El país|Domingo, 22 de julio de 2012
Buenos Oficios
Videla
habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia
Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el
testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo
manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le
ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del
asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se
comprende por
qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
Por Horacio Verbitsky
El
ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el
ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta,
y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno
sobre la forma de manejar la situación de las personas
detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos
oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus
hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la
búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa
institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como
consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado
reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un
involucramiento episcopal activo para que esa información no
trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas,
de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El
reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto
Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista
español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se
divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista
Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe
de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de
diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por
los crímenes de lesa
humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla
fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31
prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de
rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de
agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de
Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa
pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos
domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus
palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta
en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como
en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla
justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de
aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que
constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno
democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía
las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las
víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y
libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es
inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”.
Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no
haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que
“hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar
la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”.
Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a
la contra pregunta.
Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le
impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor?
¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas
para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa
realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en
ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico
al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando
los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de
personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que
deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que
menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978
durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado,
que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban
los arzobispos de
Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como
vicepresidentes.
Primatesta
hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de
1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a
las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio
decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea
divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca
lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde
están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en
esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede
responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir
para
proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo
consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del
Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La
autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal,
que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una
consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su
publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un
grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su
gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional
que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma.
No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al
gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de
asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de
las víctimas contaran lo que había ocurrido
con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la
entrevista sobre el tema:
–No
deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de
los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
–La
desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta
el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con
muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia
Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos
hemos tenido muchas charlas. Con el
nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy
dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos,
la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se
tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se
les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es
que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo
comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta
la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les
dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La
minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la
Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y
Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la
Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán
recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos
asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’.
Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de
encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no
se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María
Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue
publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron
desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta
ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995,
bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo
sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar,
la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia
Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando
Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40
detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le
había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero
temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal
como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el
concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de
concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún
quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa
lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que
tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio
Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se
preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados
desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia
opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las
violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni
espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”.
Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado
por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su
testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de
León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y
Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María
Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de
las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo
entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones.
“Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento
un monstruo por haber
escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella
Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas
después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor
guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos
coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron
a Laghi. Uno de ellos, Hugo
Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi
visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio
Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se
adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de
aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que
militaban en los barrios más humildes y las del peronismo
revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un
sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de
Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli,
Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice
Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de
discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la
línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la
ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de
la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es
decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles
desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía
cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro
del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy
preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral
totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores
dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el
periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital
Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la
comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en
mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas
condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró
necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que
impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados
graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la
prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.
El periodista Adolfo Ruiz y la carta manuscrita de Videla en la que acepta la
entrevista.
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