La política del
gobierno de recortes y de agresión sistemática contra los trabajadores
ha puesto en evidencia lo falaz de los planteamientos que glorifican
desde hace décadas la desregulación laboral como paso necesario e
inevitable para la transición a una economía desarrollada basada en el
conocimiento. Desde mucho antes de la criris, y como justificación de
las sucesivas reformas laborales, se presenta como modelo a empresas de
éxito como Google, firma de tecnología puntera en la que trabajadores
con una altísima cualificación (y remuneración) deciden hasta sus
horarios laborales y los proyectos que ponen en marcha. El problema es
que, en el caso español y europeo, la desregulación no tiene nada que
ver con una flexibilidad de las condiciones laborales orientada a
promover el bienestar y la creatividad de unos pocos técnicos altamente
cualificados y, por tanto, con un gran poder de negociación en el
mercado de trabajo. La reforma laboral tiene como objetivo fundamental
la desarticulación de la organización de los trabajadores y de su
capacidad de negociación colectiva. Se trata de despedir y reducir
salarios sin estorbos. Las consecuencias de este desempleo masivo
planificado, que en España alcanza ya una de las cotas más altas del
planeta, afectan de manera desigual a la población trabajadora en
función de muchos factores, pero de manera especial, en función de la
cualificación. Todos los niveles educativos sufren una degradación de
sus condiciones laborales, pero las bajas cualificaciones, o la ausencia
de las mismas, colocan a miles personas en situaciones extremas de paro
de larga duración o de alto riesgo de exclusión social.
En el caso de los jóvenes, la combinación de los efectos de la reforma laboral, el desempleo masivo y los recortes en educación está conduciendo al abismo a la generación más formada de nuestra historia. Entre la población titulada universitaria nos encontramos con dos situaciones dramáticas, cada vez más generalizadas: por un lado están quienes se ven forzados a la emigración para poder hacer valer sus títulos en el extranjero ante un mercado laboral interno en el que no encuentran salida. Por otro lado, tenemos a quienes padecen las condiciones del subempleo, ocupando trabajos muy por debajo de su cualificación, con bajos salarios y una alta temporalidad. Con este último fenómeno el empresariado consigue, además, dos cosas que le salen gratis: la primera es una mano de obra altamente cualificada a precio de mano de obra sin cualificación, que emplea para dar una imagen de “excelencia” a unas empresas que ofrecen unos servicios para los que se requiere una mano de obra con una formación mucho más básica. La segunda es expulsar de esos empleos de baja cualificación a los jóvenes con menor formación, abocándolos a los márgenes de la asistencia y la exclusión social; de ello resulta la división de los jóvenes trabajadores y un paro masivo entre los mismos (más del 50% de la juventud activa se encuentra en situación de desempleo) que no hace sino presionar a la baja los salarios, tanto de los jóvenes como del conjunto de la clase trabajadora. Son estos jóvenes con bajas cualificaciones quienes se llevan la peor parte: a la cronificación de su situación de desempleo, se añaden no sólo los recortes en las prestaciones sociales, sino los recortes educativos, que impiden su reciclaje, así como los recortes en todo tipo de planes formación técnica y de inserción laboral.
Pero, a pesar del dramatismo de la situación que vive la juventud española y de sus desastrosas consecuencias para el futuro, no sólo los jóvenes padecen en el ámbito laboral la fatal combinación del desempleo y los recortes. Los adultos de más de 50 años que se ven expulsados de su puesto de trabajo, con una dilatada experiencia profesional en un campo determinado, vienen también a ser víctimas de su propia pericia, al encontrar difícil reubicación en cualquier otro sector laboral: apenas existen ofertas, las que hay son copadas por trabajadores más jóvenes, más cualificados y contratados en peores condiciones laborales, y la edad avanzada juega en su contra. También ellos disponen de cada vez más escasas oportunidades de formación y reciclaje debido a los recortes. Esta casuística es aún más acusada en el caso de las mujeres, que padecen todas las consecuencias de los recortes y del desempleo en todas las franjas de edad y de manera más pronunciada que los varones. La asignación de los roles laborales de menor prestigio y remuneración que el mercado otorga a las mujeres, las sitúa en las posiciones de mayor vulnerabilidad social. Si a ello se le suman los recortes en igualdad y dependencia, con la carga de trabajo añadido no pagado que asumirá la población femenina como consecuencia de ello, la situación de pobreza, exclusión e injusticia será máxima en el caso de las mujeres (como vienen denunciando desde hace años organismos internacionales como el PNUD), irónicamente más y mejor preparadas que los hombres, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
En definitiva, los grupos de poder que claman desde hace años por el advenimiento de la sociedad del conocimiento a golpe de mercado y desregulación, capitaneados por la Troika, gobiernos y patronal, ofrecen ahora, a la vista de todos y con la excusa de la crisis, los resultados de su plan. Los recortes en las subvenciones a la formación laboral, la elitización universitaria a través de brutales subidas de tasas, la cuasi ausencia de programas de formación para la población adulta, o el secular desprecio institucional hacia la formación profesional (que lleva a que en este país, sólo las encuestas del INE consideren a los módulos de grado superior como una formación técnica y práctica de alta cualificación, es decir, formación superior al nivel de la universitaria), tienen como consecuencia necesaria la degradación del empleo, el paro masivo, la economía sumergida, el aumento de la exclusión social, el abundamiento de la crisis y la doble explotación del trabajo de las mujeres (doméstico y en el mercado). Y todo ello, mientras se exige a los trabajadores el pago de una deuda ilegítima que una serie de oligarcas y especuladores tienen contraída con unos bancos extranjeros de la misma calaña.
Hay que hablar de clases sociales, de educación pública y universal, de formación para la integración laboral. Y también hay que hablar de reparto del trabajo y la riqueza, tal y como hacía el diputado Sabino Cuadra en el congreso, el pasado junio. La hipocresía del discurso del paso a la sociedad del conocimiento y de los autónomos emprendedores de éxito ya no tiene credibilidad alguna. Porque no entramos en la era Google, sino en la del encumbramiento de la desigualdad y de la estafa.
Antonio Márquez de Alcalá, sociólogo y militante de IU.
En el caso de los jóvenes, la combinación de los efectos de la reforma laboral, el desempleo masivo y los recortes en educación está conduciendo al abismo a la generación más formada de nuestra historia. Entre la población titulada universitaria nos encontramos con dos situaciones dramáticas, cada vez más generalizadas: por un lado están quienes se ven forzados a la emigración para poder hacer valer sus títulos en el extranjero ante un mercado laboral interno en el que no encuentran salida. Por otro lado, tenemos a quienes padecen las condiciones del subempleo, ocupando trabajos muy por debajo de su cualificación, con bajos salarios y una alta temporalidad. Con este último fenómeno el empresariado consigue, además, dos cosas que le salen gratis: la primera es una mano de obra altamente cualificada a precio de mano de obra sin cualificación, que emplea para dar una imagen de “excelencia” a unas empresas que ofrecen unos servicios para los que se requiere una mano de obra con una formación mucho más básica. La segunda es expulsar de esos empleos de baja cualificación a los jóvenes con menor formación, abocándolos a los márgenes de la asistencia y la exclusión social; de ello resulta la división de los jóvenes trabajadores y un paro masivo entre los mismos (más del 50% de la juventud activa se encuentra en situación de desempleo) que no hace sino presionar a la baja los salarios, tanto de los jóvenes como del conjunto de la clase trabajadora. Son estos jóvenes con bajas cualificaciones quienes se llevan la peor parte: a la cronificación de su situación de desempleo, se añaden no sólo los recortes en las prestaciones sociales, sino los recortes educativos, que impiden su reciclaje, así como los recortes en todo tipo de planes formación técnica y de inserción laboral.
Pero, a pesar del dramatismo de la situación que vive la juventud española y de sus desastrosas consecuencias para el futuro, no sólo los jóvenes padecen en el ámbito laboral la fatal combinación del desempleo y los recortes. Los adultos de más de 50 años que se ven expulsados de su puesto de trabajo, con una dilatada experiencia profesional en un campo determinado, vienen también a ser víctimas de su propia pericia, al encontrar difícil reubicación en cualquier otro sector laboral: apenas existen ofertas, las que hay son copadas por trabajadores más jóvenes, más cualificados y contratados en peores condiciones laborales, y la edad avanzada juega en su contra. También ellos disponen de cada vez más escasas oportunidades de formación y reciclaje debido a los recortes. Esta casuística es aún más acusada en el caso de las mujeres, que padecen todas las consecuencias de los recortes y del desempleo en todas las franjas de edad y de manera más pronunciada que los varones. La asignación de los roles laborales de menor prestigio y remuneración que el mercado otorga a las mujeres, las sitúa en las posiciones de mayor vulnerabilidad social. Si a ello se le suman los recortes en igualdad y dependencia, con la carga de trabajo añadido no pagado que asumirá la población femenina como consecuencia de ello, la situación de pobreza, exclusión e injusticia será máxima en el caso de las mujeres (como vienen denunciando desde hace años organismos internacionales como el PNUD), irónicamente más y mejor preparadas que los hombres, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
En definitiva, los grupos de poder que claman desde hace años por el advenimiento de la sociedad del conocimiento a golpe de mercado y desregulación, capitaneados por la Troika, gobiernos y patronal, ofrecen ahora, a la vista de todos y con la excusa de la crisis, los resultados de su plan. Los recortes en las subvenciones a la formación laboral, la elitización universitaria a través de brutales subidas de tasas, la cuasi ausencia de programas de formación para la población adulta, o el secular desprecio institucional hacia la formación profesional (que lleva a que en este país, sólo las encuestas del INE consideren a los módulos de grado superior como una formación técnica y práctica de alta cualificación, es decir, formación superior al nivel de la universitaria), tienen como consecuencia necesaria la degradación del empleo, el paro masivo, la economía sumergida, el aumento de la exclusión social, el abundamiento de la crisis y la doble explotación del trabajo de las mujeres (doméstico y en el mercado). Y todo ello, mientras se exige a los trabajadores el pago de una deuda ilegítima que una serie de oligarcas y especuladores tienen contraída con unos bancos extranjeros de la misma calaña.
Hay que hablar de clases sociales, de educación pública y universal, de formación para la integración laboral. Y también hay que hablar de reparto del trabajo y la riqueza, tal y como hacía el diputado Sabino Cuadra en el congreso, el pasado junio. La hipocresía del discurso del paso a la sociedad del conocimiento y de los autónomos emprendedores de éxito ya no tiene credibilidad alguna. Porque no entramos en la era Google, sino en la del encumbramiento de la desigualdad y de la estafa.
Antonio Márquez de Alcalá, sociólogo y militante de IU.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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