación en casi todo el istmo.
Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la aplicación de los planes de ajustes, el desmantelamiento de la industria manufacturera --creada a raíz del Mercado Común Centroamericano (MCCA)--, ha producido una reducción numérica de la clase obrera industrial, con el consabido debilitamiento de las centrales obreras y de los sindicatos. En estas condiciones, el único sector que se mantiene todavía unificado, por trabajar para el mismo empleador, pero siempre amenazados por la reducción de las funciones del Estado, son los empleados públicos: los trabajadores del sector salud y de la educación. Los maestros y trabajadores de la salud centroamericanos enfrentamos los mismos problemas, porque todos somos víctimas de las mismas políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los efectos de los planes de ajustes permanentes y de las políticas neoliberales, se hacen sentir cada vez más dolorosamente en nuestros empobrecidos países. Las consecuencias de las políticas neoliberales se concentran y evidencian en los raquíticos presupuestos de cada uno de los Estados en Centroamérica, castigando con especial énfasis los servicios públicos básicos: salud, seguridad social y educación.
En Guatemala, continúan produciéndose movilizaciones de los maestros y trabajadores de la salud, que al luchar por la defensa del salario y de las conquistas laborales. Estos sectores luchan al mismo tiempo por la defensa de los servicios básicos y mínimos que cualquier Estado debe brindar a su población. Las amenazas de recortes de personal en los hospitales y escuelas son permanentes. La actual campaña electoral en Guatemala ha ocultado el enorme impacto de estas luchas sociales.
En El Salvador, está ocurriendo lo mismo. Después de tantos años de reacción bajo los gobiernos de ARENA, nuevamente se producen movilizaciones de los trabajadores de la educación y del sector salud. A finales del 2010 el gobierno del Presidente Funes y del FMLN anunció el aumento del 6 % y del 10 % a los salarios de trabajadores públicos, mediante el Decreto Legislativo No 553, el cual se haría efectivo a partir de enero del 2011. No obstante, quedaron por fuera de este miserable aumento los empleados que gozan del escalafón, el cual otorga un incremento anual a los trabajadores públicos. Esto motivó que los empleados del sector educación y salud, saliesen a dar la pelea por el aumento de salarios.
Bajo la presión de las movilizaciones del magisterio, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 23 de Junio el Decreto No 770 por medio del cual el gobierno del Presidente Mauricio Funes y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se obligó a otorgar ese aumento de salarios, entre el 6 y 10%, dependiendo del escalafón, a cerca de 50,000 maestros salvadoreños.
Sin embargo, a pesar de que ese aumento de salarios no cubre las necesidades básicas de los maestros, el gobierno de Mauricio Funes, como Poncio Pilatos, se ha lavado las manos y no ha cumplido con el Decreto No 770, argumentando la falta de fondos en el presupuesto. Las protestas por el incumplimiento del gobierno de Funes y del FMLN al inicio fueron desatadas por los sindicatos independientes, pero en las últimas semanas hemos observado que hasta los sindicatos magisteriales controlados por el FMLN, como la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES)-21 de Junio se ha sumado a las protestas, exigiendo que el gobierno cumpla con el Decreto No 770.
Algo similar ocurre con las protestas de los trabajadores de la salud, que pelean por más presupuesto para los hospitales y por mejores condiciones salariales y de trabajo. Los sindicatos y federaciones de trabajadores de la salud exigen el pago nivelado de todos los salarios equivalente a 300 dólares para todos los trabajadores del sector salud, que las mesas de negociaciones cumplan con el objetivo de reconocer el incremento salarial de acuerdo al Decreto No 553, y que el gobierno de Funes y del FMLN ponga fin a todos los abusos que las autoridades están cometiendo dentro de las dependencias del Ministerio de Salud.
Los empleados públicos de Honduras fueron hasta hace poco la vanguardia de las luchas contra los efectos de las políticas neoliberales. No obstante, con la firma e implementación del Acuerdo de Cartagena, por medio del cual el ex presidente Manuel Zelaya pudo retornar a su país, a cambio de reconocer la legitimidad del gobierno de Porfirio Lobo, la situación política ha cambiado radicalmente en ese país.
El magisterio de Honduras ha sido la columna vertebral de la lucha contra el golpe de Estado, a pesar de que hubo sindicatos y colegios magisteriales que simpatizaban con los golpistas. En las calles, los contingentes magisteriales, libraron luchas, huelgas de hambre, y hasta batallas campales contra las fuerzas represivas de los golpistas. El ex presidente Zelaya desde el exilio alentaba las luchas populares, pero para negociar su retorno y obtener la legalización de una fuerza política con el objetivo de participar en los próximos comicios electorales.
Mientras tanto, el gobierno de Porfirio Lobo ha continuado con su estrategia de desarticular las luchas de los empleados públicos y sectores populares. Estamos ante una coyuntura de retroceso de las luchas de los empleados públicos en Honduras. El magisterio soporta heroicamente la embestida del gobierno de Lobo que pretende aprobar una nueva Ley de Educación, después de haber desmontado la conquista histórica de la indexación de los salarios, reduciendo el Estatuto Docente a la mínima expresión.
Precisamente, para aportar elementos para asimilar las experiencias de las luchas del magisterio de Honduras, en esta décima edición de la Revista 1857, el artículo central está dedicado a esbozar un Balance de lo ocurrido. Esperamos que sea de mucha utilidad no solo en Honduras, sino en el conjunto de Centroamérica.
Nicaragua, sigue siendo la excepción a la regla. En 1979 las masas trabajadoras nicaragüenses fueron la vanguardia de la lucha antiimperialista en la región centroamericana, pero a partir de los Acuerdos de Esquipulas II en 1987 comenzó el retroceso de la revolución. Las consecuencias desastrosas de la derrota de la revolución nicaragüense, todavía se siente en la debilidad de los sindicatos. La antigua dirección guerrillera se convirtió en una nueva burguesía. Bajo el segundo gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en el país más estable de la región, en un paraíso de los inversionistas y las transnacionales, donde no estallan luchas de los trabajadores, debido al masivo desempleo y al férreo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre las pocas organizaciones existentes.
En Costa Rica, la impuntualidad de los pagos a los maestros, provocando una enorme cantidad de protestas locales, paros y hasta movilizaciones nacionales para obligar al gobierno a entregar el salario completo. La crisis fiscal del gobierno de Laura Chinchilla está asfixiando a los destacamentos más numerosos de los empleados públicos: a los maestros y trabajadores hospitalarios. El 28 de Junio del año en curso los sindicatos APSE, SEC, ANDE y otros más, desarrollaron una marcha nacional en San José, contra los planes de imponer la trimestralización en los cursos lectivos. El gobierno tuvo que retroceder ante la unidad en la lucha y la movilización.
El déficit fiscal del gobierno de Laura Chinchilla se hace sentir directamente en la educación superior y secundaria, y en el moribundo sistema de seguridad social. La reciente lucha de los maestros contra la trimestrilización de la educación en secundaria, y la huelga de los trabajadores de la salud, por la profunda crisis de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) son dos muestras de la gravedad de la crisis en ese país. En ambos casos, los empleados públicos se resisten a pagar los efectos de la crisis, salen a las calles, hacen huelgas y pelean contra el gobierno.
En Panamá, existe un profundo malestar del sector magisterial por las políticas aplicadas por el gobierno de Martinelli. Los maestros panameños libraron una exitosa jornada de lucha y advertencia el pasado 25 de julio.
Todas estas luchas tienen un denominador común: la movilización de los trabajadores de la educación y del sector salud por defender estos servicios públicos y la defensa del salario real. Debido a que los empleados públicos reciben sus salarios del presupuesto de cada país, la lucha por el aumento de salarios se ha convertido en una batalla contra la estrategia neoliberal de reducir el Estado por la vía del achicamiento del presupuesto.
Las luchas son las mismas. Nada más que las estamos librando por separado. Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las centrales de trabajadores, a los sindicatos y federaciones de empleados públicos, a realizar jornadas de lucha conjunta en todos nuestros países, solo de esta manera haremos retroceder las políticas neoliberales que impulsan todos los gobiernos centroamericanos. Estas luchas abren la discusión sobre a cuánto debe ascender el presupuesto en cada uno de los países de la nación centroamericana, y de donde sacar los recursos para financiar las necesidades de educación y salud del pueblo. Estas luchas abren las puertas a la necesaria coordinación regional.
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