La criminalización de
la protesta campesina en Honduras no para. En días pasados, la capital
hondureña fue escenario de una nueva y violenta represión policial
contra cerca de 350 campesinos y campesinas pertenecientes a diferentes
organizaciones del Bajo Aguán, quienes fueron desalojados de las
instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a punta de toletazos y
gases lacrimógenos, cuando exigían una solución rápida y urgente al
conflicto agrario de la región norte del país, así como el cese de la
represión y el fin de la impunidad. Específicamente, las
organizaciones campesinas del Bajo Aguán pedían reunirse con el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés,
para plantearle la necesidad de que se juzgue con imparcialidad el caso
de las tres fincas en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador
Campesino del Aguán (MARCA). Los campesinos pedían también la suspensión
inmediata de los juicios amañados en su contra, así como la liberación
de 25 campesinos que fueron detenidos el pasado 21 de agosto.
Pero
en lugar de aceptar la solicitud de diálogo, la policía preventiva
procedió con el uso excesivo de la fuerza en contra de los
manifestantes, dejando una decena de personas heridas, seis menores con
asfixia por el gas lacrimógeno y 25 campesinos detenidos, entre ellos
Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y vocero del
Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), respectivamente; Carlos
Ramón Navarro, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de
Honduras (ANACH); y Antonio Trejo, apoderado legal del MARCA.
Los
campesinos detenidos fueron acusados de manifestación y asociación
ilícita, y se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión,
prohibiéndoles participar en cualquier manifestación popular en las
calles del país. Sirel Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, dijo que
permanecieron incomunicados por más de 24 horas y que las personas
heridas y golpeadas durante el desalojo no tuvieron acceso a
medicamentos.
“Nos acusaron de manifestación ilícita y nos
liberaron a las dos de la mañana. Ahora pretenden que no participemos en
protestas públicas, pero no podemos dejar de reclamar justicia, ni
abandonar la lucha por nuestros derechos. En estos días hemos vivido en
carne propia la manipulación de quienes controlan el país. Hemos visto
el poder que tienen y sus planes para destruirnos. Sin embargo no nos
van a poder detener y vamos a seguir exigiendo justicia”, dijo Álvarez.
Mientras
en la capital los 25 campesinos detenidos eran inesperadamente
procesados, en el Bajo Aguán un fuerte contingente policial atacaba sin
piedad a centenares de campesinos, que protestaban exigiendo la
liberación de sus compañeros.
El saldo de la represión desatada
en Planes, municipio de Sonaguera, Colón, es de 20 detenidos, entre
ellos cinco menores de edad, y varios heridos. También fue detenido
Rigoberto Durán Cruz, miembro del Observatorio Permanente Internacional
de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA).
“Es evidente que hay
poderes fuertes que están operando de manera oculta, tratando de
maquillar la represión y las ilegalidades que se están llevando a cabo
desde los poderes del Estado, con el fin de frenar la protesta de los
campesinos que en todo el país están luchando por su derecho a la
tierra”, aseveró Dina Meza, defensora de derechos humanos y periodista
del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH). De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales,
la delicada situación que se ha generado en estos últimos días
evidencia la presencia de fuerzas ocultas, que estarían orquestando una
campaña para desprestigiar, criminalizar y desmovilizar al movimiento
campesino.
“Los campesinos fueron reprimidos y detenidos
ilegalmente. La misma Fiscalía dijo que no había argumentos para
proceder a acusarlos y hasta se firmó un acta de conciliación”, dijo
Meza.
Sin embargo, Elvis Bonilla, jefe de la policía
metropolitana número 1, por mandato del propio jefe de la policía
hondureña, Juan Carlos Bonilla, decidió de manera autoritaria llevarse a
los presos, manteniéndolos por más de un día incomunicados en la
estación de policía CORE 7, hasta que la Fiscalía “decidió” cambiar de
opinión y procesarlos.
Ante esto, Lista Informativa Nicaragua y
Más (LINyM) conversó con Juan Carlos Bonilla sobre la violenta represión
llevada adelante por efectivos policiales contra miembros de diferentes
organizaciones campesinas del Bajo Aguán, y sobre las razones de la
detención y enjuiciamiento de 25 campesinos por el supuesto delito de
manifestación, asociación ilícita y daños a la propiedad.
El
comisionado se extrañó al enterarse de que los campesinos habían sido
procesados y, sucesivamente, liberados con medidas sustitutivas a la
prisión. De acuerdo con él, los campesinos habían sido trasladados al
Juzgado de Conciliación y puestos en libertad. Ni siquiera parecía estar
al tanto de cómo se había desarrollado la situación durante las
jornadas del 21 y 22 de agosto.
Cabe preguntarse, ¿quién tomó la
decisión de mantenerlos detenidos por más de 24 horas y forzar la
decisión de la Fiscalía, que ya había dicho no tener argumentos para
proceder a acusarlos?
¿Qué informaciones tiene sobre la situación de los 25 campesinos del Bajo Aguán que fueron detenidos el día 21 de agosto?
El
tema se está manejando a nivel de Corte Suprema de Justicia y de
Ministerio Público. Sabemos que allá (Bajo Aguán) hay un problema de
tipo social y como policía nacional lo que hacemos es atender a los
requerimientos de la Fiscalía. A parte de eso, hacemos que se respeten
los derechos de cada uno de los campesinos, porque tenemos derecho de
manifestarnos libremente, pero no de obstruir los derechos de los demás.
Por todos los medios se busca la conciliación.
Tengo entendido
que el grupo del MUCA causó daños a la propiedad de la Corte Suprema de
Justicia y que la policía intentó dialogar. Posteriormente, siempre
según la información que me dieron, hubo un desalojo, durante el cual en
ningún momento se trató de violentar los derechos a los campesinos.
¿Qué pasó después?
Fueron
remitidos a las oficinas del Ministerio Público y puestos en libertad.
La información que tenemos es que en un primer momento la Fiscalía no
encontró argumentos para acusarlos y hasta se firmó un acta de
conciliación, pero que cuando ya los estaban poniendo en libertad hubo
una intervención del jefe de la policía metropolitana número 1, Elvis
Bonilla.
De acuerdo con varios testigos, Bonilla recibió una
orden directa de usted para que se mantuvieran detenidos y se
trasladaran a otro lugar. ¿Usted participó de esta situación?
Cada
oficial de policía encargado de una Estación Departamental o de una
Metropolitana tiene el conocimiento de la ley y de lo que le corresponde
hacer. Sí, quiero manifestar que hice la pregunta de cuál había sido el
procedimiento que habían utilizado con los campesinos (detenidos), y se
me manifestó en ese momento.
¿Quién le manifestó?
El
director de Servicios Especiales de la Policía Preventiva, Alex
Villanueva, y posterioremente hablé también con el subcomisionado, Elvis
Bonilla Andara. También hubo comunicación directa con el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, donde hicimos la coordinación para
preguntar qué era lo que estaba pasando. En este sentido Bonilla Andara
me dijo que los había remitido (a los campesinos detenidos) a la
Fiscalía y que los fiscales no quisieron recibirlos, diciendo que los
mandáramos al juzgado de Conciliación.
Aquí no se trata de ver
quién tiene la culpa en algo, sino que son cosas de procedimientos. Si
usted causa daño a la propiedad o lanza piedras a una autoridad o a un
ciudadano comete un delito, y en presencia de un delito, el
procedimiento es remitir la persona al Ministerio Público, para que tome
el procedimiento respectivo.
Si es una situación de falta, la
policía puede retener la persona por 24 horas. En este caso miré algo
raro: si estamos en presencia de un delito ¿por qué se remitieron los
campesinos a un juez de Conciliación? Hasta me llamó el presidente de la
Corte Suprema de Justicia y le expliqué lo que estaba pasando y que ya
los habían puesto el libertad.
En ningún momento voy a dar la
instrucción para que se haga lo contrario, sino que cada quien sabe lo
que tiene que hacer y lo que corresponde de acuerdo a la ley.
Reitero
y concluyo: en este caso los campesinos fueron remitidos al juez de
Conciliación y ahí todo terminó. Aquí todo el mundo quiere lavarse las
manos y yo estoy en contra de eso, porque uno debe ser responsable de
todas sus actuaciones.
Pero, ¿cómo se explica ese cambio que hubo en la decisión de enjuiciarlos?
No ha habido ningún cambio. Tengo entendido que quedaron en libertad y no se reportó algo diferente.
Comisionado,
no fue así. Los campesinos fueron retenidos por más de 24 horas y
fueron enjuiciados. Los liberaron a las dos de la madrugada de hoy con
medidas sustitutivas a la prisión.
Yo salí de Tegucigalpa la tarde de ayer y la información que le he dado ha sido clara.
¿Va a investigar lo que ha pasado? Porque parece que no tiene información sobre lo que ha ocurrido.
Voy
a investigar lo que ha pasado, porque si habían cometido una falta
tenían que ser puestos en libertad dentro de las 24 horas y si había un
delito se iban a pasar a la Fiscalía.
Por lo que sabemos fueron retenidos casi 48 horas.
No,
no fueron retenidos 48 horas. Nuestra policía nacional no va a retener
una persona por 48 horas, le corresponde únicamente 24 horas. Si la
información que circula es esa, yo, al llegar a mi país, voy a hacer las
investigaciones del caso, porque tengo un respeto irrestricto a los
derechos humanos y a todos los derechos de la persona.
Un frente ante la impunidad
Ante
el ya conocido silencio de las autoridades hondureñas, a quienes les
compete este caso, ha empezado a circular un comunicado firmado por 14
organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil en el que
expresan su profunda preocupación sobre los recientes actos de
represión, violencia y criminalización contra las organizaciones
campesinas del Bajo Aguán. Las organizaciones internacionales, muchas de
las cuales integraron la Misión Internacional de Verificación sobre la
Situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán (marzo 2011) y
organizaron la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos
humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán (mayo 2012),
manifestaron que: “Los últimos actos de represión y criminalización
demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma
postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un
conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa,
pacífica y sostenible”.
Además, manifiestan que “persiste la
violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad por el
desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y castigar a
los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros de las
agrupaciones campesinas en la zona”.
Según datos de estas
organizaciones y redes internacionales, serían 53 las personas afines y
afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un
periodista y su pareja, que han sido asesinadas desde septiembre de 2009
hasta la fecha, en el marco del conflicto agrario que aqueja a la
región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo
de 2011. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado.
Ante esta
situación, las 14 organizaciones y redes lamentaron que ante la
protesta pacífica, la respuesta sigue siendo “la ejecución de violencia y
criminalización”. Además, remarcaron que continúa “la amenaza de
desalojos forzosos contra las comunidades campesinas favorecidas por
sentencias firmes que restituyeron su derecho a la tierra”.
También
dijeron estar convencidas que el camino hacia la solución del conflicto
del Bajo Aguán debe ser “a través del irrestricto respeto y la plena
protección de los derechos humanos, y no mediante la violencia, la
represión y la criminalización de la lucha campesina”. Reiteraron que,
en cuanto parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Honduras está obligada a “respetar, proteger y garantizar
estos derechos, cuyos titulares también son las y los campesinos
hondureños”.
Finalmente, las organizaciones y redes
internacionales volvieron a presentar las recomendaciones incluidas en
la Declaración final de la Audiencia Pública. Entre otros puntos
pidieron investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes
cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos
contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una
solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas
campesinas”.
También solicitaron a la comunidad internacional
insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los
crímenes, procure que la cooperación internacional bilateral y
multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no
contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la
cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la
situación de derechos humanos”, en particular en el caso de la
asistencia militar de Estados Unidos.
“Las organizaciones
internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación
del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del
Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra
de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”,
concluye el extenso comunicado.
Éste es solo un ejemplo de las
varias situaciones de violación a los derechos humanos que dejan ver los
intereses económicos de los poderes fácticos en Honduras, en una
campaña abierta para desmovilizar, deslegitimar y criminalizar al
movimiento campesino no sólo del Bajo Aguán, sino también de los
movimientos sociales, indígenas y garífunas de esta región.
Fuente:
http://desinformemonos.org/2012/09/honduras-2/
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, ha amenazado con actuar de forma unilateral contra el gobierno sirio, en el caso de que una nueva resolución en el
no tenga poder para entrar a nivel de ejecución.
Estas declaraciones de Clinton se han producido después de las
negociaciones relativas al caso de ayer domingo con el presidente de
y el canciller ruso, Serguei Lavrov, al subrayar que para esa decisión no necesita que la ONU deponga al presidente de
, Bashar al-Asad.
Al reconocer que Rusia y Estados Unidos no tienen la misma postura
frente a Siria, ha mencionado que Washington y sus aliados intentan
acelerar la caída de Al-Asad.
Por su parte, Lavrov ha expresado su esperanza de que se pueda
alcanzar en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU el acuerdo para
aprobar la Declaración de Ginebra que se considera un plan de arreglo y
transición que el Grupo de Acción para Siria acordó el pasado 30 de
junio.
El Grupo de Acción para Siria está integrado por los países que se
reunieron a fines de junio en la ciudad suiza de Ginebra para abordar el
caso sirio, entre los que figuran cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto sirio
atenerse al plan de paz propuesto por el exenviado especial de la ONU y
la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, y estudiar la constitución de ese
país árabe al formar un Gobierno de transición sirio.
Sin embargo, los rebeldes sirios, apoyados financiera y militarmente
por el Occidente y algunos países regionales como Arabia Saudí, Catar y
Turquía, agudizan cada vez más el conflicto mediante incesantes ataques
contra las fuerzas y funcionarios gubernamentales y civiles.
Este es un grupo de correos de amigos de la Organizacion Politica Los
Necios. Creemos en el debate, en el ejercicio de opinar y difundir
pensamiento revolucionario, sentimiento humano. Tambien para hacer
acopio de ideas, observaciones, criticas y pensamientos que contribuyan
con la construccion de una nueva sociedad hondureña y centro americana,
que a la vez nuestra luz crezca y se comparta con el mundo.