 Los maestros de
Panamá ensenan el camino de lucha contra la
privatización de la
educación
Inmediatamente
después de la derrota de la revolución
centroamericana (1990-1992) comenzó una brutal
ofensiva neoliberal en la región, privatizando bienes
y servicios estatales, entres estos la educación y
la salud.
En estos últimos 25 años, con altos y bajos, hemos asistido a constantes luchas de los trabajadores del sector público, en defensa de estos dos vitales servicios públicos. La crisis fiscal y el endeudamiento de todos los Estados de la nación centroamericana, ha acrecentado esta nueva oleada privatizadora. El pretexto es que no hay dinero.
En Guatemala, la
lucha por más presupuesto para la Universidad
San Carlos (USAC) es parte de la lucha contra la
privatización, ya que al no contar con el
presupuesto necesario, comienzan los cobros. Lo mismo ocurre
con la nueva Ley de Educación
Superior en Honduras que reduce el rol de la
Universidad Nacional de Honduras (UNAH).
Algo similar ocurre con la Universidad de
El Salvador (UES) que sufre una embestida
privatizadora por parte del gobierno de Funes y del FMLN.
En Nicaragua y Costa Rica la proliferación de
universidades privadas dejo reducidas las universidades
estatales a un mínimo vital.
Pero esta
ofensiva neoliberal también ataca a la
educación media o secundaria. En todos nuestros
países se disminuyen los presupuestos a la
educación secundaria, so pretexto de priorizar la
educación primaria. En resumen, los gobiernos
cipayos quieren un sistema educativo que prepare mano de
obra para las maquilas, que sepa cobrar las facturas del
sector turismo y establecer una educación superior
elitista y excluyente.
En este
contexto, los maestros de Panamá iniciaron el 30 de
julio una dura huelga contra el Decreto No
920 que creaba el Sistema de Gestión
de Centros Educativos de Formación Integral,
que es una privatización parcial de la
educación pública a nivel
secundario.
Al comienzo de
la lucha hubo desconcierto y hasta división en los
gremios magisteriales. El gobierno de Martinelli, a
través de la ministra de educación, Lucy
Molinar, en momentos de conflicto utiliza la táctica
distractora de las “mesas de diálogo”,
para evitar que la mayoría de maestros se sumen a la
huelga
Pero la
realidad es más fuerte que las maniobras del
gobierno. La huelga fue creciendo conforme pasaron los
días, arrastrando a los padres de familia de las
provincias más pobres. El 7 de Agosto, la
Asociación de Profesores de la
República de Panamá (ASOPROF)
anunció la extensión de la huelga por
48 horas más. La Coordinadora de Unidad
Magisterial (CUM), aunque está de acuerdo en
la derogación del decreto No 920, mantiene una
posición conciliadora con el Ministerio de
Educación (MEDUCA). El conflicto se ha
tornado tan intenso, que la Defensoría del Pueblo se
ha ofrecido como mediadora.
En un acto
desesperado, la ministra Molinar ordenó, mediante
edicto, la destitución o despido del profesor
Andrés Rodríguez, dirigente de ASOPROF, lo
que provocó que esta organización y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SINTE), prolongaran el paro y
realizaran una consulta con las bases, sobre los mecanismos
para enfrentar la contraofensiva del gobierno de
Martinelli.
La
presión de la huelga magisterial, a pesar de la
labor divisionista del gobierno, dio resultados: el 9 de
agosto la ministra Molinar anunció por la radio la
derogación del Decreto No 920, pero todavía no
ha salido publicado en La Gaceta. A pesar del retroceso del
gobierno, los gremios magisteriales se mantienen
todavía en pie de lucha hasta que se oficialice esta
nueva victoria del magisterio panameño, exigiendo el
reintegro de los dirigentes despedidos.
Los
trabajadores centroamericanos debemos sacar conclusiones y
asimilar la experiencia de lucha de nuestros hermanos y
hermanas de Panamá, un pedazo indisoluble de la
nación centroamericana.
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Por la reunificacion socialista de la Patria Centroamericana!
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