1- Iglesia pide vetar lectura de la Biblia en escuelas
El máximo representante de la Iglesia católica en El Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al presidente de la República, Mauricio Funes, vetar el decreto que estipula, de manera obligatoria, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país.
De acuerdo con el arzobispo de San Salvador, esta medida, en lugar de traer consecuencias positivas, traerá división entre las personas.
“Según los diputados esta sería una solución al problema de la violencia. Sin embargo, no es así; por el contrario, provocará la lucha entre religiones y esta también es otra clase de violencia”, afirmó el religioso, mientras daba lectura a un comunicado en el que se plasma la posición de la Iglesia católica respecto al tema.
Escobar Alas enumeró una serie de razones por las que Funes debería vetar la ley (ver detalles en el recuadro).
“Es una falacia”
La Asamblea Legislativa aprobó esta medida con 45 votos. Escobar Alas calificó la aprobación del decreto y los argumentos dados por los legisladores para darle el visto bueno, como una “una verdadera falacia”.
“Estamos frente a una falacia porque cualquiera que lo escucha dice: ‘¡hombre, qué bueno, leer la Biblia!’ Y es bueno en verdad, ¿pero en qué circunstancias? Que se te imponga, que quien la lee sea de otra religión y que lea a un niño que no tiene criterio y se manipule. Es el peor de los proselitismos, totalmente injusto. ¡Que no lo quiera Dios!”, exclamó el líder religioso.
Escobar Alas dijo que, de ser sancionada la ley por parte de Funes, aún queda la opción de objetar el decreto ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia.
Si la Corte, al final, aprueba la medida, entonces buscarán “que no se cause tanto mal con esta ley, que los textos que se lean no sean discutidos”, agregó.
Moral y cívica
En lugar de imponer la lectura bíblica, el religioso sugirió que se retomara la materia de moral, que antes se daba como parte del plan de estudios básico. “Eso vendría bien para iluminar a la población de sus compromisos con Dios. Esto sí que ayudaría”, dijo.
El presidente Funes, la semana recién pasada, dijo que será la Sala de lo Constitucional de la Corte la que establezca si la ley es o no inconstitucional.
De no ser considerada inconstitucional, Funes se pronunciaría a favor de esta, porque, afirmó, abonaría al cese de la violencia.
El decreto aprobado por los diputados establece una breve lectura de la Biblia por las mañanas, a la cual no será obligatorio asistir, si los padres de los niños no están de acuerdo en que estos estén presentes.
2-ARENA prepara propio plan de voto residencial
La comisión de asuntos electorales que ha conformado ARENA está barajando apoyar la implementación del voto residencial en cuatro departamentos del país para las próximas elecciones municipales y legislativas de 2012.
“Creo que para esta próxima elección no se logra alcanzar a salir con todo el país, haciéndolo bien, y además no hay los recursos en el TSE. ARENA apoyaría un avance en el voto residencial, siempre que se haga de forma técnica y viable, con el trabajo de campo correspondiente”, declaró el director de asuntos electorales del COENA, Ernesto Muyshondt.
Chalatenango, Cuscatlán —departamento donde se desarrolló el plan piloto en 2009— y San Salvador también estarían dentro de las apuestas del partido tricolor. Los areneros buscan apostarle a departamentos con abundante población rural.
La propuesta todavía no está finalizada ni ha sido consensuada con todos los miembros de la comisión, pero todos coinciden en que apresurarán su plan porque el próximo año es la depuración y el cierre del registro electoral.
El magistrado de ARENA en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, explicó que no hay un acuerdo en firme, pero que la comisión está esperando un informe técnico que presentará un comité del tribunal para dar a conocer su propia propuesta.
ARENA va a apoyar para llevarlo a una escala nacional de aquí a dos elecciones. ARENA está para que se avance en este tema y hay que ver la realidad y las fuentes económicas para no hacer algo que solo ponga en peligro el sistema democrático del país”, aseguró el magistrado.
El FMLN ha llevado a la mesa del Tribunal un plan cotizado en $8 millones, que implicaría la instalación de 1,755 centros de votación, es decir, 1,294 más de los que se instalaron para las elecciones de enero y marzo de 2009.
“La contrapropuesta de ARENA se sustentará en el informe que está preparando el comité del TSE porque queremos tener argumentos técnicos para dar nuestra valoración sobre el plan del FMLN ”, según explicó Araujo.
Principio del formulario
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó la disposición del país para contribuir a las investigaciones sobre el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, detenido en Venezuela y requerido por Cuba, bajo cargos de terrorismo.
La agencia de noticias Prensa Latina retomó las declaraciones del funcionario, que se encuentra en Venezuela para participar en una cumbre regional de cancilleres. “Si el Gobierno venezolano requiere alguna información sobre los antecedentes de esta persona, con mucho gusto la podemos gestionar por los mecanismos diplomáticos”, dijo, según informó Prensa Latina.
La agencia precisó que, en declaraciones a Venezolana de Televisión, Martínez recordó que Chávez Abarca era buscado por Policía Internacional (INTERPOL) con alerta roja.
“El mensaje que envía su captura es que no importa a dónde vayan los terroristas ni cómo se presenten, siempre la mano de la justicia los va a alcanzar, los va a detener, los va a castigar”, aseveró Martínez, quien, según la noticia de Prensa Latina, felicitó la víspera a las autoridades y cuerpos de seguridad de la nación suramericana por el arresto.
Sospechan atentado
Mientras tanto, Venezuela prosigue las investigaciones sobre supuestos planes de Chávez Abarca, quien intentó ingresar a ese país con documentos falsos, lo que dio pie a su detención.
El Ministerio del Interior de Venezuela lo acusa de intentar iniciar una fase de atentados y provocar “hechos de desestabilización” contra el proceso electoral del 26 de septiembre.
El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo el sábado que, luego de la captura en el aeropuerto internacional de Maiquetía de Chávez Abarca, se iniciaron las indagaciones que permitieron determinar “las intenciones de su viaje a Venezuela”.
“Hasta el momento, según sus declaraciones, ha manifestado que su presencia aquí obedecía a iniciar una fase de atentados para provocar hechos de violencia y desestabilización en contra del venidero proceso electoral del 26 de septiembre”, dijo El Aissami.
En rueda de prensa, El Aissami añadió que para estas acciones ya había contactado con “grupos fascistas de la contrarrevolución, quienes colaborarían con estos propósitos oscuros”.
“Las investigaciones prosiguen y permitirán conocer quién o quiénes le pagaron a este terrorista, cuáles son los grupos de la contrarrevolución que están detrás de este criminal y qué otros propósitos pudiera implicar su presencia en el país”, dijo.
Venezuela ha dicho que piensa entregar al salvadoreño a la INTERPOL, la que lo trasladaría luego a Cuba, donde es requerido por cargos de terrorismo y se le vincula con al menos tres atentados.
4-Canciller salvadoreño está en Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, viajó la tarde del viernes a Venezuela. Pero su viaje no está vinculado a la captura dEl Salvadoreño Francisco Chávez Abarca, solicitado por Cuba bajo cargos de terrorismo y capturado la semana anterior cuando trataba de ingresar, con documentos falsos, a Venezuela.
La Cancillería salvadoreña no ha emitido ninguna reacción oficial, en el país, sobre la captura del salvadoreño.
En la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores la información más reciente disponible trata sobre el viaje del canciller Martínez a Venezuela, pero para asistir a la reunión de cancilleres de América Latina y el Caribe, que se celebra en dicha nación suramericana.
“Durante su visita, el jefe de la diplomacia salvadoreña participará, además, en encuentros que buscan intensificar el diálogo político y el fortalecimiento de la cooperación entre los pueblos de la región”, detalla el comunicado.
La información agrega que estaba previsto que el canciller salvadoreño sostuviera una reunión con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para suscribir un convenio marco de cooperación y un memorándum de entendimiento entre ambas naciones.
Hasta la fecha, el Gobierno salvadoreño no se ha pronunciado sobre la captura de Chávez Abarca, a quien se acusa además de ser un colaborador cercano del anticastrista Luis Posada Carriles. Venezuela ha dicho que entregará al salvadoreño a la INTERPOL.
5-MOP en aprietos para las emergencias
Cuando la nueva administración de Obras Públicas llegó y comenzó a haber demanda de maquinarias para la atención de megahoyos, cárcavas y deslizamientos provocados por las lluvias, las autoridades informaron que escaseaba la maquinaria.
La razón principal, adujeron, es que cuando se hizo la reforma del MOP, 667 máquinas salieron de la institución con diferente destino: algunos ministerios, ISDEM, entre otros.
Gerson Martínez, titular del MOP, lamenta la ausencia de esas máquinas en momentos en que más se necesitan, y justo cuando también un donativo de $15 millones en maquinaria, hecho por Japón, aún no llega al país.
“Lo que fue drenado es infinitamente superior, son 667 máquinas y resulta que ahora nosotros tenemos que estar apoyando a los gobiernos municipales”, dijo el funcionario.
A lo largo del primer año de gestión ha ido recuperando máquinas que estaban en posesión de gobernaciones y otros ministerios, como el de Agricultura.
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6-CEL apoyaría obras en el río Lempa
“Estamos explorando la posibilidad de que la estructura presupuestaria de CEL pueda tener una línea, una partida de inversión cada año”, afirmó Martínez.
Las obras que se llevarían a cabo, si se concreta la posibilidad, consisten en mantenimiento, limpieza, dragados, trabajos en bordas, mantenimiento sostenible de cuencas donde se hacen las descargas, además de trabajos de cubiertas vegetales.
Históricamente se conoce que cuando se hacen fuertes descargas de agua, la población del Bajo Lempa sufre las consecuencias de esas descargas.
El funcionario explicó que se está comenzando la exploración de esa posibilidad, pero ya han conversado con el presidente de la República, Mauricio Funes, y también con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
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7-Sánchez Cerén apoya Biblia en escuelas
El vicepresidente de la República y ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, avaló la aprobación de la lectura opcional de la Biblia en los centros educativos, previo a las jornadas escolares, aprobada por la Asamblea Legislativa el jueves pasado.
Dijo que la medida cumplirá la función de promover valores que fomenta la cartera que dirige en materia de generar ambientes armoniosos y de respeto mutuo entre los estudiantes. “Nosotros en la currícula incluimos contenidos que tienen que ver con los valores. Como ministerio y por ser ley estamos dispuestos a cumplirla. La espiritualidad es un valor”, aseveró.
Caso contrario a lo que opina el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien considera que la lectura promoverá la lucha de religiones, el vicepresidente se comprometió a establecer un trabajo conjunto con representantes de las iglesias católicas y evangélicas a través del Consejo Nacional de Educación, para no promover ninguna religión.
El Ministerio de Educación se comprometió a respetar a todos los padres de familia que no estén de acuerdo con que sus hijos participen en las jornadas. Para ello, deberán hacerle llegar a los maestros una carta donde expresen su decisión. Lo anterior, dice Cerén, se basa en el respeto al libre culto que promulga la Constitución de la República. Hizo un llamado a los profesores para que respeten el credo religioso de los alumnos.
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8-LACAP retrasa obras de reconstrucción tras lluvias
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) ha provocado retrasos en las obras de reconstrucción de infraestructura pública, necesarias tras los estragos que causaron en el país tormentas como Agatha y Alex, según reconoció el Gobierno y lamentaron empresas constructoras.
Fenómenos naturales como Ida, el año pasado, han dejado en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas, tanto por la cantidad de víctimas humanas como por los daños en puentes, carreteras y viviendas.
A la fecha, varias obras están pendientes, desde Ida, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atribuye los retrasos a los candados y tramitología que implica el cumplimiento de la LACAP.
El MOP lamenta que, tras encontrar fondos e idear proyectos de reconstrucción, estos no pueden ser ejecutados rápidamente, debido a la cantidad de trámites que la ley establece, por lo que el Ejecutivo ha aceleraro el proceso de modificación de la normativa.
Gerson Martínez, titular del MOP, admite que esto se ha convertido en un problema para su cartera estatal. Lamenta que aun con el dinero en mano la construcción de las miles de viviendas para damnificados de Ida, o los puentes y cárcavas que se desmoronan de a poco por las tormentas más recientes, no puedan ser construidos con urgencia.
“No es posible que sigamos teniendo una ley en la que hay declaratoria de emergencia o calamidad, y los ministerios declaran emergencia y para las contrataciones directas tengan que seguir 27 pasos, y no puedan hacer una contratación antes de 20 días o un mes”, dijo Martínez.
Para explicar la magnitud de las trabas legales que han encontrado, Martínez detalló que hay actualmente 83 proyectos de reconstrucción, derivados únicamente de los daños que dejó Ida el año pasado, que están varados en alguno de los 27 pasos que la LACAP establece, antes de poder ejecutarse.
El titular del MOP reiteró que están a favor de una reforma a la LACAP, que permita que la ejecución de obras públicas sea más expedita. Esta visión es compartida por gremiales que representan al sector privado, como la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO).
9-Venezuela continuará en el país la ejecución de "Misión Milagro"
Los gobiernos de El Salvador y Venezuela acordaron ayer extender la ejecución del programa conocido como Misión Milagro para intervenciones oftalmológicas, además de que Nora Uribe Trujillo fue nombrada embajadora de Venezuela en el país centroamericano.
La renovación del convenio de cooperación fue firmada ayer durante un acto oficial en la Casa de la Diversidad Cultural en Venezuela por los cancilleres Hugo Martínez (El Salvador) y Nicolás Maduro (Venezuela).
Tras la firma, el ministro Martínez destacó la "continua y permanente relación" entre ambos países.
Por su parte, Maduro dijo que "la solidaridad es el único camino que tenemos para construir una sociedad verdaderamente humana, que en Venezuela le llamamos socialismo".
Según fuentes oficiales, la Misión Milagro forma parte del "Compromiso de Sandino", asumido por Venezuela y Cuba en 2004 con el fin de atender anualmente a 600 mil personas con problemas oftalmológicos como la comúnmente llamada catarata. La meta de ese pacto, según las mismas fuentes oficiales, es atender para 2015 a unas seis millones de personas.
Según datos oficiales venezolanos, hasta el primer trimestre de 2009, han intervenido quirúrgicamente a unos siete mil 500 salvadoreños.
De acuerdo con las mismas fuentes, además de los salvadoreños han beneficiado a través de este programa, a pacientes de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua y México.
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10-Nombran embajadora DE VENEZUELA EN EL SALVADORPor otro lado, el gobierno venezolano anunció ayer la designación de su nueva embajadora en El Salvador. Se trata de Nora Uribe Trujillo.
Medios oficiales de la nación sudamericana confirmaron la designación que fue autorizada por la Asamblea Nacional.
Uribe Trujillo se ha desempeñado como embajadora de su país en varios países, entre ellos Paraguay y Costa Rica.
Se desconoce cuándo llegará la nueva funcionaria al país para tomar posesión del cargo, el cual ha sido desempeñado de forma interina por Vladimir Ruiz Tirado, Encargado de Negocios y del responsable de la Misión Milagro, Oldrim Porras.
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11-Cupo en las JRV se limita sólo a cinco partidos
Si hasta diciembre de 2011 no hay más sorpresas en cuanto a diputados independientes o movimientos ciudadanos formando partidos políticos, el TSE trabajará su logística con siete banderas políticas, que actualmente son las que están legalizadas en esa institución.
El Tribunal no modificará la representación que está cifrada para cinco partidos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El Presidente del TSE, Eugenio Chicas, admitió que dos no tendrán representación en la mesa, por lo que tendrán que sortear entre ellos mismos un espacio dentro de la JRV.
"Siempre se tendrán los mismos miembros de mesa, más un representante de cada uno de los partidos en calidad de vigilantes. Si son siete (partidos), quedarán dos por fuera", acotó Chicas.
La situación se complicaría aún más, en el caso que el TSE legalizara a tres movimientos que pujan actualmente por su personería jurídica para poder participar en la próxima contienda electoral. En ese caso, no serían sólo dos, sino cinco los partidos que deberán conformarse con fiscalizar el proceso sólo como vigilantes de la JRV.
Los que corren para constituirse como institutos políticos son: Fraternidad Patriótica Salvadoreña, que está pendiente por el momento de una resolución, según informó Chicas. El Partido Popular (PP), liderado por el diputado independiente Orlando Arévalo, aún en proceso de recolección de firmas, y el que encabeza el actual director de Protección Civil, Jorge Meléndez, denominado Partido Social Demócrata (PSD).
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12-CEPA adjudica contrato a sindicalistas
L a Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) acaba de contratar a tres empresas creadas por los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), para los servicios de estibadores, lo cual estaba contemplado dentro de las exigencias de los que se fueron al paro de labores desde el 24 de diciembre de 2009 al 5 de enero anterior, un bloqueo que dejó más de medio millón de dólares en pérdidas al país.
La licitación pública CEPA LP-25/2010, para la "Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicios portuarios en el Puerto de Acajutla, para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2010", fue adjudicada a las empresas Estibadores de El Salvador S.A. de C.V. (Estisal), Empresa Salvadoreña Portuaria de Acajutla S.A. de C.V. (Espac) y Servicios Portuarios Salvadoreños S.A. de C.V. (Serposal), inscritas en el Centro Nacional de Registros (CNR) en mayo pasado.
A mediados de junio, la Comisión de Evaluación (CE) nombrada por CEPA falló a favor de los sindicalistas, quienes, a su vez, marginaron a los afiliados que no los respaldaron durante el paro, quitándoles cualquier opción de trabajo en esta área.
Para poder declarar ganadores a los nuevos empresarios, según los representantes legales de Inversiones Servygra S.A. de CV, una de las dos empresas afectadas, las autoridades portuarias evaluaron erróneamente a los empleados de las operadoras portuarias, violando las bases de la licitación y llevándose por delante la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Ante ello, los empleados separados por el STIPES han pedido a las compañías que presenten los recursos de revisión conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley LACAP y el artículo 56 del reglamento de la misma, ya que se verán afectadas más de 200 familias.
Los ofendidos manifiestan que la CE no consideró la experiencia que poseen y los calificó muy por debajo de los porcentajes que habían contemplado. Una medida injusta que favoreció a todas luces a los nuevos ofertantes.
Una de estas calificaciones corresponde a un jefe de operaciones, que estaba considerado para obtener una nota promedio de 10, y la CE lo bajó a 5.5. Otros casos son los de supervisores generales, quienes estaban proyectados a recibir notas de 18.5 y, en detrimento, obtuvieron tres puntos menos.
Este recorte —dentro de las notas consideradas de 95.35— los dejó fuera de los 70 puntos requeridos en las bases de licitación, quedando fuera de cualquier elección para la Evaluación Económica.
A diferencia de los años anteriores, en los cuales CEPA evaluó la capacidad técnica de las empresas, este año evaluaron la capacidad del personal clave y operativo, y el que ha salido mejor evaluado es el agremiado al STIPES, siendo esta "una calificación sospechosa" —según los empleados separados— ya que uno de los funcionarios portuarios, del área de recursos humanos, se encargó de emitir "las cartas de experiencia" y también formó parte de la comisión evaluadora.
Los demandantes sostienen que se les evaluó de acuerdo con ponderaciones no establecidas en las bases de licitación. Ya que el desglose de los puntos asignados se hicieron de acuerdo con parámetros que no fueron establecidos en las bases.
En este sentido, "ante la falta de transparencia", recuerdan a las autoridades el Artículo 43 de la LACAP, el que establece que "previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, las que sin perjuicio de las leyes o reglamentos aplicables, constituyen el instrumento particular que regulará a la contratación específica. Las bases deberán redactarse en forma clara y precisa a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto de las obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ellas y sean presentadas en igualdad de condiciones".
Además, sostienen que el artículo 48 del Reglamento de la referida ley argumenta que "para efectuar el análisis de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá tomar en cuenta únicamente los factores y criterios indicados en las bases de licitación o de concurso. A cada factor deberá establecérsele los criterios de evaluación y su ponderación en forma clara, los que deberán ser objetivos, mensurables o cuantificables y no arbitrarios".
Juego socialista
Los empleados relegados sostienen que todo es producto de una promesa política del Presidente Mauricio Funes, quien en un mitin realizado en Acajutla, de cara a las elecciones, les "ofreció ayuda, pero no darles todo el control del puerto".
Esta valoración se complementa con los acuerdos pactados en enero anterior. Los sindicalistas habían demandado, en 2009, que CEPA tendría que comprometerse a contratar directamente en 2010 a sus agremiados, exigencia que la estatal, en su momento, no aceptó, lo cual desencadenó el paro.
En las negociaciones para levantar la huelga participaron el ex presidente de CEPA, Guillermo López Suárez; Francis Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos, y Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, llegando al acuerdo que tres operadoras portuarias abrirían espacios y contrarían a 410 sindicalistas.
No obstante, el STIPES, desde ese mismo momento, exigió que quería fuera del panorama a las operadoras y que fuera CEPA la responsable de la movilización de la mercadería.
Incluso, López Suárez reconoció que la directiva del STIPES pretendía elegir a los empleados que serían beneficiados con los puestos de trabajo. "Esa es la parte nueva que de repente se sacan de la manga de la camisa para hacer el paro", aseguró el ahora ministro de Agricultura y Ganadería.
Mas es el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), apéndice del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de El Salvador, quien deja claras las razones de la huelga, al asegurar que se trata de "un proceso de lucha para exigir al Gobierno que sea él (STIPES), quien a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), contratase directamente a los empleados que actualmente laboran para las diferentes operadoras subcontratadas por la misma CEPA y por nuevas contrataciones".
Dentro de sus consignas está "luchar por la estatización del Puerto de Acajutla y el control obrero del mismo", así como "exigir la expulsión de todos los burgueses que participan en el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN".
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