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Comisión de Verdad presenta su informe: La Voz más autorizada es la de las víctimas
Marvin Palacios
Tegucigalpa
La Comisión de Verdad integrada por reconocidos intelectuales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, presentó su informe a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del golpe de Estado de 2009 y recoge la voz de las víctimas que sufrieron la persecución, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y el exilio. El Informe denominado: “La voz más autorizada es la de las Víctimas”, fue presentado mediante un acto especial desarrollado en el auditorio del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah) con la presencia de las comisionadas. Elsie Monge (Coordinadora de la Comisión), Beverly Kin (representante del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel), Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Mirna Perla magistrada de El Salvador, la escritora hondureña Helen Umaña y el sacerdote diocesano Fausto Milla.
Frente a los graves hechos descritos en el presente informe, la Comisión demandó al Estado de Honduras detener las violaciones a los derechos humanos, dignificar a las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto por obtener justicia y la no repetición.
Además la Comisión de Verdad planteó que se superen las causas coyunturales e históricas de la impunidad y que se posibilite el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.
La escritora y columnista hondureña Hellen Umaña expresó que este es un momento de triunfo de quienes contra viento y marea creemos en la vitalidad de las fuerzas populares.
Es un triunfo porque no obstante los obstáculos el pueblo hondureño cuenta con un documento que no obstante sus posibles omisiones pretende traer a primer plano la voz de las víctimas, “voz que nos recuerda que por la sangre que se ha derramado y se sigue derramando tenemos que privilegiar la lucha unitaria, los planteamientos que unan en torno a objetivos que beneficien a la patria, el tiempo urge y la voz de las víctimas clama justicia”.
David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isy Obed Murillo
Para
la Coordinadora de la comisión de Verdad, la ecuatoriana Elsie Monge el
pueblo hondureño ha sido valiente, porque a pesar de tanta represión
brutal y sistemática no se deja amedrentar y continúa luchando por el
derecho a la vida, la justicia y la libertad.
“La Comisión ha hecho alusión en su informe sobre la importancia de mantener presentes a las personas victimizadas y conocer a fondo la verdad de los hechos, ese es uno de los objetivos, además de dar cuenta sobre el cómo y por qué se cometieron tantos hechos violatorios a los derechos humanos, luego también el informe plantea la reparación integral de las víctimas, esa reparación también tiene que ver con recomponer a la sociedad hondureña que ha sido afectada”, recalcó Monge.
Debe haber cambios estructurales, cambios institucionales que lleven al nunca más, a no continuar con esta tragedia en el pueblo hondureño, apuntó la Coordinadora de la Comisión de Verdad.
La Comisión de Verdad se instaló en junio de 2010 por iniciativa de derechos humanos que acompañan y apoyan al pueblo hondureño en el clamor de justicia.
Cabe señalar que los comisionados y comisionadas advirtieron sobre la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras en el marco del desarrollo del proceso eleccionario, lo que podría interpretarse que las persecuciones políticas se recrudecerán en las próximas semanas.
En la última parte del informe se detallan las recomendaciones que la Comisión de Verdad plantea al estado hondureño, entre ellas las siguientes: Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo. El Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad y proceder al juicio y castigo de los violadores de estos derechos.
El Estado debe crear un Programa que por ley incluya una serie de acciones y medidas que aseguren la dignificación de las personas y sus familiares victimizadas a partir del golpe de 2009, y su reparación integral.
La
reparación integral debe incluir acciones sobre el esclarecimiento
histórico en el que el Estado debe investigar seria¬mente los hechos que
constituyeron abusos de poder y graves violaciones a los derechos
humanos y libertades esenciales en ocasión de la ruptura del orden
establecido. Dictar una ley de memoria histórica.
El Estado deberá establecer un fondo estatal de carácter compensatorio a las víctimas del golpe de Estado. Dicho fondo público deberá ser administrado por un cuerpo directivo en cuya estructura estén debida¬mente representadas las víctimas y sus familiares.
Y también deberá existir un reconocimiento público de la verdad, en donde el Estado asume públicamente que sus agentes cometieron abusos de poder y graves violaciones a los dere¬chos humanos y libertades fundamentales, además de investigar y sancionar a los res¬ponsables de estas violaciones.
En ese sentido deberá promulgar días conmemorativos, la construcción de memo¬riales, plazas públicas, monumentos y otros, que reconozcan y exalten la dignidad de las víctimas de violaciones a sus derechos y libertades básicas.¬
Por otro lado y dentro de las recomendaciones, la Comisión de Verdad plantea la anulación de la ley de amnistía del 27 de enero de 2010. El Decreto Legislativo No. 2-2010 se encaminó, en función de preservar la impunidad de los civiles y mi¬litares involucrados en graves violaciones a los derechos fundamentales. Se emitió desconociendo obligaciones jurídicas derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de otros instrumentos Internacionales.
Pese al alegado propósito de ser un instrumento que propendiese a la pacificación del país.
Dicho decreto ha sido una herramienta que ha impedido la investigación (seria, imparcial y exhaustiva) de graves violaciones a los derechos humanos y, sobretodo, ha dejado en indefensión a las víctimas y a sus familiares y con ello las ha revictimizado.
La
Comisión demanda el Retorno de las y los perseguidos políticos y
exiliados por motivo del golpe de Estado, la revisión de los contenidos
de los programas de enseñanza (a todo nivel) que hagan referencia a los
acontecimientos asociados al golpe de Estado.
El Informe formula que se reconfigurar el orden jurídico de Honduras a partir de una reforma integral al texto de la Constitución de la República dictada en el año de 1982 y las leyes secundarias. Leyes como la antiterrorista deben ser anuladas.
Para ello, se deberá efectuar un verdadero ejercicio participativo y de consulta hacía los diferentes sectores sociales y políticos de la nación, el cual a vez puede constituirse en un verdadero modelo para un proceso más amplio de recreación del Estado.
La Comisión demanda que se Reforme la Ley Primaria para establecer la prohibición de facultades inter¬pretativas de la Constitución al Congreso Nacional. El Estado debe modificar el texto constitucional en el sentido de precisar inequívocamente que el Congre¬so Nacional carece de facultades interpretativas de la Ley Fundamental.
El Informe destaque que debe crearse la Corte de Constitucionalidad que contenga mecanismos jurisdiccionales inde¬pendientes e imparciales dedicados únicamente a la temática de la justicia consti¬tucional. Examinar la posibilidad de constituir un tribunal de constitucionalidad separado de la Corte Suprema de Justicia.
Los comisionados y comisionadas recomiendan que debe el estado debe garantizar la independencia de las y los jueces, evaluar la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, investigar por parte de la Fiscalía, la existencia de grupos armados con relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y demás aspectos referentes a los mismos.
La Comisión de Verdad recomienda Fortalecer las capacidades institucionales para que se determine la par¬ticipación de funcionarios de la administración pública en la generación de la impunidad, así como Participación de las organizaciones sociales en la selección de las y los titula¬res de las instituciones estatales.
La Comisión recomienda separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares de la administra¬ción involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado. Quienes sean responsa¬bles materiales o intelectuales de las citadas transgresiones deberán desligarse de sus responsabilidades públicas. La inhabilitación de sus cargos podrá ser vitalicia o temporal dependiendo del nivel de gravedad de los hechos en que se viesen involucrados.
Readmitir en el sistema de administración de justicia a las y los operadores de dicho sistema separados por su oposición al golpe de Estado. Aquellas (os) funcionarios del sistema investidos de la potestad de administrar justicia; fisca¬les, defensores públicos, etc. que hayan sido desafectados por su oposición a la ruptura del orden constitucional, deberán de ser restablecidos en sus funciones. Rectificarles o limpiarles su hoja de servicio público.
El informe recomienda readecuar el aparato de inteligencia del Estado a una visión humanista, impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución castrense. Impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución policial. Poner fin a los acuerdos militares y de seguridad con el gobierno de los Es¬tados Unidos de América. El Estado debe cerrar las bases militares existentes y proyectadas. Poner fin a los operativos conjuntos y programas de entrenamiento y equipamiento y cualquier otra injerencia de fuerzas militares y de seguridad extranjeras.
Por último la Comisión de Verdad planeta que debe estructurase un mecanismo mixto entre representantes de organiza¬ciones sociales e instituciones gubernamentales, encargado de dar segui¬miento al cumplimiento de las recomendaciones. Impulsar un proceso de construcción democrática, establecer políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza nacional, crear políticas sociales de compensación y en forma urgente modificar el patrón de tenencia de la tierra, ámbito de persistente desigualdad agravado por la sustitución de la Ley de reforma agraria por la Ley de modernización agrícola emitida a principios de los 90. Dicha ley tiene consecuencias directas sobre la concentración de la tierra y la profundización del conflicto agrario en el país, agudizado de manera dramática en la etapa posterior al golpe de Estado.
En nombre de las numerosas víctimas del golpe de Estado, recibieron el Informe David y Silvia Murillo padres del joven Isi Obed Murillo, primer mártir de la resistencia hondureña.
Asistieron a la presentación del Informe, numerosas y diversas organizaciones del movimiento social hondureño que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), delegados diplomáticos de República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, la Unión Europea, además del Coordinador Nacional del FNRP, Manuel Zelaya, el Sub Coordinador Juan Barahona y ex miembros del gabinete de gobierno del ex presidente Zelaya.
Durante el evento el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) llevó a cabo como, es costumbre en las grandes asambleas de la resistencia popular, el acto místico en memoria de los mártires y las mártires del golpe de Estado.Descargar informe acá...
La Comisión de Verdad integrada por reconocidos intelectuales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, presentó su informe a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del golpe de Estado de 2009 y recoge la voz de las víctimas que sufrieron la persecución, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y el exilio. El Informe denominado: “La voz más autorizada es la de las Víctimas”, fue presentado mediante un acto especial desarrollado en el auditorio del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah) con la presencia de las comisionadas. Elsie Monge (Coordinadora de la Comisión), Beverly Kin (representante del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel), Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Mirna Perla magistrada de El Salvador, la escritora hondureña Helen Umaña y el sacerdote diocesano Fausto Milla.
Frente a los graves hechos descritos en el presente informe, la Comisión demandó al Estado de Honduras detener las violaciones a los derechos humanos, dignificar a las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto por obtener justicia y la no repetición.
Además la Comisión de Verdad planteó que se superen las causas coyunturales e históricas de la impunidad y que se posibilite el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.
La escritora y columnista hondureña Hellen Umaña expresó que este es un momento de triunfo de quienes contra viento y marea creemos en la vitalidad de las fuerzas populares.
Es un triunfo porque no obstante los obstáculos el pueblo hondureño cuenta con un documento que no obstante sus posibles omisiones pretende traer a primer plano la voz de las víctimas, “voz que nos recuerda que por la sangre que se ha derramado y se sigue derramando tenemos que privilegiar la lucha unitaria, los planteamientos que unan en torno a objetivos que beneficien a la patria, el tiempo urge y la voz de las víctimas clama justicia”.
David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isy Obed Murillo“La Comisión ha hecho alusión en su informe sobre la importancia de mantener presentes a las personas victimizadas y conocer a fondo la verdad de los hechos, ese es uno de los objetivos, además de dar cuenta sobre el cómo y por qué se cometieron tantos hechos violatorios a los derechos humanos, luego también el informe plantea la reparación integral de las víctimas, esa reparación también tiene que ver con recomponer a la sociedad hondureña que ha sido afectada”, recalcó Monge.
Debe haber cambios estructurales, cambios institucionales que lleven al nunca más, a no continuar con esta tragedia en el pueblo hondureño, apuntó la Coordinadora de la Comisión de Verdad.
La Comisión de Verdad se instaló en junio de 2010 por iniciativa de derechos humanos que acompañan y apoyan al pueblo hondureño en el clamor de justicia.
Cabe señalar que los comisionados y comisionadas advirtieron sobre la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras en el marco del desarrollo del proceso eleccionario, lo que podría interpretarse que las persecuciones políticas se recrudecerán en las próximas semanas.
En la última parte del informe se detallan las recomendaciones que la Comisión de Verdad plantea al estado hondureño, entre ellas las siguientes: Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo. El Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad y proceder al juicio y castigo de los violadores de estos derechos.
El Estado debe crear un Programa que por ley incluya una serie de acciones y medidas que aseguren la dignificación de las personas y sus familiares victimizadas a partir del golpe de 2009, y su reparación integral.
La
reparación integral debe incluir acciones sobre el esclarecimiento
histórico en el que el Estado debe investigar seria¬mente los hechos que
constituyeron abusos de poder y graves violaciones a los derechos
humanos y libertades esenciales en ocasión de la ruptura del orden
establecido. Dictar una ley de memoria histórica.El Estado deberá establecer un fondo estatal de carácter compensatorio a las víctimas del golpe de Estado. Dicho fondo público deberá ser administrado por un cuerpo directivo en cuya estructura estén debida¬mente representadas las víctimas y sus familiares.
Y también deberá existir un reconocimiento público de la verdad, en donde el Estado asume públicamente que sus agentes cometieron abusos de poder y graves violaciones a los dere¬chos humanos y libertades fundamentales, además de investigar y sancionar a los res¬ponsables de estas violaciones.
En ese sentido deberá promulgar días conmemorativos, la construcción de memo¬riales, plazas públicas, monumentos y otros, que reconozcan y exalten la dignidad de las víctimas de violaciones a sus derechos y libertades básicas.¬
Por otro lado y dentro de las recomendaciones, la Comisión de Verdad plantea la anulación de la ley de amnistía del 27 de enero de 2010. El Decreto Legislativo No. 2-2010 se encaminó, en función de preservar la impunidad de los civiles y mi¬litares involucrados en graves violaciones a los derechos fundamentales. Se emitió desconociendo obligaciones jurídicas derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de otros instrumentos Internacionales.
Pese al alegado propósito de ser un instrumento que propendiese a la pacificación del país.
Dicho decreto ha sido una herramienta que ha impedido la investigación (seria, imparcial y exhaustiva) de graves violaciones a los derechos humanos y, sobretodo, ha dejado en indefensión a las víctimas y a sus familiares y con ello las ha revictimizado.
La
Comisión demanda el Retorno de las y los perseguidos políticos y
exiliados por motivo del golpe de Estado, la revisión de los contenidos
de los programas de enseñanza (a todo nivel) que hagan referencia a los
acontecimientos asociados al golpe de Estado.El Informe formula que se reconfigurar el orden jurídico de Honduras a partir de una reforma integral al texto de la Constitución de la República dictada en el año de 1982 y las leyes secundarias. Leyes como la antiterrorista deben ser anuladas.
Para ello, se deberá efectuar un verdadero ejercicio participativo y de consulta hacía los diferentes sectores sociales y políticos de la nación, el cual a vez puede constituirse en un verdadero modelo para un proceso más amplio de recreación del Estado.
La Comisión demanda que se Reforme la Ley Primaria para establecer la prohibición de facultades inter¬pretativas de la Constitución al Congreso Nacional. El Estado debe modificar el texto constitucional en el sentido de precisar inequívocamente que el Congre¬so Nacional carece de facultades interpretativas de la Ley Fundamental.
El Informe destaque que debe crearse la Corte de Constitucionalidad que contenga mecanismos jurisdiccionales inde¬pendientes e imparciales dedicados únicamente a la temática de la justicia consti¬tucional. Examinar la posibilidad de constituir un tribunal de constitucionalidad separado de la Corte Suprema de Justicia.
Los comisionados y comisionadas recomiendan que debe el estado debe garantizar la independencia de las y los jueces, evaluar la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, investigar por parte de la Fiscalía, la existencia de grupos armados con relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y demás aspectos referentes a los mismos.
La Comisión de Verdad recomienda Fortalecer las capacidades institucionales para que se determine la par¬ticipación de funcionarios de la administración pública en la generación de la impunidad, así como Participación de las organizaciones sociales en la selección de las y los titula¬res de las instituciones estatales.
La Comisión recomienda separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares de la administra¬ción involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado. Quienes sean responsa¬bles materiales o intelectuales de las citadas transgresiones deberán desligarse de sus responsabilidades públicas. La inhabilitación de sus cargos podrá ser vitalicia o temporal dependiendo del nivel de gravedad de los hechos en que se viesen involucrados.
Readmitir en el sistema de administración de justicia a las y los operadores de dicho sistema separados por su oposición al golpe de Estado. Aquellas (os) funcionarios del sistema investidos de la potestad de administrar justicia; fisca¬les, defensores públicos, etc. que hayan sido desafectados por su oposición a la ruptura del orden constitucional, deberán de ser restablecidos en sus funciones. Rectificarles o limpiarles su hoja de servicio público.
El informe recomienda readecuar el aparato de inteligencia del Estado a una visión humanista, impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución castrense. Impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución policial. Poner fin a los acuerdos militares y de seguridad con el gobierno de los Es¬tados Unidos de América. El Estado debe cerrar las bases militares existentes y proyectadas. Poner fin a los operativos conjuntos y programas de entrenamiento y equipamiento y cualquier otra injerencia de fuerzas militares y de seguridad extranjeras.
Por último la Comisión de Verdad planeta que debe estructurase un mecanismo mixto entre representantes de organiza¬ciones sociales e instituciones gubernamentales, encargado de dar segui¬miento al cumplimiento de las recomendaciones. Impulsar un proceso de construcción democrática, establecer políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza nacional, crear políticas sociales de compensación y en forma urgente modificar el patrón de tenencia de la tierra, ámbito de persistente desigualdad agravado por la sustitución de la Ley de reforma agraria por la Ley de modernización agrícola emitida a principios de los 90. Dicha ley tiene consecuencias directas sobre la concentración de la tierra y la profundización del conflicto agrario en el país, agudizado de manera dramática en la etapa posterior al golpe de Estado.
En nombre de las numerosas víctimas del golpe de Estado, recibieron el Informe David y Silvia Murillo padres del joven Isi Obed Murillo, primer mártir de la resistencia hondureña.
Asistieron a la presentación del Informe, numerosas y diversas organizaciones del movimiento social hondureño que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), delegados diplomáticos de República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, la Unión Europea, además del Coordinador Nacional del FNRP, Manuel Zelaya, el Sub Coordinador Juan Barahona y ex miembros del gabinete de gobierno del ex presidente Zelaya.
Durante el evento el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) llevó a cabo como, es costumbre en las grandes asambleas de la resistencia popular, el acto místico en memoria de los mártires y las mártires del golpe de Estado.Descargar informe acá...
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2.
PLAN DE ACCIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL DE LIBRE
ANTECEDENTES:
El
16 de junio recién pasado, se realizó la primera asamblea abierta de
personas de la comunidad LGTB, simpatizantes del Partido Libertad y
Refundación (LIBRE) y de la corriente Fuerza de Refundación Popular
(frp), con la finalidad de elegir las precandidaturas a diputaciones de
la diversidad sexual de dicha corriente, en el Departamento de Francisco
Morazán.
Adicionalmente, se
debatió y aprobó la creación de la mesa de la diversidad sexual de
LIBRE, que persigue los siguientes objetivos:
a) Ser
el instrumento político e ideológico que analice, concierte y transmita
las necesidades, derechos y responsabilidades de la comunidad LGTB en
el proceso de refundación del Estado hondureño.
b) Asesorar a
las y los candidatos LGTB a cargos de elección popular de LIBRE, sobre
la inclusión de nuestros derechos y demandas políticas, económicas y
sociales dentro de sus propuestas.
c) Constituirse
en un mecanismo de concertación, incidencia y de exigibilidad política
-en beneficio de la comunidad LGTB- antes los diferentes corrientes
internas de LIBRE.
d) Integrar la Mesa de Análisis y Propuestas de Transformación Social de LIBRE.
FUNDAMENTOS DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL DE LIBRE
En
marzo de 2010, el FNRP se define oficialmente como un instrumento de
construcción de poder popular con plena independencia política e
ideológica de los partidos políticos, confesiones religiosas y otras
organizaciones o personas, (…) que buscan la transformación social del
país, en él están representados pobladores y pobladoras, campesinado,
(…)comunidad lésbica, gay, transexual y bisexual (LGTB) (…)y otros
sectores organizados y no organizados.
El
artículo 5 de los Estatutos de LIBRE establece que nuestra institución
política, “orientará y ejecutará su doctrina y su acción política hacia
los siguientes objetivos específicos: (…) j) Garantizar la equidad e
igualdad de género; así como el respeto a la diversidad sexual,
desarraigando la cultura patriarcal en todos los ámbitos de la sociedad.
El
artículo 13, establece como deberes de las y los miembros de LIBRE: (…)
n) Desarrollar y promover una conducta pública y privada, fundamentada
en el respeto, igualdad y equidadde todas las personas sin distinción de
género, origen étnico, edad, creencias religiosas, cultura, ideologías
políticas, condición social o económica, orientación sexual e identidad
de género y tipo de discapacidad.
El
artículo 75, claramente expresa que LIBRE, basado en el pleno respeto
de los Derechos Humanos, valora y promueve la participación libre de las
comunidades de la diversidad sexual en las estructuras de dirección del
partido y en la sociedad.
En base a
lo anterior, la comunidad LGTB asume como suya la responsabilidad de
aportar a la lucha por la construcción de poder popular, desde la lógica
de organización, formación y movilización, a fin de alcanzar la meta de
refundar el estado hondureño a través de una asamblea nacional
constituyente popular, originaria e inclusiva. Pero también estamos
conscientes que las actitudes y expresiones de discriminación,
estigmatización, prejuicioe irrespeto debido a nuestra orientación
sexual e identidad de género, están fuertemente arraigados en toda la
sociedad, e incluso a lo interno del FNRP y de su instrumento político,
el partido LIBRE.
Teniendo como base
los principios, doctrina e ideario de LIBRE, estamos llamados a
contribuir y exigir el cumplimiento de los compromisos morales y legales
asumidos por el partido, específicamente los referentes a garantizar el
respeto a los derechos humanos de la comunidad LGTB, a promover y
asegurar su inclusión política y social y, la participación activa en
las toma de decisiones.
Nuestro
accionar no se limitará en la exigibilidad del cumplimiento y respeto de
nuestros derechos humanos, también asumimos la responsabilidad de
promoverlos a lo interno de la organización política, mediante la
educación y la concientización. De igual forma, asumimos la
responsabilidad de contribuir en la construcción de un programa de
gobierno que vuelva realidad el socialismo democrático anhelado por
LIBRE.
EJES TEMÁTICOS DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL DE LIBRE
El
23 de junio, se realizó la primera reunión de la Mesa de Diversidad, en
la cual se definieron los principales ejes temáticos de lucha y el
plan de acción para el periodo junio-diciembre de 2012, mismos que
desarrollamos a continuación:
I. Derechos Humanos.
La
Declaración Universal de Derechos Humanos, afirma que todos los seres
humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición (orientación sexual e identidad de
género). Todos los demás instrumentos internacionales y regionales de
derechos humanos, proclaman estamentos similares.
En
noviembre de 2006, tras una reunión realizada en Yogyakarta, Indonesia;
29 reconocidas y reconocidos especialistas de diversas disciplinas y
con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacional,
adoptaron unánimemente los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación
de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la
orientación Sexual e Identidad de Género.
Los
Principios de Yogyakarta abordan diferentes normas de derechos humanos y
de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual e
identidad de género, incluye recomendaciones a diversos actores y
afirman normas internacionales vinculantes que todos los Estados deben
cumplir.
Consideramos que LIBRE debe
asumir con suyos los 29 Principios de Yogyakarta, incluyéndolos en su
programa de gobierno y en el futuro proyecto de Asamblea Nacional
Constituyente. Para ellos es vital que la visión de la comunidad LGTBI
esté incluida en la Mesa de Análisis y Propuestas de Transformación
Social de LIBRE
Una de las
principales fortalezas de LIBRE es la gran diversidad de organizaciones,
movimientos y colectivos sociales que lo integran, pero dentro de esa
diversidad debe existir puntos en común, la promoción y respeto a los
derechos humanos universales es uno de ellos; eso incluye el respeto,
promoción y defensa de los derechos humanos relacionados a la
orientación sexual e identidad de género.
La
Secretaría de Derechos Humanos de LIBRE es la principal responsable de
incorporar dentro de su estrategia de trabajo, los derechos humanos por
orientación sexual e identidad de género, asumiendo la coordinación de
todas las acciones de prevención, seguimiento, denuncia, visibilización e
informe sobre la situación y violaciones a los derechos humanos en
general.
Los derechos humanos por
orientación sexual e identidad de género, deben estar incluidos en todos
los programas de formación política, ideológica y técnica de LIBRE.
Recordemos que todos los avances nacionales, regionales y mundiales en
beneficio de los derechos humanos de la comunidad LGTBI se han logrado
bajo gobiernos de corte socialista o progresista, por lo que es
imprescindible que la formación político-ideológica de LIBRE asuma
posturas sólidas y congruentes sobre los derechos humanos por
orientación sexual e identidad de género.
Cabe
destacar los sólidos avances que en materia de derechos humanos por
orientación sexual e identidad de género, han experimentado la mayoría
de los países sudamericanos que poseen gobiernos de corte socialista o
progresista. Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia son ejemplos claros.
Uno
de los primeros pasos para asegurar una sociedad más equitativa e
igualitaria es que las diputadas y los diputados de LIBRE, lideren la
promulgación de una Ley Anti-discriminación que de manera integral
tipifique y penalice todas las discriminaciones por género, origen
étnico, edad, creencias religiosas, cultura, ideologías políticas,
condición social o económica, orientación sexual e identidad de género y
tipo de discapacidad.
Esta
legislación deberá estar inserta en todas aquellas acciones, servicios y
programas sociales de las que el Estado es garante, especialmente en la
educación, el acceso a servicios de salud y la seguridad ciudadana.
Finalmente,
LIBRE debe asumir la responsabilidad de que Honduras se preserve como
un Estado Laico, por lo que creencias religiosas específicas no deben
fomentarse desde el Estado o utilizarse para influenciar la legislación y
el accionar del mismo. Ni mucho menos para justificar inequidades y
violaciones a derechos humanos fundamentales.
II. Ciudadanía y Participación Política.
Asumir
libremente una orientación sexual o una identidad de género distinta a
la heterosexual promovida e impuesta por la sociedad, es de por sí una
acción altamente revolucionaria. Dado que LIBRE se reconoce como una
fuerza política, amplia, democrática, revolucionaria e incluyente, se
debe trascender al discurso y demostrar una apertura sincera y real a la
participación social y política de la comunidad LGTBI a lo interno del
instituto político, incluyendo sus corrientes internas.
De
acuerdo con los estatutos de LIBRE, la Mesa de Análisis y Propuestas de
Transformación Social es un órgano consultivo que “sirve para el
intercambio de diversas visiones de cambio estructural de la sociedad
desde las perspectivas de los distintos sectores de la población y la
construcción colectiva del Programa de Acción” de LIBRE; a fin de
elaborar propuestas para “enriquecer el programa de acción, los Planes
de Gobierno, así como asesorar la gestión de los gobiernos nacionales,
departamentales y municipales” de LIBRE.
Nosotras
y nosotros consideramos de vital importancia estar integradas e
integrados en esas Mesas, por lo que exigimos que las autoridades
partidarias dediquen su mayor esfuerzo para que este mecanismo se active
y se mantenga funcional, a todo nivel.
Pero
para ello también es necesario que no existan barreras personales,
sociales, religiosas o políticas que impidan u obstaculicen la
participación de personas de la comunidad LGTBI en este importante
instrumento para la participación social y política.
III. Seguridad y prevención de violencia.
Las
cifras actuales revelan que los índices de violencia en Honduras son
extremadamente alarmantes, pero es aún más alarmante el alto grado de
impunidad que impera en el país, misma que se traduce en una mora en la
impartición de justicia y el castigo a los responsables materiales e
intelectuales de hechos delictivos.
Es
bien conocido que después del golpe de estado se han elevado
enormemente las cifras de asesinatos, pero con especial énfasis en
ciertos grupos sociales, destacando entre ellos: Mujeres, Periodistas y
comunicadores sociales, profesionales del derechos y personas de la
comunidad LGTB.
LIBRE debe también
liderar la promulgación de legislación y el desarrollo de otras acciones
que contribuyan a reducir los altos niveles de violencia e impunidad,
endureciendo las penas y facilitando el acceso a la justicia.
Primeramente,
se debe tipificar e incluir en la legislación competente la figura
legal del crimen de odio, como un agravante a cualquier tipo de
manifestación de violencia. El crimen de odio no sólo se aplica a la
violencia ejercida y permitida contra la comunidad LGTB, es también
aplicable a cualquier grupo social.
Se
debe fortalecer técnica, política y económicamente a los entes
responsables de la prevención, investigación y sanción de la violencia
en todas sus dimensiones y manifestaciones, estableciendo unidades de
investigación profesional y específica para crímenes en contra de la
comunidad LGTB.
Si bien la comunidad
LGTB es altamente vulnerable a ser víctima de la violencia y la
inseguridad ciudadana, las personas travestis, transexuales y
transgénero son quienes experimentan mayor niveles de vulnerabilidad
dentro de la comunidad. Por lo que LIBRE debe dedicar mayores esfuerzos
para garantizar la seguridad y la reducción de la violencia con estas
personas.
La experiencia nos dice
que la mayoría de las y los operadores de justicia no tienen la
preparación adecuada e incluso la disposición personal para abordar
profesionalmente cualquier tipo de delito o crimen de odio en contra de
una persona LGTB, por lo que imperante que se les desarrollen las
capacidades técnicas y éticas desde una perspectiva de derechos humanos
y de género.
IV. Desarrollo Social y Económico.
El
Pacto Internacional de los de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales estable que Honduras, al ser uno de los estado que consignó
dicho pacto, debe garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
Honduras, entre otras
cosas, se compromete a: a)asegurar a los hombres y a las mujeres igual
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el presente Pacto; b) asegurar el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; c)
reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al
seguro social; d) reconocer el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental y; e) reconocer el
derecho de toda persona a la educación […]la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Si bien
estamos conscientes que hay mucho camino por recorrer para asegurar el
pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para
toda la población; cuando se trata de personas con una orientación
sexual o identidad de género distinta a la heterosexual social y
culturalmente arraigada, promovida e impuesta por la sociedad, el Estado
y las denominaciones religiosas judeo-cristianas, la brecha de
desigualdad se agranda más.
En la
mayoría de los casos, para que una personas sexo género diversa pueda
gozar de sus DESC, debe renunciar a manifestar abiertamente su
orientación sexual e identidad de género. El caso se agrava más cuando
es una persona travesti, transgénero o transexual.
La
identidad de género es irrespetada, perseguida y vilipendiada por las y
los responsables de asegurar el acceso equitativo a los DESC, con
especial énfasis en la educación, la salud y el trabajo digno.
La
violación constante de este conjunto de derechos, en ocasiones se
justifica con excusas de que la persona o grupo de personas atentan
contra la moral y las buenas costumbres o tachando a la orientación
sexual e identidad de género como una enfermedad o trastorno mental que
debe ser tratado.
El acaso escolar
(bullying) es aceptado e incluso promovido por autoridades y personal
docente de los centros educativos. Muchas y muchos niños, adolescentes y
jóvenes optan por renunciar a ese derecho fundamental a fin de proteger
su integridad física, emocional y mental. El alto índice de suicidios
en la juventud hondureña, no ha sido tratado con la seriedad que lo
amerita. En muchos casos estos suicidios son producto del sistemático
acoso escolar homófobo
De igual
manera, existe una enorme discriminación y estigmatización de las
personas LGTB al momento de solicitar cualquier servicio de salud o
cuando aspiran a obtener un trabajo digno.
LIBRE
debe asumir el compromiso para reducir y erradicar estas barreras
sociales, culturales y patriarcales que limitan el acceso igualitario y
equitativo de la población LGTB a los DESC, desde la legislación y la
educación a la población a través de campañas nacionales u otras
iniciativas.
La Escuela de las Américas es la expresión de la política exterior de Estados Unidos, dice fundador de SOA Watch
--
Por Giorgio Trucchi
El 16 de noviembre de 1989, militares pertenecientes a las brigadas especiales contrainsurgentes del ejército salvadoreños cercaron e irrumpieron en las instalaciones de la UCA (Universidad Centroamericana) de San Salvador, masacrando a seis padres jesuitas y dos mujeres. Según las investigaciones realizadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992), los principales responsables de esta masacre, así como del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), de las cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll (1980) y de un sinnúmero de otros trágicos eventos en toda América Latina, fueron egresados de la tristemente famosa Escuela de las Américas (School of the Americas – SOA, por sus siglas en inglés).
Leer las primeras tres entregas del reportaje especial:
- Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington
- “La guerra contra las drogas es un fracaso”, dice directora del Programa de las Américas
- Organizaciones: remilitarización de Centroamérica provoca más muertes y violencia
A partir de 1990, como reacción a ese grave acontecimiento, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses se juntaron y fundaron el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), teniendo como objetivo principal el cierre definitivo de esta escuela “de asesinos, torturadores y golpistas”, como dijo a Opera Mundi el sacerdote y fundador de esta organización, Roy Bourgeois. Cerca de 180 miembros del movimiento han sido encarcelados por solidarizarse con los afectados por la Escuela de las Américas. El padre Bourgeois ha pasado más de cuatro años en la cárcel por estar exigiendo el cierre de esta institución.
Fundada en 1946 en Panamá para entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia, y trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, la SOA, hoy rebautizada como WHINSEC (Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental), ha entrenado a más de 64 mil soldados, “muchos de los cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países", señala el sacerdote.
Según Bourgeois, esta escuela representa la máxima expresión de la política exterior norteamericana, y sigue jugando un papel muy importante en la estrategia de reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina, y en la remilitarización de Centroamérica en el marco del combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Opera Mundi: ¿Cómo describiría la Escuela de las Américas?
Roy Bourgeois: Como una escuela de asesinos, torturadores y golpistas, que lamentablemente es muy bien conocida en toda América Latina. Ahí se han entrenado a más de 60 mil soldados, la mitad de los cuales colombianos. Por más de 20 años hemos acompañado la trayectoria de estos graduados y hemos encontrado cientos de conexiones con las más graves atrocidades cometidas en América Latina durante las dictaduras militares de las décadas pasadas. Además, es un claro símbolo de la política exterior de mi país (Estados Unidos).
OM: ¿De qué manera representa la política exterior de Estados Unidos?
RB: Estados Unidos está acostumbrado a expandirse en un continente que considera suyo, y lo hace extendiendo sus fuerzas y su influencia para controlar cualquier tipo de proceso progresista o de izquierda en América Latina. En este sentido, la Escuela de las Américas siempre ha sido parte de esta estrategia. No es un caso que los intentos de golpes de Estado que se dieron en los últimos años en Venezuela (2002), Honduras (2009) y Ecuador (2010), fueron liderados por egresados de la SOA.
OM: ¿Hay vínculos con intereses económicos, además que políticos y estrategicos, en la región?
RB: Por supuesto que los hay. El Pentágono dice que ahí enseñan la democracia y la defensa de los derechos humanos, lo cual es absurdo y tristemente ridículo. El papel de la SOA sigue siendo la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos y de sus transnacionales en América Latina, en colusión con las oligarquías locales.
Por suerte, los pueblos están despertando, se están organizando y uniendo, y le están diciendo al imperio que ya no puede venir en estos países como hacían los ‘conquistadores’, para explotar sus recursos y sus pueblos. Ya hay seis países - Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Nicaragua - que han dicho que no van a enviar más soldados a Fort Benning. La decisión que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acaba de tomar, va a ser de ejemplo para el resto de la región centroamericana.
OM: ¿Cómo esta situación que usted está describiendo se relaciona con la lucha contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos en Centroamérica?
RB: El proceso de remilitarización que se está dando en la región y la violencia que ha acarreado nos preocupa. Es parte de la misma dinámica de control y de reposicionamiento estratégico de Estados Unidos, porque nunca va a parar hasta detener cualquier proceso de independencia latinoamericana.
Lo hemos visto recientemente con el golpe de Estado en Honduras y con los intentos fallidos perpetrados contra gobiernos que pertenecen al Alba (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
OM: ¿Cómo van a continuar esta lucha para el cierre de la SOA?
RB: Cada año se gastan más de 30 millones de dólares de nuestros impuestos para financiar la SOA, mientras tanto cortan el presupuesto de educación. Las personas continúan sumándose a la lucha y ya estamos viendo resultados importantes. Hay decenas de congresistas que han firmado una petición para el cierre definitivo. Esperamos que, a medida que más países latinoamericanos vayan juntándose a la iniciativa, más congresistas se sientan estimulados a dar ese paso.
OM: Usted, así como muchas otras personas, ya fueron encarcelados por llevar esta lucha adelante...
RB: Y lo vamos a seguir haciendo, trabajando para concientizar a la gente y a los gobiernos. Lograr el cierre de este ‘monstruo’ sería algo extraordinario. Desde ya invitamos a toda la gente que quiera participar frente a las instalaciones de Fort Benning el 16 y 17 de noviembre próximo.
Laura Carlsen
4.
El 16 de noviembre de 1989, militares pertenecientes a las brigadas especiales contrainsurgentes del ejército salvadoreños cercaron e irrumpieron en las instalaciones de la UCA (Universidad Centroamericana) de San Salvador, masacrando a seis padres jesuitas y dos mujeres. Según las investigaciones realizadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992), los principales responsables de esta masacre, así como del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), de las cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll (1980) y de un sinnúmero de otros trágicos eventos en toda América Latina, fueron egresados de la tristemente famosa Escuela de las Américas (School of the Americas – SOA, por sus siglas en inglés).
Leer las primeras tres entregas del reportaje especial:
- Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington
- “La guerra contra las drogas es un fracaso”, dice directora del Programa de las Américas
- Organizaciones: remilitarización de Centroamérica provoca más muertes y violencia
A partir de 1990, como reacción a ese grave acontecimiento, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses se juntaron y fundaron el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), teniendo como objetivo principal el cierre definitivo de esta escuela “de asesinos, torturadores y golpistas”, como dijo a Opera Mundi el sacerdote y fundador de esta organización, Roy Bourgeois. Cerca de 180 miembros del movimiento han sido encarcelados por solidarizarse con los afectados por la Escuela de las Américas. El padre Bourgeois ha pasado más de cuatro años en la cárcel por estar exigiendo el cierre de esta institución.
Fundada en 1946 en Panamá para entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia, y trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, la SOA, hoy rebautizada como WHINSEC (Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental), ha entrenado a más de 64 mil soldados, “muchos de los cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países", señala el sacerdote.
Según Bourgeois, esta escuela representa la máxima expresión de la política exterior norteamericana, y sigue jugando un papel muy importante en la estrategia de reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina, y en la remilitarización de Centroamérica en el marco del combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Opera Mundi: ¿Cómo describiría la Escuela de las Américas?
Roy Bourgeois: Como una escuela de asesinos, torturadores y golpistas, que lamentablemente es muy bien conocida en toda América Latina. Ahí se han entrenado a más de 60 mil soldados, la mitad de los cuales colombianos. Por más de 20 años hemos acompañado la trayectoria de estos graduados y hemos encontrado cientos de conexiones con las más graves atrocidades cometidas en América Latina durante las dictaduras militares de las décadas pasadas. Además, es un claro símbolo de la política exterior de mi país (Estados Unidos).
OM: ¿De qué manera representa la política exterior de Estados Unidos?
RB: Estados Unidos está acostumbrado a expandirse en un continente que considera suyo, y lo hace extendiendo sus fuerzas y su influencia para controlar cualquier tipo de proceso progresista o de izquierda en América Latina. En este sentido, la Escuela de las Américas siempre ha sido parte de esta estrategia. No es un caso que los intentos de golpes de Estado que se dieron en los últimos años en Venezuela (2002), Honduras (2009) y Ecuador (2010), fueron liderados por egresados de la SOA.
OM: ¿Hay vínculos con intereses económicos, además que políticos y estrategicos, en la región?
RB: Por supuesto que los hay. El Pentágono dice que ahí enseñan la democracia y la defensa de los derechos humanos, lo cual es absurdo y tristemente ridículo. El papel de la SOA sigue siendo la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos y de sus transnacionales en América Latina, en colusión con las oligarquías locales.
Por suerte, los pueblos están despertando, se están organizando y uniendo, y le están diciendo al imperio que ya no puede venir en estos países como hacían los ‘conquistadores’, para explotar sus recursos y sus pueblos. Ya hay seis países - Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Nicaragua - que han dicho que no van a enviar más soldados a Fort Benning. La decisión que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acaba de tomar, va a ser de ejemplo para el resto de la región centroamericana.
OM: ¿Cómo esta situación que usted está describiendo se relaciona con la lucha contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos en Centroamérica?
RB: El proceso de remilitarización que se está dando en la región y la violencia que ha acarreado nos preocupa. Es parte de la misma dinámica de control y de reposicionamiento estratégico de Estados Unidos, porque nunca va a parar hasta detener cualquier proceso de independencia latinoamericana.
Lo hemos visto recientemente con el golpe de Estado en Honduras y con los intentos fallidos perpetrados contra gobiernos que pertenecen al Alba (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
OM: ¿Cómo van a continuar esta lucha para el cierre de la SOA?
RB: Cada año se gastan más de 30 millones de dólares de nuestros impuestos para financiar la SOA, mientras tanto cortan el presupuesto de educación. Las personas continúan sumándose a la lucha y ya estamos viendo resultados importantes. Hay decenas de congresistas que han firmado una petición para el cierre definitivo. Esperamos que, a medida que más países latinoamericanos vayan juntándose a la iniciativa, más congresistas se sientan estimulados a dar ese paso.
OM: Usted, así como muchas otras personas, ya fueron encarcelados por llevar esta lucha adelante...
RB: Y lo vamos a seguir haciendo, trabajando para concientizar a la gente y a los gobiernos. Lograr el cierre de este ‘monstruo’ sería algo extraordinario. Desde ya invitamos a toda la gente que quiera participar frente a las instalaciones de Fort Benning el 16 y 17 de noviembre próximo.
Laura Carlsen
Honduras: “La guerra contra las drogas es un fracaso", dice directora del Programa de las Américas
Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi
El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región. Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas (segunda entrega).
Leer también: Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington
Opera Mundi: ¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.
OM: ¿Cuál es el balance de este modelo?
LC: Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.
OM: ¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?
LC: La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.
OM: ¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?
LC: El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.
OM: ¿De qué intereses estamos hablando?
LC: En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.
En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la region.
OM: También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países...
LC: Es otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.
OM: En varios países de Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
LC: No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.
OM: ¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
LC: Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.
OM: ¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?
LC: Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.
También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.
Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.
OM: ¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?
LC: No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.
Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.
Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.
Isis Obed Murillo
5.
Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi
El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región. Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas (segunda entrega).
Leer también: Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington
Opera Mundi: ¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.
OM: ¿Cuál es el balance de este modelo?
LC: Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.
OM: ¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?
LC: La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.
OM: ¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?
LC: El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.
OM: ¿De qué intereses estamos hablando?
LC: En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.
En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la region.
OM: También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países...
LC: Es otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.
OM: En varios países de Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
LC: No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.
OM: ¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
LC: Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.
OM: ¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?
LC: Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.
También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.
Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.
OM: ¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?
LC: No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.
Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.
Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.
Isis Obed Murillo
Honduras: “Me quedan 11 hijos para seguir enarbolando la justicia”: padre de mártir de la dictadura
Redacción Central / EL LIBERTADOR Tegucigalpa. En el marco de la presentación del informe de la Comisión de Verdad que detalle los hechos ocurridos durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, realizó una intervención el padre de Isis Obed Murillo -joven de 19 años que fue asesinado durante la mega-marcha del 5 de julio de 2009-, José David Murillo Sánchez.
Declaró que “tengo 12 hijos con Isis Obed, me quedan 11 para seguir enarbolando la justicia, para que en Honduras seamos diferentes”.
El padre de este joven mártir de “La Resistencia” manifestó que Honduras está a las puertas “para que todo sea innovado para una nueva esperanza en nuestro país”.
Asimismo, Murillo pidió justicia durante la presentación. “Pedimos a los que vienen de cada departamento que levantemos nuestro puño en alto y digamos juntos `¡queremos justicia!´”
“No somos mejores que ellos pero sí somos del pueblo” finalizó en su discurso el padre de una de las víctimas de la dictadura de 2009.
Redacción Central / EL LIBERTADOR Tegucigalpa. En el marco de la presentación del informe de la Comisión de Verdad que detalle los hechos ocurridos durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, realizó una intervención el padre de Isis Obed Murillo -joven de 19 años que fue asesinado durante la mega-marcha del 5 de julio de 2009-, José David Murillo Sánchez.
Declaró que “tengo 12 hijos con Isis Obed, me quedan 11 para seguir enarbolando la justicia, para que en Honduras seamos diferentes”.
El padre de este joven mártir de “La Resistencia” manifestó que Honduras está a las puertas “para que todo sea innovado para una nueva esperanza en nuestro país”.
Asimismo, Murillo pidió justicia durante la presentación. “Pedimos a los que vienen de cada departamento que levantemos nuestro puño en alto y digamos juntos `¡queremos justicia!´”
“No somos mejores que ellos pero sí somos del pueblo” finalizó en su discurso el padre de una de las víctimas de la dictadura de 2009.
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Este es un grupo de correos de amigos de la Organizacion Politica Los Necios. Creemos en el debate, en el ejercicio de opinar y difundir pensamiento revolucionario, sentimiento humano. Tambien para hacer acopio de ideas, observaciones, criticas y pensamientos que contribuyan con la construccion de una nueva sociedad hondureña y centro americana, que a la vez nuestra luz crezca y se comparta con el mundo.
¡Venceremos!
¡Necedad!
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