Foto: lasegunda.com
La diligencia fue decretada por el ministro en
visita Mario Carroza, quien en junio pasado decidió reabrir el proceso
del denominado caso Bachelet,
para determinar así a todos los eventuales responsables de las torturas
que recibió el alto oficial. Bachelet murió de un paro cardíaco en la
Cárcel Pública de Santiago tras su paso por la Academia de Guerra Aérea,
donde sus derechos fundamentales fueron sistemáticamente vulnerados y
sufrió un trato altamente vejatorio por parte de sus exsubalternos.
Durante
cerca de una hora, Matthei tuvo un careo con los oficiales Mario
González y Jaime Donoso y con la ex prisionera política, Carmen Gloria
Díaz, mientras que el exsubsecretario de aviación, Raúl Vergara, también
torturado en la AGA, no asistió a la diligencia por encontrarse fuera
del país.
Todos insistieron en la responsabilidad del
alto uniformado dada su condición de director de la Academia de Guerra
Aérea desde fines de 1973 al primer semestre de 1974, período en el que
precisamente Bachelet sufrió las torturas que le llevaron a la muerte.
Por su parte, Matthei desestimó las imputaciones, tal como dio a conocer su abogado, Jorge Balmaceda.
“Él
negó su participación absolutamente. Fue designado como director de la
Academia de Guerra, pero no pudo cumplir sus funciones, porque la
Academia estuvo ocupada por tribunales militares", indicó el
profesional, en alusión a la judicatura uniformada que, efectivamente,
funcionó en el recinto y llevó a cabo Consejos de Guerra en contra de
los oficiales y civiles recluidos acusados de “traición a la Patria”.
El
abogado añadió que Matthei no tuvo responsabilidad "ni en calidad de
cómplice ni encubridor" en las torturas aplicadas al padre de Michelle
Bachelet, debido a que “no estaba destinado a cumplir funciones en la
Academia de Guerra en aquella época".
El abogado
querellante, Eduardo Contreras, en representación de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, rebatió estos argumentos,
destacando la responsabilidad jerárquica del ex uniformado, quien luego
pasó a integrar la Junta Militar de Gobierno encabezada por Augusto
Pinochet, desempeñándose en este rol entre 1978 y 1990.
"El
ha dicho que sí sabía lo que allí ocurría. Ha reconocido que ha
almorzado con algunos torturadores y haber estado en la sala
Independencia de la Academia. Creo que la declaración de tres personas
muy importantes en lo judicial muestran fehacientemente que estamos en
presencia de un hombre que ante la ley chilena no puede eludir su
responsabilidad", dijo Contreras.
La diligencia
decretada por el ministro Carroza se convierte en una arista esencial
del proceso, luego que se conociera en junio del año pasado el informe
del Servicio Médico Legal de Chile (SML) sobre el deceso del general
Bachelet.
El documento establece que el alto uniformado
había muerto producto de las torturas sufridas en la AGA, precisando
que los interrogatorios a los que fue sometido terminaron agravando su
situación coronaria y motivaron su fallecimiento posterior en la Cárcel
Pública.
Así, el futuro judicial del general en retiro y
padre de actual la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se torna muy
complejo, sobre todo considerando que quedan pocas diligencias
relevantes para cerrar el caso, según reveló el magistrado Carroza. De
esta manera, es probable que Matthei pueda ser procesado, y se sume a
los coroneles retirados de Aviación Edgard Ceballos Jones y Ramón
Cáceres Jorquera.
En tanto, la candidata presidencial
por la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, se refirió recientemente a la
reapertura del caso, destacando que no nació a partir de una solicitud
personal, sino que fue solicitada por una agrupación de personas que
estuvo en la misma situación que su padre. La abanderada de oposición
reiteró su llamado a que la justicia esclarezca el caso: "Lo único que
nosotros hemos pedido siempre es conocer la verdad de lo sucedido a mi
padre", sostuvo.
La primera resolución de la justicia militar en la Academia de Guerra Aérea fue el proceso conocido como Aviación contra Bachelet y otros,
dirigido a condenar a ex oficiales de la Fuerza Aérea que se negaron a
apoyar el golpe militar de 1973 y que derivó en penas de muerte, cadenas
perpetuas y reclusiones en los más altos grados de la legislación
chilena. Posteriormente, se inició otra causa titulada como Bachelet II,
en contra de la población civil opositora a Pinochet, en particular los
miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido
Comunista.
Cabe destacar que en el Informe de la
Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura de Chile (Comisión
Valech, 2004) se da cuenta del horror vivido por los prisioneros
políticos de la AGA: "Los detenidos permanecían siempre vendados,
encapuchados, de pie contra el muro sin moverse o sentados en una silla
por largos períodos, sin alimento ni agua. La mayoría debía dormir en
esa posición. (…) Algunos testimonios indican que eran esposados a un
catre donde se les dejaba expuestos a música estridente y con alto
volumen durante largos períodos. (…) Los ex prisioneros han señalado
haber sido drogados frecuentemente con pentotal, soportado golpes,
aplicación de electricidad y vejaciones sexuales, incluso mujeres
embarazadas fueron sometidas a más de una violación sexual”.
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