Pronunciamiento público de las organizaciones sociales y populares salvadoreñas:
Extrema preocupacion por los crmenes contra
opositores a la minera en Cabañas
El asesinato de tres defensores del medioambiente en Cabañas revela la grave
conflictividad minera y la impunidad reinante en este departamento,
problemáticas que las autoridades estatales correspondientes deben resolver de
inmediato para evitar una situación peor.
Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto Recinos
antes de ser asesinadosÐ fueron víctimas de amenazas, persecuciones y atentados,
debido a su oposición a los proyectos de la empresa canadiense Pacific Rim.
Esta compaña, junto a la estadounidense Commerce Group, ha demandado al
Estado Salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre
Inversiones (CIADI), por negarle permisos de explotación minera. Cada una de
ellas exigen indemnizaciones de 100 millones de dólares y el mecanismo legal
activado para los arbitrajes son los capítulos de Inversiones y de Solución de
Controversias del DR-CAFTA.
Crímenes como éstos no sucedían en Cabañas antes de la llegada de Pacific
Rim, sino que surgieron cuando esta transnacional impulsó una estrategia de
compra de voluntades, divisiones en las comunidades y promoción de actos
violentos contra líderes comunitarios, activistas del medioambiente y
representantes religiosos que rechazaron sus proyectos extractivos.
La actuación de esta minera canadiense coincide con el modus operandi de todas
las compaas extractivas Ðque imponen sus proyectos y demandas a través de
los métodos mas oscurosÐ en la mayoría de países del mundo, razón por la cual
algunas de ellas enfrentan procesos penales por violaciones a los derechos
humanos. Un caso emblemtico es el actual juicio contra la britnica Monterrico
Metals, en el Tribunal Supremo de Londres, por torturas y asesinatos de
opositores a la minería de metales en el norte montañoso de Perú. En Guatemala,
Honduras y otros países de la región, donde se desarrollan proyectos de
explotación minera, las compañas extractivas tienen comportamientos similares.
Sin embargo, las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas se niegan a trazar
líneas de investigación que incluyan a Pacific Rim Ðalcaldes, diputados, entre
otrosÐ en la lista de posibles autores intelectuales de los crímenes contra
ambientalistas antimineros en Cabañas. Fiscalía y Policía insisten en que son
delitos de delincuencia común, a pesar de tratarse de sicarios con un despliegue
logístico y uso de armas de guerra impresionantes.
Si esta impunidad continúa, los crímenes contra ambientalistas opositores a los
proyectos de minería metálica continuarán. En la lista de nuevos crímenes que
manejan los sicarios destacan líderes comunitarios del cantón Trinidad de
Sensuntepeque, representantes del Comité Ambiental de Cabañas y periodistas
de Radio Victoria.
Esta amenaza eleva la preocupación de las organizaciones ecologistas, religiosas,
sindicales, de derechos humanos, feministas y de desarrollo productivo que
suscribimos este pronunciamiento público. De igual forma crece la alerta de la
comunidad internacional que ya mira a El Salvador como el país donde asesinan
a ambientalistas que rechazan la minería metálica, con el agravante de que esto
sucede bajo el mandato del primer gobierno de izquierda.
Por lo antes expuesto, planteamos lo siguiente:
1. La grave situación de conflictividad minera e impunidad en Cabañas no es
un problema sólo de los ambientalistas opositores a Pacific Rim, sino de todas
las organizaciones populares que defendemos la vida digna, el medioambiente,
los derechos humanos y la democracia; y los crímenes contra estos
compañeros y compañeras son también contra todos los salvadoreños y
salvadoreñas que buscamos la paz y la continuidad de la existencia humana.
Por lo tanto, el país entero debe movilizarse contra Pacific Rim y demás
empresas transnacionales que atentan contra El Salvador.
2. El Presidente de la República debe concretar la prohibición definitiva de la
exploración y explotación minera metálica, promoviendo en la Asamblea
Legislativa una nueva Ley de minería, porque su sola declaración pública
de que no permitir los proyectos mineros es insuficiente, pues no tiene
efecto jurídico alguno y no define su política.
Dicha normativa, propuesta en octubre de 2007 por la Mesa Nacional frente
a la Minería Metálica, provocaría la salida de las empresas mineras y Ðcon
esto se atacaría la raíz de la conflictividad en Cabañas. Al mismo tiempo se
pondría al país a salvo de los graves datos ambientales, económicos, sociales
e institucionales que causa la minería de metales. Mientras esta ley se aprueba,
el îrgano Ejecutivo debe cancelar todas las licencias de exploración vigentes.
3. Es apremiante acabar con la impunidad que impera en Cabañas, investigando
y castigando a todos los responsables Ðintelectuales y materialesÐ de los
asesinatos de Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia
Sorto Recinos y su b de ocho meses de gestación; así como el asesinato
de Felícita Henríquez, pobladora de Trinidad que acompañaba a Ramiro
Rivera, y las amenazas y atentados contra ambientalistas, personal de Radio
Victoria y religiosos de Cabañas. Todos estos casos deben ser objeto de una
investigación integral.
También es urgente implementar medidas eficaces de seguridad en la zona,
para evitar más asesinatos.
Para esto, es necesario que las máximas autoridades de seguridad ÐFiscal
General, Director de la Policía Nacional Civil, Ministro de Justicia y
Seguridad, y Presidente de la República actúen rápidamente, como ha pedido
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no duda en
acusar a la Fiscalía y Policía de negligencia en la investigación de los crímenes
y en la protección a las víctimas.
4. El îrgano Ejecutivo también debe asumir una actitud firme contra las
demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI, basado en el
principio de soberanía nacional y en el derecho a la autodeterminación. Para
esto, gobierno, sociedad civil y solidaridad internacional debemos construir
un frente común. Esto incluye contrademandar a las empresas mineras por
los daños causados al país.
Los arbitrajes de las compañas mineras también sugieren la necesidad de revertir
el DR-CAFTA y evitar la firma de nuevos tratados comerciales que pongan al
Estado salvadoreño en desventaja frente a las empresas transnacionales, además
de la urgencia de revisar la Ley de Inversiones y los convenios bilaterales de
inversión, suscritos hasta ahora.
San Salvador, 21 de enero de 2010
Asociación Salvadoreña para la Formacion y
Capacitacion Integral Sostenible, ASAFOCAIS
Coordinacion Ecuménica de la Iglesia de los pobres
en El Salvador, CEIPES
Alianza por la Diversidad Sexual LGBT El Salvador
Asociacin de Capacitacin e Investigacin para la
Salud Mental, ACISAM
Asociacin de Desarrollo Econmico y Social, ADES
Fundacin Share
Servicios Jurdicos Salvadoreos, SERJUSAL
Movimiento de Profesionales y Tcnicos ÒPatria ExactaÓ
Asociacin de Mujeres por la Dignidad y la Vida,
LAS DIGNAS
Centro de Intercambio y Solidaridad, CIS
Centro de Investigacin sobre Inversin y Comercio,
CEICOM
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC
Centro para la Promocin de Derechos Humanos
ÒMadeleine LagadecÓ, CPDH
Colectivo Estudiantil Herbert Anaya, CDH-HAS
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES
Concertacin Feminista Prudencia Ayala
Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho,
FESPAD
Fundacin Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER
Fundacin Maquilishuatl, FUMA
Fundacin Salvadorea para la Reconstruccin
y el Desarrollo, REDES
Iglesia Bautista Enmanuel
Iglesia Luterana
Instituto de Investigacin, Capacitacin
y Desarrollo de la Mujer, IMU
Instituto para el Rescate Ancestral Indgena
Salvadoreo, RAIS
Justicia y Paz de la Creacin Franciscanos, JPIC
Mesa Nacional frente a la Minera Metlica
Mesa Permanente para la Gestin de Riesgos, MPGR
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
Movimiento Unificado Francisco Snchez-1932,
MUFRAS-32
Radio Victoria
Unidad Ecolgica Salvadorea, UNES
ACLARACIÓN
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