La reunión preparatoria para la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Santa Cruz, Bolivia, resolvió invitar a Honduras como “una expresión de paz y solidaridad”, a pesar de estar en discusión todavía la readmisión del país en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Y sin considerar tampoco que las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron el golpe de Estado de junio de 2009, junto a un grupo de empresarios y políticos; serán invitadas a la IX Conferencia para hablar de tres ejes que esa institución ha violentado: paz y conflicto en las Américas; democracia, sociedad y Fuerzas Armadas; además, de Defensa Nacional y desastres naturales. Se anticipan a explicar que aguardan a que la OEA "determine reintegrar a Honduras a su seno"; y en el caso de Cuba, la convocan en "calidad de observador".
Contrario a lo sucedido en Honduras, donde Estados Unidos es considerado actor principal en el Golpe, las autoridades de defensa bolivianas anunciaron que propondrán como "principio hemisférico la no agresión y no injerencia de otras potencias en actividades internas de los países".
Además de “prohibir la instalación de bases militares de fuerzas extranjeras” porque representan " un riesgo" para el país y para la región donde se instalan.
Estados Unidos instaló recién, siete bases militares en Colombia, en el segundo semestre de 2009, y estarían instalando dos nuevas bases militares en la región Caribe de Honduras.
Abordarán la trasparencia de los egresos militares de los estados. En Honduras, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se incrementó sustancialmente después del golpe de Estado, y no se conocen informes nacionales de gastos.
La Reunión Preparatoria propuso a Uruguay como sede de la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que debe realizarse en 2012.
Desde 1995, la Conferencia Ministros de Defensa de las Américas se realiza cada dos años. La anterior, que acordó la sede para Bolivia en el 2010, se desarrolló en Canadá en 2008.
Fuente: http://www.
2.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) circuló, hoy, una alerta internacional “urgente”, para pedir al régimen de Porfirio Lobo, que proceda a salvaguardar la vida de los campesinos y campesinas de la Empresa Asociativa de Isletas (EACI).
Cerca de 300 a 400 guardias de seguridad de la transnacional bananera, Standard Fruit Company (SFC), además de franco tiradores, dispuestos dentro del área, estarían apostados en actitud de ataque, a la espera de los campesinos, campesinas y sus familias, que se desplazan hacia esas tierras en su derecho a defenderlas, según la denuncia del campesino Ángel Hernández al Cofadeh.
Hernández, indicó a esa organización de derechos humanos, que unas 200 familias se aproximan a la zona de Copete Uno, en Isletas, departamento de Colón, con intención de recuperar dos mil 989 hectáreas de tierra, propiedad de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), retenidas, en forma ilegal, por la transnacional Standard Fruit Company (SFC),
Según lo denunciado por la EACI, los campesinos mantienen acciones legales en los tribunales, pero éstas no progresan porque existe una “confabulación para torcer la justicia”, a fin de que la SFC, mantenga la posesión ilegal de esas tierras.
La utilización de guardias de seguridad para reprimir a la población, en este caso especial a los campesinos del departamento de Colón, constituye una grave violación a los derechos humanos, tal como lo establecen las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios.
El Grupo de Trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre la utilización de mercenarios, desde julio de 2005, recomendó a Honduras considerar ese respecto en el marco normativo e incluir esta formación en el entrenamiento a los empleados de las empresas privadas de seguridad, recordó el Cofadeh.
Este delito está enmarcado dentro de la amnistía política aprobada por el Parlamento de Honduras el 27 de enero.
El juez José Palacios dijo que firmó un auto judicial en el que suspende las acusaciones contra Zelaya por abuso de autoridad. Pero señaló que mantuvo las acusaciones por los delitos de fraude y falsificación, ya que no están incluidas en el decreto de amnistía. La resolución la firmó el pasado 30 de junio pero recién fue conocida ayer.
Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando comandos militares lo arrestaron por orden de la Corte Suprema. Está acusado de delitos comunes por supuesta corrupción y por delitos políticos por pretender convocar a una consulta popular para decidir la convocatoria a una asamblea constituyente. Actualmente Zelaya se encuentra en República Dominicana en condición de invitado del gobierno de Leonel Fernández.
4.
Honduras. La crisis 1990-2010 en la perspectiva histórica.
Miguel Cáceres Rivera y Sucelinda Zelaya [1]
Aclaraciones necesarias
Las crisis de reproducción generacional constituyen el eje de análisis de la presente reflexión. Son los referentes para la comprensión de las tres crisis políticas que han acontecido en los últimos ciento diez años. La comprensión de las dos crisis de reproducción y políticas anteriores permiten un mejor entendimiento de la crisis 1990-2010, en cuyo contexto ocurre el golpe de estado ejecutado contra Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009.
El análisis se circunscribe al rol de los factores internos que participan en la génesis, desarrollo y solución de estas crisis. Deliberadamente se omite la incidencia de los factores externos políticos y económicos (la incidencia de los EUA y el crimen organizado, inclusive), más por razones de simplificación y no por otorgarles menor importancia.
La primera crisis
En los últimos 110 años se han sucedido tres crisis de reproducción generacional. La primera durante el primer tercio del siglo XX, la segunda entre finales de los 1950 y mediados de los 1970 y la última del decenio de 1990 a la primera década del XXI, aún sin resolver.
Desde el último quinto del siglo XIX y ya para la década de los veinte del siglo XX la producción bananera se logra constituir en el eje del proceso de acumulación nacional desplazando de ese rol a las actividades minero-ganaderas. Las posibilidades de acumulación basadas en una producción bananera de pequeña escala que habría dado lugar a una distribución homogénea y equilibrada de los beneficios entre una amplia masa de productores nacionales, a la manera de la caficultura costarricense, se ve frustrada por la configuración del oligopsonio y oligopolio bananero de origen extranjero posibilitado por las concesiones gubernamentales.
Con la crisis de viabilidad como eje de acumulación del modelo minero-ganadero se limita el crecimiento económico de la clase social correspondiente que busca en la toma del poder y la apropiación de los fondos públicos una forma de compensar esa limitación. La lucha bipartidista por la toma del poder y los frecuentes golpes de estado se tornan así en crisis de ingobernabilidad política. Los conflictos armados que le son consustanciales reducen la producción y el consumo de alimentos (crisis alimentaria) de la población y por esta vía se desacelera su ritmo de crecimiento (crisis demográfica). Como los campesinos constituyen el grueso de la población, la crisis demográfica deviene fundamentalmente crisis de reproducción generacional de los campesinos.
Geográficamente la crisis de reproducción se localiza en el área no bananera constituida por 12 de los 17 departamentos que a la sazón forman el país. Francisco Morazán, donde se ubica la capital, sede del gobierno, y los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle, Olancho, Lempira e Intibucá integran el espacio de mayor intensidad de esta crisis, ya porque son escenarios de los sucesos bélicos, porque forman parte de las rutas de guerra o porque son áreas de reclutamiento. El área bananera (Cortés, Yoro, Atlántida y Colón) escapa de la crisis y, por el contrario, es nicho de una fuerte dinámica económica asociada con la producción bananera y un activo crecimiento poblacional.
En respuesta a la crisis surge la dictadura de Tiburcio Carías Andino que cuestiona la ingobernabilidad bipartidista acabando con las guerras por la toma del poder. Se crea así un ambiente de seguridad productiva en que se reactiva la producción agrícola-alimentaria, se habilita un mayor consumo de alimentos y se reanima el crecimiento demográfico. El proyecto gubernamental del Cariato en que se sustentan estas acciones para enfrentar la crisis se basa en un diagnóstico y una visión de país clara e intencionalmente formulada.[2]
La restauración y crecimiento económico que estimula la dictadura no implican la rehabilitación del modelo minero-ganadero como eje de acumulación. En cambio, se consolida la base de la producción cafetalera de pequeña escala que mejora sensiblemente las condiciones de vida de las familias involucradas y que se configura unos pocos años después en el eje de acumulación agrícola alternativo al banano.
La mejora del ingreso per cápita de la población del área no bananera y de su capacidad de compra fundamenta el impulso que cobra la actividad industrial, impulso que favorece el ascenso, para ese entonces, de la actual élite empresarial al escalón industrial, desde la actividad comercial que venía desarrollando. Con la autoconciencia de su contribución económica a la producción del país y de su posición en la escala social, esta clase industrial demanda y proclama para sí una cuota del poder político hacia fines de los cuarenta, justo en el momento en que se inicia la apertura democrática después del período dictatorial de Carías.[3]
La dictadura resuelve la crisis de reproducción generacional campesina dentro de los parámetros del sistema económico.
La segunda crisis
La segunda crisis de reproducción generacional es también campesina. Se gesta desde finales de los 1950 básicamente por las dificultades de acceso a la tierra que tienen las familias campesinas debido a la concentración que de ella hacen los latifundistas ganaderos (remanentes del modelo minero-ganadero), las empresas bananeras y otras grandes empresas de corte agrícola. La recuperación del ritmo de crecimiento demográfico que posibilita la gestión económica del Cariato contribuye a la gestación de la crisis al aumentar la densidad poblacional como elemento de presión sobre la tierra. El uso de tecnologías de baja capacidad de producción de alimentos por unidad de superficie de tierra se agrega como factor incidente así como las limitaciones de acceso de los campesinos a recursos financieros para inversión.
El problema de la crisis encuentra dos salidas. La mayor parte de la generación campesina que no logra reproducirse como tal en el área rural debido a los factores enunciados migra hacia los centros urbanos. Allí logran reproducirse socialmente bien como obreros de la industria, bien como trabajadores por cuenta propia en el sector servicios (que juegan a su vez un papel de mano de obra de reserva para la industria). Esta salida a la crisis de reproducción generacional campesina resulta muy provechosa para la industria. La llegada de los migrantes rurales a las ciudades es abastecimiento de mano de obra desde la perspectiva de la producción y ampliación del mercado de compra para los bienes industriales desde la perspectiva del consumo. Ello fortalece la posición de la industria en el país. Para principios de los 1960 la mayor dinámica de empleo corresponde a este sector. La industria supera a la agricultura campesina, a la agricultura empresarial y al sector urbano informal en la generación de nuevos empleos. El fortalecimiento del empresariado industrial es correlativo a esta dinámica.
El Estado fomenta el desarrollo industrial subsidiando al empresariado. El subsidio a la producción industrial subsidia la competencia de rubros que desplazan del mercado productos equivalentes de manufactura campesina. Este desplazamiento es otro factor causal de la crisis de reproducción campesina. El Estado al subsidiar al empresariado industrial contribuye a destruir fuentes ingreso y conspira contra la reproducción campesina. La política de fomento industrial es de naturaleza clasista.
La otra vía empleada por los campesinos es la migración desde sus lugares de origen a otras áreas rurales, al inicio expandiendo individualmente la frontera agrícola y luego, a través de una acción organizativamente concertada, ocupando tierras detentadas por latifundistas ganaderos y grandes empresas agrícolas en los valles del país y fundamentalmente en los valles ubicados en el área bananera (Cortés, Atlántida, Yoro y Colón). Esta vía implica la persistencia campesina de reproducirse socialmente como campesinos y un cuestionamiento anti institucional, por un lado, a la propiedad privada de la tierra, que es la menos afectada, y, por otro, a la posesión ilegítima de tierras nacionales por parte de los ganaderos latifundistas y las grandes empresas agrícolas. Se trata en consecuencia de un cuestionamiento de fondo a la clase latifundista ganadera.
La crisis de reproducción campesina abarca toda el área rural del país, pero es más intensa en una región en que existe una fuerte coincidencia con el espacio en que funcionó el modelo minero-ganadero. Y esa intensidad es aún más crítica en el cordón que fronteriza con El Salvador y en la zona sur (Choluteca y Valle), sitios de donde proviene el grueso de la generación de migrantes anti institucionales cuya reproducción pasa por el trastocamiento de la base fundiaria del poder económico de los latifundistas ganaderos y de su decisiva incidencia política.
La movilización migratoria rural-rural con fines de reproducción y los trastocamientos correspondientes constituyen, como fenómeno, el fundamento de la reforma de la tenencia de la tierra impulsada por los campesinos sin tierra y legitimada por el decreto # 8 y la ley de reforma agraria, decreto # 170. La reforma de la tenencia es la columna vertebral del proyecto reformista del primer quinquenio de los años 1970 y consecuentemente los campesinos sin tierra migrantes vienen a ser la clase social eje de ese proyecto.
El proyecto reformista logra expresarse en un Plan Nacional de Desarrollo que contiene un diagnóstico y una visión de país implícita.
La reforma de la tenencia de la tierra empujada por la clase eje consigue resolver la crisis de reproducción de todos aquellos que logran tener acceso a la tierra. La tierra conquistada les otorga capacidad de generar ingresos y capacidad de compra. La capacidad de compra de los miles de campesinos ahora con tierra favorece la demanda de productos industriales y expande las transacciones comerciales. El acelerado y fuerte desarrollo económico de amplios espacios de la zona bananera en que se concentran las tomas de tierra y las acciones de reforma agraria es ejemplo del impacto de la capacidad de compra habilitada, especialmente en la parte del Aguán.
Todo esto refuerza el desarrollo de la industria y es muy funcional al proceso de consolidación del empresariado correspondiente que también recibe del proyecto reformista los beneficios del financiamiento externo en que la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) sirve de aval y del entrenamiento de la mano de obra con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Su participación en el proyecto reformista, sustentado en una alianza entre diversas clases sociales, no es entonces gratuita.
Por otra parte, la ejecución de las reformas por parte de los militares está muy relacionada con la participación del empresariado industrial en el proyecto reformista y por los vínculos entre ambos actores. La distancia tomada por los partidos tradicionales liberal y nacional respecto del proyecto reformista tiene un doble sentido. Son instancias copadas directamente o través de sus afines por latifundistas ganaderos. Entonces, por un lado, no son proclives a reformas de tenencia de la tierra y, por otro, no son aún instrumento controlado por el empresariado industrial. El bipartidismo no es entonces funcional al proyecto reformista, los militares sí.
Con la reforma estructural de la tenencia de la tierra y sus efectos posteriores se sella el desplazamiento de los latifundistas ganaderos a una posición secundaria respecto del empresariado industrial. Si su importancia económica relativa había venido declinando desde décadas atrás, de ahora en adelante se irá reduciendo cada vez más la incidencia política relativa de las cinco a seis familias de tradición latifundista enlazadas entre sí que venían manejando el aparato estatal desde la independencia y a través del sistema bipartidista.
La segunda crisis de reproducción campesina se resuelve cuestionando y trastocando supuestos básicos del sistema económico y agrario: la propiedad privada y la posesión ilegítima de tierras nacionales. También se resuelve de modo muy funcional para el empresariado industrial, consolidando su poder económico y su poder político al favorecer el desarrollo de la industria y al desplazar políticamente a un plano secundario a los latifundistas ganaderos como grupo de poder, respectivamente.
La tercera crisis
La tercera crisis de reproducción arranca en la década de los noventa y se inserta en la primera década del siglo XXI. Su cobertura poblacional y geográfica es muy amplia. Los problemas de reproducción con mayor o menor profundidad cubren a casi todas las clases sociales del país. Es crisis rural y neurálgicamente urbana si se atiende a la relación población en crisis de reproducción por km2.
Tiene tres fuentes. Una, un crecimiento insuficiente de nuevos empleos y autoempleos, sobre todo adecuadamente remunerados o autorremunerados; dos, la sustracción continua y creciente de ingresos del resto de las clases sociales por parte de la élite empresarial a través de mecanismos como la devaluación, el manejo monopólico de los precios de los combustibles, el manejo oligopsónico de los precios de los servicios de energía eléctrica y de la telefonía móvil y las altas tasas de interés; y, tres, una exacción constante y progresiva de ingresos a la población por parte del Estado por la vía de los impuestos en general y particularmente del impuesto de venta y del impuesto a los combustibles.
Se trata de un círculo en que la masa nacional de ingresos por empleo y autoempleo, ya insuficiente por si, es diezmada por la élite empresarial y el Estado, disminuyendo así la capacidad adquisitiva de bienes de consumo de las familias y contrayendo la demanda dirigida a las empresas. Esta contracción afecta el crecimiento de las empresas y el ritmo de crecimiento de nuevos empleos y autoempleos, retroalimentando así la crisis de reproducción generacional. La evidencia más palpable de este problema es el poco más de un millón de jóvenes de composición social diversa que emigran del país en busca de empleo, casi un tercio de la población activa. La crisis de reproducción escinde geográficamente a las familias. Las remesas familiares de los emigrantes postergan la erupción de la crisis y además devienen en provecho de los bancos de la élite por el alto cobro del servicio de transferencia de las partidas familiares, una exacción más.
El Estado hondureño hereda de la época reformista una deuda externa constituida en buena parte por la deuda del empresariado industrial no pagada y asumida por la CONADI en calidad de aval. Para pagarla, y a partir de los noventa, eleva los impuestos para agenciarse de mayores ingresos y devalúa la moneda para disponer de una afluencia mayor de los dólares en que debe cancelarse la deuda. Se asume que la devaluación estimula una mayor producción de exportación que aumenta el ingreso de dólares. Crece así la producción agrícola de exportación no tradicional y la maquilera.
Al incrementar los impuestos el Estado hondureño sustrae del resto de la población ingresos para pagar la deuda que corresponde al empresariado industrial. De esta forma le transfiere ingresos equivalentes al monto de la deuda y sus intereses o, lo que es lo mismo, ahorrarle lo que habría correspondido al pago de sus compromisos financieros.
La devaluación es otra acción estatal de igual naturaleza que incrementa los ingresos de los exportadores y los bancos a costa de la reducción equivalente de la capacidad de compra que, por medio de la inflación, sufren los salarios de los obreros, los ingresos de los campesinos y trabajadores por cuenta propia del sector servicios (autorremuneración de mano de obra y ganancias de producción), las ganancias de los micro y pequeños empresarios agrícolas industriales y comerciales y los sueldos y honorarios de los profesionales de nivel secundario y universitario. También la inflación afecta el fondo para la reposición de los bienes de capital de las empresas. Esta transferencia de ingresos deteriora, en el primer caso, las condiciones de vida de las familias y su capacidad de reproducción generacional, y en el segundo, pone en precario la supervivencia de las empresas y su capacidad como unidades productivas de generar ganancias y empleo. La situación de las empresas se agrava al enfrentarse a tasas de interés más altas si tienen que acudir al financiamiento bancario para la reposición de sus bienes de capital, alza que la lógica de los bancos fundamenta en al aumento de la inflación provocada por la devaluación de la que son beneficiarios.
Un tercer momento de la crisis de reproducción asociada a la sustracción y exacción vía precios es la transferencia estatal de los servicios de telefonía móvil y de energía eléctrica a la élite empresarial. Se omiten intencionadamente nuevas inversiones en la HONDUTEL y la ENEE y se genera una imagen de incompetencia para que el público vea con beneplácito la asunción de esos servicios por parte de la élite. En su poder, el cobro del servicio de energía eléctrica generada por sus plantas termoeléctricas, con una de las tarifas más altas de Centroamérica, drena recursos del público a través de la ENEE y, además, la coloca en condiciones financieras deficitarias que apuntan al objetivo estratégico de absorber finalmente la empresa estatal.[4] Las sobrevaloradas tarifas de telefonía celular constituyen otra vía de drenaje de los recursos del público hacia la élite.[5]
El notable crecimiento de la maquila, de los bancos, [6] de los servicios de telefonía móvil y energía eléctrica, de las exportaciones agrícolas no tradicionales y de ciertas macroempresas industriales define y pone de relieve un nuevo eje de acumulación que implica un encadenamiento de inversiones agrícolas, industriales y/o terciarias que maneja la élite empresarial y en el que se sustenta su actual poder económico y político. Es la élite nacida de una matriz originalmente comercial y luego industrial y para cuya génesis y consolidación las soluciones a las dos crisis de reproducción anteriores le han sido altamente provechosas, funcionales o redituables. Es la élite que en el proceso de afianzamiento de su hegemonía económica crea la actual crisis de reproducción generacional.
La crisis económica de reproducción generacional da lugar a una crisis de fe en los partidos políticos y el Estado, que han sido muy funcionales al crecimiento de la élite empresarial y al funcionamiento del nuevo eje de acumulación que fundamentan la crisis de reproducción. Da lugar a la crisis de reproducción de los partidos políticos: la tasa de crecimiento de los partidos queda muy rezagada con respecto a ritmo de crecimiento de los jóvenes que anualmente adquieren su calidad de ciudadanos. Alrededor de la mitad de los ciudadanos no tiene definición partidaria y el abstencionismo llega a un poco más de la mitad de la población electora. Se trata de una crisis de representación, de la crisis del sistema excluyente de democracia representativa que es crisis de credibilidad institucional y de legitimidad social que se ancla en la crisis de reproducción generacional.
Manuel (Mel) Zelaya Rosales, procedente de la clase latifundista ganadera desplazada en los 1970, asciende a presidente con un margen de votación cercano a un cuarto del total de la ciudadanía electora y, por consiguiente, con un bajísimo grado de legitimidad social. En el transcurso de su gestión la amplia considerablemente merced a que pone en práctica (más por espontaneidad e intuición política que obedeciendo a un plan de gobierno preelaborado), dos tipos de medidas económicas: por un lado, unas orientadas a estabilizar, reducir o impedir que aumente el costo de vida de la gente y, por otro, aquellas que buscan mejorar el ingreso de las personas.[7] Entre las primeras está el control de los precios de los combustibles (mediante la regulación del margen de intermediación y por medio del subsidio al precio de los combustibles) y la reducción de las tasas de interés para los préstamos de construcción de viviendas; entre las segundas, está el importante aumento que decide al salario mínimo. Zelaya aborda éstas y otras soluciones al problema de la crisis de reproducción.
Esa mayoría de personas afectada por los impactos adversos del nuevo eje de acumulación lo forma la élite empresarial durante el proceso de su consolidación y enriquecimiento. A esa mayoría la identifica y la unifica un padecimiento común. Tan diverso en su composición social ese contingente es parto de la élite. En las medidas económicas emprendidas por Zelaya Rosales, ese contingente encuentra soluciones comunes que establecen un lazo de identidad entre sus elementos constitutivos, por una parte, y frente a Zelaya, por otra, en una progresiva y paulatina dinámica líder-masa.
Las medidas económicas que de un lado son alivio a la crisis de reproducción, son percibidas por la élite empresarial como amenazas al proceso de acumulación y, por tanto, a si misma. Dentro de esa percepción, la amenaza se extrema con la propuesta de Zelaya de instalar una asamblea constituyente que se presume modificaría las reglas del juego que jurídica y constitucionalmente respaldan la modalidad de operación de las actividades eje del proceso de acumulación que ha beneficiado a la élite empresarial. Una asamblea que a la vez cambiaría la forma y medios de participación política más allá de la tradicional mediación de los partidos que han sido altamente funcionales a la élite. Elite y partidos se autoperciben entonces amenazados, fraguan el golpe de estado y lo ejecutan haciendo uso de los poderes judicial y legislativo y del ejercito. Reaccionando frente al golpe se visibiliza políticamente la mayoría afectada por el modelo de acumulación e identificada con las medidas económicas, emergiendo a las acciones de lucha que se emprenden contra el golpe.[8] De la variada composición social de esa mayoría deriva la tan marcada heterogeneidad social del movimiento de resistencia.
Dos percepciones políticas básicas alimentan este movimiento de dilatada estratificación social. Una que ve en la coyuntura antigolpe las posibilidades de modificar las características fundamentales del sistema económico. Otra que concibe las actuaciones del movimiento dentro de los parámetros del sistema. Dentro de esta última hay dos vertientes: una que se congrega en torno a Zelaya Rosales como su líder y otra que se constituye en reacción a la conculcación del derecho de soberanía popular implicada con el golpe. Con todos los matices posibles entre estas posiciones básicas el espectro político del movimiento es amplio. Une a todas estas posiciones y matices el consenso alrededor de la necesidad de medidas económicas antimodelo de acumulación y la necesidad de un esquema de participación más abierto y con mecanismos de democracia directa.
El golpe de estado escinde a la sociedad hondureña y a sus instituciones y polariza las percepciones, opiniones, actitudes y acciones de la población. La fuerte caída de la actividad económica es una de sus repercusiones más evidentes y graves. Agudiza en consecuencia la crisis de reproducción. El golpe como violación al derecho de soberanía popular agrava las crisis política, de credibilidad institucional y de representación. Y a un año de ese golpe no se advierten soluciones posibles.
La solución a la crisis de reproducción pasa necesariamente por el cuestionamiento y trastocamiento de la lógica y esquema de funcionamiento del actual modelo de acumulación y, por consiguiente, del poder económico y político de la élite empresarial, mientras que la solución a la crisis de participación pasa necesariamente por el cuestionamiento y trastocamiento del modelo político de democracia representativa.
Tegucigalpa, Honduras, 02 de julio de 2010.
[1] Economista e historiadora hondureños. Investigadores asociados de la empresa consultora NYSA S. de R.L.
[2] El diagnóstico y la visión de país del proyecto gubernamental se encuentran contenidos en la novela La Heredad escrita por Marco Carías Reyes, sobrino del dictador. Ver Zelaya Sucelinda. Diagnosis y visión de país de la dictadura de Carías. En prensa.
[3] Un desarrollo amplio de todo el proceso de la crisis y de sus solución se encuentra en Miguel Cáceres Rivera y Sucelinda Zelaya Carranza. Honduras. Seguridad productiva y crecimiento económico: la función económica del gobierno de Tiburcio Carías Andino en Anuario de Estudios Centroamericanos Vol. 31, agosto, 2005, págs. 49-91.
[4][4] Además, el déficit es adjudicable también a que las grandes empresas de la élite y otras más no estilan pagar su alto consumo de energía eléctrica. Parte de la reacción adversa hacia Manuel Zelaya Rosales radica en que durante su gestión gubernamental les obligó a cancelar la deuda eléctrica con la ENEE. Personalmente hizo el cobro junto con su gabinete ministerial.
[5] Aparte del alto precio del servicio y de los teléfonos, las empresas de telefonía móvil inician sus operaciones haciendo un doble cobro: paga el que hace la llamada y paga también el que la recibe. Adicionalmente, cobran por el servicio de consulta del cliente y éste pierde el saldo prepago si en un plazo estipulado, extremadamente corto, no llega a hacer uso total del valor prepagado.
[6] El servicio de tarjetas de crédito proporcionado por los bancos ha sido altamente cuestionado por la fuerte exacción de dinero que han significado para los usuarios las altas tasas de interés cobradas a los saldos remanentes y la suerte de recargos adicionales aplicados. Para ello contaron con la sucesiva y constante connivencia del poder legislativo.
[7] Para una descripción pormenorizada de estas medidas y sus implicaciones ver Miguel Cáceres Rivera. Carta a un amigo hondureño que está lejos (Sobre el golpe de Estado en Honduras). 04/07/2009, en http://alainet.org
[8] No todos los integrantes de esa mayoría vulnerada por el modelo de acumulación son solidarios con este proceso. Una fracción de ella, no obstante haber recibido los beneficios de las medidas económicas aludidas, subjetivamente es influenciada por la adversa, nutrida, intensa y cotidiana publicidad desplegada contra la gestión de Zelaya Rosales por los medios de comunicación manejados por la élite empresarial. Esa campaña es asesorada por entidades paraestatales del gobierno de EUA como parte de una estrategia desarrollada en aquellos países de América Latina que son percibidos como puntos neurálgicos.
5.
El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.
“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley, sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).
La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho de reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.
Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.
Seis muertos en las protestas
Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.
Sin oposición parlamentaria
Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.
Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.
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