Gene Sharp es un filósofo y politólogo estadounidense,
fundador de la ONG Albert Einstein, cuyo supuesto fin es promover "la
defensa de la libertad y la democracia y la reducción de la violencia política
mediante el uso de acciones no violentas". Su obra, sin embargo, da cuenta
de cinco pasos para provocar golpes suaves: ablandamiento; deslegitimación;
calentamiento de calle; combinación de formas de lucha y fractura
institucional. ¿Cómo se dan estas etapas frente a los gobiernos posneoliberales
de nuestro continente? ¿Qué similitud tienen con lo ocurrido durante el último
mes en Venezuela?
Mediante el primer paso del “manual” Sharp -su libro sugestivamente
titulado ”De la dictadura a la democracia”, que ha sido paradójicamente
utilizado casi siempre contra gobiernos democráticamente electos- se
busca la promoción de acciones provistas a generar un clima de malestar social
en el país, desarrollando matrices de opinión sobre problemas reales o
potenciales. La muletilla predilecta suele ser, en este primer momento, la
promoción de denuncias de corrupción estatal que, en gran parte de los casos,
no han sido comprobadas, pero influyen en generar “clima” -tanto
antigubernamental, como antiestatal, como sucedió en la década del 90 para
intentar justificar en nuestros países la ola privatizadora sobre las empresas
estatales-.
Con estas denuncias, fundadas o no, se comienza a “ablandar” la fortaleza
que sustenta las bases del gobierno en curso, apuntando a crear un descontento
social creciente. ¿Cómo se refuerza este primer momento? Se busca la generación
de problemas económicos cotidianos: el desabastecimiento de productos de
primera necesidad y una escalada de precios, por ejemplo, a través del control
directo de grupos monopólicos sobre gran parte de la matriz productiva del
país. Una no intervención estatal en este primer momento puede resultar muy
peligrosa a mediano plazo, ya que implicaría perder la posibilidad de controlar
un área muy sensible para las necesidades básicas de la población. La creación
de mercados populares, como en Venezuela, o determinadas políticas de control
de precios pueden contribuir a contrarrestar los efectos especulativos.
El siguiente paso es intentar quitar legitimidad a través de la denuncia de
la inexistencia de la libertad de prensa -desde la misma prensa, valga la
paradoja- y un supuesto avance de este gobierno sobre los derechos humanos
-algo que en general no ha podido ser probado fácticamente en los gobiernos
posneoliberales de nuestro continente-. Se intenta crear la matriz de opinión
de un autoritarismo creciente, bajo un supuesto “pensamiento único”, replicando
estas denuncias por todos los medios masivos privados. La mayor parte de los
gobiernos progresistas en América Latina han afrontado estas primeras dos
etapas -en especial la segunda-. La frase “vienen por todo”, repetida hasta el
hartazgo en varias de estas experiencias, ha sido el caballito de batalla de
sentido común para intentar erosionar las bases de apoyo de estos gobiernos,
fundamentalmente asentados en las mayorías populares. Así, las modificaciones
que apuntan a lograr una redistribución del espectro radioeléctrico, por
ejemplo, han sido caracterizadas erróneamente como “avances contra la libertad
de expresión”. El problema de trasfondo no es de libertades, sino económico:
quienes han puesto el grito en el cielo han sido precisamente los grandes
empresarios mediáticos, que se han visto amenazados mediante las nuevas
legislaciones que buscan poner límites a los monopolios informativos.
El tercer momento consiste en la promoción de una “lucha activa callejera”,
que bajo reivindicaciones políticas y sociales confronte de forma directa con
el gobierno. Así, se pueden dar protestas violentas contra las instituciones,
tal como sucedió durante todo el mes de febrero en Venezuela -con el ataque a fiscalías
públicas, casas de gobernadores, mercados populares promovidos por el
Ejecutivo, etc-. Acá encontramos una contradicción notable con el supuesto
paradigma “pacifista” que se ha intentado atribuir a Sharp desde la visión de
algunos analistas internacionales, que han tratado de “embellecer” su obra en
los últimos años.
El anteúltimo paso, vinculado con las movilizaciones, es la generación de
un clima de “ingobernabilidad”, mediante operaciones de “guerra psicológica” o
de cuarta generación. Así, por ejemplo, se utiliza a los medios masivos
privados para responsabilizar al propio gobierno por las acciones de calle y
sus resultados, ocultando y/o tergiversando información de lo sucedido. La
difusión de noticias falsas, o fotografías de sucesos que se dan en otros
lugares del mundo que rápidamente se “viralizan” por las redes sociales,
intenta generar una matriz de opinión pública a nivel nacional e internacional.
Se busca incluso lograr el apoyo de dirigentes, artistas y personalidades
internacionales que, informadas o no sobre lo que realmente ocurre en ese país,
opinan por ser un tema mediáticamente relevante a escala mundial. Luego, se
reproduce esa opinión en los medios privados nacionales, generando un círculo
(des) informativo.
Para finalizar, se espera que se produzca la fractura institucional, el
punto álgido del “manual” de desestabilización. Para ello se intenta provocar
un aislamiento internacional del gobierno, algo que, de no suceder, puede hacer
fallar a los pasos previos (dos ejemplos de nuestro continente: la rápida
reacción de Unasur frente a los intentos de golpe de 2008 y 2010 en Bolivia y
Ecuador, respectivamente). Si el aislamiento internacional se produce, y los
pasos previos se han cumplido, se intenta forzar la renuncia presidencial.
Aquí, por ejemplo, se puede promover una división aún mayor entre el
Ejecutivo y el Legislativo, si el gobierno no llegara a controlar este último
mediante una mayoría parlamentaria. Los “golpes suaves” en Honduras y Paraguay
fueron conducidos por la derecha autóctona y los grupos empresariales desde
ambos parlamentos. La destitución de Lugo, por ejemplo, se produjo mediante un
“juicio político express” que definió su salida en menos de 24 hs, irrespetando
normas jurídicas básicas frente a un presidente democráticamente electo. De no
darse esta fractura, se puede apuntar a promover una intervención militar
extranjera o bien fomentar el desarrollo de una guerra civil prolongada
Como se ve en este último punto, bajo la idea de una posible intervención
militar extranjera aparece un elemento no menor en todos los pasos que hemos
visto: la injerencia externa. ¿Se puede analizar “autóctonamente” estos
intentos de golpes blandos, sin dar cuenta del notorio incremento de bases
militares estadounidenses en América Latina? ¿Es posible dar cuenta de la ola
de protestas que tienen lugar en Venezuela sin analizar que es el país con
mayores reservas probadas de petróleo a escala mundial? Tras el intento de
deslegitimación internacional de gobiernos democráticamente electos en nuestro
continente no sólo se esconde un interés ideológico -el rechazo una forma de
gobernar con horizontes de cambio social- sino además un fin claramente
comercial, tendiente a poder controlar nuevamente los enormes recursos
naturales que tiene nuestro continente.
Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires
Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires
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