Ollantay Itzamná*
Honduras,
al igual que el resto de los países latinoamericanos, está en vísperas
de celebrar el bicentenario de su vida republicana. Sin embargo, como en
ningún otro país de la región, el sinsentido y la resignación habitan a
las grandes mayorías de la población porque la violenta desintegración
social por la ausencia estatal, y la emergencia de narco estados locales
son galopantes. A tal grado que la referencia a Honduras como un Estado
fallido ya no es
una sentencia subversiva, sino una verdad asumida por funcionarios y la
ciudadanía en general.
La
retirada física y simbólica del Estado hondureño de amplios bolsones
territoriales y sectoriales del país se confirma por la completa
vulnerabilidad de los derechos humanos fundamentales. Según el informe
del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, 2011, cada día son asesinados a bala un promedio de 20
hondureños. Es decir, cada 75 minutos muere a bala un hondureño en algún
rincón del país. Mientras el promedio de la violencia en el mundo es de
8 por cada 100 mil habitantes, en Honduras es de 85 por cada 100 mil.
De cada 100 casos de asesinato,
sólo un promedio de 4 son denunciados en el inoperante sistema
judicial. El resto, queda al margen esperando el momento para ser
resuelto por mano propia. Ni mencionar la cantidad de muertes diarias
que ocurren a falta de asistencia médica y alimentaria en un país donde
la pobreza carcome a más del 75% de su población.
Esta
situación de violencia generalizada creció y crece de forma simultánea
con la presencia de la actividad del narcotráfico en el país. Desde la
década de los 80 del pasado siglo, el narcotráfico comenzó a incursionar
en Honduras. Pero, en la actualidad, el territorio hondureño, por ser
un nudo geográfico de Centro América y por la condición de ser un Estado
fallido, se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte
fluido del cargamento de la droga hacia el Norte.
En
avionetas y submarinos llega el cargamento procedente de Sur América
hacia la Mosquitia (Departamento de Gracias a Dios) y las costas del
Caribe hondureño. De allí, el cargamento recorre en caravanas por los
departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Copán y
Ocotepeque hacia su paso por Guatemala. Este narco corredor seco no es
ningún secreto, ni para las autoridades estatales, ni mucho menos para
la población. Es en este narco corredor donde ganan terreno al Estado
nación ausente los mini narco estados emergentes.
La
esposa de un jefe policial, en las proximidades de la frontera entre
Honduras y Guatemala, en 2011, confiesa: “Yo sé que mi esposo no está
involucrado en el narco tráfico, pero él me cuenta que cuando se anuncia
que va a pasar el cargamento por el territorio de su jurisdicción, por
órdenes de arriba, tiene que dar licencia a todo el personal a su cargo y
tomar descanso”. Mancomunidades de municipios del corredor de la droga
son obligadas a pactar macro políticas locales para cooperar con el paso
del cargamento. En 2011, un joven Alcalde del Municipio de La Labor,
Ocotepeque, amaneció muerto a bala y machetazos por oponerse, en una
reunión de alcaldes, a cooperar con el paso del cargamento hacia
Guatemala. En 2010, en el Municipio de Santa Rita, Copán, asesinaron
con bazuca a un Diputado Nacional (quien se transportaba en un
blindado), luego a su hermano. Nadie investigó nada, aunque el Estado ya
gasta cerca del 10% de su presupuesto general en seguridad.
El
actual Ministro de Educación, en mayo del 2012, ante la solicitud de la
dirigencia magisterial para visitar el Departamento de Copán respondió:
“Yo no entro a Copán. Ese Departamento se encuentra bajo el control de
los narcos”. Y nunca vino. Mientras tanto, las plazas de educación,
salud y puestos policiales son definidos por el narco poder que tiene
todo bajo su dominio. Incluso el Cardenal de Honduras canceló su
única visita pastoral a Copán en tres años “por motivos de seguridad”.
La
materialización de un narco Estado en Honduras, en su expresión de
gobierno local, es el Municipio de El Paraíso, Copán, en la zona
occidental de Honduras. Allí, el Alcalde, quien ya lleva dos gestiones
seguidas, popular por su involucramiento con el narcotráfico, construyó
todo un feudo de narco municipio. Nadie entra ni sale del lugar sin
antes presentar credenciales. Está prohíbo disentir o criticar. Mucho
más exigir la rendición de cuentas. El Alcalde es casi un misterio
porque casi nadie lo ve. Construyó el edificio municipal como un búnker,
con helipuerto en la azotea y medidas extremas de
seguridad. Todos los funcionarios portan revólveres y exponen sus
metralletas AK en las reuniones. El Alcalde distribuye de facto las plazas de educación, salud, seguridad, etc. Las autoridades nacionales y los sindicatos sólo miran y asienten impotentes.
Sería
impreciso sostener que la licuefacción del aparente Estado nación
hondureño es producto del narcotráfico. En 190 años de vida republicana
Honduras no pudo cuajar como Estado, ni en su territorio, ni en el
imaginario de su población, producto de las limitaciones intelectuales y
morales de sus
élites gestoras. En un Estado aparente o débil, y por la ubicación
geográfica, el narcotráfico comenzó a ganar terreno (especialmente en
los espacios abandonados por el Estado nación) hasta constituirse en
narco estados emergentes desde los gobiernos locales.
Lo
complicado de esta situación es que Honduras es ahora un territorio en
guerra, donde se disputan espacios de poder los mini narco estados
emergentes, acelerando con ello la violenta desintegración social y
territorial del país. Pero también es importante indicar que la economía
hondureña sobrevive gracias a los cientos de millones de dólares
inyectados por el narcotráfico. De esta manera, la frontera entre lo
lícito e
ilícito se diluye juntamente con el Estado nación.
Centro América, 01 de septiembre de 2012
*Ollantay Itzamná, indígena quechua, abogado y antropólogo
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