Con ocasión de la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que Naciones Unidas celebra en Madrid, la Plataforma Rural reivindica la lucha contra la agricultura industrial, el robo de tierras y la especulación financiera.
La Plataforma Rural recuerda que esta reunión se realiza en un momento de crisis financiera y económica global, con precios energéticos y alimentarios crecientes y cada días más volátiles, y una crisis ambiental y social sin precedentes.
La plataforma, compuesta por una veintena de organizaciones campesinas, ecologistas, sociales y de cooperación, desconfía de los anuncios del Gobierno español y de la ONU que dicen querer acabar con el hambre en el mundo, porque la cifra de personas desnutridos en el mundo sigue aumentando y porque no han mostrado voluntad política para garantizar el derecho a la alimentación.
Según UNICEF, actualmente hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos. “Esta emergencia alimentaria tiene causas políticas y económicas, como las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio y de la Unión Europea, los conflictos bélicos por el control de recursos naturales, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pagar la deuda externa en detrimento de la protección y de las ayudas a los pequeños agricultores”, señala la Plataforma Rural.
Ni el gobierno español, ni la Unión Europea han cambiado las políticas que han causado la fuerte crisis alimentaria de 2006-2008, cuando los precios de los alimentos alcanzaron niveles récord, con un aumento del 80% en 18 meses, sino han fomentado la expansión de la agricultura industrial y la especulación financiera lo que ha agravado el hambre en el mundo. Como confirma el reciente estudio de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas competente en materia de comercio y desarrollo, “Quantification of the High Level Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets”: entre el 60 y 70% de las variaciones de los precios de las materias primas se debe a la actividad especulativa.
“Las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han convertido los alimentos en una mercancía, han favorecido la especulación financiera con las materias primas alimentarias y el robo de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, gobiernos, fondos especulativos, bancos). Todo esto, a su vez, ha disminuido la capacidad de muchos países para autoabastecerse y los ha hecho depender de la importación alimentaria, provocando la expulsión de miles de campesinos de sus tierras y la subida del precio de cereales básicos”, denuncia la Plataforma Rural.
Estos procesos se ven agravado por el calentamiento global, que afectará a las producciones agrarias, suponiendo un impacto directo sobre las poblaciones campesinas. Aun así, el Gobierno español sigue subvencionando la agroindustria y los combustibles fósiles y no tiene voluntad política para frenar el cambio climático mientras ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida un 50%, situándola a niveles de 1990 e infringiendo sus obligaciones internacionales.
"Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, cuenta Zainab Kamara, una de miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa.
Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020. En otras palabras: 1.096 acopios de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona. La UE es el causante principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza.
Desde 2008 el aumento de las inversiones financieras en la tierra ha contribuido al acaparamiento de cerca de 200 millones de hectáreas de tierra, arrebatados a pequeños agricultores, pescadores y otras comunidades rurales, robándoles sus medios de supervivencia. “Debido a su magnitud, agrava la situación de pobreza, hambre y malnutrición, vulnera el derecho a la alimentación, e implica con frecuencia a desalojos violentos, desplazamientos forzados de personas y violaciones a los derechos humanos”, manifiesta la Plataforma Rural. Además, los bancos y la industria financiera europeos tienen especial responsabilidad por la especulación alimentaria y el robo de tierras.
La Plataforma Rural exige a los gobiernos asistentes a la reunión de la FAO en Madrid que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.
“Exigimos a los gobiernos, a la FAO y a otros organismos internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as”, añaden.
“Instamos también a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables del Banco Mundial, que son ilegítimos. El BM y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y del agua al promover políticas y leyes que sólo protegen los inversionistas”, expone la Plataforma Rural.
“Exigimos a los gobiernos y la FAO que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica, y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes”.
La Plataforma Rural reitera su compromiso a resistir al acaparamiento de tierras y se suma por ello al Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril) y convoca a la semana de lucha del 15 al 21 de abril, con movilizaciones en todo el Estado español alrededor de estas fechas.
La Plataforma Rural recuerda que esta reunión se realiza en un momento de crisis financiera y económica global, con precios energéticos y alimentarios crecientes y cada días más volátiles, y una crisis ambiental y social sin precedentes.
La plataforma, compuesta por una veintena de organizaciones campesinas, ecologistas, sociales y de cooperación, desconfía de los anuncios del Gobierno español y de la ONU que dicen querer acabar con el hambre en el mundo, porque la cifra de personas desnutridos en el mundo sigue aumentando y porque no han mostrado voluntad política para garantizar el derecho a la alimentación.
Según UNICEF, actualmente hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos. “Esta emergencia alimentaria tiene causas políticas y económicas, como las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio y de la Unión Europea, los conflictos bélicos por el control de recursos naturales, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pagar la deuda externa en detrimento de la protección y de las ayudas a los pequeños agricultores”, señala la Plataforma Rural.
Ni el gobierno español, ni la Unión Europea han cambiado las políticas que han causado la fuerte crisis alimentaria de 2006-2008, cuando los precios de los alimentos alcanzaron niveles récord, con un aumento del 80% en 18 meses, sino han fomentado la expansión de la agricultura industrial y la especulación financiera lo que ha agravado el hambre en el mundo. Como confirma el reciente estudio de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas competente en materia de comercio y desarrollo, “Quantification of the High Level Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets”: entre el 60 y 70% de las variaciones de los precios de las materias primas se debe a la actividad especulativa.
“Las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han convertido los alimentos en una mercancía, han favorecido la especulación financiera con las materias primas alimentarias y el robo de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, gobiernos, fondos especulativos, bancos). Todo esto, a su vez, ha disminuido la capacidad de muchos países para autoabastecerse y los ha hecho depender de la importación alimentaria, provocando la expulsión de miles de campesinos de sus tierras y la subida del precio de cereales básicos”, denuncia la Plataforma Rural.
Estos procesos se ven agravado por el calentamiento global, que afectará a las producciones agrarias, suponiendo un impacto directo sobre las poblaciones campesinas. Aun así, el Gobierno español sigue subvencionando la agroindustria y los combustibles fósiles y no tiene voluntad política para frenar el cambio climático mientras ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida un 50%, situándola a niveles de 1990 e infringiendo sus obligaciones internacionales.
"Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, cuenta Zainab Kamara, una de miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa.
Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020. En otras palabras: 1.096 acopios de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona. La UE es el causante principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza.
Desde 2008 el aumento de las inversiones financieras en la tierra ha contribuido al acaparamiento de cerca de 200 millones de hectáreas de tierra, arrebatados a pequeños agricultores, pescadores y otras comunidades rurales, robándoles sus medios de supervivencia. “Debido a su magnitud, agrava la situación de pobreza, hambre y malnutrición, vulnera el derecho a la alimentación, e implica con frecuencia a desalojos violentos, desplazamientos forzados de personas y violaciones a los derechos humanos”, manifiesta la Plataforma Rural. Además, los bancos y la industria financiera europeos tienen especial responsabilidad por la especulación alimentaria y el robo de tierras.
La Plataforma Rural exige a los gobiernos asistentes a la reunión de la FAO en Madrid que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.
“Exigimos a los gobiernos, a la FAO y a otros organismos internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as”, añaden.
“Instamos también a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables del Banco Mundial, que son ilegítimos. El BM y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y del agua al promover políticas y leyes que sólo protegen los inversionistas”, expone la Plataforma Rural.
“Exigimos a los gobiernos y la FAO que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica, y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes”.
La Plataforma Rural reitera su compromiso a resistir al acaparamiento de tierras y se suma por ello al Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril) y convoca a la semana de lucha del 15 al 21 de abril, con movilizaciones en todo el Estado español alrededor de estas fechas.
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