AMNISTIA INTERNACIONAL Comunicados de prensa

Embargado hasta las 13:30 GMT del 25 de septiembre de 2014 

El Salvador: La prohibición total del aborto está matando a mujeres y niñas o condenándolas a decenas de años de cárcel
La represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del gobierno está destrozando las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las que ponen fin a sus embarazos se arriesgan a pasar años en la cárcel. 

El reciente informe de Amnistía Internacional titulado Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel. 

"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en el lanzamiento del informe hoy en San Salvador.

“Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir". 

Debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel. 

El informe de Amnistía Internacional documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.

Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. 

María Teresa Rivera, madre de un niño de 5 años, no sabía que había vuelto a quedarse embarazada hasta que la sacaron en ambulancia de la fábrica de prendas de vestir donde trabajaba y la ingresaron en un hospital. Su suegra la había encontrado sangrando tendida en el suelo del aseo de la fábrica. Un miembro del personal del hospital informó a la policía sobre el caso. Ésta llegó y empezó a interrogar a María Teresa sin la presencia de un abogado. 

En julio de 2012 la juzgaron y declararon culpable de homicidio agravado, a pesar de existir graves deficiencias en las pruebas presentadas contra ella. Su hijo tendrá 45 años cuando ella salga de la cárcel. 

María Teresa Rivera es una de tantas mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo, incluidos abortos inducidos y espontáneos. Algunas ya han pasado más de 10 años en prisión. Ella, como la mayoría de las mujeres del informe de Amnistía Internacional, proceden de los sectores más pobres de la sociedad. 

La prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido violadas. La ley obliga a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, aunque esto pueda tener efectos devastadores sobre ellas, tanto física como psíquicamente.  

Un médico que trató a una niña de 10 años que había sido violada contó a Amnistía Internacional: "Fue un caso bien difícil […] porque ella no entendía lo que le estaba pasando […] Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma a todos [...] [d]ijimos: ‘¡Si es una niña! Es una niña'. Y ella al final no entendía que estaba esperando.” A esta niña la obligaron a continuar con su embarazo. 

La represiva legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones judiciales, y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos anticonceptivos es casi imposible. 

“La inacción del gobierno salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra las mujeres limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al negarse a resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes para acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación sexual, condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro determinado por la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus opciones y la restricción de sus libertades", ha dicho Salil Shetty.

“El mundo no puede permanecer pasivo observando cómo las mujeres y las niñas de El Salvador sufren y mueren. Amnistía Internacional pide al gobierno de El Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de aborto seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos grave malformación del feto."

Información complementaria:
El Salvador es uno de los siete países de América Latina donde el aborto está totalmente prohibido por ley, junto con Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Algunos de estos países, como es el caso de Chile, ya están tomando medida para modificar sus leyes. 

El caso de Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de El Salvador, tuvo gran difusión el año pasado. Beatriz padecía lupus y otros problemas graves de salud. Se quedó embarazada, pero quedó patente que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento. Se le negó la posibilidad de abortar a pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema. El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió horas después. 

El informe estará presentado durante una conferencia de prensa en San Salvador, el 25 de septiembre.