Introducción
El domingo 7 de octubre, los votantes venezolanos decidirán si siguen
apoyando al presidente actual, Hugo Chávez, o se decantan por el
candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski. Será una elección
entre dos programas y dos sistemas sociales situados en las antípodas:
Chávez reclama un aumento de la titularidad pública de los medios de
producción y de consumo, un incremento del gasto social en programas
asistenciales, una mayor participación popular en las instituciones
locales, una política exterior independiente basada en una mayor
integración latinoamericana, un aumento de la fiscalidad progresiva, la
defensa de la sanidad pública y programas educativos gratuitos y la
propiedad pública de la producción petrolera. En el otro extremo,
Capriles representa a los partidos y a la élite que apoyan la
privatización de las empresas públicas, se oponen a la sanidad y a los
programas educativos y de prestaciones sociales puestos en marcha por el
actual gobierno y defienden las políticas neoliberales favorables a
ampliar el papel del capital privado, extranjero y local, y su control
de la economía. Aunque Capriles afirma ser partidario de lo que él
denomina "el modelo brasileño" de "mercados libres y bienestar social",
sus seguidores políticos y sociales son y han sido fuertes defensores de
los tratados de libre comercio con EE.UU., la restricción del gasto
social y una fiscalidad regresiva. A diferencia de lo que ocurre en
Estados Unidos, los electores venezolanos tienen en sus manos la
posibilidad de realizar una auténtica elección y no solo de tomar una
decisión cosmética: los dos candidatos representan clases sociales bien
diferenciadas, poseen visiones sociopolíticas divergentes y cuentan con
distintos aliados internacionales. Chávez está con América Latina, se
opone al imperialismo norteamericano allá donde se manifieste y es un
defensor incondicional de la autodeterminación y de la integración
latinoamericana. Capriles Radonski está a favor de los tratados de libre
comercio con EE.UU., se opone a la integración regional, apoya las
intervenciones norteamericanas en Oriente Medio y es un defensor
acérrimo de Israel. Durante la campaña electoral, como era previsible,
todos los medios de comunicación norteamericanos han estado saturados de
propaganda contraria a Chávez y favorable a Capriles, llegando incluso a
predecir una "victoria" del protegido de Washington, o al menos un
resultado apretado.
Las predicciones propagandísticas de los
medios y de los expertos se basan exclusivamente en fragmentos
selectivos de encuestas de dudosa fiabilidad y en comentarios vertidos
durante la campaña. Pero lo peor de todo es la ausencia absoluta de
cualquier tipo de debate serio sobre el legado histórico y los rasgos
estructurales que forman el contexto esencial de esta elección
trascendental.
Legado histórico
Cuando
se produjo la primera victoria electoral de Chávez en 1998, la economía
y la sociedad venezolanas llevaban casi un cuarto de siglo cayendo en
picado, con corrupción generalizada, inflación galopante, disminución de
la riqueza y aumento de la deuda, delincuencia, pobreza y desempleo.
Las protestas masivas que se desarrollaron a finales de los ochenta y
comienzos de los noventa culminaron en la masacre de miles de habitantes
de los suburbios, un fallido golpe de Estado y una desilusión general
con el sistema político bipartidista. Se privatizó la industria
petrolera; la riqueza del petróleo hizo medrar a una élite empresarial
que iba de compras a la "Quinta Avenida", invertía en apartamentos en
Miami, acudía a clínicas privadas para estiramientos faciales e
implantes mamarios y enviaba a sus hijos a escuelas exclusivas para
asegurar la transmisión intergeneracional del poder y el privilegio. El
país era un baluarte del proyecto norteamericano para el Caribe, América
Central y del Sur. Venezuela estaba
polarizada socialmente pero
el poder político era monopolio de dos o tres partidos que competían por
el apoyo de las diversas facciones de la élite gobernante
y de la embajada norteamericana.
El saqueo económico, la regresión social, el autoritarismo político y
la corrupción propiciaron la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y
con ella todo un cambio gradual en las política públicas, favorable a
la transparencia política y las reformas institucionales, que marcó un
giro hacia una mayor equidad social.
El fallido golpe de Estado
militar-empresarial de abril de 2002, apoyado por Estados Unidos, y el
fracaso del cierre patronal de los directivos petroleros de diciembre
2002 a febrero 2003 (el "paro petrolero") marcaron un hito en la
historia política y social de Venezuela. El asalto violento movilizó y
radicalizó a millones de trabajadores y habitantes de los suburbios que
se echaron a la calle a defender la democracia y que presionaron a
Chávez para que "girara hacia la izquierda". La derrota del golpe de
Estado y del cierre patronal capitalista (apoyado por EE.UU.) fue la
primera de una serie de victorias populares que abrieron la puerta a
amplios programas sociales en el ámbito de la salud, la vivienda y las
necesidades educativas y alimentarias de millones de venezolanos. Como
consecuencia de su participación en el golpe de Estado, la clase
dirigente venezolana y norteamericana sufrió pérdidas significativas de
personal estratégico en el ejército, la burocracia de los sindicatos y
la industria del petróleo.
Capriles fue uno de los líderes del
golpe, a la cabeza de una banda de matones que asaltó la embajada
cubana, y un colaborador activo del paro petrolero que paralizó
temporalmente toda la economía nacional.
Tras el golpe y el paro
petrolero se celebró un referéndum, financiado por Estados Unidos, que
pretendía la revocatoria de Chávez y tuvo un estrepitoso fracaso. Las
derrotas de la derecha reforzaron las tendencias socialistas del
gobierno, debilitaron la oposición de las élites y enviaron a los
Estados Unidos de misión a Colombia, gobernada por el presidente
narcoterrorista Uribe, en busca de un aliado militar para desestabilizar
y derrocar al régimen desde el exterior. Aumentó la tensión en la
frontera, las bases norteamericanas se multiplicaron hasta siete y los
escuadrones de la muerte colombianos cruzaron la frontera. Pero la
región al completo cerró filas contra una invasión norteamericana, bien
por principios, o bien por miedo a que los conflictos armados pudieran
salpicar por encima de las fronteras.
Este legado histórico de
los gobiernos autoritarios y los triunfos de Chávez está profundamente
grabado en las mentes y las conciencias de todos los venezolanos que se
preparan para votar en las elecciones de este domingo. El historial de
hostilidad profunda de las élites ante cualquier resultado democrático
que favorezca a la mayoría popular y la defensa por parte de las masas
de su "presidente socialista" se ven reflejados en la profunda
polarización política
del electorado y la mutua antipatía u "odio de clase" que se filtra en
la cobertura de la campaña electoral. Para las masas, se trata de elegir
entre los abusos del pasado y los avances actuales, la movilidad social
ascendente y las mejoras materiales en el nivel de vida; en las clases
alta y media adinerada reina un gran resentimiento por la pérdida
relativa de poder, privilegios, prestigio y preferencias personales. Las
pérdidas
relativas sufridas por las élites derechistas han
alimentado un resentimiento que conlleva peligrosas connotaciones para
la democracia en el caso de que perdieran las elecciones y de políticas
revanchistas en el caso de que las ganaran.
Configuración institucional
Que la élite derechista no controle el gobierno
no
quiere decir que carezca de una fuerte base institucional de poder. El
80 por ciento del sector bancario y financiero está en manos privadas,
al igual que la mayor parte de la manufactura de servicios y una
proporción importante del comercio al por menor y al por mayor. La
oposición cuenta asimismo con ciertas simpatías dentro de la burocracia
pública, la Guardia Nacional y el ejército, y todos estos funcionarios
apoyan de forma activa o pasiva a los grupos políticos derechistas. El
núcleo social de la derecha se encuentra en las asociaciones
empresariales, financieras y de terratenientes, y la derecha controla
aproximadamente una tercera parte de los alcaldes y gobernadores y más
del cuarenta por ciento de los diputados nacionales. Las principales
multinacionales europeas y norteamericanas del petróleo tienen una cuota
minoritaria importante en el sector.
Asimismo, la derecha
mantiene el monopolio de los medios impresos y cuenta con una audiencia
mayoritaria en radio y televisión, a pesar de los avances
gubernamentales. El gobierno, por su parte, ha ganado influencia gracias
a la nacionalización de bancos (un 20 por ciento del sector), su cuota
de la industria minera y metalúrgica, unas cuantas plantas procesadoras
de alimentos y una base de apoyo sustancial en el sector agrícola, que
le proporcionan los beneficiarios de la reforma agraria.
El
gobierno ha ganado la confianza de los empleados del sector público y
los trabajadores de la industria petrolera, de los servicios sociales y
del sector de la vivienda y de la asistencia. Parece que goza de un
fuerte apoyo en un ejército y una policía constitucionalistas. Asimismo,
ha creado medios de comunicación de masas y ha promovido toda una red
de emisoras de radio comunitarias.
La mayor parte de los
sindicatos y asociaciones de campesinos respaldan al gobierno. Pero su
verdadera fuerza se encuentra en las organizaciones comunitarias
cuasi-institucionales enraizadas en los extensos asentamientos urbanos y
encuadradas en las diferentes "misiones sociales".
Desde el
punto de vista del poder monetario, el gobierno cuenta con las
sustanciosas ganancias del petróleo para financiar programas de impacto
social a corto y medio plazo, contrarrestando eficazmente las
influencias del sector privado y de los grupos "de base" que actúan de
forma abierta o encubierta financiados por fundaciones norteamericanas,
ONG y "agencias de ayuda". En resumen, a pesar de las enormes derrotas
políticas del pasado y de décadas de mal gobierno y corrupción, la
derecha retiene una base
institucional poderosa para disputar los grandes avances socioeconómicos del gobierno de Chávez y organizar una agresiva campaña electoral.
Las dinámicas sociales y la campaña presidencial
La
clave para el triunfo en la reelección de Chávez es mantener la
atención en los temas socioeconómicos: los programas de sanidad y
educación universal, el enorme plan de viviendas públicas puesto en
marcha, los supermercados subvencionados por el Estado, la mejora del
transporte público en las áreas más densamente pobladas. Cuanto mayor
sea la polarización social nacional entre la élite empresarial y las
masas, menos probable es que la derecha pueda aprovechar la desafección
popular hacia las autoridades locales corruptas e ineficientes. Cuanto
mayor sea el nivel de solidaridad social entre los trabajadores
asalariados y los informales, menos probable será que la derecha pueda
apelar a las aspiraciones de estatus de los trabajadores y empleados que
han visto mejorada su situación y han accedido a estilos de vida de
clase media, curiosamente durante el periodo de prosperidad inducido por
Chávez.
La campaña de Chávez se basa en la promesa de
continuidad de la prosperidad social, el mantenimiento de la movilidad
social ascendente y de las oportunidades, un llamamiento a mejorar la
sensibilidad frente a la igualdad social y la justicia... y cuenta con
un sólido 40 por ciento del electorado listo para ir a las barricadas
por su Presidente. Capriles atrae a diversos grupos contradictorios: un
sólido núcleo del 20 por ciento del electorado, compuesto por las élites
bancaria, empresarial y, especialmente, la agraria, junto con sus
respectivos empleados, directivos y profesionales, que anhelan un
retorno al pasado neoliberal, a una época en que la policía, el ejército
y las agencias de inteligencia mantenían a los pobres confinados en sus
barrios de chabolas y el tesoro del petróleo fluía hasta sus cofres. El
segundo de los grupos que se ven atraídos por Capriles es el de los
profesionales y los pequeños empresarios temerosos de la expansión del
sector público y de la "ideología socialista" que, sin embargo, deben su
prosperidad a los créditos baratos, el aumento de la clientela y el
gasto público. Los hijos e hijas de este sector próspero son los
"activistas" que ven en la caída del gobierno de Chávez una oportunidad
de retomar el poder y el prestigio que pretenden haber tenido antes de
la "revuelta de masas". La abierta adhesión de Capriles al
neoliberalismo y al golpe militar de 2002 y sus fuertes lazos con la
élite empresarial, Washington y sus homólogos derechistas de Colombia y
Argentina hacen confiar a la clase media en que su promesa de mantener
las misiones sociales de Chávez es pura demagogia por motivos tácticos
electorales.
El tercer grupo, con el que Capriles no cuenta pero
que le resulta vital para conseguir un resultado respetable, es de la
clase media baja y los pobres urbanos de las pequeñas ciudades de
provincias. Ante ellos, Capriles se presenta como un seguidor
"progresista" de las misiones sociales de Chávez, para poder atacar la
ineficiencia y las irregularidades de los funcionarios y administradores
locales y la inseguridad pública. La hiperactividad de Capriles, su
demagogia populista y sus intentos de explotar el descontento local le
aseguran algunos votos de las clases bajas, pero sus relaciones con la
clase alta y su largo historial de agresivo apoyo al autoritarismo de
derechas ha impedido que las masas se pusieran de su lado.
Por su parte, Chávez esta haciendo hincapié en sus enormes
logros sociales,
una década espectacular de crecimiento elevado, disminución de las
desigualdades (el índice más bajo de América Latina) e índices muy
elevados de satisfacción popular con el gobierno. Los fondos para los
programas sociales de Chávez han sabido aprovechar un año de
recuperación económica tras la recesión mundial (5 % de crecimiento
previsto para 2012), precios del petróleo de tres dígitos y un entorno
político regional favorable, por lo general, que incluye una tremenda
mejora en las relaciones bilaterales con Colombia.
Correlación de fuerzas a escala internacional, regional, nacional y local
El
gobierno de Chávez se ha visto enormemente beneficiado por unos precios
mundiales muy favorables para su principal producto de exportación: el
petróleo. Además, el Estado ha aumentado sus ingresos mediante oportunas
expropiaciones y subida de los royalties y de los impuestos, así como
de nuevos acuerdos de inversión con capital extranjero alternativo a
pesar de la oposición de algunas corporaciones multinacionales
norteamericanas.
Washington, involucrado hasta los huesos en los
conflictos que mantiene en los países musulmanes ricos en petróleo, no
se encuentra en posición de organizar ningún boicot contra Venezuela,
uno de sus principales y más fiables proveedores. Su última iniciativa
importante para propiciar un "cambio de régimen" fue el paro petrolero
organizado por los directivos de PDVSA, la compañía venezolana de
petróleos, en 2002-2003, que fracasó estrepitosamente y provocó el
despido de casi todos los "asesores" norteamericanos y la radicalización
de una política nacionalista con el petróleo.
Las iniciativas
del gobierno norteamericano para aislar internacionalmente al régimen de
Chávez no han rendido frutos; Rusia y China han aumentado su comercio y
sus inversiones, al igual que otra docena de países europeos, de
Oriente Medio y Asia. La recesión que sufre la Unión Europea y la
desaceleración de la economía norteamericana y mundial no son un buen
caldo de cultivo para los sentimientos favorables a cualquier tipo de
restricción de los lazos económicos con Venezuela.
Especial
importancia ha tenido la llegada al poder de regímenes de
centro-izquierda en Sudamérica, el Caribe y América Central, favorables
al aumento de los lazos económicos y diplomáticos con Venezuela y a una
mayor integración regional. Por el contrario, el respaldo de la
administración Obama a los golpes de Estado de Honduras y Paraguay, así
como las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio
promovidos por Washington han perdido el apoyo en la región. En resumen:
la correlación de fuerzas internacional y regional ha sido muy
favorable al gobierno de Chávez y la influencia dominante de Washington
ha declinado.
Colombia, uno de los últimos baluartes de las
iniciativas norteamericanas para derrocar a Chávez, ha dado un giro
repentino a su política hacia Venezuela. Tras el cambio de régimen, del
presidente Uribe al presidente Santos, Colombia ha firmado acuerdos de
comercio y de inversiones con Venezuela por valor de miles de millones
de dólares, así como alianzas diplomáticas y militares, alcanzando una
especie de "coexistencia pacífica". A pesar del reciente tratado de
libre comercio firmado con EE.UU. y del mantenimiento de las bases
norteamericanas en el país, Colombia ha rechazado (al menos en la
presente coyuntura) participar conjuntamente en cualquier intervención
militar o política auspiciada por Estados Unidos o en cualquier campaña
de desestabilización.
La influencia política norteamericana en
Venezuela se basa fundamentalmente en la canalización de recursos
financieros y el asesoramiento de sus clientes electorales. A causa de
la disminución de aliados regionales externos y la pérdida de influencia
en el ejército venezolano y las fuerzas paramilitares colombianas,
Washington se ha centrado ahora en sus clientes electorales. Mediante
importantes transferencias financieras, ha conseguido imponer un
candidato único entre grupos opositores bien dispares, fabricando una
ideología de "centrismo" moderado para camuflar las tendencias
neoliberales de extrema derecha de Capriles, al tiempo que contrataba a
cientos de agitadores y organizadores "comunitarios" para explotar la
sustancial
brecha que separa las promesas programáticas de Chávez
de la aplicación incompetente e ineficiente de dichas políticas que
realizan los funcionarios locales.
La debilidad estratégica del
gobierno de Chávez se encuentra en el ámbito de lo local, en la
incapacidad de los administradores de mantener el suministro de
electricidad y de agua corriente. En el ámbito internacional, regional y
nacional, la correlación de fuerzas favorece a Chávez. Washington y
Capriles intentan compensar la fuerza regional de Chávez atacando sus
programas regionales de asistencia, afirmando que está desviando
recursos al extranjero en lugar de atender los problemas de casa. Pero
Chávez ha asignado enormes recursos a infraestructuras y gasto social;
el problema no es el envío de fondos al exterior, sino la mala
administración de los funcionarios chavistas locales, muchos de ellos
acostumbrados al clientelismo de personalidades y partidos del pasado.
En cuanto al aumento de la delincuencia y la escasa imposición de la
ley, le costarían a Chávez algo más que unos cuantos votos si no fuera
porque los mismos índices de criminalidad están presentes en el estado
de Miranda, donde Capriles ha gobernado los últimos cuatro años.
El resultado electoral
A
pesar de las enormes mejoras que ha aportado el gobierno de Chávez a
las clases bajas y el sólido apoyo con que cuenta entre los pobres, la
emergente clase media producto de la era Chávez tiene expectativas de un
mayor consumo y una menor delincuencia e inseguridad; intentan
distanciarse de los pobres y aproximarse a los más acomodados: sus ojos
miran hacia arriba y no hacia abajo. El entusiasmo, tras doce años en el
poder, se ha debilitado pero el temor de las masas a una reversión
neoliberal pone límites al electorado potencial que Capriles pueda
atraer. A pesar de la delincuencia y de la ineficacia y corrupción de
los funcionarios, la era Chávez ha sido un periodo extremadamente
favorable para la clase baja y los sectores empresarial, comercial y
financiero. Y este año, 2012, no es ninguna excepción. Según datos de la
ONU, el índice de crecimiento de Venezuela (5 %) es superior al de
Argentina (2 %), Brasil (1,5 %) y México (4 %). El consumo privado ha
sido el principal promotor del crecimiento gracias al incremento de los
mercados de trabajo, del crédito y de la inversión pública. La inmensa
mayoría de los venezolanos, incluyendo a algunos sectores empresariales,
no votarán contra un gobierno en ejercicio que ha generado una de las
recuperaciones económicas más rápidas del hemisferio. El pasado
derechista radical de Capriles y su actual proyecto encubierto podría
generar conflictos de clase, inestabilidad política, deterioro económico
y un clima desfavorable para los inversores internacionales.
Probablemente Washington no favorecería un golpe de Estado o una campaña
de desestabilización tras las elecciones si Capriles pierde por un
margen significativo. La popularidad de Chávez, las leyes sobre
prestaciones sociales, las ganancias materiales y el crecimiento
dinámico de este año le aseguran una victoria por un margen de 10
puntos. Chávez conseguirá el 55 % de los votos y Capriles el 45 %.
Washington y sus acólitos derechistas planean consolidar su organización
y prepararse para las elecciones al Congreso del próximo diciembre. La
idea es ir "ocupando las instituciones" con el fin de paralizar las
iniciativas del ejecutivo y frustrar el intento de Chávez de seguir
adelante con una economía socializada. El talón de Aquiles del gobierno
se encuentra precisamente en el ámbito local y estatal. Los funcionarios
incompetentes y corruptos deberían ser sustituidos por dirigentes
locales eficientes y controlados por la comunidad, capaces de poner en
marcha los programas inmensamente populares de Chávez. Y Chávez debería
prestar mucha más atención a la política y la administración local para
poder igualar allí sus éxitos en política exterior. El hecho de que la
derecha sea capaz de juntar medio millón de manifestantes en Caracas no
se basa en el atractivo ideológico de un pasado ruinoso y golpista, sino
en su habilidad para sacar partido de las quejas crónicas de carácter
local que no han sido solucionadas: delincuencia, corrupción, apagones y
cortes de agua.
En la elección de octubre 2012 no solo está en
juego el bienestar del pueblo venezolano sino el futuro de la
integración y la independencia latinoamericana y la prosperidad de
millones de personas que dependen de la ayuda y la solidaridad de
Venezuela.
Una victoria de Chávez proporcionará una plataforma
para la rectificación de un proyecto social básicamente progresivo y la
continuación de una política exterior antiimperialista. Su derrota
proporcionaría a Obama –o a Romney- un trampolín para relanzar los
programas neoliberales y militaristas existentes antes de la era Chávez,
durante la infame década Clinton (los noventa) de expolio, saqueo,
privatizaciones y pobreza.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
