Arresto del vikingo guatemalteco

Miércoles, 16 Enero 2013

Un recuento de uno de los casos más imblemáticos en el combate a la impunidad en Guatemala

Por Grégory Lassalle (*)

PARIS - El 31 de agosto de 2004, nueve campesinos guatemaltecos morían durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ocho años más tarde, el 31 de agosto de 2012, mientras que las familias y amigos de estos campesinos conmemoraban la masacre, los servicios judiciales ginebrinos detenían a la salida de un supermercado a Erwin Sperisen, director de la policía de Guatemala en el momento de los hechos. Desde 2007, este súbdito guatemalteco-suizo, perseguido igualmente por la justicia guatemalteca, vivía en la capital de los derechos humanos en casa de su padre, diplomático. Según el fiscal del cantón de Ginebra, en el fundamento de esta interpelación existen "importantes sospechas de la implicación del acusado en diversas ejecuciones extrajudiciales mientras era director de la policía nacional de Guatemala, desde julio de 2004 hasta marzo de 2007 (1).

Este asunto reviste una importancia crucial para la emergencia de un Estado de derecho en Guatemala, porque más allá del caso Sperisen, se señala al gabinete de seguridad –es decir, el conjunto de altos funcionarios de las instituciones encargadas de elaborar y de ejecutar las políticas de mantenimiento del orden– establecido por el Gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008). Un gabinete compuesto en gran parte por ex directivos del sector privado. Una condena a Sperisen evidenciaría la participación de la oligarquía nacional en el proceso de violencia y de impunidad que atormenta a este país, uno de los más violentos del mundo.

La "CICIG" y el gabinete de seguridad de Berger

Bajo la presidencia de Berger, el país conoció un contexto social explosivo. Desde los acuerdos de paz de 1996, que pusieron término al conflicto armado más prolongado de Centroamérica (cerca de cuarenta años), la violencia ha aumentado de manera exponencial, principalmente a causa del desarrollo del narcotráfico y de las rivalidades permanentes entre los grupos que se benefician de éste. Desde 2004, diferentes ponentes en Naciones Unidas han constatado que el crimen organizado se ha infiltrado dentro del aparato del Estado y lamentan "la incapacidad del Gobierno para garantizar el derecho a la vida (2)". Sus advertencias apenas han inquietado a la clase dirigente guatemalteca. Sin embargo, el presidente Berger, preocupado por tranquilizar a la comunidad internacional, accedió en 2007 a una de las principales peticiones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos: el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque nombrara a personas de la sociedad civil para su Gobierno (como Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992), Berger reclutó entre las filas de la oligarquía a su gabinete de seguridad. En 2004, dio posesión del cargo de ministro del Interior al finquero (3) Carlos Vielmann, ex presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Apodado "el policía" por su supuesta tendencia al autoritarismo (4) y sus vínculos con la extrema derecha militar, este guatemalteco-español fue el responsable de la seguridad del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (CACIF, el equivalente del Movimiento de Empresas en Francia [MEDF, por sus sigla en francés] en Guatemala) y de diversas empresas de seguridad al servicio de la elite del país. También es pariente de la esposa del presidente, Wendy Widmann, asimismo una importante terrateniente. En julio, Vielmann escogió al guatemalteco-suizo Sperisen, de solamente treinta y cuatro años de edad, para que ocupase el puesto de director de la Policía Nacional Civil (PNC). Hijo del viceministro de Economía, Sperisen, llamado "el vikingo", es un allegado de Berger pero asimismo del ex presidente neoliberal Álvaro Arzú (1996-2000), de quien fuera guardaespaldas cuando éste dirigía la alcaldía de la capital. Más conocido por su pasión hacia las Harley Davidson que por su conocimiento del oficio de policía, este cristiano-evangélico –que lleva permanentemente una gorra con una S de Sperisen estampada– asegura estar dispuesto a cumplir su nueva tarea: "Me gustan las armas desde que soy muy pequeño (5)".

En enero de 2005, Vielmann integró en su equipo el de quien se convertiría en "su hombre de confianza (6)", Víctor Riera. Formado en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, Rivera trabajaría a continuación para la CIA, en particular durante el conflicto armado en El Salvador, donde habría entrenado a escuadrones de la muerte (7) mientras ejercía de asesor de seguridad del Gobierno de Napoleón Duarte. Tras la guerra, Rivera se ocupó de una "unidad de inteligencia que investigaba casos de secuestros de empresarios y de familias ricas del Salvador (8)". En 1996, acusado de haber asesinado a un estudiante y maquillado las pruebas de su implicación, se vio obligado a abandonar el país. Desembarcó en Guatemala a petición del presidente neoliberal Álvaro Arzú y se convirtió en consejero del Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y, después, del de Berger. Según el analista Luis Solano, tanto en Guatemala como en El Salvador anteriormente, Rivera se ha beneficiado de la "financiación privada y de la protección del Ministerio del Interior" para asegurar "la seguridad de las elites (9)".

31 de agosto de 2004

El alba pálida despunta sobre las vastas tierras fértiles de la costa sur de Guatemala. Las hijas de Héctor Reyes se despiertan en una de las pequeñas casas de la finca Nueva Linda. Desde octubre de 2003, acompañadas de ochocientas familias campesinas, ocupan esta finca ganadera y se niegan a abandonarla mientras su padre no reaparezca vivo. Un año antes, el finquero español Carlos Vidal y sus guardias de seguridad secuestraron y probablemente asesinaran a Reyes, trabajador de la finca y reputado sindicalista. El propio Vidal posee vínculos de parentesco con la esposa del presidente Berger. Interpelado por la familia de Reyes, Berger declaró disponer de una información según la cual “a Héctor Reyes no lo habrían secuestrado sino que habría hecho una escapada amorosa a Estados Unidos junto con su amante (10)”. En octubre, con el propósito de presionar a Vidal, los campesinos ocuparon la propiedad. El propietario se fue a España y vendió la finca a su compatriota Virgilio Casado, un hombre muy influyente en la comunidad española en Guatemala y ex compañero de clase del presidente guatemalteco.

En la mañana del 31 de agosto de 2004, tras bloquear la carretera que lleva a la capital, un importante contingente se preparó para intervenir: mil policías y militares acompañados por los guardias de seguridad privados de Casado desalojaron a los campesinos, culpables de un “inaceptable ataque contra la propiedad privada (11)”, según el presidente Berger. Alrededor de la finca Nueva Linda, inmensas propiedades se extienden más allá del horizonte. Pertenecen a las grandes familias de la oligarquía nacional, como los Berger o los Vielmann, así como a finqueros españoles. A las siete y media de la mañana, periodistas que presenciaban la violencia llamaron a los bomberos: “Envíen ambulancias. Aquí va a haber un carnicería (12)”. Hacia las nueve, mientras que las bombas lacrimógenas asfixiaban la finca con un humo opaco blanco, las fuerzas de seguridad entraron en acción. No escatimaron medios: vehículos blindados y fusiles de asalto. Unas horas después, se recogieron los cuerpos sin vida de nueve campesinos (entre ellos tres menores) y de tres policías. Capturaron y torturaron a veinticinco campesinos. Los restantes huyeron. Mientras que los periodistas, asimismo víctimas de las acciones violentas de las fuerzas del orden, intentaban recuperar sus grabaciones de vídeo, los policías y militares saboreaban los sándwiches que amablemente les había regalado la Asociación Local de finqueros. Elisabeth, la hija mayor de Reyes, resumía así la situación: “En este país, los pobres no tienen derecho a ocupar la tierra de un rico, pero un rico puede secuestrar y matar a un pobre cuando quiera (13)”.

¿Acto de solidaridad dentro de la oligarquía? ¿Demostración de fuerza del Gobierno en un contexto de liberalización de la economía y de protección de las inversiones? Realizada a petición de la CACIF, la expulsión sangrienta de los campesinos de Nueva Linda constituye la primera masacre perpetrada por el Estado desde el final del conflicto armado. El Gobierno justificó el uso desmedido de la violencia al presentar a los campesinos como “terroristas armados hasta los dientes (14)”, pero tuvo que soportar las críticas de Sergio Morales, procurador de los derechos humanos. Para éste, el Estado guatemalteco actuó de “manera abusiva” al cometer “actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales de campesinos” mientras que la “negociación era posible (15)”. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Juan Luis Florido, el fiscal general de la nación, no ordenó investigación alguna. Diputado del partido en el poder hasta que le nombraran fiscal general en junio, Florido es amigo de la infancia de Vielmann y un abogado cercano al sector privado.

Se perfiló entonces la arquitectura del dispositivo que garantizaría la impunidad del sector privado. La masacre de Nueva Linda, primera actuación armada del gabinete de seguridad de Berger, inauguró una serie de operaciones brutales contra los movimientos sociales opuestos a su política neoliberal. En 2005, la represión de las manifestaciones contra el desarrollo de la explotación minera por sociedades transnacionales causó un muerto. Ese mismo año, mataron a un manifestante durante las grandes movilizaciones populares contrarias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En 2006, durante la celebración del primer aniversario del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos por cinco países de Centroamérica y por la República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), en el hotel Marriott, el presidente Berger concluía: “El mundo entero sabe ahora que se puede venir a ganar dinero a Guatemala (16)”.

Las operaciones del gabinete de seguridad de Berger

Cuando en 2008 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) comenzó sus trabajos, la legitimidad de su mandato fue objeto de una fuerte controversia. El ala dura de los militares y la oligarquía clamaron contra la violación de la soberanía nacional, puesto que la CICI se había intrusado en un sistema económico, político y social que siempre habían controlado. Para tranquilizarlos, el presidente Berger consideró poco probable que el organismo internacional “investigara a sus ministerios ya que su Gobierno había ratificado el acuerdo con la ONU (17)”. Se equivocaba. Un informe presentado en 2010 acusó al Gobierno de Berger de haber dirigido operaciones de “limpieza social” y de haber financiado ejecuciones extrajudiciales. Según el juez Carlos Castresana, director de la CICIG, “una vez instalados en las altas responsabilidades del Ministerio del Interior, Vielmann y su gabinete de seguridad formaron una estructura criminal paralela que se alejó de su función constitucional y legal de manera concertada y organizada con el objetivo de cometer una serie de actos delictivos, que se realizaron sistemáticamente contra la población civil de Guatemala (18)”.

Para demostrar la existencia de una estructura así –compuesta de policías, altos funcionarios y fiscales–, la CICIG se basó en el análisis de varios casos:
- Octubre de 2005: diecinueve presos se escaparon del centro de detención El Infiernito. El Gobierno puso en marcha el Plan Gavilán. Dos fugados fueron hallados muertos. De acuerdo con la CICIG, el Ministerio del Interior planificó este asesinato y el maquillaje de la escena (19).

- Septiembre de 2006: para “recuperar el control del centro penitenciario Pavón (20)”, el Gobierno lanzó la operación Pavo Real. Se movilizaron mil setecientos policías y mil doscientos militares. Siete presos hallaron la muerte. Considerados oficialmente como “enfrentamientos violentos”, estas muertes provienen en realidad de una ejecución a sangre fría perpetrada durante la intervención, tal y como fundamentó la CICI basándose en fotografías tomadas por el procurador de los derechos humanos (21).

- Febrero de 2007: mientras que se desplazaban a una reunión en Guatemala, una patrulla de policía interceptó a tres diputados salvadoreños delegados en el Parlamento Centroamericano. Se hallaron calcinados sus cuerpos y el de su chófer. Unos días después, arrestaron a los cuatro policías sospechosos de haber ejecutado a los diputados y los encarcelaron en la cárcel de alta seguridad El Boquerón. El 25 de febrero, el circuito eléctrico del establecimiento experimentó un “fallo” providencial, durante el cual cuatro detenidos asesinaron a los cuatro policías, tal y como asegura la versión oficial. Ésta no es la opinión de la CICIG, que dispone de elementos según los cuales un comando del Ministerio del Interior se introdujo en la prisión para eliminar a sus colegas después de que éstos se volvieran molestos (22).

Caída del gabinete de seguridad

El asesinato de los parlamentarios salvadoreños y la ejecución de los policías causaron la caída del gabinete de seguridad del presidente Berger. El 26 de marzo de 2007, una moción de desconfianza originó la destitución del ministro de Interior Vielmann. El 2 de abril, durante una emisión televisiva, el evangélico Sperisen trasmitió un “rearme moral” en el Canal 27: “Hemos cometido irregularidades, pero hemos hecho lo que era justo (23)”. En abril de 2007, el hombre de confianza de Vielmann, Rivera, halló la muerte en un atentado. La CICIG deseaba interrogar al único testigo ocular de los hechos, María del Rosario, que acompañaba a Rivera en el momento del atentado. Pero al día siguiente del asesinato, ya se había esfumado: Vielmann en persona fue a buscarla al hospital para expatriarla a Estados Unidos. En septiembre, un tribunal guatemalteco emitió órdenes de arresto contra diecinueve personas acusadas de ejecuciones extrajudiciales, de asociación ilícita y de asesinato. En la lista figuraban los altos funcionarios del gabinete de seguridad de Berger, pero asimismo miembros de los órganos judiciales sospechosos de haber “obstruido a la justicia (24)”.

En 2010, mientras que algunos inculpados ya estaban detrás de los barrotes, el presidente Berger aprovechó una alocución televisiva para arremeter contra la CICIG: “Algunos organismos están manipulados ideológicamente para desacreditar a quienes fueran funcionarios (25)”. Por su parte, el ex vicepresidente Eduardo Stein la acusó de “haber perdido el control de la situación” y sugirió que fuera objeto de “supervisión política (26)”. Francisco Dall’Anese, sucesor de Castresana al frente del organismo internacional, declaró que la CICIG era presa de “una oscura campaña alimentada por intereses poderosos” que pretendían desacreditarla para que se disolviera. Según Pedro Maroquín, director del diario guatemalteco La Hora, “la comisión ha alcanzado a personas normalmente intocables (27)”.

Refugio europeo de la oligarquía guatemalteca

Perseguidos en su país, los miembros más eminentes del gabinete de seguridad de Berger se refugiaron entonces en Europa. En agosto de 2010, en el momento que la justicia guatemalteca emitió sus órdenes de detención, el ex ministro del Interior, Vielmann, ya se encontraba en Barcelona. Beneficiándose de la doble nacionalidad, afirmó haber ido a España por un motivo familiar ineludible: la entrega de un título a su hijo, que acababa de terminar un máster en administración de empresas. A raíz de la petición de extradición emitida por Guatemala, Vielmann dio con sus huesos durante unas semanas en una cárcel de Madrid. Clamó su inocencia y negó cualquier responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales denunciadas por la CICIG: “Si ha habido abusos, éstos se han cometido sin mi consentimiento (28)”. En noviembre de 2010, pusieron en libertad a Vielmann y la petición de extradición se archivó.

Sperisen, por su parte, se refugió desde 2007 en casa de su padre, Eduardo, que lo acogió en la misión diplomática de Guatemala en Ginebra. De origen suizo, Eduardo Sperisen fue miembro de la policía encargada de la vigilancia de extranjeros en el cantón de Lucerna, donde entabló contactos con numerosos servicios de seguridad y de inteligencia internacionales. En Guatemala, fundó la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (Agexpront) antes de que le nombraran en tres ocasiones viceministro de Economía (de 1996 a 2005). Negociador de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA) por cuenta del sector privado, es el embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2006 (29). En 2007, la demanda presentada contra su hijo por una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de sindicatos suizos desembocó en la apertura de un proceso. Pero éste se ralentizó misteriosamente, lo que llevó a que las ONG denunciaran la lentitud de las autoridades judiciales. Habría que esperar a la llegada del dossier de investigación de la CICIG y al nombramiento de un nuevo fiscal en Suiza para que el dossier saliera finalmente el cajón.

Por último, se arrestó a Edwin Sperisen el 31 de agosto de 2012. Su doble nacionalidad obstaculizó toda petición de extradición, por lo que el ex jefe de la policía guatemalteca cambió su refugio de la misión diplomática paterna a una celda en la cárcel de Champ-Dollon, donde debe permanecer en detención provisional durante al menos tres meses. A la espera de un eventual proceso, las pruebas reunidas contra él por el fiscal encargado de la investigación, Yves Bertossa, se revelan abrumadoras. La de última fecha, proporcionada por un testigo guatemalteco, aporta nuevos detalles acerca de la matanza de 2006 en la cárcel de Pavón: supuestamente se vio a policías que llevaban en la mano una hoja donde figuraban la lista y las fotos de los detenidos que había que abatir. Esto sirve para apoyar la acusación de Philip Alston, ponente en Naciones Unidas, que, en 2007, calificaba de “limpieza social” la política de seguridad guatemalteca (30). Por su parte, de manera más matizada, “el vikingo” considera que el recurso a la fuerza legal y extralegal contra “los individuos socialmente indeseables (31)” –simples delincuentes o miembros de movimientos sociales– constituye una “medida necesaria (32)” para asegurar la prosperidad económica.