Mauricio Bezzeccheri, presidente de Enel Green Power Iberia y Latinoamérica aseguró que cuando la empresa que representa y la CEL firmaron el contrato de accionistas para quedarse posteriormente con la mayoría de acciones de la empresa La Geo, los representantes del Estado salvadoreño afirmaron que todo se hacía bajo la ley.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 DE MARZO DE 2013 15:18 | POR OTTO MORÁN
El representante de la empresa italiana Enel aseguró que la firma del acuerdo de accionistas entre CEL y Enel en el 2002 estuvo bajo la ley, o al menos eso fue lo que les afirmaron los representantes del Estado salvadoreño.
Mauricio Bezzeccheri, presidente de Enel Green Power Iberia y Latinoamérica, compareció este miércoles ante la Comisión Especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito entre la hoy CEL y la empresa italiana que representa.
El representante italiano afirmó –luego de ser juramentado- que la firma del contrato de accionistas estaba bajo la ley, no sólo porque los representantes del Estado salvadoreño dijeron que así era, sino que incluso porque estos argumentos ya fueron dados a conocer en un arbitraje internacional e incluso a hubo una sentencia a favor de Enel.
Según Bezzeccheri, su empresa llegó al país a través de un proceso de expansión internacional y estas circunstancias, e incluso las condiciones en las que invertiría, ya eran del dominio público.
“Ya los periódicos de la época hacían mención del método por el cuál Enel entraba a la administración de La Geo y pasaría en algún momento a obtener hasta el 51% de las acciones”, dijo, al tiempo que describió que -incluso- estaban previendo los derechos que se podrían adquirirse por la inversión que se haría para incursionar en la generación de energía geotérmica.
“Tenemos un liderazgo en la lucha contra la corrupción de nuestros negocios con empresas que son reconocidas por su trabajo ético” expuso el representante italiano.
Bezzeccheri aseguró además que la empresa italiana sí cumple con las características que la licitación internacional planteó.
“Nosotros entramos a una compañía que tiene dos concesiones y lo hicimos con ellos, no con el Estado” argumentó el representante empresarial al referirse a las circunstancias que rodearon la firma del contrato de accionistas en el 2002.
El representante empresarial también aclaró que los beneficios que su empresa obtuvo fueron no por la compensación debido a la inversión realizada, sino en concepto de retribución por las aportaciones en megavatios.
“Desde el principio hicimos un tratado que establecía contribuciones económicas y aportaciones en megavatios” apuntó Bezzeccheri.
Un ex funcionario, el asesor legal
Bezzeccheri se presentó en la comisión legislativa acompañado por Francisco Bertrand Galindo –ex ministro de Seguridad en aquel momento- quien ahora es asesor legal externo de Enel.
Bertrand Galindo explicó que el Estado debe hacer todas las concesiones pero igual tiene limitaciones.
“La decisión del socio estratégico es para que aporte conocimiento y capital; si una empresa cualquiera hace inversión, lo lógico es que querrá al menos control operativo. El rol del gobierno en este tipo de operaciones es de control estratégico y de calidad de la inversión” dijo el ex funcionario.
“En aquel momento, cuando se creó la sociedad compuesta por la CEL (GESAL), se estableció que se formarían sociedades anónimas. El mismo día que se firmó el contrato se firmó una enmienda oscura. Las reglas de la licitación decían que el contrato de la CEL era de adhesión; sin embargo decía que en el proceso se podían hacer adhesiones, y tengo entendido que hubo alrededor de ocho adhesiones” apuntó Bertrand Galindo.
Dudas e implicados
El jurista expuso no sólo su duda sobre las circunstancias o los objetivos perseguidos con las adhesiones en mención, sino que afirmó que entre la adjudicación y la firma hubo varias modificaciones que generaron una nueva forma de inversión.
Bertrand Galindo aclaró también que no se debe mal interpretar qué es lo que estaba en juego con la participación de Enel.
“Cuando se habla de que se va a quitar el patrimonio nacional, se debe saber que el contrato era entre privados y no era un negocio público” aclaró el ex funcionario.
Bertrand Galindo también agregó otro punto de análisis en el tema CEL-Enel, y es que -según él- si la firma del acuerdo de accionistas en el 2002 fue tan bien hecho y se ocultó durante la administración Flores –sin definir quién lo habría hecho- “¿por qué entonces durante la administración de Antonio Saca –que se comenzó a hablar de anomalías- no se hizo nada?”.
“En la administración Flores nadie dijo nada, pero el tema es que si una vez se conoce al respecto y no se informa, es anomalía. Cuando llegó el presidente Saca y se dio a conocer que había algunas irregularidades, en él recayó gran parte de la responsabilidad por no acudir a la Fiscalía y exponer lo encontrado” señaló el asesor legal de la Enel.
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