El ex presidente Cristiani sabía que iban a atentar contra el padre Ellacuría

Pruebas en su contra

El ex presidente Cristiani sabía que iban a atentar contra el padre Ellacuría

Ignacio Ellacuría (dcha.) y Alfredo Cristiani, cuando éste era presidente. / REUTERS

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· La Audiencia Nacional española tiene nuevas pruebas que señalan al ex presidente de El Salvador

Antonio Rubio | Madrid

Actualizado lunes 05/07/2010 02:55 horas

Han pasado más de 20 años del asesinato del padre Ignacio Ellacuría, ideólogo de la teología de la liberación, y de otros cuatro jesuitas a manos del Ejército de El Salvador y el cerco sobre los autores intelectuales de aquella matanza comienza a cerrarse.

Nuevas pruebas aportadas recientemente al magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por dos relevantes testigos señalan directamente a Alfredo Cristiani, que en noviembre de 1989 era presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país.

Esos nuevos testigos, que los días 23 y 28 de junio comparecieron ante el instructor de la matanza de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, son Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), y José Luis García, coronel argentino y perito militar.

Documento sobre una reunión del Estado Mayor de El Salvador en 1989

Los dos relevantes y prestigiosos testigos señalaron que Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador y jefe de las Fuerzas Armadas durante la matanza de los jesuitas (madrugada del 16 de noviembre de 1989), se dedicó a encubrir a los jefes y oficiales del Estado Mayor de El Salvador que dieron la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros jesuitas (Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno). En esa masacre también perdieron la vida Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de la Universidad, y su hija Celia.

Hay que recordar que los jesuitas Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno eran españoles y que el proceso contra la cúpula del Estado Mayor de El Salvador se abrió en la Audiencia Nacional después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano presentaran en noviembre de 2008 una querella contra todos los responsables intelectuales de aquella matanza por 'delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas'. La Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra los responsables intelectuales de aquella matanza.

Difícil proceso

Benjamín Cuéllar señaló ante el magistrado Velasco que el ex presidente Cristiani dio instrucciones claras y directas a la Justicia salvadoreña deencubrir a los militares que formaban parte del Estado Mayor de El Salvador. EL MUNDO ha conseguido una serie de documentos, manuscritos, de una reunión que mantuvo el Estado Mayor el día 15 de noviembre de 1989 a las 20,00 horas donde se recogen las acciones que se van a llevar a cabo.

En esos documentos se refleja como el general Larios indica, entre otras cuestiones, que "deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN (la guerrilla salvadoreña)". Más adelante, Larios informa a sus compañeros del Estado Mayor que "he manifestado al Sr. Pdte [presidente]: Cerramos un día el país al mundo, salvamos militarmente el problema y al día siguiente abrimos el país nuevamente al mundo".

Otro de los generales, Bustillo, recuerda que no pueden "permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones". El coronel Ponce también aporta su opinión en esa reunión: "Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN...". El coronel Zepeda, antes de actuar, pide que "Dios nos ilumine en esta acción".

Pruebas contundentes

Lo más significativo e interesante de aquella reunión y de los documentos que obran en poder de este periódico es que en esa especie de actas manuscritas se refleja, por parte del general Larios, que el presidente estaba al tanto de todas las acciones que se llevaron a cabo tanto el 15 como el 16 de noviembre de 1989. Larios indica: "Esta decisión se le va a consultar al Sr. Pdte de la Rep, lo vamos a invitar a que venga". El general Larios explica a sus compañeros del Estado Mayor de El Salvador que "si hay una contraorden después de consultar con el Sr. Pdte se os comunicará". Y el mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión reflejó que "no hubo contra orden" por parte del presidente.

El coronel argentino José Luis García, que actúa como perito militar, también ha declarado ante el magistrado Eloy Velasco que está convencido de que el presidente Alfredo Cristiani estaba al corriente de las órdenes y acciones que iba a llevar a cabo el Estado Mayor de El Salvador antes, durante y después de la matanza de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.

Por todas esas circunstancias y las nuevas pruebas aportadas a la instrucción del caso es muy probable que en las próximas fechas el magistrado Velasco, titular del Central 6 de la Audiencia Nacional, amplíe las imputaciones y que estas puedan llegar hasta el mismísimo Cristiani.

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Lunes, 5 de julio del 2010

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Hace pocos días, un exmilitar salvadoreño testificó ante la Audiencia Nacional. Antiguo mando del Ejército del país centroamericano, el testigo, que había llegado a España una semana antes para participar en el llamado caso Ellacuría, explicó, según fuentes cercanas al proceso, que la matanza del 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinados cinco jesuitas españoles –Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno–, un salvadoreño –Joaquín López–, la empleada de los religiosos –Julia Elba Ramos– y la hija de esta –Celina Meredith Ramos, de 13 años–, había sido planeada por las más altas esferas de un cuerpo castrense con un currículo repleto de violaciones a los derechos humanos. Un relato parecido había sido narrado antes por numerosos académicos, pero ahora lo ratificaba alguien de dentro del Ejército; alguien que antes, durante y después de la matanza estuvo donde se tomaron las decisiones; alguien que vio, escuchó, recibió órdenes y actuó. El caso acababa de dar un vuelco.

Un grupo de católicos portan un retrato de Ellacuría en una marcha de homenaje a los jesuitas asesinados, el 14 de noviembre en San Salvador. AFP / JOSÉ CABEZAS

El testigo, continúan las mismas fuentes, también habló de algo menos conocido: tras la masacre, cuando él llevó al Estado mayor una maleta con pertenencias de los jesuitas asesinados para entregársela a un superior, telefoneó el entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y se interesó por la matanza.

Una llamada de ese tipo, en ese momento justo, saltándose la cadena de mando (lo usual es que hubiese contactado con su inmediatamente inferior, el ministro de Defensa), podría denotar que el rol de Cristiani fue más allá del encubrimiento, permitiendo así que el juez Eloy Velasco, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, le incluya junto a los otros 14 denunciados, todos militares ya retirados, por la matanza en la residencia de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador de los jesuitas. Unos jesuitas adeptos a la teología de la liberación y partidarios del diálogo entre el ejército y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla y ahora partido político en el Gobierno, para acabar con un conflicto armado que entre 1980 y 1992 causó en torno a 75.000 muertes y 7.000 desapariciones.

LAS ÓRDENES DE ARRESTO

«Somos optimistas», dice Almudena Bernabeú, abogada del Center for Justice and Accountability (CJA), que junto a la Asociación pro Derechos Humanos de España interpuso la querella, admitida a trámite a comienzos del pasado año. Desde entonces, el juez Velasco ha enviado dos rogatorias a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; en la primera solicitaba las direcciones de los 14 denunciados; la segunda contenía un interrogatorio para los exmilitares; ninguna ha sido contestada de forma oficial. Ahora es distinto. Vaticina Bernabeú que gracias al nuevo testigo es más que probable que Velasco firme órdenes de arresto. ¿Cuándo? «No después de que acabe el año», responde la abogada, cuyo organismo ya ha derrotado a otros exmilitares salvadoreños en distintos juicios civiles –donde lo único que se dirimía eran las indemnizaciones a las víctimas– celebrados en EEUU.

«Entonces, cuando se dicten las órdenes de arresto –continúa Bernabeú–, se verá la voluntad política de Mauricio Funes». Funes, el actual presidente salvadoreño, ganó las elecciones del 2009 de la mano de los antiguos guerrilleros del FMLN. Su actitud ante el asunto es opuesta a la de su antecesor, Antonio Saca, del partido derechista Arena. Tras la apertura de la causa, Saca dijo que esta buscaba «abrir heridas del pasado» e incluso, según fuentes del caso, envió una comisión integrada por altos cargos de su Ejecutivo que trató de persuadir al Gobierno español de la inconveniencia de un proceso de este tipo. Funes, en cambio, condecoró a título póstumo a los seis sacerdotes asesinados. El acto, declaró, «significa levantar la alfombra de la hipocresía y limpiar la casa de nuestra historia reciente». Fue el 16 de noviembre del pasado año, en el 20º aniversario de la masacre, y el gesto prefigura que Funes encarará las hipotéticas órdenes de arresto de una manera distinta a como lo hubiese hecho el anterior presidente.

EXTRADICIONES

Pero una cosa es esposar a los denunciados, incluido el entonces ministro de Defensa –una imagen cuya fuerza simbólica, de producirse, convulsionará la política del pequeño país centroamericano– y otra, enviarlos a España para que se sienten en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Las extradiciones las decide la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, y a ojos de quienes conocen el equilibrio de fuerzas en este organismo judicial, los magistrados afines a la derecha, nada proclives a una decisión de este tipo, son mayoría. En El Salvador aún quedan cosas por cambiar.