A los Señores:
Carlos Mauricio Funes Cartagena
Presidente de la República
Romeo Barahona
Fiscal General de la República.
Rodolfo Delgado
Fiscal
Manuel Melgar
Ministro de Seguridad Pública
Carlos Antonio Asencio Girón
Director General de la Policía Nacional Civil
Oscar Humberto Luna
Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos
Herman Rosa Chávez
Ministro del Medio Ambiente
LAS ORGANIZACIONES DE SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR, EN EUROPA, AUSTRALIA, LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ
Y LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ABAJO FIRMANTES
CONSCIENTES DE QUE:
Durante los últimos seis meses se han registrado cuatro asesinatos en el Departamento de Cabañas, el primero el mes de junio en contra Marcelo Rivera, quien fue desaparecido, torturado y asesinado; el segundo el 20 de diciembre contra Ramiro Rivera Gómez y su acompañante Felicita Echeverria, y el más reciente el 26 de diciembre contra Dora Alicia Sorto Recinos, esposa de José Santos Rodríguez, primer vocal del Comité Ambiental de Cabañas. En el momento de su asesinato Sra. Sorto Recinos se encontraba en el octavo mes de gestación y en el mismo hecho resultó lesionado su hijo de dos años de edad.
Además de estos crímenes, producto de una violencia sistemática, continúan las amenazas a muerte contra periodistas de Radio Victoria, el director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), así como de varios líderes del Comité Ambiental de Cabañas. También se efectuó sabotaje al sistema electrónico de Radio Victoria, el intento de secuestro y amenazas a muerte al Padre Luis Quintanilla y más de tres intentos de quitarle la vida a Santos Rodríguez, esposo de la señora Sorto Recinos.
Estos hechos se dan en el marco de la lucha contra la minería metálica que se desarrolla en Cabañas, ante la presencia, planificación y ejecución de proyectos mineros por parte de las transnacionales canadienses y estadounidenses y las demandas multi-milionarias por Pacific Rim, sus subsidiarias y Commerce Group contra el gobierno de El Salvador a través del CIADI y el tratado de libre comercio DR-CAFTA.
Después del asesinato de Marcelo Rivera en junio, más de cien organizaciones de los Estados Unidos y Canadá mandaron una carta a la Fiscalía expresando su preocupación grave con los atropellos a los derechos humanos. También el Congresista Jim McGovern de los Estados Unidos expresó la misma preocupación en reuniones con el Señor Fiscal General, Romeo Barahona, y representantes de la Administración del Señor Presidente Mauricio Funes, durante su visita reciente a El Salvador.
MANIFESTAMOS QUE:
Unimos nuestras voces a la condena e indignación que en El Salvador y en el mundo causan estos asesinatos y amenazas a muerte en contra de las organizaciones comunitarias y sus líderes, que luchan por la conservación y defensa del medioambiente. Nuevas amenazas criminales se encuentran circulando por medio de cartas anónimas, por lo que se deduce que estos asesinatos y amenazas no pueden ser atribuidos a la delincuencia común.
Nos preocupa que la Fiscalía, bajo la dirección de Ástor Escalante, adjudicó a priori unos de estos crímenes a la violencia común, ignorando las evidencias y antecedentes presentados que indican la naturaleza política de los eventos. La Fiscalía, ahora bajo la dirección del Lic. Romeo Barahona, tiene la oportunidad de terminar con esta impunidad.
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias de las víctimas, a todos lo pobladores de las comunidades afectadas por estos asesinatos, así como nuestro total apoyo a las organizaciones ambientalistas de estas comunidades.
Rechazamos la existencia de grupos armados, que desde el anonimato manifiestan tener el financiamiento para continuar con estos crímenes. La resistencia de las comunidades a la presencia de la Pacific Rim en sus localidades motivan las acciones de estos grupos.
Observamos con indignación como la Pacific Rim, sin tener razón ni fundamento legal, sigue presionando para que las comunidades afectadas cedan a su voluntad. La Pacific Rim, irrespetando la voluntad de esas comunidades y la decisión del gobierno, ha interpuesto una millonaria demanda contra el Estado salvadoreño, sin importarle la frágil situación financiera del país y los efectos económicos que esta demanda pueda ocasionar a la precaria economía de las familias salvadoreñas.
Nos pronunciamos enérgicamente ante la ineficacia, el desinterés y la negligencia mostrada por el Fiscal General de la República Romeo Barahona, para profundizar en las investigaciones, aclarar la identidad de los culpables materiales e intelectuales de estos hechos y presentarlos a la justicia, para que se les aplique todo el peso de la ley.
Condenamos enérgicamente estos hechos violentos que ignoran y violan el derecho a la vida, los derechos humanos, el derecho a la organización y a la libre expresión de los ciudadanos y ambientalistas de las comunidades de Cabañas en su resistencia pacífica en defensa de sus condiciones de vida y del medioambiente.
EXIGIMOS:
- Que la Fiscalía General de la República y la Policía nacional Civil designen todos los recursos que sean necesarios para dar con el paradero, arrestar, encarcelar y juzgar a los autores materiales e intelectuales de todos estos crímenes y la situación de violencia que viven estas comunidades, sean quienes sean los responsables.
- Que investigaciones se dirijan también hacia las jefaturas y miembros de la Policía Nacional Civil en Cabañas. Este cuerpo policial ha sido muchas veces denunciado sin que hasta el momento se les haya abierto un expediente disciplinario y haya sido depurado. De estar involucrados algunos de sus funcionarios se les aplique todo el peso de la Ley.
- Que se investigue la responsabilidad penal y civil de la Pacific Rim en estos hechos, y si procede, que por ello sea juzgada en las instancias nacionales o internacionales pertinentes.
- Que con las investigaciones se llegue hasta aquellos funcionarios civiles, alcaldes y todas aquellas personas vinculadas con empresas mineras que disponen de recursos materiales y económicos que pudieran estar involucrados en la protección y financiamiento de sicarios.
- Que la Fiscalía General de la República cumpla la recomendación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Oscar Luna para formar una comisión de trabajo especial con la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar los atentados y amenazas en contra de defensores ambientales.
- Que, ya que el PNC tiene la responsabilidad de proteger las vidas y la integridad física de la gente en Cabañas quien siguen recibiendo amenazas y que la delegación de policía actual en Cabañas se ha demostrado incapaz de eso, se forme una delegación de nuevos agentes de policías con récordes limpias y que se instale la delegación de inmediato en Cabañas para la protección de los y las que reciben amenazas así que también se debe de llevar una investigación profunda de los autores de las amenazas.
- Que el Fiscal General de la Republica Romeo Barahona nombre un nuevo director a la División Elite de Crimen Organizada. El director actual de la División, Rodolfo Delgado, se ha demostrado incapaz de investigar estés crímenes a su profundidad y de explorar los motivos políticos de ellos. Exigimos que Barahona nombre un nuevo director capaz quien tiene un record limpio.
- Que las querellas presentadas por el abogado Luis Francisco Lopez Guzman en los casos de Sr. Gustavo Marcelo Rivera, Sr. Ramiro Rivera Gómez, y Sra. Dora Alicia Sorto Recinos sean aceptadas por la Fiscalia General de la Republica.
- Que el Sr. Presidente Mauricio Funes ponga a disposición los recursos y el personal capacitado para realizar una investigación que garantice que los culpables reciban el castigo que la ley prescribe.
De quedar estos eventos en la impunidad, se estaría generando un clima de temor e incertidumbre para los demás líderes comunitarios, contrarrestando así los avances logrados en el proceso de democratización del país. Además, mandaría un mensaje a los autores intelectuales que pueden seguir su ola de violencia y asesinatos sin ningún castigo.
Agradezco de antemano sus gestiones para agilizar las investigaciones y espero que pronto se haga justicia en estos casos y se brinde protección a las víctimas y reparación a los familiares de los asesinados.
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