Facultades okupadas y cada vez más protestas anti gubernamentales
por Santiago Igartúa
17 de noviembre de 2014
Estudiantes
de la Facultad de Filosofía en conferencia de prensa.
Foto:
Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Barricadas hechas con botes de
basura metálicos y llantas de camión quemadas, pintas en muros y señales,
ladrillos pulverizados en las calles, vidrios de botellas y del automóvil del
agente judicial que disparó en contra de su comunidad y un enorme operativo policiaco
en sus alrededores, son algunos de los vestigios del ataque del sábado que
hasta este lunes aún se encuentran en Ciudad Universitaria.
La entrada principal de la Torre de Rectoría está
bloqueada por tablones con consignas anarquistas, custodiada por una docena de
jóvenes, algunos con el rostro cubierto.
“Rectoría y Estado, terrorismo generalizado”; “Comunismo
o muerte”; “El Kaos comenzó. No hay vuelta atrás”; “Fuera Narro y Policía de la
UNAM”, se lee.
No se sabe cuánto tiempo pretenden mantener el bloqueo.
Inaccesibles los ocupantes a la prensa, se limitaban a informar que a las dos
de la tarde se realizaría una conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía
y Letras (FFyL), donde la vulneración policial a la autonomía de la UNAM, en
complicidad con autoridades universitarias, terminó con un balazo en la pierna
de un joven y cerca de 500 granaderos apostados en los accesos de la
Universidad Nacional.
En la entrada de la escuela, una “comisión de seguridad”,
identificados sus integrantes con paliacates verdes en los brazos, garantizaban
la seguridad de los reporteros en la puerta de la facultad. No así a las
afueras del auditorio Che Guevara y a la entrada de la Rectoría.
“Nosotros vamos a hablar como miembros de la asamblea de
la FFyL. Ellos (los jóvenes que se mantienen en el auditorio y la Rectoría),
son de otros grupos”, aclararon decenas de estudiantes de Filosofía y Letras
con credencial en mano antes de dar inicio a la conferencia, que improvisaron
desde un par de escritorios al pie de la facultad, como una muestra de “fuerza”
y en repudio a los acontecimientos “alarmantes” del sábado.
“Debido a lo abrupto de los acontecimientos tan graves
que acontecieron el fin de semana, y que lamentablemente se insertan en una
serie de violaciones a la autonomía y de hostigamiento contra el movimiento
estudiantil que se ha vivido durante las últimas semanas, decidimos lanzar esta
conferencia, pero no hemos tenido oportunidad de hacer asamblea, por lo que no
podremos responder a sus preguntas”, comenzó el estudiante Emiliano Castro.
Pasó la palabra a su compañero Alan Aguilera, quien
denunció hechos de hostigamiento previos en la facultad, hace un par de
semanas, durante una asamblea celebrada el jueves 30 de octubre en el jardín
Rosario Castellanos.
Ese día, los jóvenes descubrieron una serie de
“filmaciones ilegales de la autoridad contra las asambleas estudiantiles de la
FFyL de la UNAM, en el contexto del caso Ayotzinapa”.
A las 18:30 horas de ese jueves, relató Aguilera, se
percataron que desde el primer piso de la Torre I de Humanidades una cámara de
mano sobre un tripié apuntaba hacia su asamblea.
Notificaron lo sucedido a la directora de la Facultad, la
doctora Gloria Villegas, y consiguieron la cámara, inventariada por la UNAM.
Más tarde se enterarían que el secretario administrativo de la Facultad, Dr.
René Aguilar, habría dado la orden de poner la cámara. Al descargar su
contenido encontraron 34 videos de conferencias de prensa, asambleas y
encuentros entre estudiantes y autoridades, desde septiembre de 2013; 12
archivos sobre asambleas por Ayotzinapa y videos para vigilar el techo del
auditorio Che Guevara.
Al pedir una explicación a la dirección, cuentan los
estudiantes, el secretario administrativo argumentó que grababan para guardar
la integridad física de los estudiantes, “por si alguien se desmayaba”.
Ante los ataques a su comunidad, los jóvenes exigieron a
las autoridades “realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial
sobre los actos de vigilancia ilegal a los miembros de la asamblea,
respondiendo quién y por qué ordenó que sean grabadas las asambleas
estudiantiles y sus reuniones sin que la comunidad estudiantil tenga
conocimiento de ello; cuál es el objetivo y qué destino tienen las
grabaciones”, y sancionar a los responsables.
Exigieron también la renuncia de la directora de la
Facultad, Gloria Villegas; del secretario administrativo, René Aguilar; del
secretario general, Javier Torres y de otros dos empleados administrativos.
Federico Sánchez Arteaga, trabajador administrativo de la
FFyL y miembro del STUNAM, tomó la palabra:
“Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga. No
vamos a caer en los actos de provocación que sigue montando este gobierno, del
nivel que sea. No nos vamos a intimidar. Hasta que aparezcan nuestros 43
compañeros de Ayotzinapa. El movimiento sigue.
“Exigimos la defensa de la
autonomía universitaria. A todos los sectores que integramos esta universidad,
y la sociedad misma, le corresponde defender la autonomía universitaria que
tanto costó lograr”, concluyó el trabajador.
CIDH presente en caso de los 43 normalistas
La
CIDH se instala en México desde hoy
TELESUR TV - 18
noviembre 2014
La Procuraduría General de la República considera a
Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que
tuvieron lugar en Iguala, el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia
ahora es por crímenes anteriores.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que asesorarán en la investigación por los 43 estudiantes
desaparecidos en Iguala, Guerrero, tras una agresión policial, emitirán sus
recomendaciones en un plazo de tres meses.
“En los tres meses primeros ya tendrán que estar
emitiendo sus recomendaciones”, señaló el pasado lunes, Emilio Rabasa,
embajador mexicano ante la Organización de los Estados Americanos.
“Estas serán tomadas por el Estado para fortalecer sus
capacidades institucionales para enfrentar el delito de desaparición forzada”,
añadió.
El equipo de expertos tendrá un mandato de seis meses,
que puede ser renovable en acuerdo entre la CIDH, un ente autónomo de la OEA,
el Estado mexicano y las organizaciones civiles que representan a los
familiares de los jóvenes desaparecidos, señaló Rabasa. El acuerdo de
asistencia se oficializa este martes.
No deje de ver los rostros de los 43 normalistas
En tanto, un juzgado federal inició un proceso penal
contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. El Consejo Federal de la
Judicatura informó que se acusa a Abarca de delitos de delincuencia organizada,
el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La Procuraduría General de la República considera a
Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que
tuvieron lugar en Iguala, el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia
ahora es por crímenes anteriores.
Las autoridades federales de México aún no han
identificado a los responsables que trasladaron y desaparecieron a los 43
normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur).
La
CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo
deber es encargarse de defender y promover los derechos humanos, sin embargo,
en los últimos años, su rol ha sido cuestionado
por los Gobiernos progresistas en vista de su doble moral y su defensa
de los intereses estadounidenses. Sin embargo, se vislumbra como la única
opción de justicia para el caso Ayotzinapa, según los mismos familiares han
expresado.
Ayotzinapa: casi dos meses después la PGR inicia peritajes en
autobuses
Ezequiel Flores Contreras
17 de noviembre de 2014
Uno
de los autobuses donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Germán
Canseco
IGUALA, Gro. (apro).- La Procuraduría General de la
República (PGR) comenzó a realizar peritajes en los autobuses donde viajaban
los normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron masacrados y desaparecidos por
policías municipales de Iguala y Cocula en contubernio con sicarios al servicio
del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los peritos de la PGR realizan este trabajo a casi dos
meses de que se cumpla el asesinato de seis personas, entre ellos tres
normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes durante los ataques realizados
por uniformados y pistoleros durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre, informaron fuentes oficiales.
Durante un recorrido que Apro realizó este lunes en
Iguala, se pudo constatar que tres de los cuatro autobuses donde viajaban los
normalistas el día de los hechos trágicos, así como 32 patrullas de la policía
municipal de Iguala, permanecen en un corralón con razón social Meta, localizado
sobre la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Candelaria y a un
costado del canal del río San Juan, que atraviesa esta ciudad y pasa por
Cocula.
Los autobuses presentan impactos de bala en el parabrisas
y tienen las ventanas destrozadas, mientras que las camionetas de la
corporación policiaca se encuentran estacionadas en batería y acordonadas con
cinta amarilla.
Todos los vehículos están cubiertos con un polvo blanco
denominado resaltador magnético para detectar huellas dactilares en la
superficie de la carrocería y ventanas.
Desde hace tres días el lugar es resguardado por personal
de la Secretaría de Marina, mientras que los peritos de la PGR realizan
estudios de balística, criminalística, química, dactiloscopia y mecánica forense
al interior del corralón.
Lo anterior pese a que estos peritajes ya fueron
realizados por la Fiscalía General Estatal (FGE) luego de la masacre de
normalistas.
Las fuentes consultadas por Apro refieren que los
vehículos fueron trasladados a este corralón desde hace tres días, remolcados
por grúas.
Los autobuses en los que se desplazaban los normalistas
permanecían resguardados en las instalaciones de la sede de la Fiscalía General
Estatal (FGE), en la Zona Norte, ubicada sobre en las inmediaciones del centro
de esta ciudad.
En tanto que las patrullas de la policía municipal
estaban estacionadas en el cuartel de la Policía Estatal, ubicado a un costado
de la cárcel de Tuxpan, indicaron las mismas fuentes.
Al respecto, peritos especializados en criminalística señalaron
que los trabajos que realizan autoridades de la PGR son “a destiempo”, debido a
que las pruebas no son perennes y se trata de un trámite burocrático para
integrar el expediente.
“Una de las leyes máximas de la criminalística indica que
el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló un experto que pidió el
anonimato.
Fuentes: proceso
Mantienen barricada en entrada de Rectoría de UNAM
Por Emir Olivares Alonso l
17 nov 2014 La
Jornada
Jóvenes
que marcharon por lo ocurrido el sábado pasado contra un estudiante bloquean
desde ayer el acceso a la Torre de Rectoría de la UNAM. Foto: Jesús Villaseca
México, DF. Jóvenes que cubren sus rostros se mantienen
frente a la puerta de la Rectoría de la UNAM sin al momento dar razones para
ello.
Se trata de 15 personas que se instalaron en este lugar
desde ayer, luego de la “marcha por la defensa de la autonomía”, convocada a
través de redes sociales y a las que se sumaron unos 2 mil estudiantes de la
UNAM y otras casas de estudio para repudiar la incursión de la policía del
Distrito Federal a Ciudad Universitaria.
Los jóvenes con los rostros cubiertos han colocado
diversos objetos a modo de barricadas, como tablas, sillas, botes de basura,
señalizaciones de tránsito, entre otras. Además de que durante la madrugada
encendieron una fogata.
El sábado varios elementos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal ingresaron al campus universitario para tomar
fotografías de un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Al percatarse de ello, los universitarios reclamaron a
los elementos judiciales e intentaron perseguirlos, al verse casi casi
alcanzado uno de ellos accionó su arma de fuego e hirió a un joven en la
pierna. En principio las autoridades capitalinas dijeron que se trataba de un
investigación que los agentes realizaban debido a una denuncia por el robo de
un teléfono celular.
Los sujetos abandonaron un automóvil en el campus, donde
los jóvenes hallaron una credencial del agresor que lo acreditaba como elemento
de la Policía Judicial del Distrito Federal.
Esto causó que el mismo sábado, horas más tarde jóvenes y
granaderos se enfrentaran por varios minutos en las inmediaciones de Ciudad
Universitaria.
Esta tarde estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM citaron a una conferencia de prensa
para dar una posición sobre estos hechos.
Uruguay exige justicia en caso Ayotzinapa
TELESUR TV - 18
noviembre 2014
Desde Uruguay, los manifestantes “reinvindicaron la
garantía” real de que las pruebas genéticas se realice en otro país que no sea
México.
Cientos de uruguayos protagonizaron el pasado lunes una
manifestación en Montevideo (capital de Uruguay), para demandar justicia en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace siete semanas en la ciudad
mexicana de Iguala (estado de Guerrero, oeste).
La marcha fue convocada por la Federación de Estudiantes
Universitarios de Uruguay (FEUU) y bajo la consigna "Vivos los llevaron,
vivos los queremos", los manifestantes marcharon hasta la embajada de
México con el fin de expresar su apoyo a las familias de los desaparecidos.
Los manifestantes portaban las fotos de los 43
normalistas y carteles en los que se leían "Fue el Estado", "Si
los olvidamos ellos ganan" o "Nos duele México".
"Queremos que se haga justicia y (los estudiantes)
aparezcan con vida", indicó Matilde Cedero, representante de la
organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.
Desde Uruguay, los manifestantes “reinvindicaron la
garantía” real de que las pruebas genéticas se realice en otro país que no sea
México.
Se adhirieron a este contingente, grupos como el PIT-
CNT, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Comisión Nacional de
Organizaciones Sociales de Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de
Viviendas por Ayuda Mutuas (FUCVAM).
Incluso, se conformó el grupo de Uruguay por Ayotzinapa,
que se pronunció para que el Gobierno de México presente pruebas fehacientes
sobre lo que ocurrió con los jóvenes.
En
contexto
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas se
produjo el pasado 26 de septiembre tras una agresión policial en Iguala,
Guerrero. Desde entonces, México y otros países del mundo se han convertido en
escenario de multitudinarias manifestaciones para exigir su aparición.
Un grupo de manifestantes ha
atacado este lunes la sede regional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, en la ciudad Oaxaca (suroeste de
México) donde han llegado en el marco de su marcha nacional por los
desaparecidos.
Paro por normalistas bloqueará aeropuerto mexicano
TELESUR TV - 18
noviembre 2014
La Asamblea Interuniversitaria acordó en su plan de
acción por los 43 normalistas desaparecidos, tomar la terminal aérea
internacional del DF.
El paro nacional anunciado para el jueves 20 de noviembre
para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incluirá el
bloqueo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como una serie de
manifestaciones en diversas plazas del país.
Las brigadas informativas compuestas por familiares de
los desaparecidos y estudiantes de las normales rurales se congregarán ese día
en una gran marcha convocada por organizaciones sociales y diversas
universidades.
La movilización culminará en la Plaza de la Constitución
alrededor de las 19:00 horas locales.
La Asamblea Interuniversitaria acordó tomar la terminal
aérea de esta ciudad, “Este 20 de Noviembre #TodosVestidosDeNegro. Desde Baja
California hasta Quintana Roo, a la calle, al trabajo, a la escuela, en el
metro, en bici, en automóvil #TodosUnidosPorAyorzinapa”, se lee en la
convocatoria.
Está previsto un paro cívico
nacional el 1 de diciembre y la toma de la Ciudad de México para conmemorar el
centenario de la entrada de los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Ayotzinapa: El lado oscuro
Por Orlando Oramas León*
México (PL) México lindo y querido, reza con toda razón
la famosa ranchera, pero Ayotzinapa resulta un punto de la geografía de la
nación azteca que se ha convertido en el reverso de la moneda, el lado oscuro y
sangriento que hoy estremece al país.
Los sucesos de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes
de la escuela rural Normal de Ayotzinapa, municipio de Iguala, en el estado de
Guerrero, han removido el terreno político al presidente Enrique Peña Nieto e
impuesto en su agenda temas de ineludible enfrentamiento.
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre pasado la
policía de Iguala reprimió con saña a grupos de normalistas de Ayotzinapa,
incluido el ametrallamiento de autobuses en los que viajaban cuando intentaban
protestar contra un acto en el Ayuntamiento que presidían el alcalde, José Luis
Abarca, y su esposa.
En esos sucesos los uniformados incluso dispararon contra
un ómnibus que transportaba a un equipo de fútbol, con saldo final de seis
muertos, una veintena de heridos y 43 normalistas en paradero desconocido,
aunque ya se sabe que fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en
bolsas a un río.
Según informó el Procurador General, Jesús Murillo, el
alcalde Abarca dio la orden de detener y reprimir a los estudiantes, quienes
luego fueron entregados a la policía del contiguo municipio de Cocula.
Allí fueron puestos en manos de sicarios del grupo
criminal Guerreros Unidos, quienes los ultimaron a balazos en un páramo
contiguo al basurero de Cocula, donde, luego de apilarlos, les prendieron fuego
que alimentaron con llantas, plásticos, madera, Diesel y gasolina, desde la
noche del 26 de septiembre hasta la tarde del día posterior.
Por órdenes de uno de los capos de Guerreros Unidos, los
restos calcinados fueron triturados y recopilados en bolsas, que luego
arrojaron a las aguas del rio San Juan, según confesiones de varios de los
victimarios detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El 6 de octubre pasado, el presidente Peña Nieto dio la orden
de la intervención federal sobre los sucesos de Iguala, en la que participaron
más de 10 mil efectivos de la PGR, el Ejército, la Armada, Gendarmería Nacional
y otros entes nacionales y de Guerrero, cuyo gobernador, Miguel Aguirre, presentó
su renuncia semanas después.
Se trató de la mayor y más compleja operación policial en
la historia de México, aseguró el Procurador, para quien el caso sigue abierto;
y los jóvenes, oficialmente desaparecidos, hasta tanto se pruebe, con
evidencias, su muerte.
Ello ha sido imposible por el grado de deterioro de los
restos recolectados en el sitio de la ejecución e incineración, y en las bolsas
rescatadas del rio San Juan. Murillo explicó que se encontraron piezas
dentales, pero tan degradadas por el fuego que apenas tocarlas se convierten en
polvo.
Será imposible en México extraer el ADN a los restos
recolectados, por lo que se hacen gestiones con el laboratorio de una
universidad austríaca que dispone de la tecnología más avanzada para tales
efectos.
El caso sigue abierto, subrayó el titular de la PGR, que
ha detenido a 74 personas, entre policías, miembros de Guerreros Unidos e
incluso Abarca y su esposa, quienes estuvieron prófugos hasta su captura hace
unos días en una colonia de esta capital.
FOSAS CLANDESTINAS Y OTROS DESAPARECIDOS
La búsqueda de los de Ayotzinapa condujeron al
descubrimiento de una decena de fosas clandestinas entre Iguala y Cocula, con
restos de unas 38 personas, en los que trabajan peritos nacionales y forenses
argentinos.
Cuatro de esos restos ya fueron identificados, entre
ellos padre e hijo del estado de México, cuya última llamada a sus familiares
ocurrió en agosto cuando reportaron haber sido detenidos por la policía de
Iguala. También hay restos de mujeres en esas fosas, apuntó Murillo.
El funcionario aseguró que esos restos no son de los 43
normalistas, por lo que se impone la pregunta acerca de quiénes son estas otras
víctimas y quienes fueron sus victimarios. De acuerdo con las investigaciones,
la responsabilidad vuelve a vincular a la policía de Iguala con el crimen
organizado.
El caso Iguala ha provocado un despertar, sobre todo en
sectores estudiantiles y docentes, pero también en organizaciones sociales,
campesinas, religiosas y defensoras de los derechos humanos, en un momento en
el que para el gobierno su prioridad principal es implementar las reformas
estructurales adoptadas en los dos últimos años.
Iguala pone de relieve los temas de violencia,
inseguridad, corrupción y la penetración de niveles de Gobierno por el crimen
organizado, como lo evidencian los nexos que se presume mantenía el exalcalde
Abarca con Guerreros Unidos, dedicados al tráfico de amapola y marihuana.
Las críticas llueven dentro y fuera del país, que se
prepara para acoger los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe (del 14 al 30
de este mes) y la XXIV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno (los
días 8 y 9 de diciembre próximo), que tendrán como sede a la ciudad de Veracruz
en el Caribe mexicano.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido con
llegar hasta el fondo de la verdad sobre los hechos violentos en Iguala, pero
también anunció una convocatoria a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas
para un compromiso de Estado sobre los temas que hoy lesionan la vida nacional.
Al propio tiempo, en los partidos políticos tradicionales
se mueven fuerzas para certificar la limpieza de los candidatos a las próximas
elecciones de medio tiempo en el 2015, cuando se renovará la Cámara de
Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades y 993 alcaldías en
16 estados, entre otros cargos.
Pero el tiempo puede no dar para el creciente grado de
insatisfacción ciudadana, como alertó en estos días la reconocida periodista
Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y dirigente del Partido Revolucionario
Institucional, en el gobierno.
Entre tanto, el Presidente mexicano viajó a China y
Australia, una gira que recortó por los acontecimientos nacionales y en la que
participará en el Foro Económico de Cooperación Asía-Pacífico (APEC) y en la
Cumbre del G-20.
Durante una escala técnica en Anchorage, Alaska, el jefe
de Estado tuvo que hacer una declaración al país, de condena a hechos ocurridos
en el Zócalo de esta capital, donde grupos violentos quemaron una puerta del
Palacio Nacional.
Los suceso de Ayotzinapa no se pueden combatir con
violencia, alertó Peña Nieto, a cuyo Gobierno diversos sectores nacionales
reclaman acciones urgentes y sostenibles para lavar la cara al país y, más que
todo, para enfrentar la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y a
favor del respeto a los derechos humanos.
* Corresponsal de Prensa
Latina en México.
Padres de normalistas y Zapatistas acuerdan movimiento nacional
11/16/14 • CONTRAINJERENCIA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).-
Comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros de
la Junta de Buen Gobierno (JBG) acordaron con los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa y los padres y madres de familia de la Brigada Daniel Solís
Gallardo, articular juntos un movimiento nacional para exigir la aparición con
vida de los desaparecidos de México y los ejecutados de forma extrajudicial por
el Estado.
Tras un encuentro con zapatistas realizado el sábado por
la mañana, por la noche ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la cual dieron a conocer los
detalles de esa reunión y lo que harán en las próximas horas.
La reunión tuvo lugar en el Caracol de Oventic, en el
municipio de San Andrés Larráinzar, hasta donde llegaron también el
Subcomandante Moisés y el Comandante Tacho.
Ellos “abrazaron nuestra indignación y rabia, nos dieron
la mayor de las atenciones y expresaron su total disposición a apoyarnos”, dijo
Omar García, estudiante integrante de la Caravana.
El joven normalista aclaró que en la reunión, que fue
pública para todas las bases de apoyo zapatistas y que duró cuatro horas, “no
fueron los compañeros zapatistas los que nos buscaron a nosotros, fuimos
nosotros los que los buscamos, porque conocemos su posición política y sus
formas de trabajo.
“Ellos nos recalcaron desde el principio del encuentro
que no pretenden dirigir a nadie, es una posición que todos conocemos, y nos
dijeron que no pretenden darnos sugerencias ni lineamientos a seguir”.
Lo que sí nos sugirieron, explicó, “es que tenemos que
acudir a quienes al igual que nosotros han padecido la desaparición forzada y
asesinatos extrajudiciales que no son pocos en el país, porque son ellos los
que pueden entendernos y acompañarnos en nuestro dolor y lucha, y son ellos con
quienes podemos articular un movimiento, un núcleo más grande y poderoso con
todas la organizaciones sociales que quieran solidarizarse”.
Omar García dijo que uno de los objetivos de la Caravana
Nacional de Información es establecer diálogo y acuerdos con organizaciones
sociales con la finalidad de conformar un movimiento a escala nacional con el
objetivo de luchar ya no solamente por los 43 normalistas desaparecidos, sino
también por los demás, ya que las desapariciones forzadas se han convertido en
un problema nacional.
María Inés Abrajan, tía de Adán Abrajan de la Cruz,
indicó que en vista de que las autoridades se muestran incompetentes, les han
perdido la confianza, por lo que se vieron obligados a buscar el apoyo de la
sociedad civil y otras formas de lucha que les permita dar con el paradero de
sus hijos.
“Hemos venido hasta aquí porque el presidente de la
República y las autoridades federales no han podido o no han querido localizar
a nuestros hijos; ellos saben dónde los policías municipales se llevaron a
nuestros hijos, ellos saben dónde los fueron a dejar, a quién se los fueron a
dar”.
Dijo que el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, miente cuando dio a conocer que los normalistas fueron
asesinados, calcinados y arrojados al río, “porque las tres personas que
presentaron se ve que fueron torturadas, además en un diario de Chilpancingo
vimos que esas mismas personas ya habían sido detenidas con anterioridad antes
de que se llevaran a nuestros hijos”.
Los padres de familia
denunciaron que por buscar a sus hijos desaparecidos están sido hostigados y
amenazados por policías federales y estatales. Las amenazas también incluyen a
las organizaciones que los están apoyando.
MARCHARON EN SAN FRANCISCO (EEUU)
EN SOLIDARIDAD CON LOS 43 ESTUDIANTES DE ATYOZINAPA
FOTOS BILL HACKWELL para Resumen Latinoamericano
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ARGENTINA
CONVOCATORIA: A 10 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL ALBA
Ejecutores y protagonistas de Programas del ALBA-TCP en
Argentina
Panelistas:
• Claudia
Camba “Fundación UMMEP “Un Mundo Mejor
es Posible” Coordinadora de los
programas de cooperación Yo Si puedo y Operación Milagro
· Dr.
Sebastián Tiozzo “Integrante del
programa medico intercultural en la provincia de Misiones, fue médico
integrante del batallón 51 en Venezuela.
· Dra.
Lucia Coronel “Directora del Centro Oftalmológico Dr.
Ernesto Guevara” fue medica integrante del batallón 51 en Venezuela.
• Carolina
Silvestre (TELESUR Argentina)
• Paula Artesi (Escuela Latinoamericana de Medicina)
Entierro del ALCA y nacimiento del ALBA-TCP como eje de
Integración de Nuestra América
Panelistas:
•Jorge Taiana
•Fernando Buen Abad
• Atilio Borón
•Stella Caloni
Santa Cruz: Comienza Juicio a 5 trabajadores de la CTA
Este martes 18 de
noviembre comienzan las audiencias en el juicio contra cinco trabajadores
estatales en Santa Cruz, quienes llevan más de un año presos, acusados del
incendio de un establecimiento público en el marco de la lucha por aumentos
salariales. En la emisión de este lunes de Enredando las Mañanas dialogamos con
Susana Ancarola, miembro de ATE Sur, la Asociación de Trabajadores Estatales y
de la agrupación Rompiendo Cadenas. A continuación reproducimos su testimonio.
Por RNMA
Por ANRed - S (redaccion@anred.org)
MARTES 18 de noviembre de 2014
"Una de las cuestiones más preocupantes que
evidencia este caso es el de la criminalización de la protesta. Existe un 10%
de procesados del país en Santa Cruz y con un ensañamiento tal que ha tenido
como consecuencia la condena a perpetua de dos trabajadores. En este caso nos
encontramos frente a una condena de hecho, porque los compañeros hace más de un
año que se encuentran detenidos sin haber accedido a juicio. Asimismo, acumulan
tres negativas de excarcelación, que es un derecho constitucional y para el
cual hay jurisprudencia al respecto. No hay ningún motivo, excepto la cuestión
del ensañamiento y el intento de desbaratar cualquier posibilidad de lucha en
la provincia. Es lo único que justifica que los compañeros estén detenidos y
que no hayan podido acceder siquiera a la excarcelación y continúen presos.
Nos preocupa el inicio del juicio mañana (martes 18 de
noviembre) y por ello irá una comitiva para apoyar, integrada por Madres de
Plaza de Mayo Línea fundadora, compañeros de ATE y CTA y los gremios de la
zona, entre otros. Queremos que el tema se conozca, queremos darle difusión
porque, como siempre, es con unidad, con movilización y con lucha que vamos a
lograr que el Poder Judicial, que está muy lejos de representar a la justicia,
no termine condenando a esos compañeros injustamente en una causa que es, por
un lado armada, y por otro ni siquiera se siguió otra línea de investigación
que no sea la de inculparlos; y donde además hay por ejemplo testigos que ni
siquiera se encontraban presentes en el lugar donde sucedió ese incendio, lo
mismo que algunos de los imputados.
Ya es costumbre en la provincia armar causas ante
cualquier conflicto, además esta situación se cruza con la internas entre
distintos sectores del gobierno. Las víctimas siempre terminan siendo los
trabajadores. En este caso, se estaba llevando adelante un reclamo por los
sueldos, y se estaba dando por fin una paritaria. En Santa Cruz los
trabajadores estatales no ganan más de 4000 pesos (siendo que la canasta
familiar en el sur es del doble) y las empresas petroleras ganan millones por
minuto. Es en este contexto donde se produce el incendio que les sirvió para inculpar
a los compañeros. Insisto, algunos de ellos ni siquiera estaban presentes en el
lugar.
En el medio de esta situación también se intentó
presionar a los trabajadores para que aceptaran su culpabilidad para acceder a
la excarcelación, lo cual es como una extorsión. El hecho es que por dos veces
la jueza López Leston, quien era la jueza de Instrucción y luego el Tribunal
que tuvo el caso en apelación, se negó la excarcelación de los trabajadores.
Esto lamentablemente se está haciendo costumbre, la
semana pasada hubo dos o tres juicios en Buenos Aires relacionados a la
criminalización la lucha, la organización y también a los pobres por el sólo
hecho de serlo, quienes están en peores condiciones para afrontar cargos
legales injustos.
Es necesario la mayor unidad y organización para no dejar
que esto pase desapercibido; sabemos que la movilización y la solidaridad
ayudan para que la Justicia no pueda impunemente producir condenas de este
tipo.
Esta comitiva de la que
hablé al principio, que parte desde Buenos Aires, se movilizará al lugar del
juicio. El reclamo por los salarios de Santa Cruz nos compete a todos los
trabajadores, por eso estaremos parando y movilizando el día 20. La no
criminalización de la protesta, el no permitir que nos condenen por luchar es
una de las consignas principales. En Santa Cruz habrá, además, durante toda la
semana contingentes movilizados y acompañando el juicio".
Vaca Muerta: secuestran mapuches de la comunidad Maripe
Secuestran a mapuches integrantes de los Lof Campo Maripe
y Wirkalew en la provincia de Neuquén. Las comunidades vienen llevando una
serie de reclamos de sus tierras que se agudizaron con el descubrimiento y
explotación de Vaca Muerta por parte de distintas empresas, como YPF y Chevron
. El hecho sucedió ayer, 16 de noviembre, la Confederación Mapuche de Neuquén
denuncia que el autor es el presidente de la Comisión de fomento de Sauzal
Bonito, Zenon Vicente López. Reproducimos comunicado
Por ANRed - Sur (redaccion@anred.org
LUNES 17 de noviembre de 2014
Reproducimos comunicado:
URGENTE:
Mari mari kom puce: informamos que desde hace varias
horas, integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén, junto a integrantes
de los Lof Campo Maripe y Wirkalew, se encuentran secuestrados bajo las ordenes
del presidente de la Comisión de fomento de Sauzal Bonito, Zenon Vicente López,
y su secretaria, Beatriz Caihueque.
Los tienen encerrados en una picada en el medio del
campo. Nadie puede entrar ni salir. Han cerrado los caminos con las topadoras
de la comisión de fomento, y hombres armados vigilan estos
"piquetes"; además, la policía se ha retirado de lugar, liberando la
zona para la libre accion de estas personas, que repetimos, actúan bajo las
órdenes de Zenon Vicente Sandoval, presidente de la comisión de fomento.
Se está intentando tomar contacto con autoridades que
puedan enviar a la policía, para rescatar a los peñi y lamgnen, quienes están
literalmente secuestrados en el campo.
Es una situación muy grave, que hasta ahora no había
sucedido en ninguna parte del territorio; más teniendo en cuenta que se trata
de autoridades que manejan los parajes y las comisiones de fomento como si
fueran su estancia.
Confederación Mapuche de Neuquén
Contactos:
Oscar Ramirez 155-762909
Gimena Garrido 156 207770
Denuncian en Francia amenaza extraterritorial de fondos buitre
18 nov (PL)
La decisión de un juez estadounidense que pretende
obligar a Argentina a pagar una suma desproporcionada a inversionistas
especuladores constituye hoy día una amenaza a la soberanía de los Estados,
denunciaron en Francia varios expertos.
Recientemente el magistrado Thomas Griesa, de un tribunal
de Nueva York, condenó a Buenos Aires a acatar las exigencias de los llamados
fondos buitre, que habían comprado deuda pública a menos del 15 por ciento de su
valor real y ahora pretenden cobrarla de manera íntegra.
De acuerdo con el profesor emérito de la universidad
París 13, Pierre Salama, se trata de una decisión que rebasa el ámbito de un
diferendo entre un pequeño grupo de voraces acreedores y el Estado argentino y
constituye una amenaza real para todas las naciones.
Si el país sudamericano hubiese aceptado el dictamen
emitido por Griesa desde Estados Unidos, su soberanía habría desaparecido,
afirmó el especialista durante un debate acerca de este tema, realizado en la
Casa de la América Latina en la capital francesa.
Mientras, el economista Dominique Plihon, dijo que este
es un nuevo caso de extraterritorialidad jurídica perpetrado por la justicia
estadounidense.
Estados Unidos impone sus normas a los demás, a pesar de
que no toda la deuda argentina afectada por la demanda de los especuladores
está en ese territorio, dijo Plihon.
Recordó que el caso fue criticado en varias instancias,
como la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de
Derechos Humanos de Ginebra.
Entre 2005 y 2010 Argentina concluyó con éxito sendas
negociaciones y consiguió reestructurar el 93 por ciento de la deuda, lo cual
fue considerado como un hito en la historia de las relaciones económicas
internacionales.
Una mínima parte de los acreedores se negó a colaborar
con este proceso y luego puso una demanda para exigir el ciento por ciento del
valor de unos bonos adquiridos a precio ínfimo durante la crisis financiera de
los años 90, operaciones calificadas usualmente como fondos buitre.
El juez Griesa, en lugar de obligar a estos
inversionistas a aceptar las mismas condiciones que la mayoría, dictó sentencia
a su favor, lo cual suscitó un gran debate a escala mundial.
De acuerdo con Carlos Quenan, profesor de la universidad
Sorbonne Nouvelle, no se trata sólo del enfrentamiento de dos actores, pues en
las acciones depredadoras de los fondos buitre hay implicaciones que requieren
soluciones permanentes a nivel global.
Por otra parte, José Eduardo
Weisfreid, del comité directivo de la organización France-Amérique Latine,
señaló que la deuda pública argentina es una herencia de la dictadura militar y
del gobierno neoliberal de Carlos Menem, que sumieron a ese país en la pobreza.
Garzón quiere cerrar la web de la iniciativa "Garzón en
Argentina"
La Haine - 8/11/2014
Incluso tras su expulsión de la magistratura el ex-juez
de la Audiencia Nacional sigue en su línea de cerrar medios de comunicación
críticos
El ex-magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón, ha iniciado los trámites para pedir el cierre de la web de la
iniciativa argentina "Garzón en Argentina", en la que esta campaña
denuncia y documenta los abusos y las actuaciones contrarias a los derechos
humanos durante la carrera del ex-juez.
Garzón funadmenta esta actuación en que el dominio
baltasargarzon.es hace un uso indebido de su nombre. La web baltasargarzon.es
recoge investigaciones, datos, fuentes y elaboraciones de diferentes personas y
colectivos víctimas de violaciones de los derechos humanos vinculadas a
acciones y omisiones del ex juez Garzón.
Según denuncian desde la iniciativa "su expulsión de
la carrera judicial no ha sido impedimento para torcer su amplia trayectoria en
el cierre de medios de comunicación o la persecución a periodistas, aunque en
esta ocasión lo hace desde la debilidad en que se encuentra alguien cada vez
más abandonado por los referentes políticos de nuestro país que en otro tiempo
lo acogieron."
Los promotores de esta
campaña ya han habilitado una segunda web: www.noagarzon.org , en previsión de
que la web pueda ser cerrada proximamente, en la que se podrán seguir
consultando las informaciones que, como dicen los integrantes de esta campaña
"vienen a aclarar qué papel jugó y puede seguir jugando este represor
disfrazado de defensor de los Derechos Humanos".
Argentina. Una movilización popular desafía la explotación de una de
las zonas más biodiversas del planeta
17 NOV 2014 - Escrito por
Casapueblos
Una consulta en la provincia argentina de Misiones, en la
triple frontera con Paraguay y Brasil, rechaza con un 97% la construcción de
nuevas centrales hidroeléctricas y entregar a las multinacionales el control
del territorio
NAZARET CASTRO Posadas / Buenos Aires 17/11/2014
Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadoras de
Madres de Plaza de Mayo, también apoyaron la consulta popular.- MESA PROVINCIAL
DE MISIONES
El Gobierno les negó su derecho a decidir, así que ellos
decidieron organizarse por su cuenta. Medio centenar de organizaciones sociales
de la provincia argentina de Misiones, en la Triple Frontera con Brasil y
Paraguay, convocaron a los 1,2 millones de misioneros a pronunciarse sobre la
construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la provincia. El resultado
de la consulta popular, que tuvo lugar entre el 20 y el 26 de octubre, fue
rotundo: cerca del 97% de los votantes expresaron su rechazo a las presas.
Los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas
repartieron cerca de mil urnas por toda la provincia; las urnas móviles
llegaron a los barrios más recónditos. La votación, popular y no vinculante,
reclamaba el derecho de la población misionera a decidir sobre el futuro de la
provincia, e instaba a cumplir la Ley Provincial nº 56, por la que, en 2011, el
Gobierno provincial se comprometió a realizar un plebiscito antes de construir
una nueva presa. Esa consulta no se ha convocado, a pesar de que avanza el
proceso para la construcción de los embalses de Garabí-Panambí sobre el río
Uruguay, en la frontera con Brasil. También avanzan los planes del Gobierno
para construir sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, la presa de
Corpus Christi, pese a que en 1996, el 90% de los votantes misioneros
convocados en plebiscito la rechazó; de ese contundente resultado surgió una
ley que prohíbe la construcción de la presa. Así que el interrogante que pende
sobre los misioneros es, ¿de qué sirve la ley cuando contraría los intereses de
los poderosos?
"Garabí-Panambí beneficiará a las corporaciones
brasileñas de la construcción", asegura Eduardo Luján, uno de los
militantes fundadores de la Mesa. En su opinión, el interés en Corpus es más
complejo: responde a la necesidad de hacer navegable el río Paraná, en el marco
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), diseñada para hacer más competitivo el transporte de
mercancías destinadas a la exportación.
"Les arrebataron sus tierras. Hoy viven en barrios
con tasas de paro que rondan el 80%"
Las nuevas presas llegan con la promesa de empleo y
progreso, y bajo la amenaza recurrente del apagón energético; pero en Misiones
esos argumentos ya no consiguen adeptos. Tienen la experiencia de la central
hidroeléctrica de Yacyretá, cuya construcción se inició en 1983. Treinta años
después, más de mil personas afectadas por las inundaciones siguen esperando
una indemnización. Miles de familias fueron desplazadas y perdieron sus fuentes
de subsistencia: vivían del río, como pescadores, oleros ─fabricantes de
ladrillos─ o lavanderas; hoy subsisten con las políticas asistencialistas del
Estado. "Les arrebataron sus tierras, y con ello se rompieron las redes de
solidaridad vecinales: hoy viven en barrios carenciados con tasas de desempleo
que rondan el 80%", sostiene Gabriela Melot, docente e integrante de la
Mesa. "El eje es la lucha por el territorio: el sueño de legar a los hijos
esas historias, esos lazos comunitarios que están inscritos en la tierra",
recuerda Sergio Alvez, responsable de comunicación de la Mesa.
En Posadas, la capital de Misiones, creen que las presas
les arrebataron también el poder disfrutar del río, y que eso no lo compensa el
mastodóntico paseo litoral que acaba de construir el Estado. Algunos recuerdan,
incluso, que su dieta ha cambiado porque hay menos pescado y que la llegada de
mano de obra extranjera ha fomentado la prostitución. Pero la palabra más
repetida es desarraigo. En Puerto Azara, una de las localidades que serían
inundadas si sale adelante el proyecto de Garabí-Panambí, los lugareños ya
afrontan una situación de total incertidumbre y denuncian que las autoridades
no dan información. Fue aquí donde nació, hace unos seis años, el germen de lo
que después sería la Mesa Provincial, de la mano de María Alvez, una mujer que
decidió pelear para no repetir la historia de desplazamiento que vivieron sus
padres. Porque, como señala una desplazada por Yacyretá, "¿Quién me paga
el desarraigo, el dolor del alma? Eso no tiene precio".
Hoy, la Mesa Provincial No a las Represas está formada
por medio centenar de organizaciones de muy diversa índole: sindicatos, grupos
religiosos, asociaciones de docentes, pueblos indígenas. Esa diversidad
constituye, en sí misma, una prueba de lo que corroboró la consulta: que la
amplísima mayoría de los misioneros no quieren megapresas en la zona.
Cajas empleadas para la consulta en Azara, el pueblo más
afectado por la presa - MESA PROVINCIAL DE MISIONES
"¿Energía
o alimentos?"
No faltan razones para rechazar estas construcciones: la
injusticia de las familias desplazadas, la pérdida de las economías locales,
los impactos ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta.
"La Organización Mundial de la Salud dice que las presas en zonas
tropicales y subtropicales son una bomba de tiempo ambiental", explica
Nora Dedieu, miembro de la Mesa y delegada del sindicato ATE. Este sindicato,
cuenta Nora, entendió que "sin territorio, mal vamos a pelear por el
trabajo". El avance del pino y otros monocultivos y los embalses que ya
están funcionando han reducido al mínimo las tierras fértiles destinadas al
cultivo de alimentos. Porque en la provincia de Misiones, ese paraíso natural
que alberga las célebres Cataratas del Iguazú, donde la tierra es de un color
rojo rubí que se confunde con el verde intenso de la selva, hace tiempo que la
industria forestal compite por el territorio con la agricultura.
En ese contexto, muchos activistas de la Mesa saben que
es necesario avanzar más allá del rechazo y visibilizar alternativas. Han
trabajado junto con organizaciones ecologistas y expertos en la elaboración del
documento Escenarios energéticos 2030. Aportes para un debate nacional, en el
que apuestan por la biomasa, las turbinas en saltos de agua ─sin represar─ y
las energías eólicas y fotovoltaica. Pero van más allá: "No es posible
funcionar sólo con este tipo de energías alternativas dentro de este modelo
productivo; pero muy distinto sería si apostamos por un proyecto diferente,
como la agroecología. Debemos reivindicar lo pequeño: las iniciativas locales
de producción y energía alternativa; hay que ser coherentes: no podemos
plantear las energías alternativas si seguimos con este modelo
consumista", afirma el activista y fotógrafo Rulo Bregagnolo.
Los
desafíos
Les sobran los motivos y los argumentos legales, pero la
asimetría de fuerzas es brutal: de un lado, organizaciones sociales
invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación; del otro, los
gobiernos nacional y provincial y las poderosas multinacionales de la
construcción y
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