Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Miembros del partido Libertad y Refundación (Libre) y el
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) acordaron este domingo
independizarse para consolidar la lucha política y reorganizar el
movimiento popular.
En asamblea extraordinaria, se determinó independizar el brazo
político del FNRP para reorganizarlo a fin de aumentar la membresía del
colectivo y convertirse en la primera fuerza de oposición de izquierda
en Honduras.
El propósito es que la entidad surgida en 2009 se “convierta en un
verdadero movimiento de masas” y tome acciones a partir de enero de
2014.
"El FNRP vuelve a las calles a sostener la lucha popular contra la
dictadura en Honduras", dijeron los asambleístas al tiempo que
reafirmaron el desconocimiento de los resultados del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) que le dio el triunfo al oficialista Juan Orlando
Hernández.
De igual forma, aseguraron que la presidenta legítima de Honduras es Xiomara Castro.
En cuanto al papel que deben asumir los diputados electos, Castro
sostuvo que "desde cada escaño conquistado vamos a luchar por
transformar a nuestra Honduras en una patria digna".
Se acordó que el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, delegue
funciones del Frente a una terna para que pueda dirigir el partido y
legislar desde el Congreso Nacional, del cual salió electo como
diputado.
Gilberto Ríos Munuguía, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación, Libre
2.
Honduras postelectoral y los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos
El partido Libertad y
Refundación (LIBRE), brazo político del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP), presentó ante el Tribunal Supremo Electoral del país
centroamericano un recurso de “nulidad por fraude” en los resultados de
las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Juan Orlando
Hernández del oficialista Partido Nacional (PN).
Durante las
elecciones del pasado 24 de noviembre, “hubo alternaciones en las actas
de cierre y falsificación de documentos electorales”, aseguran los
líderes del partido de izquierda LIBRE, el cual logró posicionarse a
nivel nacional como la fuerza política que rompió la tradición
bipartidista por más de un siglo.
Las 116 impugnaciones
presentadas reclaman el recuento de las actas de cierre, a lo que deberá
responder el tribunal electoral el próximo 17 de diciembre. Mientras
tanto, organizaciones sociales y de los derechos humanos se movilizan
localmente en marchas, actos públicos y denuncias sobre lo que
consideran “fraude de Estado” y la “continuidad del Golpe de Estado que
derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009”, como sostiene el activista
y militante del partido LIBRE, Gilberto Ríos.
La tensión de
fuerzas en Honduras marca la actual etapa postelectoral. Mientras el
oficialismo se posiciona en los espacios del poder formal, la oposición
comienza a construir un plan de luchan nacional que busca consolidar su
fuerza política y revertir lo que consideran fraude electoral y la
política de hostigamientos hacia los opositores.
El pasado fin
de semana fueron asesinados los militantes de LIBRE Juan Carlos Argeñal y
la profesora Graciela Lazo, quienes fueron acribillados por grupos
irregulares llamados “escuadrones de la muerte”, según denuncias de
organizaciones civiles de los derechos humanos como el Comité de
Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el cual señala que “estos grupos
de sicarios” actúan deliberadamente desde 2009.
Honduras
registra en promedio 24 asesinatos al día, algunos de los cuales son por
motivaciones políticas, según CODEH. Más de 30 periodistas han sido
asesinados, lo que “evidencia la falta de garantías para el ejercicio
del derecho a la información.”
Actualmente el país
centroamericano vive un proceso creciente de movilizaciones sociales,
pero también de respuestas por quienes reclaman el control del gobierno.
Por su parte, Estados Unidos, que tradicionalmente mantiene sus
intereses en el país, toma posición a favor de Juan Orlando Hernández,
el candidato de la derecha y quien declaró en varias ocasiones durante
su campaña que de ganar las elecciones promovería una nueva política de
relanzamiento de los proyectos económicos de los Estados Unidos.
Los intereses estadunidenses
Washington reconoció inmediatamente el triunfo del Partido Nacional. El
portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró: “Estamos
conscientes de que el candidato Juan Orlando Hernández tiene una ventaja
irreversible…”
Sin aún terminar el coteo de votos y con una
cascada de acusaciones públicas de irregularidades probadas, Estados
Unidos dio su respaldo al oficialismo. Intereses geopolíticos y
económicos apresuraron las declaraciones de sus funcionarios.
El territorio hondureño se ha convertido en la cabeza de playa de la
geopolítica militar de los Estados Unidos para el continente americano.
Es la sede central del Plan Martillo, cuyo objetivo es el control de
aguas territoriales de El Caribe y el Pacífico por parte de la Armada
estadunidense.
También representa el territorio asiento de la
Base Militar Soto Cano, en Palmerola, bajo control del Comando Sur, con
600 efectivos navales. Abriga de igual forma un radar de última
generación para el control satelital de la plataforma continental,
exploración energética, aguas profundas, minerales en el subsuelo,
control de la fibra óptica instalada y monitoreo constante de cielos,
tierra y aire de todo el continente americano.
Además, Honduras
experimenta el relanzamiento de la supercarretera del Canal Seco como
continuación logística de unión con la base militar de Palmerola y los
puertos en el Pacífico y en el Atlántico. Se trata de una ruta logística
para las acciones rápidas y efectivas de tropas, despliegues militares
de embarque y desembarque.
Es decir, sigilosamente, Honduras se
ha convertido en una gran base de operaciones geoestratégicas de los
Estados Unidos. Algunos analistas apuntan a un “renovado protectorado”
de los intereses militares de la potencia en el continente americano.
En realidad, Honduras se inscribe en una nueva fase del relanzamiento
imperial para el continente, sobre todo ante el proceso de desapego a
las políticas estadunidenses que vive Sudamérica y en respuesta a la
consolidación de una región en proceso de integración con menos
influencia de los Estados Unidos.
En lo económico, Washington
promueve el control de los recursos naturales centroamericanos y de El
Caribe. Patrocina el llamado mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla donde 9 países de la región suscribieron la Declaración de
Villahermosa, en la cual ponen el acento sobre el “Proyecto de
Integración y Desarrolla de Mesoamérica” conocido como Proyecto
Mesoamérica (PM), integrante de la Iniciativa Mérida sobre Seguridad
Regional Norteamericana y extensión de lo que en el año 2000 se llamó el
Plan Puebla Panamá, pero ahora con el nuevo componente de la doctrina
de seguridad hemisférica con sello estadunidense.
Así, se
plantea la profundización del libre comercio con Estados Unidos en las
áreas de hidrocarburos, agua, territorios y biodiversidad. El fin es
crear infraestructura que facilite el acceso, la exploración,
explotación, interconexión, comercio y transporte de recursos
principalmente hacia los circuitos comerciales de Estados Unidos, pero
con seguridad de militares y policías en función de la ganancia.
La construcción de presas hidroeléctricas en busca de la interconexión
regional con su nudo estratégico en la represa El Tigre es otro interés
creado. El Plan Mesoamérica proyecta 381 presas a lo largo de
Centroamérica y sur de México con la desembocadura en las aguas
territoriales hondureñas en El Caribe.
Además el eje de la
política estadunidense en Honduras es el de integración “productiva” y
“competitividad de territorios”. Así, se construye la red internacional
de carreteras mesoamericanas con base en el transporte multimodal que
permita la movilización de mercancías por todos los medios posibles. Se
trata de un corredor logístico en el Atlántico que va de las provincias
de Taulabe y Valle Comayagua hacia el Corredor Caribe con las provincias
de Progreso, Tela, La Ceiba y Trujillo. Y finalmente anillarse con el
Corredor Interoceánico Quebrachal y Guascorán. Es un Megaproyecto de
dominación conocido por sus patrocinadores como “Burbuja” en la
facilitación comercial de mercancías sobre todo de empresas
transnacionales.
En la zona de El Caribe se financian
megaproyectos turísticos. Destaca el proyecto turístico Bahía Tela, en
la costa atlántica. El despojo lo sufren los pueblos garífuna,
afroindígenas con más 200 años de cultura en Honduras. Allí habitan 46
comunidades en unos 5 Departamentos del país, quienes son hostigados
permanentemente con el objetivo de forzarlos a abandonar sus territorios
de asiento.
En esa misma zona se proyecta el Programa
Mesoamericano de Biocombustibles sobre todo en la producción en grandes
cantidades de aceite de palma para la producción de biodisel.
Y
por si fuera poco, se implemente un estratégico “Reordenamiento
Territorial”. Un proyecto que acentúa políticas territoriales de la
dominación. El fin es despejar zonas para el despliegue del capital,
entiéndase despojo y extractivismo de nuevo cuño, acompañado de
militarización, migración forzada y reacomodo en centros urbanos como
las llamadas “Ciudades Modelo”.
Las zonas limpias despojadas
están siendo ya el asiento de empresas trasnacionales, mineras,
agroindustriales, bancos genéticos, embotelladoras de agua dulce y
patentes farmacéuticas, un paraíso capital para las empresas
estadunidenses.
Los Estados Unidos vuelven a extender sus alas
imperiales y tienen en la mira, desde su gran base militar de
operaciones en Centroamérica, al resto del continente.
Este texto fue originalmente publicado en la RT. Puede verlo en el siguiente link:
http://actualidad.rt.com/blogueros/ricardo-martinez/view/113648-honduras-postelectoral-intereses-geoestrategicos-eeuu
3.
Petro y la supremacía oligárquica
La alcaldía de Bogotá
encabezada por Gustavo Petro representa el primer intento serio de
revertir el modelo neoliberal en los servicios públicos en una ciudad de
Colombia. He allí el principal peligro para la oligarquía y el imperio.
Además, Petro es el mejor prospecto que tiene el pueblo colombiano para
acceder a la primera magistratura en un futuro cercano. El procurador,
las contralorías, el “defensor del pueblo”, el fiscal, el personero,
todos estaban al acecho para caerle ante el menor descuido. ¡Y le
cayeron! Muchas personas – si no la mayoría – pensaban que el
Procurador Ordoñez no iba a destituir a Petro. Menos, que lo fuera a
inhabilitar por 15 años. Incluso el mismo Petro, quien interpreta esa
decisión del Ministerio Público como un saboteo al proceso de Paz y se
hacía ilusiones que el presidente Santos fuera a intervenir para evitar
esa sanción disciplinaria, se equivocó completamente. No calculó la
trascendencia de su accionar.
Petro creía en la buena fe de los
llamados "sectores democráticos" de la oligarquía, con los que el M-19
pactó el acuerdo que le dio vida a la Constitución de 1991. Los
herederos de ese proyecto político siguen creyendo en esa "buena fe" y
siguen amarrados a su institucionalidad. Lo demuestra la actitud
leguleya de Antonio Navarro quien calificó el fallo del Procurador sólo
como “exagerado”. 22 años después la oligarquía muestra que no perdona y
que no iba a dejar avanzar a Petro hacia la Presidencia de la
República.
Olvidan que la oligarquía colombiana ha mostrado a lo
largo de la historia su talante reaccionario y retrógrado. Esas clases
dominantes no iban a permitir que Petro pudiera salir bien librado de
una administración como la de Bogotá, mostrando la ruta de la defensa de
lo público y la posibilidad de desmontar los monopolios privados de los
servicios públicos. Sabían que iba a quedar bien posicionado en la
recta hacia la presidencia de 2018.
Esa es la gran lección: esta
oligarquía es vengativa, retrechera, traicionera, previsiva, no da
puntada sin dedal, es difícil de derrotar, usa “todas las formas de
lucha”, se divide para aparentar que a su interior existen “sectores
democráticos” para finalmente dar la puñalada “trapera” (por la
espalda). Desechar ilusiones democrateras y diseñar una estrategia
integral, es la lección aprendida para poder superar esa supremacía
anti-popular.
En ese sentido la actuación del Procurador Ordoñez
no es aislada. No es exclusivamente una jugada contra el proceso de Paz.
No es sólo un complot para poner la alcaldía capitalina a disposición
del uribismo. No es solamente una forma de sacar de la carrera
presidencial al mejor prospecto que tiene la Izquierda. Es todo eso y
mucho más. Es un mensaje de que la oligarquía no está dispuesta a
compartir el gobierno con fuerzas “progresistas” como ya lo hace la
burguesía en varios países de Suramérica. Aquí no comparten nada.
Sin
embargo este hecho es a la vez – paradójicamente –, una demostración de
que la acción política que impulsaba Petro, está bien encaminada. El
hecho de que traten de “asesinar políticamente” a este líder de la
Izquierda significa – como ocurrió con el magnicidio de Jorge Eliécer
Gaitán –, que la orientación general es correcta pero que hay que afinar
los detalles con mucho mayor tino y cuidado.
Es decir, como
lo ha planteado el alcalde Petro en su discurso, hay que persistir con
el proceso de Paz. Hay que insertarse en la institucionalidad para desde
allí desmontar el intrincado aparato neoliberal que la burguesía ha
montado en la administración pública. Hay que luchar por mantener el
control del gobierno de la capital de la república por parte de fuerzas
progresistas, defensoras de lo público y anti-neoliberales.
Pero,
paralelamente se debe construir desde las bases un gran movimiento
popular que vaya consolidando formas de poder alternas y paralelas al
poder institucional. En Bogotá ese proceso recién se está asumiendo.
Tantos años de represión, guerra, desplazamiento, crecimiento caótico,
planificación neoliberal, han destruido importantes lazos sociales que
el pueblo bogotano tenía y que deben ser reconstruidos.
Por ello,
el movimiento social por apropiarse de la basura como una fuente de
capital social y empleo; la defensa de las galerías y mercados
populares; los movimientos ambientales en defensa del agua, los
humedales y un desarrollo sostenible de la ciudad; la lucha por
transformar los servicios de educación y la salud; los espacios y
desarrollos culturales; la organización a nuevos niveles de los
trabajadores precariados; los proyectos económicos comunitarios; todo
ello y muchas más iniciativas, debe ser fortalecidas – luchando contra
las tendencias burocráticas –, para crear un potente movimiento popular
que sea el sustento “desde abajo” de los procesos institucionales de
transformación de la vida social. Sabemos que mientras no se derrote el
sistema capitalista, lo que esté soportado en la institucionalidad
burguesa, va a ser fácilmente desmontado sino está sostenido por fuerzas
sociales organizadas y conscientes.
Es indudable que hay que dar
la lucha en lo inmediato para mantener la administración de Bogotá,
tanto por la vía de la movilización como en el terreno jurídico y
político. Sin embargo, la Izquierda tiene que replantear su estrategia.
No se puede confiar en ninguna de las fracciones de la oligarquía
(burguesía “nacional”, burocrática, comercial, etc.), así asuman formas
“progresistas”, socialdemócratas y hasta “patrióticas”. Las muestras
espontáneas de solidaridad con el gobierno de Petro por parte de amplios
sectores sociales revelan las grandes potencialidades que existen en el
seno de nuestro pueblo y que todo está por conquistar. ¡Que sí se
puede!
Si en lo inmediato no se puede garantizar la permanencia
de Petro en la alcaldía, hay que cerrar filas para darle continuidad a
su programa de gobierno y derrotar el bloque oligárquico que se va a
formar para acabar con la “Bogotá Humana”. Pero además, Petro puede
contribuir mucho con la construcción y fundamentación de un amplio
movimiento popular (social y político), con la formación de cuadros
revolucionarios que recojan y sistematicen su experiencia.
Necesitamos
centros de pensamiento estratégico que ayuden a las expresiones
organizativas del pueblo a derrotar a la oligarquía. Sabemos que si no
nos matan físicamente lo tratarán de hacer política o moralmente. Por
ello, al llegar a una alcaldía o gobernación, para abordar la tarea de
desprivatizar un servicio público o afectar un monopolio oligárquico,
debemos preocuparnos por construir un fuerte y poderoso movimiento
social que sea el sustento y soporte de ese cambio. De lo contrario, nos
lo cobran con sanciones y destituciones.
Igualmente, debemos
entender que no se trata de llegar sólo a “gestionar” el aparato
administrativo de la burguesía. Hay que penetrar en esa
institucionalidad sólo con el fin de socavarla, de dinamitarla por
dentro. Sólo así podremos ir construyendo una nueva institucionalidad
anti-capitalista, de-colonial, basada en el auto-gobierno y dirigida a
desarrollar una cuajada y poderosa democracia directa y participativa.
De
lo contrario no podremos derrotar plenamente a esta oligarquía criminal
que nos oprime y domina. Debemos combinar la lucha institucional y
electoral, la movilización social y la construcción de poder popular de
nuevo tipo (auto-gobierno). Son tres elementos indispensables para
avanzar no sólo por caminos de Paz, democracia y justicia social sino
para construir las bases materiales, sociales, políticas y culturales de
una nueva sociedad.
Petro puede ayudar en esa dirección. Si se
concreta su inhabilidad político-administrativa de 15 años, ello no le
impide desarrollar nuevas capacidades intelectuales y organizativas para
servir al pueblo desde el terreno de la estrategia, la verdadera
dirección política y la formación de dirigentes. Nuevas tareas surgen de
la dinámica social y política.
Nota: Existen importantes
antecedentes en la normatividad internacional para prever que se puede
derrotar jurídicamente éste atentado político del Procurador. Si Petro
logra salir bien librado de esta batalla, estaría ad portas de la
Presidencia para 2018. Entonces, la principal tarea sería preservar y
cuidar de su existencia.
Pirámides egipcias se cubren de nieve por primera vez en más de un siglo
