Por Gregorio Morán
En los últimos cuatro años, en Suchitoto se habían registrado casos que aparentemente tenían una vinculación política hasta que ocurrió la masacre de siete personas que se supone eran pandilleros.
SAN SALVADOR - Suchitoto es, por muchos motivos, un municipio bastante seguro en relación con otros lugares, como San Salvador, donde a diario son asesinadas una o varias personas. Sin embargo, el martes 2 de febrero, esa relativa tranquilidad se quebró: al menos siete personas foráneas fueron asesinadas en un solo hecho, conocido ya como “masacre”.
A la mesas de discusión pública han subido tres hipótesis: que se trata de la eterna rivalidad entre las pandillas MS y M-18; que las víctimas fueron atacadas por una banda que opera en el sector y, finalmente, que se ha iniciado con esta masacre una etapa de “exterminio” de pandilleros. Al menos así lo sostuvo el subdirector de Investigaciones de la Policía, Augusto Howard Cotto.
Pero hay un elemento que hace que no cuadren algunas de las hipótesis. Familiares de las víctimas dijeron que es falso que sus parientes asesinados hayan sido miembros de pandillas. Aunque el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, dijo de entrada el mismo día de la masacre que los fallecidos sí eran miembros de la Mara 18 (M-18).
Además, mencionó que los tres pandilleros que resultaron heridos en el ataque, eran mareros que ya tienen antecedentes delictivos. Aún más, las autoridades dicen que las víctimas residían en La Campanera, Soyapango, donde prevalece el accionar de la Mara 18, y en San Martín, otro bastión del mismo grupo delictivo.
Pero este miércoles, el presidente de la República, Mauricio Funes, dio por descartada la hipótesis relativa a la del presunto exterminio.
Sea cual fuese el motivo de la masacre, lo cierto es que entre las 2:30 y las 3 de la tarde del martes, un grupo de tres personas tapados de sus rostros con gorros pasamontañas y con vestimenta negra, usando al menos un fusil M-16, una pistola calibre 9 milímetros y otra de calibre 22, abatieron a balazos a Antonio Escobar Beltrán, de 19 años; Santos Cartagena Portillo y su hijo Melvin Cartagena, Saúl Pichinte, los hermanos Saúl Arístides y Mario Luis Carrero Alvarado y el primo de éstos, Carlos Armando Carrero.
Las víctimas se bañaban o al menos departían en la poza Los Patos, ubicada en el río Apalanpaca del cantón Milingo, en Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
Los casquillos de las armas fueron recogidos ese miércoles por la mañana, durante un operativo policial que fue observado por la Fiscalía General de la República, como parte de las diligencias de investigación. Hasta hoy los hechores de la masacre siguen en el misterio.
La presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar, dice, al igual que lo señaló inicialmente Ascencio, que el exterminio “debe ser una línea fuerte de investigación”, porque no puede descartarse a priori, sobre todo porque hay antecedentes de ello (cuando accionaba la Sombra Negra) y porque las amenazas que se hicieran contra el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, no hay que tomarlas a la ligera.
“Recuerde que unos políticos que se separaron de un partido político denunciaron la existencia de grupos irregulares”, dijo Santos de Escobar a ContraPunto. Se refirió, sin decirlo, a las denuncias de Guillermo Gallegos otrora miembro del partido ARENA y ahora dirigente de los disidentes tricolor autodenominados GANA.
Coincidencias
La muerte de los jóvenes sobreviene después que civiles y autoridades locales de Suchitoto, uno de los lugares más turísticos del país, denunciaran a principios de enero pasado que a ese municipio llegaban personas desconocidas con apariencia, o al menos sospechosos, de ser pandilleros, a reclutar más jóvenes para sus filas.
Las denuncias llegaron como un clamor para evitar que Suchitoto pasara a formar parte de los municipios con mayores índices de homicidio. Además del reclutamiento aludido, a los sospechosos se les vinculaba con reuniones en las que supuestamente planificaban delitos. Pero aparentemente, las denuncias no eran contra el grupo de jóvenes que fue masacrado.
ContraPunto intentó hablar con el alcalde de Suchitoto, Antonio Juan Javier, para saber cómo recibía este hecho el pueblo que él gobierna, pero una fuente de la alcaldía dijo este periódico que no era posible la entrevista porque “el señor alcalde anda viendo lo de ese asunto” (el crimen múltiple) y de hecho, se conoció que las autoridades municipales han ofrecido ayuda a los familiares de algunas de las víctimas para los funerales, aportando fondos de la municipalidad.
Esto último contradice las declaraciones de las altas autoridades policiales que identifican a las víctimas mortales como residentes en La Campanera y San Martín, en las inmediaciones de San Salvador.
El pueblo y sus historias de muerte
En 2008, miembros de la sociedad civil que se mostraban preocupados por los crímenes aparentemente aislados en Suchitoto y otros lugares del país, le pidieron a la Fiscalía General de la República hacer una investigación profunda sobre algunos hechos.
Entre ellos iban los casos de algunas víctimas oriundas o residentes en Suchitoto. Se referían a los homicidios de Héctor Antonio Ventura Vásquez, ocurrido en el cantón Valle Verde en mayo de 2008; al de los esposos Francisco Manzanares y Juana de Manzanares, perpetrado en julio 2006 en la vivienda de las víctimas en plena ciudad; el de William Landaverde, asesinado en mayo de 2008.
Los casos eran preocupantes porque a juicio de los representantes de la sociedad civil no eran hechos comunes, a su juicio tenían una connotación especial que no estaba relacionada con la delincuencia común.
Ventura Vásquez, por ejemplo, fue asesinado después de haber sido liberado de cargos en 2007 tras haber sido procesado porque la Fiscalía General de la República lo acusó de actos de terrorismo por haber participado en protestas por la privatización del servicio de agua.
Los esposos Manzanares eran activos militantes del FMLN desde la época de la guerra y previo a su muerte fueron amenazados constantemente, incluso por activistas del partido ARENA, según la denuncia.
Finalmente Landaverde, era militante y desmovilizado del FMLN. Fue asesinado tres días después del crimen contra Ventura Vásquez.
Por ello, los solicitantes creen que son casos de clara vinculación política que ocurrieron en los últimos cuatro años.
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Viernes, 05 de Febrero de 2010 / 08:40 h
La masacre de Milingo
El asalto y el exterminio de un grupo de jóvenes, posiblemente pandilleros, la tarde del martes, en la Poza Pata, del Cantón Milingo, en la jurisdicción de Suchitoto, no sólo ha dejado sorprendidos y preocupados a los moradores de esa histórica y pintoresca ciudad, sino a la ciudadanía salvadoreña que conoció del hecho por los medios.
Hace un par de años, esa ciudad fue noticia, de la crónica roja, cuando los esposos Manzanares (Juana y Francisco), padre y madre de dos legendarios guerrilleros “Mariposa” y “Paco Cutumay” fueron salvajemente asesinados.
Cuando los octagenarios fueron asesinados, con lujo de barbarie, la policía y fiscalía, en aquel momento, en vez de investigar, sugirieron que la responsable intelectual del horrendo crimen podría haber sido una de las hijas de las víctimas. Ese caso, ha quedado en la total impunidad.
En términos generales, Suchitoto es tranquilo, con muy poca criminalidad, pero, con dos casos mencionados, entra en la lista de los crímenes alarmantes, y por lo tanto, perseguidos por los fantasmas de la inseguridad.
Aún no se puede adelantar el móvil o los móviles de la masacre, pues, la investigación policial y fiscal apenas inicia.
Lo que si podemos adelantar es que, los responsables eran expertos en ese tipo de acciones delictivas, por la forma de operar, por lo que bien podrían ser parte del crimen organizado, y sino, que es lo mismo, bandas de “limpieza social”, como la otrora “Sombra Negra” o el autodenominado “Grupo de Exterminio Antidelincuencial”, responsable de las amenazas contra el señor Procurador de los Derechos Humanos, o simplemente sean un tema de pandillas. Esto no es concluyente, por supuesto, hasta que no se concluya la investigación.
Llama la atención, las víctimas mortales, son un misterio, pues, por las edades y el día en que ocurrió el lamentable suceso es difícil pensar que se trataba de una reunión de trabajo o de estudiantes. Además, las autoridades aseguran que unos eran pandilleros, con historial delictivos, otros, según familiares, no se “metían en nada”. En fin, todo es especulación, por lo que es urgente que la policía resuelva el caso lo más pronto posible. Para bien de la seguridad ciudadana, y para bajar la angustia de los pobladores de Suchitoto y lugares aledaños.
La policía, creemos, tiene muchas posibilidades de resolver el caso. Por un lado, hay sobrevivientes, cuyas informaciones serán fundamentales. Por el otro, hay elementos de balística en la escena del crimen que puedan ayudar en la investigación científica. Asimismo, en esa región tuvo o tiene algún tipo de organización, por lo que pueden aportar algún tipo de información a la policía.
Por último, estamos convencidos que los investigadores de la PNC, se están inyectando de mucho positivismo y responsabilidad, deseosos de demostrar a la sociedad salvadoreña que se les puede y debe depositar toda la confianza en su labor constitucional.
Es importante también que los y las salvadoreñas no se acostumbren a este tipo de hechos, pero que también, no se dejen dominar por el pánico, porque esto es lo que buscan también las mentes criminales.
