Revista Debate
De qué modo cobrar impuestos sobre los ingresos que generan las empresas multinacionales fue un tema principal, y muy poco habitual, en la reciente cumbre del G-8 en Irlanda. También será un elemento clave en la agenda de la próxima cita del G-20 en Rusia. Debido a la trascendencia que tienen estas empresas en el desempeño de la economía nacional y global, es comprensible que los líderes mundiales se centren en las misteriosas complejidades de la tributación empresarial. Y diría que más entendible lo es aún en Estados Unidos.
Así, como resultado de años de recortes en las tasas impositivas corporativas en otros países, Estados Unidos tiene en la actualidad la tasa más alta entre las economías avanzadas: actualmente es del 35 por ciento. Reducirla a un nivel más competitivo, el promedio de la OCDE es de alrededor de 25, podría fomentar la inversión y la creación de empleos tanto de las multinacionales nacionales como extranjeras. Y de hecho el gobierno del presidente Barack Obama y los líderes parlamentarios republicanos y demócratas están de acuerdo sobre que un recorte en la tasa impositiva corporativa debería ser neutral en cuanto al nivel de recaudaciones.
A pesar de ser más bajas, las recaudaciones por estas tasas en otros países industrializados no han disminuido y representan una proporción mayor del PBI en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos.
Asimismo, además de reducir su tasa impositiva corporativa, la nación del Norte necesita reformar la manera en que grava las ganancias generadas en el extranjero por sus multinacionales. El resto de los países del G-8 (y la mayoría de los países de la OCDE) aumenta la competitividad de sus empresas multinacionales al gravar únicamente sus ingresos generados nacionalmente, eximiendo de tributación doméstica a la mayor parte de las ganancias producidas en el exterior (un enfoque conocido como un sistema tributario territorial). Estados Unidos, por el contrario, grava los ingresos de las empresas multinacionales estadounidenses que se generan a lo largo y ancho del mundo, y con el fin de evitar la doble tributación, concede créditos fiscales por los impuestos pagados en otros países, los mismos que se restan de las obligaciones tributarias que tienen dichas multinacionales en el país.
El sistema tributario mundial pone a las compañías multinacionales cuya sede principal se encuentra establecida en Estados Unidos en desventaja competitiva. Estas empresas deben pagar las elevadas tasas que tiene este país sobre las ganancias obtenidas por sus filiales en lugares del extranjero con bajos impuestos, mientras que las multinacionales extranjeras cuyas sedes principales se encuentran en países con sistemas territoriales pagan únicamente la tasa impositiva local sobre dichas ganancias.
La ley actual norteamericana mitiga esta desventaja al permitir que las empresas difieran el pago de impuestos estadounidense sobre las ganancias generadas en el extranjero hasta que dichas ganancias sean repatriadas para ser entregadas a sus propietarios estadounidenses. Como consecuencia, tanto de la alta tasa de impuestos de Estados Unidos como del diferimiento que se ofrece, las empresas multinacionales con sede principal en esa nación tienen un fuerte incentivo para mantener sus ganancias generadas en el extranjero fuera de las fronteras de país. De hecho, sus filiales no establecidas allí actualmente están en poder de un estimado de dos millones de millones de dólares en ganancias acumuladas que se produjeron en el extranjero.
Se “cerraron las puertas de entrada” a estas ganancias y las mismas no están disponibles para financiar la inversión y la creación de empleos, sin que se tenga que incurrir en el pago de sumas significativas por impuestos.
Un sistema tributario territorial se ocuparía de las desventajas de competitividad, del efecto del “cierre de puertas de entrada”, y de las ineficiencias del enfoque tributario mundial de Estados Unidos. Sin embargo, no reduciría los incentivos que tienen las empresas estadounidenses para trasladar sus ganancias declaradas en libros contables a jurisdicciones con impuestos bajos; al contrario, estos incentivos serían aún más fuertes en un sistema territorial puro. El desplazamiento de los ingresos y la consiguiente erosión de la base imponible se han convertido en una preocupación política prioritaria a lo largo de toda la OCDE debido a la creciente globalización de la actividad empresarial, al aumento constante de la importancia del capital intangible que es fácil de trasladar y cuyo precio es difícil de fijar (por ejemplo, las patentes y marcas), los recortes competitivos en las tasas impositivas corporativas nacionales y la propagación de los paraísos fiscales.
En respuesta, el resto de las economías desarrolladas ha utilizado una variedad de técnicas para crear sistemas tributarios territoriales “híbridos” con el objetivo de contrarrestar la erosión de la base imponible. Estos sistemas incluyen reglas sobre precios de transferencia que se basan en las directrices de la OCDE, límites a la deducibilidad de intereses, e impuestos nacionales sobre algunos tipos de ingresos obtenidos en lugares con bajos impuestos donde las empresas declaran grandes ganancias, pero realizan poca actividad económica real.
Como parte de una reforma fiscal, el Congreso norteamericano considera en la actualidad un sistema territorial híbrido y evalúa varias medidas para contrarrestar la erosión de la base imponible y el desplazamiento de los ingresos, incluyendo el estudio de las medidas utilizadas por otros países avanzados. El congresista republicano David Camp, quien encabeza este esfuerzo legislativo en la Cámara de Representantes, ha propuesto una alternativa innovadora que se fundamenta en el “principio de destino”: en su gran mayoría, la determinación de cuáles son las ganancias imponibles de las empresas multinacionales debería basarse sobre donde se venden los productos de estas compañías, en lugar de basarse sobre donde las empresas tienen su sede principal, donde se lleva a cabo su producción y donde obtienen su financiación, o donde presentan sus estados financieros declarando sus ganancias. La propuesta de Camp reduciría significativamente los incentivos para trasladar la fabricación al exterior del país por razones impositivas. Por el contrario, ambos sistemas, tanto el sistema tributario mundial que aplica Estados Unidos como los sistemas tributarios territoriales híbridos que se aplican en otros países se fundamentan en un “principio de origen o fuente” que mayormente basa la tributación en donde se encuentran los costos de insumos y las actividades de producción.
En el año 1986 fue la última vez que Estados Unidos reformó su código tributario empresarial; en aquel momento el país contaba con una de las tasas impositivas corporativas más bajas del mundo y la dinámica competitiva de la economía mundial era muy diferente. Es hora de llevar a cabo otra reforma fiscal integral para las empresas que reduzca la tasa impositiva, amplíe la base tributaria, y adopte un enfoque territorial híbrido con eficaces salvaguardias contra la erosión de la base impositiva.
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