El
pasado 10 de mayo el Tribunal A de Mayor Riesgo, en
Guatemala, presidido por la jueza Jazmín Barrios,
emitió una histórica sentencia en el caso de
genocidio y deberes contra la humanidad que se lleva contra
los generales en retiro José Efraín
Ríos Montt (ex jefe de Estado de facto) y
José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de
prisión por ambos delitos y Rodríguez
Sánchez fue absuelto.
Es la
primera vez que un ex gobernante en Centroamérica es
sometido a juicio por genocidio. Las víctimas de
espantosos crímenes durante los años 70 y 80
lograron justicia después de 30 años. Pero
nuestra alegría no duraría mucho tiempo. Diez
días después, el 20 de mayo, la Corte
de Constitucionalidad (CC) decidió anular la
sentencia y retroceder el juicio al 19 de abril, invalidando
lo actuado por el Tribunal A de Mayor Riesgo.
La
sentencia de la CC confirma que el sistema judicial en el
Estado burgués está organizado para favorecer
a quienes detentan el poder. La corrupta justicia burguesa
metió malintencionadamente el juicio de Ríos
Montt en un laberinto legal, con la clara intención
de favorecer al general genocida, para que muera por
anciano y no pague sus crimines en una
cárcel.
Pero
hay más. El viernes 24 de Mayo, sorpresivamente, el
ex presidente Alfonso Portillo, que guardaba prisión
por delitos de corrupción, fue finalmente
extraditado a los Estados Unidos para responder por
acusaciones de lavado de dinero. La intempestiva
extradición de Portillo coincide con la
anulación del juicio contra Ríos Montt. Es
evidente que el gobierno de Otto Pérez Molina, con
la complicidad del Ministerio Público, está
maniobrando para legitimar a los tribunales de justicia
ante el escándalo de la anulación ilegal del
juicio a Ríos Montt, levantando la cabeza del
corrupto expresidente Portillo ante la opinión
pública guatemalteca y centroamericana, pero como
chivo expiatorio, como una maniobra compensatoria para
calmar el descontento popular. De esta manera, la
extradición de un expresidente compensa la
anulación del juicio del otro ex gobernante.
Hay
una enorme diferencia en el trato que la justicia burguesa
dio a ambos ex mandatarios, a pesar de que pertenecieron al
mismo partido político. Portillo se destacó
por tomar medidas contra los grandes consorcios de la
oligarquía, atacando los monopolios, permitiendo la
importación de productos para bajar los precios,
favoreciendo por ende a sectores burgueses emergentes no
sólo con sus decisiones en materia económica
sino con conocidos actos de corrupción. Esto no se lo
perdonó nunca la oligarquía guatemalteca. Por
ello, el sistema judicial burgués se
ensañó contra Portillo. En cambio, a pesar de
sus crímenes, Ríos Montt no solo cuenta con
el respaldo de la cúpula del ejército, sino
que es defendido por todas las organizaciones
empresariales. La razón: jamás atentó
contra los intereses económicos de la
oligarquía, y aplastó a sangre y fuego la
potencial base social de la guerrilla durante el conflicto
armado interno.
El
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
rechaza la actuación de la justicia burguesa en ambos
casos. Consideramos que los gobernantes que han cometido
delitos de corrupción y crímenes contra el
pueblo deben ser juzgados por los corruptos y parcializados
tribunales de justicia del Estado burgués, sea en
Guatemala o en Estados Unidos, sino por tribunales formados
por las organizaciones de trabajadores, campesinos e
indígenas. A Portillo teníamos que haberlo
juzgado nosotros. A Ríos Montt también.
Quienes han robado del erario público y quienes han
asesinado al pueblo deben responder ante Tribunales
Populares, que representen a quienes tienen todo el derecho
de exigir cuentas, las clases explotadas y oprimidas. Ellos
son los que deben castigar o absolver a estos
criminales.
