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Cunegunda
Peña, de 77 años, sostiene la foto de su hijo, Manuel Martínez Peña,
desaparecido en 1977 presuntamente por unidades policiales. Crédito:
Edgardo Ayala/IPS
SAN SALVADOR, 20 jun 2013 (IPS) -
El ejército salvadoreño llevaba un detallado registro fotográfico de
izquierdistas detenidos o buscados durante
la guerra civil (1980-1992), un documento que ahora es el único
testimonio en causas judiciales por torturas y desapariciones forzadas
perpetradas por las fuerzas de seguridad.
Activistas
de derechos humanos señalaron a IPS que, además de las pruebas de los
delitos, también se confirmaría los vínculos que muchos aseguran
existieron entre el ejército y los escuadrones de la muerte, dado que
varios detenidos incluidos en el dossier fueron desaparecidos
posteriormente por esos grupos paramilitares de ultraderecha.
El
documento castrense, con nombres y fotografías de 1.975 personas
calificadas de “delincuentes terroristas”, lleva por título de “Libro
Amarillo” y fue presuntamente elaborado por la jefatura militar, pues en
cada una de las 270 páginas aparecen inscritas las siglas del Estado
Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA).
“El
libro demuestra que eran ciertas todas las denuncias que hicimos, de
que los cuerpos de seguridad y el ejército estaban detrás de las
desapariciones forzadas, operando como escuadrones de la muerte”, señaló
a IPS la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), Guadalupe Mejía.
“A
los que capturaban, les tomaban una foto antes de asesinarlos, de allí
que el Libro Amarillo es una evidencia fiel de las ejecuciones sumarias
del ejército, que
operaba como escuadrón de la muerte”. Carlos Santos.
El
Libro Amarillo fue encontrado hace unos tres años, escondido en un
recoveco de una casa en San Salvador, por alguien que se estaba mudando.
IPS y el diario mexicano La Jornada tienen una copia del informe.
Carlos
Santos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Sobrevivientes de
Tortura (ASST), dijo que unas 250 personas que la Comisión de la Verdad
de la Organización de las Naciones Unidas investigó como víctimas de
desapariciones forzadas están en el documento, confirmando que en algún
momento fueron detenidos por unidades
militares o policiales.
“Recoge
nueva evidencia de que militares del ejército fueron quienes capturaron
(a los desaparecidos). Todos sabíamos que eran ellos, pero no había
evidencia”, destacó Santos a IPS.
Aparte
de pruebas testimoniales y documentales que confirmó en los años 80 ese
nexo, no se había conocido hasta ahora de un informe militar oficial
que reafirmara ese vínculo.
El
informe “confidencial” está fechado en julio de 1987, pero
contiene nombres de detenidos en las dos décadas anteriores, por lo
cual se cree que ese año es cuando se hizo la última actualización.
El
Salvador vivió una brutal guerra civil desde 1980 a 1992, cuando el
entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno de entonces del
derechista Alfredo Cristiani.
Se calcula que 75.000 personas murieron y que unas 8.000 permanecen
desaparecidas, víctimas en muchos casos de los temibles escuadrones de
la muerte que intentaron frenar con brutales asesinatos, desapariciones
forzadas y distintas
modalidades de torturas el avance del movimiento insurgente.
Muchas
de las fotografías del informe revelarían que han sido tomadas en los
cuarteles militares o policiales, pues las imágenes mantienen el mismo
patrón de personadas arrimadas a un muro, desaliñados, con la mirada
angustiada y hasta golpeados.
Se
cree que otras provienen de documentos de identificación obtenidos por
la inteligencia militar en algún registro municipal, y también hay
algunas captadas con cámaras provistas de lentes teleobjetivo cuando a
las víctimas se les perseguía de modo encubierto.
El
informe militar incluye a los máximos dirigentes del FMLN, quienes eran
los más buscados, así como a intelectuales de izquierda y a obreros,
campesinos, sindicalistas y demás dirigentes sociales de la época, todos
considerados “terroristas” por las autoridades.
“El
libro evidencia que estas personas fueron capturadas por los cuerpos de
seguridad y luego torturadas. Se llenó un archivo y optaron por
desaparecerlas, o sea asesinarlas”, y ocultar sus cuerpos, dijo a IPS el
director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.
Artículos relacionados
El
dossier registra casos como el de Abel
Enrique Orellana, incluido en la lista de desaparecidos de Codefam y
que está en el Libro Amarillo, un estudiante de medicina que fue
capturado el 18 de agosto de 1981 por unidades de la Guardia Nacional
cuando tenía 25 años de edad.
IPS
cotejó más nombres del listado de Codefam y de otras organizaciones con
el proveniente del ejército. Así se pudo ver la coincidencia de nombres
como el de Ana Elizabeth Alvarado García, desaparecida en junio de
1982, el de Julio César Ávalos Hernández, en noviembre de ese mismo año,
o el de Felipe Oswaldo Ayala Portillo, en julio de 1983, entre muchos
otros.
Algunos
lograron
sobrevivir a la captura y confinamiento en oscuras celdas, como sucedió
a Cunegunda Peña, una mujer ahora de 77 años que fue capturada el 9 de
marzo de 1977 por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Nacional,
unidades desmontadas tras los acuerdos de paz por su vinculación con
violaciones a los derechos humanos, al igual que la Policía de Hacienda.
Los
agentes, contó Peña a IPS, irrumpieron ese día en su casa en busca de
sus tres hijos, quienes ya estaban organizados en las Fuerzas Populares
de Liberación, una de las cinco guerrillas que conformaban el FMLN, hoy
un partido legal que sustenta la Presidencia de Mauricio Funes.
“Como
no están tus hijos, te vamos a llevar a vos”, narró Peña que le dijeron
los agentes. Al llegar a la sede de la Policía Nacional, la
fotografiaron y por eso ella aparece en el Libro Amarillo. Pasó seis
meses encarcelada, pero finalmente fue dejada en libertad.
“Oía
gritos cuando estuve presa, como si estuvieran descuartizando a gente”,
contó. Uno de sus hijos, Manuel Martínez Peña, permanece desaparecido
desde junio de 1980, por lo cual se presume que fue finalmente capturado
y ejecutado.
Los
activistas entrevistados por IPS sostuvieron que la amnistía suscrita
en 1993, un
año después de firmado el acuerdo de paz, impide que la justicia
persiga a los responsables de violaciones a los derechos humanos
perpetrados en la guerra civil.
Sin embargo, ya hay antecedentes de jefes militares juzgados en el extranjero por ser los responsables de esos hechos.
En 2002, los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, ambos
ministros de Defensa en los años 80, fueron declarados culpables por un
tribunal estadounidense por prácticas de torturas cometidas por
unidades bajo su mando contra tres salvadoreños. Fueron condenados a
pagar 54,6 millones de
dólares.
El
actual ministro de la Defensa, general José Atilio Benítez, no atendió
los múltiples llamados de IPS para indagar si el documento pudo haber
salido de alguna oficina de esa cartera.
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