El contencioso que Ecuador tiene con la petrolera estadounidense Chevron, que data desde hace casi veinte años por haber contaminado esta la Amazonía ecuatoriana, amenaza con un resultado desfavorable para el país latinoamericano, si este permite que el pleito tenga continuación en EEUU.
Resulta
que el 18 de octubre de 2012, en el marco de procedimientos legales
paralelos relacionados con el caso, el juez estadounidense Lewis Kaplan
fijó para el 15 de octubre de 2013 el inicio del juicio de Chevron Corp.
contra el Gobierno ecuatoriano.
La
petrolera estadounidense alude a un fraudulento litigio judicial en su
contra orquestado por el Estado ecuatoriano; mientras que el Gobierno de
la nación andina a un intento por parte de Chevron de eludir el pago de
19 000 millones de dólares por la contaminación citada inicialmente que
la justicia ecuatoriana dictaminó en 2011.
En
una entrevista la semana pasada con periodistas nacionales e
internacionales, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, aseguró que
Chevron puede hacer pedazos a la parte ecuatoriana en EEUU pues la
petrolera tiene mucho poder económico e influencias en su país.
Valga
como testimonio de ello la inversión de más de cuatrocientos millones
de dólares y más de novecientos abogados al servicio de la compañía
estadounidense para evitar el pago por daños ambientales. Además cuenta
con más de treinta grupos de presión.
“Hay
gente pagada que habla con los senadores para que (por ejemplo) nos
quiten las preferencias arancelarias… Nos pueden hacer mucho daño en
EEUU…”, dijo Correa tras mencionar una de las tantas formas en que la
petrolera podría actuar en su contra para eludir sus responsabilidades.
El
jefe de Estado ecuatoriano es consciente de que la actual coyuntura
internacional está en función de los grandes capitales y que la defensa
de sus intereses está por encima de la de los Estados. Esta es la razón
por la que no cree que los centros de arbitraje en EEUU favorezcan a la
parte ecuatoriana.
“Los
centros de arbitraje son una farsa completa, donde los árbitros van y
vuelven a las transnacionales, donde se disputan quienes tienen más
clientes, porque los árbitros ganan por casos…”, denunció el presidente
de la nación andina.
Añadió
que para esos centros el no declararse competente significa perder
doscientos mil, trescientos mil dólares en honorarios. Por eso “el mejor
negocio es declararse competente para todos los casos, se gana más
dinero”, dijo Correa.
Por
ejemplo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
las Inversiones (CIADI) se declaró competente para analizar el caso
Chevron en base al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Sin
embargo, este acuerdo supranacional entró en vigencia en 1997. Y Texaco,
ahora Chevron, dejó de trabajar en 1992.
“Están
aplicando retroactivamente el tratado, así el mayor incentivo para el
(CIADI) es declararse competente para ganar más dinero”, dijo el
mandatario ecuatoriano.
Por
esa razón, continuó Correa, es necesario crear centros de arbitraje
regionales para garantizar los derechos de los seres humanos, de los
Estados, algo así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
San José de Costa Rica, en donde primero se tiene que agotar las
instancias jurídicas del país respectivo, lo que no ocurre con los
existentes centros de arbitraje.
Actualmente,
mediante una página web especial denominada Juicio Crudo, Chevron
arremete contra Ecuador desprestigiando su sistema judicial para
desconocer el fallo en su contra, acusando al Gobierno del país
suramericano de manipular tribunales.
“Estos
señores fueron tan descarados que pusieron un juicio diciendo que
tenían vídeos donde veían al secretario jurídico de la presidencia
(Alexis Mera) con un juez, (pero) nunca lo presentaron, porque todo fue
una mentira”, aseveró Correa.
El
presidente ecuatoriano se refirió a la denuncia presentada el 2 de
septiembre de 2009 por el abogado y representante de la petrolera,
Thomas F. Cullen, quien sostuvo que tenía información relacionada sobre
el juicio ambiental que colonos de la Amazonía ecuatoriana seguían
contra Chevron en la Corte de la provincia de Sucumbíos.
“Acaba
de ser desestimada esa denuncia, que es maliciosa y temeraria porque
nunca presentaron las evidencias. El corrupto y corruptor ha sido
Chevron y están comprando otros jueces: se los llevan con visa a Estados
Unidos a vivir allá, para que declaren a favor de ellos, comprando
conciencias. Los representantes de Chevron quisieron comprar al
Gobierno, a la justicia, pero sin lograrlo”, dijo Rafael Correa.
Cabe
recordar que el mencionado contencioso tuvo inicio el 3 de noviembre de
1993 en Nueva York tras la primera demanda presentada por indígenas de
la Amazonía ecuatoriana contra la Texaco Petroleum Co., que pasó a
propiedad de Chevron Corp. en 2001 al parecer para continuar operando en
suelo ecuatoriano y evadir sus responsabilidades bajo el lema “borrón y
cuenta nueva”. Pero el gobierno ecuatoriano no se comió el cuento.
Texaco
es acusada de contaminar gravemente la Amazonía ecuatoriana en el
periodo comprendido entre 1964 y 1990, con desechos de petróleo vertidos
principalmente en perjuicio de las minas a cielo abierto, además de
afectar suelos, riberas fluviales y la salud de los habitantes de la
zona.
El
14 de febrero de 2011, el presidente de la Corte Provincial de
Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, sentenció a Chevron a pagar 9500
millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño
ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas
de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.
Además
el juez impuso una sanción punitiva que consistía en que Chevron
pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de quince días
posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se
incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición,
ahora la petrolera debe a los afectados más de diecinueve mil millones
de dólares.
rz/as
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