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por Alfonso J. Palacios Echeverría.
Jueves, 09 de Enero de 2014 04:07
¿Existe alguna posibilidad de fraude electoral en las próximas
elecciones del 2 de Febrero? Todo indica que sí existe, sobre todo
cuando ya se tienen algunas experiencias “sospechosas”, por decir lo
menos, de las elecciones que supuestamente ganó Oscar Arias Sánchez...
El fraude electoral es la intervención deliberada en un proceso electoral con
el propósito de impedir, anular o modificar los resultados
reales. Existen diversas técnicas practicadas para ejecutarlo, a
continuación se mencionan algunas (Wikipedia):
- Suplantación del elector, consiste en que otra persona vota en lugar del elector, por ejemplo, personas que han fallecido.
- Coacción o presión al elector para impedirle que libremente elija el candidato o una opción propuesta. Una forma es el acarreo de votantes, o traslado de personas, por parte de dirigentes políticos, al colegio electoral con el fin de que depositen el voto a su partido.
- Compra de votos.
- Robo de ánforas o paquetes electorales antes de que sean debidamente computados.
- Adulteración de las actas de la elección modificando los números de sus resultados reales.
- Sustitución de paquetes electorales, actas, etc.
- «Embarazo de urnas», es decir, introducción de fajos de boletas previamente votadas en la urnas para inflar la votación de una candidatura, partido u opción electoral.
- Caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente.
- Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad.
- Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del fraude electoral.
- Intervención del Gobierno, para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta.
- Control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo.
- Uso de la fuerza pública contra los inconformes.
- Manipulación de los sistemas de cómputo.
- Soborno de las personas que cuentan los votos.
- Voto cadena. Permite la compra de votos, el primero que entra a votar, pone otro sobre (no el autorizado, sino uno cualquiera) probablemente ese voto quedará impugnado, pero se lleva consigo el sobre válido. Luego introduce en él una boleta de su partido y lo cierra bien, luego puede organizar una cadena de votos asegurándose que son a su favor, aunque haya cuarto oscuro. A cada persona, le ofrece alguna recompensa, si trae el sobre vacío a cambio de llevarse el sobre lleno. De utilización frecuente en zonas de bajos recursos donde punteros políticos organizan la cadena.
¿Existe alguna posibilidad de fraude electoral en las próximas elecciones del 2 de Febrero?
Todo indica que sí existe, sobre todo
cuando ya se tienen algunas experiencias “sospechosas”, por decir lo
menos, de las elecciones que supuestamente ganó Oscar Arias Sánchez, y
los incidentes en la consulta popular para la aprobación del Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos. Todo lo cual está ampliamente
documentado, así como “la vista gorda” del Tribunal Supremo de
Elecciones, en ambos casos. Sin embargo, por “la forma de ser del
costarricense” las cosas quedaron allí, nadie dijo nada más, no hubo
protesta ni levantamiento alguno de índole popular, y aquí paz y allá
gloria.
Aún más, el partido gobernante, que se
encuentra actualmente acorralado según las últimas encuestas, no dudaría
de recurrir a una artimaña como ésa, ya que lo precede una larga cadena
de actos de corrupción, delictivos y reñidos con la ética, en
muchísimos campos relacionados con el manejo de la cosa pública.
¿Cuáles serían los peligros de un fraude electoral?
El primero sería el golpe mortal a la
democracia costarricense, en quien ya nadie creería en adelante, excepto
los que expresen con cinismo absoluto la transparencia inexistente del
proceso. Luego, el desprestigio total de un Tribunal Supremo de
Elecciones, de quien se dice que obedece las órdenes del PLN, o por lo
menos así lo perciben muchas personas en este país, por sus actuaciones
pasadas.
En tercer lugar, que el grupo que haya
sido perjudicado con estas artimañas, se levante a protestar, de forma
pacífica, ordenada pero contundente, paralice el país, y la situación de
le complique al actual gobierno; o que se solivianten de manera
violenta, contestataria y descontrolada, con las represalias
consecuentes (la Presidenta Chinchilla demostró desde el primer día de
su gobierno que no le tiembla el pulso para enviar a las calles a la
fuerza pública a reprimir las protestas populares) y todo se salga de
control.
En cuarto lugar, el desprestigio
internacional más evidente, quedando al nivel de países como Nicaragua,
en donde el partido gobernante controla todos los poderes públicos y sus
actuaciones adolecen absolutamente de legitimidad, perdiéndose la
autoridad moral que sustenta en cierta forma las acciones y posturas en
foros internacionales.
Y por último, el sembrar en la mente de
los jóvenes y las personas de buena voluntad la desilusión y la
desesperanza de poder salvar al país de las garras del mercantilismo
neoliberal, a quien no le ha temblado la mano para vender a pedazos el
país. Así como confirmar de manera rotunda la debilidad mental de las
masas, (que generalmente caen en el engaño impulsado por los políticos,
sus partidos y quienes les apoyan en espera de compensaciones
económicas), si no se levantan de su postración y reclaman sus derechos.
¿Existen sistemas adecuados de administración y operaciones electorales?
El fraude abierto, así como los
problemas operativos, pueden resolverse mediante buena administración
supervisión, sobre todo si hay una planeación adecuada y si se
desarrollan sistemas que usan mecanismos de revisión y supervisión, los
cuales podrían incluir:
- mecanismos adecuados de inventario y de control para materiales electorales - durante su entrega, almacenamiento, distribución, uso en las mesas de votación y recuperación;
- rastreo de las papeletas mediante mecanismos tales como talones foliados durante su entrega, almacenamiento, distribución y recuperación de las mesas electorales. Verificar la cantidad de las papeletas durante la votación para asegurarse de que no falten ni sobren. En Filipinas la cantidad de papeletas se revisa cuando se entregan a los votantes y nuevamente antes de que la papeleta doblada se introduzca en la urna;
- tener copias de la ley electoral y de los procedimientos electorales en cada mesa de votación;
- usar sellos numerados en las urnas y asegurar que las cantidades sean anotadas por los trabajadores de las mesas, los monitores de los partidos políticos y en el registro oficial de la votación. Otros sistemas emplean mecanismos tales como el hecho de que todos los presentes firmen en la cinta adhesiva empleada para sellar la urna;
- tener trabajadores electorales competentes y bien capacitados y una persona calificada para actuar como el funcionario electoral en jefe para cada sitio de votación que supervisa el voto, toma todos los pasos necesarios para asegurar que haya una conducta ordenada en la mesa electoral, y que asegure que la votación y el conteo en el sitio electoral sea libre y justo;
- asegurar que el acceso a la mesa de votación esté limitado a los empleados electorales, a los observadores y monitores acreditados y a los votantes registrados. Se niega el acceso a las mesas electorales a cualquier persona cuya conducta no fomenta las elecciones libres y justas, y si es necesario, se llama a los oficiales de seguridad para sacar a los alborotadores de las instalaciones;
- contratar empleados electorales neutrales o no partidistas. En la mayoría de los sistemas, los trabajadores electorales no son candidatos ni funcionarios de partidos políticos y no tienen autorizado portar emblemas, colores o marcas que identifiquen a partidos políticos;
- usar un contrato de empleo escrito con los trabajadores electorales que incluya sus tareas exactas, los requisitos éticos para el trabajo (imparcialidad, honestidad, cortesía) y el sueldo para que no haya confusiones ni malos entendidos;
- colocar a la vista del público las listas de los electores registrados antes de la jornada electoral para que los electores puedan identificar sus nombres y asegurarse de no haber sido inadvertidos o deliberadamente excluidos de las listas. Esto da a los administradores electorales tiempo de enmendar el error o los procedimientos para permitir que estos electores sean incluidos en la lista el día de la votación; y
- colocar una mampara para la privacidad del voto en las mesas electorales.
¿Estaríamos hablando de corrupción electoral?
En un pequeño documento del IIDH se
señalan algunas ideas interesantes. Se dice allí que debe entenderse por
corrupción electoral todo acto o procedimiento que atente contra el
legítimo y libre ejercicio del derecho de sufragio, que por lo general
se traduce en una alteración y adulteración de la auténtica voluntad de
los electores y en un falseamiento de los resultados electorales.
La palabra corrupción deriva del latín
corruptus, que significa descomposición, podredumbre o desintegración.
Modernamente y en un sentido muy general, la corrupción se puede definir
como el uso ilegítimo del poder del Estado, establecido para satisfacer
el interés general o bien común, con la finalidad de obtener un
beneficio o provecho personal o de favorecer o perjudicar a terceros. Se
trata, así, de la corrupción pública o política, de la que participan
tanto agentes del Estado como los particulares. La corrupción electoral
es una especie de la anterior y hermana de otra especie muy extendida y
objeto de caudalosos estudios: la corrupción administrativa o
burocrática.
La corrupción electoral conspira contra
la pureza del sufragio, concepto que sintetiza todas las virtudes del
voto democrático, el cual descansa en dos valores fundamentales: la
libertad del elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio. Cuando
quiera que se violente o manipule la libertad del elector en la
expresión de sus preferencias políticas, o se adultere el cómputo de los
votos válidamente depositados en las urnas, las elecciones se
desnaturalizan, se desvían de su recto propósito para quedar reducidas a
una farsa, a un montaje que, al limitarse a guardar simplemente algunas
formas exteriores, a lo sumo cumple con otorgar una precaria
legitimación al gobierno que de ellas emana.
La corrupción electoral en un régimen
democrático representativo es, siempre, una grave patología que afecta
al sistema político en una de sus instituciones más sensibles: la
institución del sufragio. Son múltiples los daños que la corrupción
electoral puede ocasionar al sistema: entre otros, frustra la voluntad
mayoritaria de los electores, perjudica los derechos legítimos de un
candidato y de un partido político, corroe los hábitos en que se funda
la honestidad política, genera desconfianza y apatía hacia las
instituciones democráticas y, por una conjugación compleja de estos y
otros factores, puede fácilmente desencadenar la dinámica conducente a
una crisis de legitimidad del sistema político.
No debe confundirse corrupción electoral
con delito electoral. Se discierne la corrupción no por referencia a la
ley penal (como es el caso de los delitos), sino por referencia a unos
valores acerca de lo que la colectividad considera que es correcto en la
contienda electoral, valores cuyo reconocimiento social les hace
constituir un código de ética política. En tanto que toda falta o delito
electoral es transgresión de la legalidad, la corrupción electoral es
transgresión de un conjunto de normas más extensas que la ley,
implícitas ciertamente en la legalidad reinante, pero que están
inscritos, además, en las doctrinas de cada ideología política y en un
sentimiento colectivo de moralidad.
La corrupción electoral se refiere a
conductas que transgreden principios y valores desarrollados en el
ámbito de la cultura política, razón por la cual la noción de corrupción
electoral se encuentra más directamente relacionada con la educación y
el ambiente político de cada sociedad, con sus hábitos y costumbres, que
con el Derecho Positivo. Es la conciencia colectiva sobre la corrección
política y el normal funcionamiento de la democracia la que sanciona
determinados comportamientos como corruptos, y no la ley ni el juez.
En principio, podría parecer que el
concepto de corrupción electoral pertenece exclusivamente al ámbito de
la moralidad pública o colectiva, motivo por el cual las faltas
únicamente son objeto de sanciones morales. En cambio, es claro que el
delito electoral pertenece íntegramente al ámbito del Derecho Penal,
porque se trata de una conducta tipificada como contraria a la ley
penal, que es como tal enjuiciable y, en caso de demostrarse
responsabilidad, desencadena la aplicación de una pena. Sin embargo, las
fronteras entre estas dos nociones, corrupción electoral y delito
electoral, no siempre son suficientemente claras. La no penalización de
determinadas prácticas corruptas podría obedecer a un margen de
tolerancia social frente a prácticas o irregularidades que se consideran
hasta cierto punto benignas e inevitables y, por tanto, tolerables. Lo
cierto es que no todos los fenómenos de corrupción electoral están
tipificados en los ordenamientos penales. La ley penal tan solo se ocupa
de algunas conductas corruptas, aquellas que ocasionan mayor daño
social.
En realidad es poco lo que la
legislación penal puede hacer para reprimir la corrupción electoral. La
corrupción desborda ampliamente su articulado, así este se multiplique
en tipos penales y acentúe el rigor de las penas. El sistema político,
que vive en una cierta ambigüedad en cuanto se refiere a las formas
tradicionales de hacer política, no suele contar con la voluntad
requerida para expedir estatutos draconianos en materia penal electoral,
y se inclina por una actitud de tolerancia e hipocresía. De otra parte,
rara vez se enjuicia a alguien por haber incurrido en un delito de
naturaleza electoral.
Más eficaz en la lucha contra la
corrupción electoral es toda acción que se cumpla en el cultivo de la
moralidad pública y el desarrollo de la transparencia de los procesos
electorales. En la lucha contra este mal podemos esperar mejores
resultados de un tratamiento no penal del fenómeno, consistente en
medidas tales como: educación ciudadana, mecanismos de participación
democrática, procedimientos de impugnación de las elecciones ante
autoridades administrativas y judiciales, aplicación de sanciones de
naturaleza política (la anulación de la elección, la inhabilidad
permanente para aspirar a cargos de elección popular) a los políticos
que incurran en prácticas contrarias a la moralidad electoral.
Una advertencia a la ciudadanía.
Estas elecciones han resultado inéditas,
con relación a los porcentajes que acumulan los partidos políticos
entre las personas decididas a votar, según las encuestas publicadas, y
el porcentaje de los indecisos y de los que se abstendrán. Se sospecha
que cada grupo alcanza hasta un tercio del padrón electoral. Ello
permite múltiples dificultades para siquiera sospechar cuál será el
resultado de las próximas elecciones. Cada quien es responsable de su
propia decisión, y los demás deberemos respetarla sin chistar.
Pero todos debemos estar atentos a las
posibles “jugarretas” que pudieran presentarse el día de la votación y
los siguientes, y estar dispuestos a defender nuestro derecho y no
permitir que las mafias que controlan algunos partidos políticos
desprestigiados intenten corromper el proceso.
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