Ayer en la tarde, mientras el Parlamento celebraba una de sus últimas sesiones plenarias de la presente legislatura, se consumó una etapa más del golpe gradual y sistemático contra el Estado y sus instituciones.
La actual legislatura nació a la sombra de amenazas y provocaciones hacia el primer órgano del Estado por parte de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que de manera insistente cuestionaron de hecho las potestades y capacidades que la Constitución otorga a la Asamblea Legislativa.
Aquellas confrontaciones, producto de la resistencia del órgano legislativo a abdicar del poder que constitucionalmente le ha sido otorgado, agudizaron el conflicto interinstitucional.
A la base de aquellas disputas se encuentra el pecado original de esos cuatro magistrados, quienes fueron elegidos sin la escrupulosidad y asepsia política que, desde entonces ellos mismos exigen del resto de funcionarios de segundo grado, y en general de los empleados y funcionarios públicos.
Luego de un periodo de relativa calma, que perfectamente podemos adjudicar a una actitud serena y dialogante, pero de respeto estricto a la Constitución, por parte de la Asamblea, es a partir de los procesos electorales de los últimos dos años que los cuatro magistrados volvieron a avanzar en su intento de avasallar atribuciones de otros.
El recientemente electo TSE fue en su momento la víctima propiciatoria para continuar los pasos en el camino hacia un gobierno autoritario de los jueces. Cambiando las reglas de juego de manera extemporánea, los cuatro de la Sala pusieron en jaque el sistema electoral, construido en base a consensos emanados de los Acuerdos de Paz de 1992.
A pesar de esas circunstancias, a pesar de haber pasado por encima de atribuciones propias de la Asamblea Legislativa y de la máxima autoridad en materia electoral, los cuatro jueces de la Sala, desoyeron incluso la prudente advertencia del voto razonado del presidente de la CSJ.
El TSE, contra el tiempo y en condiciones adversas, acató las disposiciones del órgano judicial. Hasta que, en la segunda parte de esta novela de enredos promovida desde esa Sala, se colocó al TSE entre la espada y la pared, obligándolo, a golpe de resoluciones, a desarrollar nuevos recuentos de votos en tiempo record y sin recursos, invalidando al mismo tiempo, la autoridad conferida por el pueblo a través de sus representantes, a los jueces del TSE.
La aceptación de los magistrados del TSE de las medidas ordenadas por la Sala como resultado de la aceptación de amparos de varios candidatos inconformes con sus resultados electorales, fue la excusa para que la Sala -instrumental a los intereses de ARENA y otros sectores oligárquicos de El Salvador- pudiera pasar a una ofensiva mayor en contra de la institucionalidad democrática, que se venía consolidando desde la última década del siglo pasado.
Si utilizamos insistentemente como referencia el marco de los Acuerdos de Paz de 1992, es porque parecen ser esos acuerdos, sobre los cuales se asienta la consolidación gradual del proceso democrático nacional, el objetivo final de estos cuatro magistrados.
Es pues, hacia el desmontaje de esos acuerdos hacia donde parecen apuntar las líneas de acción de los sectores más retrógrados de la sociedad, para los cuales la Sala de lo constitucional constituye una herramienta esencial en la ejecución de sus planes.
La incapacidad arenera para revertir procesos políticos democráticos encuentra en la Sala su mejor relevo.
El segundo gran golpe a la democracia, y a las instituciones elegidas por voluntad popular de manera directa, se materializó el martes 28 de abril de 2015, al promediar la tarde.
La resolución de dar por no cumplida la orden anterior girada al TSE (que resultaba, por otra parte, materialmente imposible de cumplir) desembocó en la ocurrente decisión de intentar impedir que los 24 legisladores electos por San Salvador asuman sus cargos el 1 de mayo próximo.
Tal decisión constituye no solo una intromisión directa en los asuntos propios e indelegables de la Asamblea Legislativa, sino la violación al principio constitucional de independencia de poderes.
Se trata pues de querer obligar a la Asamblea Legislativa a obrar en contra de los dictados de la Constitución, ponerla de rodillas ante esa Sala espuria, de origen ilegítimo, y con ello asumir de hecho las funciones que la Constitución no le concede.
En su delirio, los magistrados hablan de “presuntos diputados”, así como ante el TSE mencionaron las “actas provisionales” de diputados. Términos que podrían parecer salir de las creativas mentes de los cuatro ilustres, aunque parece más probable que sean otros, con más poder real, quienes muevan los hilos de cuatro títeres.
El problema que plantea la Sala al Estado es de una gravedad inusitada y sin precedentes en la vida democrática del país. Lo hacen, además, cuando El Salvador vive momentos de enorme tensión en su lucha contra el crimen organizado de todo tipo. Es decir, cuando los tres órganos de gobierno deberían trabajar más unidos que nunca, en un frente común contra quienes causan dolor y muerte entre nuestro pueblo.
En tales circunstancias, la actitud de esos cuatro magistrados equivale a un acto de traición a la confianza que el pueblo tiene hacia instituciones, en las que espera ser defendido y protegido.
Por el contrario, la sociedad solo encuentra en estos cuatros elementos, vivados y vitoreados por el resto de instrumentos de la oligarquía, incertidumbre, caos, y -de cumplir la Asamblea con sus caprichos- manipulación del poder en favor de unos y en contra de otros.
Ayer mismo, antes de dar a conocer su nefasta resolución, ya habían roído un poco más de nuestro sistema democrático al destituir a otro funcionario electo por la Asamblea Legislativa, declarando inconstitucional la designación de Tito Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, por no haberse demostrado (supuestamente) su no pertenencia a algún instituto político.
La demonización del sistema de partidos, el fomento del apartidismo en la sociedad, la injerencia en las atribuciones de otros órganos de Estado. Todo, de conjunto, forma parte de una clara ofensiva contra las instituciones democráticas; no olvidemos tampoco las veces que esos mismos cuatro se atrevieron a “corregir la plana” al mismísimo Procurador de DDHH (otra figura resultante de los Acuerdos de Paz).
Así se comporta la mayoría de esa Sala, como jueces absolutos e infalibles, pero siempre al servicio de otro poder, oscuro, en las sombras, y permanente: el de la oligarquía, que desde que perdió su control absoluto sobre la administración del Estado en 2009, trabaja incansablemente para retornar a los viejos tiempos.
Y es, precisamente en eso, que consiste el golpe de Estado técnico denunciado: en impedir los avances de las transformaciones sociales, asfixiar la gobierno financieramente para impedir el cumplimiento de sus compromisos, hacer fracasar al Ejecutivo en sus políticas de seguridad y, sobre todo, fomentar el descontento de la población hacia sus gobernantes y legisladores.
A la vez, esos cuatro de la Sala, se cuidan muchísimo de lo que la opinión pública pueda decir, y en función de ella (con el apoyo de sus medios amigos) pretenden legislar a golpe de sentencia y resolución.
Pero un golpe es un golpe, sea técnico o militar. En este caso lo dan los jueces con la complicidad de Aliados por la Democracia, ANEP, FUSADES, FUNDE, sectores hegemónicos de ARENA, y los medios de comunicación al servicio de la oligarquía, como cómplices necesarios para mantener en silencio la denuncia y la protesta.
Así actúan hoy los medios de prensa escrita. Anunciando, no sin alegría, algo que desean, pero que no están seguros que se cumplirá, que la Asamblea Legislativa no se instale con sus 84 diputadas y diputados el próximo 1 de mayo. No hacerlo sería doblar la rodilla ante el juez autoritario e ilegal.
Tomar posesión de los cargos, en cambio, será la única posición de dignidad, desafío al autoritarismo de los jueces, pero sobre todo, de defensa a ultranza de la voluntad popular y la constitución vigente, mientras ésta no se reforme de manera profunda, en favor de los intereses de la sociedad, para prevenir todo tipo de golpes al Estado de Derecho.
No es el salvadoreño el único caso; Paraguay, Honduras, y hasta cierto punto el fallido intento en Ecuador, son ejemplos de los actualizados métodos de las oligarquías locales, y sus socios multinacionales. Son los mismos que ayer e la Plenaria, ante el pueblo movilizado y organizado, no dudaron en frenar la reforma constitucional para incluir el agua y la alimentación como un derecho, y son también quienes pusieron todos los obstáculos (y fracasaron) para impedir el financiamiento del gobierno.
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LPG
Presidencia del congreso detenida
Diputados por San Salvador no tomarán posesión el 1 de mayo
Reclasificación de votos que hacen los magistrados atrasa conteo
Asamblea Legislativa continuará sesión de trabajo este miércoles
Vicepdte. Ortíz: “La Sala se ha excedido” sobre 24 diputados de S.S
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