por Carlos Iaquinandi Castro / SERPAL
Viernes, 28 de Septiembre de 2012 16:12
En el transcurso de 48 horas fueron asesinados en Honduras dos defensores de los derechos humanos.
El domingo caía acribillado Antonio
Trejo Cabrera, apoderado legal de un grupo de campesinos del Valle de
Aguán que reclaman sus tierras en la región de Colón, arrebatadas por
terratenientes. El letrado había denunciado amenazas y solicitado
protección para él y sus familiares.
Dos días después, el fiscal de Derechos
Humanos en Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariego, de 40 años, fue
atacado en plena mañana por sicarios que le acribillaron desde una
motocicleta con la que luego huyeron del lugar. El asesinado, que
también era profesor de Derecho se dirigía a su oficina luego de
realizar unas diligencias propias de su cargo en Tribunales. Era oriundo
de Tegucigalpa y deja seis hijos pequeños, el mayor de 12 años. Según
los peritos policiales, Díaz Mazariego recibió once impactos de bala. El
fiscal era considerado una persona consecuente en su tarea. Ya en abril
del 2008 había participado junto a otros fiscales de una huelga de
hambre para exigir una serie de medidas en favor de la transparencia y
contra la corrupción en ese ministerio público.
Los sucesores del gobierno golpista que
derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009,
han resultado dignos herederos de ese legado de violencia e impunidad.
Durante el gobierno de Porfirio Lobo, han sido asesinados 74 abogados y
más de veinte periodistas o profesionales de la comunicación. Su mandato
alcanzó el reconocimiento de Estados Unidos y de gran parte de lo que
se denomina “la comunidad internacional” a pesar de ser el resultado de
unos cuestionados comicios realizados por los golpistas. La corrupción y
el crimen crecen en un marco de total impunidad. Los asesinatos
selectivos de aquellos que “molestan” al poder,
o a los terratenientes, son algo cotidiano.
Desde las Naciones Unidas, la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos, exigió al gobierno de Porfirio
Lobo que termine con la impunidad, en referencia a los asesinatos de
activistas campesinos, miembros de la Resistencia, periodistas,
abogados, y defensores de los DD.HH. en Honduras. Navi Pillay, afirmó
que "en Honduras hay un amenazante clima de inseguridad y violencia. Y
los defensores de los derechos humanos son objetivo de amenazas, acoso y
asesinato. La impunidad que rodea estas violaciones es inaceptable."
Estos pedidos se suceden desde hace años cada vez que se produce un
asesinato de similares características. La respuesta
oficial es "lamentar lo sucedido" y
prometer que "se investigará a fondo". A veces se detiene a algún
"sospechoso", como para calmar a la opinión pública, pero nunca
se llega a procesar y condenar a los responsables de instigar esos crímenes, generalmente ejecutados por sicarios pagados.
"Si algo me sucede..."
El defensor de campesinos Antonio Trejo,
abogado indigenista, había enviado a Washington un documento en el que
apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “ De sucederme
algo a mí, a mis nietos o a mi familia, responsabilizo a los señores
Miguel Facussé ( y otros ) quienes pueden atentar contra mi vida
mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra
están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les
despojaron ilegalmente.”
Facussé es un poderoso terrateniente,
miembro de una familia acaudalada de Honduras que estuvo totalmente
implicado en el golpe cívico-militar que terminó con el gobierno de Mel
Zelaya en el 2009. Además de defensor de los campesinos, Trejo Cabrera
era también precandidato a diputado por el Frente Amplio Popular de
Resistencia, ( FAPER).
Los funcionarios del gobierno de Lobo, y
el propio presidente, han vuelto a repetir sus lamentos y promesas de
que “los crímenes serán esclarecidos”. En realidad, más del
90 por ciento de estos homicidios permanecen impunes y nadie ha sido condenado por ellos.
"Nos están exterminando con total impunidad"
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) afirmó que
el abogado Trejo estaba muy comprometido tanto con la defensa de los
derechos de las familias campesinas del Bajo Aguán, como en la
salvaguarda de la soberanía nacional, amenazada por el proyecto de crear
las llamadas "ciudades modelo". En una entrevista con el periodista
Giorgio Trucchi, la dirigente popular afirmó que "aquellos que conspiran
contra el pueblo, no tienen ningún reparo en eliminar a quienes les
estorben en su propósito de hacer negocios en el país". Añadió Bertha
Oliva que los terratenientes y las familias que reiteradamente han sido
señaladas como las que se han adueñado ilegalmente del país, están en
una ofensiva en contra del campesinado, de la y los defensores de los
derechos humanos, así como de quienes acompañan al pueblo en su demanda
de justicia social.
Declaró que las instituciones del estado
están ausentes, desplomadas, incapaces de actuar con justicia, en
colusión con los asesinos. "Y nos están asesinando, exterminando con
total impunidad. Nos sentimos solas, agobiadas y demandamos, exigimos la
presencia de la comunidad internacional al lado de este pueblo".
También denunció que le preocupa que el Departamento de Estado
norteamericano diga en su informe que en Honduras ha habido avances en
materia de justicia y de eficiencia del Ministerio Público. "La
impunidad no se combate con mentiras, ni con más militarización o
involucrando en una supuesta solución a los que fomentan y son cómplices
de la impunidad."
La dirigente popular hondureña dio mucha
importancia a la solidaridad internacional y dijo que la coordinación
con los grupos y redes que difunden lo que de verdad pasa en Honduras va
a ser clave en esta coyuntura.
El silencio es complicidad
En el 2009 publicamos varios artículos
con amplios datos sobre la conspiración de las "100 familias" que
controlan Honduras y sus intereses que terminó con el derrocamiento de
Zelaya. Después otros sobre la Resistencia Popular. Y en abril del 2010
circulábamos una reflexión que titulábamos : "¿Se acuerdan de Honduras
?"
( Ver en nuestra página
www.serpal.info el Envío 317 ) . Y escribía entonces: "
Si en
alguna facultad de periodismo quisiera explicarse lo que es la
manipulación u ocultación de la realidad por los medios, no faltarían
argumentos. Pero en estos dias, lo que sucede en Honduras y el
silencio que cubre y protege la represión sistemática del gobierno de
Porfirio Lobo y el "reordenamiento" del país según los intereses de su
oligarquía y de las transnacionales, sería un ejemplo difícilmente
superable." Se torna indispensable repetir la pregunta: "¿ Se
acuerdan de Honduras ?", porque el silencio sigue siendo cómplice de la
represión sistemática de su pueblo.
Los dos nuevos asesinatos que
describimos en esta nota, se suman a una ola represiva iniciada a partir
del golpe militar de junio del 2009, pero que continuó durante el
gobierno de Lobo. Los escuadrones de la muerte siguen actuando con total
impunidad. El gobierno de Obama, la secretaria de Estado Hillary
Clinton, el secretario de la OEA Miguel Insulza y otros cómplices
significativos en América Latina, han tolerado y permitido, primero el
derrocamiento golpista de un gobierno constitucional, y después, la
continuidad con otros nombres, de los mismos intereses oligárquicos y
excluyentes controlando Honduras.
Estos graves sucesos apenas ocupan
espacio en los medios de comunicación hondureños, empresas privadas que
en su casi totalidad están controladas por los intereses de las cien
familias que controlan el país. Los medios independientes o
alternativos, cerrados o amenazados, apenas tienen llegada a la
población hondureña.
El silencio internacional también
acompaña la dura travesía del pueblo de Honduras, ya que las agencias y
los medios controlados por las grandes corporaciones consideran que ese
país tiene “un sistema democrático", y callan o minimizan lo que
sucede.
Recojamos el reclamo de la luchadora Bertha Oliva y difundamos "lo que de verdad pasa en Honduras".
* Carlos Iaquinandi Castro.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.