Justicia venezolana acusa a 18 funcionarios por diversos delitos de corrupción

El Ministerio Público (MP) acusó ayer lunes al ex presidente de la CVG Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, por hechos de corrupción. "Sabbagh fue acusado por peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y otros delitos", anunció ayer lunes vía Twitter la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El pasado 7 de junio un representante del Ministerio de Industrias denunció al ex presidente de Ferrominera por usar para otros fines recursos destinados a proyectos del Plan de la Patria Guayana y para el mantenimiento de plantas de Pellas, Briquetas y de Procesamiento de Mineral de Hierro. Cinco días después, Sabbagh fue detenido en Caracas. A Sabbagh se le acusa de participar en el desvío presupuestario de 295 millones de bolívares (46,8 millones de dólares). Por otra parte, el Tribunal 11º de Control del Zulia dictó medida de privativa de libertad para dos ex jefes y nueve funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), tres fiscales de cedulación del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos registradores civiles y una mujer por presuntamente forjar y otorgar documentos de identidad a extranjeros. El pasado miércoles 21 de agosto efectivos del Sebin y de la Inspectoría General del Saime detectaron varias irregularidades, entre ellas forjamiento de cédulas de identidad y falsificación de partidas de nacimiento a extranjeros durante inspecciones realizadas a las oficinas de ese servicio de identificación. En vista de la situación, los funcionarios fueron detenidos tras órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del Ministerio Público y acordadas por el mencionado Tribunal de Control. Un boletín de prensa señala que en la audiencia de presentación fueron imputados los ex jefes del Saime, Orlando Terán y Renny Mavárez, por presuntamente incurrir en delitos de corrupción propia continuada, asociación para delinquir, otorgamiento irregular de documento de identidad y forjamiento de documento público. El mismo procedimiento fue aplicado a los supervisores de trámites del Saime, Roberth Vílchez, Antonio Acosta, Ninoska Araujo, Renield Guerrero, Luis Gastelboldo, Gregori Graterol, Elvenis Arregoces, Claudio Reyes y a la funcionaria Yenith Labarca por su presunta responsabilidad en los delitos antes mencionados. En ese sentido, también los representantes del Ministerio Público imputaron por los referidos delitos a los fiscales de cedulación del CNE, María Perozo, Freddy Bermúdez y Antonio Pineda, por su presunta participación en el hecho. Del mismo modo, fueron imputados los registradores civiles Yeneli Cuentas y Luís Ramírez, quienes habrían incurrido en los delitos de corrupción propia continuada y asociación para delinquir. Por último, los fiscales imputaron a Liliana Castillo por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción propia continuada, asociación para delinquir y obtención ilegal de utilidad en actos de la Administración Pública, pues presuntamente solicitaba dinero para tramitar la entrega de documentos de identidad. El Tribunal 11º de Control del Zulia fijó como lugar de reclusión el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de El Marite, ubicado en Maracaibo.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (Martes 27/08/2013)