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España no solo se resiste a juzgar el franquismo, sino también a que se lo juzguen otros.
En
1998, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio a España
fama en la lucha contra dictadores retirados, al exigir la extradición
del general Augusto Pinochet por su presunta implicación en
desapariciones de ciudadanos españoles durante los años de la dictadura
militar en Chile. Quince años después, ya exmagistrado apela a las
instituciones internacionales para conseguir que las autoridades
españolas investiguen los crímenes cometidos en España durante el
franquismo.
A
Garzón su guerra por investigar las desapariciones de los españoles en
la época de Franco le costó el cargo. El Tribunal Supremo calificó de
“imaginación creativa” la argumentación en la causa de Garzón y en el
2010 abrió un caso contra él por prevaricación. Desde entonces, el
exmagistrado no ha cesado de defender los derechos de los familiares de
esas víctimas no enumeradas de la dictadura. Esta semana Garzón denunció
ante el Comité de la ONU para las Desapariciones Forzadas en Ginebra el
“abandono” que sufren las familias de unos 140 000 desaparecidos en más
de 2000 fosas comunes que siguen sin abrir.
El
pasado septiembre, tras una visita a España, el Grupo de Trabajo de la
ONU contra las Desapariciones Forzadas emitió unas duras críticas contra
España al recordar en un informe provisional su obligación de juzgar
los crímenes del franquismo y elaborar un plan nacional de búsqueda de
los desaparecidos. "He explicado en el Comité cómo no hay ninguna
investigación abierta sobre estas desapariciones, y cómo el Estado está
totalmente ausente”, dijo el exmagistrado al diario español El País poco después de su intervención.
La
delegación oficial española ha presentado un informe ante el Comité en
el que justifica la falta de investigación de estas desapariciones en
que se produjeron antes de que España se adhiriera a la Convención
Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en 2010. Además, las
autoridades afirman que la Ley de Amnistía, aprobada en 1977, cierra la
vía para la investigación penal de los crímenes del franquismo en
España.
Los
enviados del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones
Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto esa ley que
impide juzgar la desaparición de más de 114 000 españoles y 30 000 niños
robados durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero todas las
iniciativas de la ONU presentadas hasta ahora para atender a ese
llamamiento han sido rechazadas por sistema en el Congreso. Los dos
principales grupos parlamentarios, el Partido Popular y el PSOE se
niegan a tocar la Ley de Amnistía, que en su opinión ha sido un
instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles.
España
no solo se resiste a juzgar el franquismo, sino también a que se lo
juzguen otros. El Estado está reaccionando como Argentina o Chile hace
diecisiete o quince años, cuando Garzón, quien reclamaba la detención de
dictadores, militares o policías de ambos países en aplicación del
principio de justicia universal. Según afirman los medios españoles, el
Gobierno mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez
argentina en 2010 para juzgar el franquismo. Las autoridades le
aseguraron que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en
España por los crímenes de la dictadura. Además, vetaron la toma de
declaración por videoconferencia de las víctimas.
Sin
embargo, la justicia argentina ha dejado claro que irá hasta el final
para juzgar el franquismo y llevar a los torturadores aún vivos al
banquillo de los acusados. La jueza María Servini de Cubría solicitó
formalmente la extradición de los exagentes imputados por un delito de
torturas a instancias de Darío Rivas, quien a sus más de noventa años
sigue exigiendo justicia para su padre, alcalde de Castro de Rei
asesinado en 1937. En el 2010, presentó una querella por genocidio y
crímenes de lesa humanidad contra la dictadura. Pero las trabas por
parte de Madrid continúan.
Según
el diputado del congreso Gaspar Llamazares, para avanzar en la
investigación de los crímenes del franquismo no hace falta derogar la
Ley de Amnistía. Llamazares considera que basta con modificarla para
impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del
franquismo. “Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet.
Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina.
Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a
los demás”, dijo el parlamentario al diario El País.
dp/kg/sm
Nota: Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente coinciden con los puntos de vista de la redacción de La Voz de Rusia.
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