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por Kaos. Inmigración
Martes, 05 de Junio de 2012 06:30
“Nuestro país no debe aplicar solamente medidas de instrumentación
de la ley que empujan a los trabajadores indocumentados a las sombras,
mientras que distrae a la policía de amenazas reales a nuestras
comunidades”, dijo el dirigente sindical Jaime Contreras.
El alcalde de Washington, Vincent Gray, y líderes cívicos
expresaron su decepción por la expansión a partir de este martes de un
programa federal de deportaciones de inmigrantes con antecedentes
penales.
“Estoy decepcionado de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya decidido continuar con este programa”, pese al rechazo de funcionarios electos y de la policía local, dijo Gray.
“Estoy decepcionado de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya decidido continuar con este programa”, pese al rechazo de funcionarios electos y de la policía local, dijo Gray.
En áreas con una significativa población
de inmigrantes, “la policía depende de los lazos de confianza” en que
la situación migratoria no afecte la colaboración de los habitantes,
señaló el alcalde.
Fuente: Agencias / Notimex / Blog Segur
“Comunidades Seguras pone en peligro
esos lazos de confianza, y por consiguiente crea un ambiente menos
seguro para todos”, puntualizó.
A fines del año 2011, el alcalde firmó
una orden ejecutiva que instruyó a la policía local a no preguntar sobre
la condición migratoria de las personas ni enviar información a las
agencias federales. Esa orden exceptuaba los casos en que el estatus
migratorio tuviera relación directa con una investigación criminal.
El Distrito de Columbia, al igual que
los gobernadores de Illinois, Massachusetts y Nueva York, así como
alcaldes de numerosas ciudades, se oponen al programa, porque muchas
víctimas o testigos se abstendrían de cooperar con la policía por temor a
la deportación.
Líderes cívicos y concejales apoyaron un
proyecto de ley que busca mitigar el impacto del programa Comunidades
Seguras, para enfocarse sólo en mayores de 18 años y convictos por
delitos graves.
La activista Sarahi Uribe, de la Red
Nacional de Jornaleros (NDLON), elogió los esfuerzos legislativos en
Washington para proteger a los inmigrantes, como han hecho el condado de
Cook, en Illinois, y el estado de Connecticut.
El concejal Jim Graham dijo a su vez que
busca fortalecer la línea entre las fuerzas locales del orden y los
agentes de inmigración. “Nuestro país no debe aplicar solamente medidas
de instrumentación de la ley que empujan a los trabajadores
indocumentados a las sombras, mientras que distrae a la policía de
amenazas reales a nuestras comunidades”, dijo el dirigente sindical
Jaime Contreras. La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos,
Janet Napolitano, defiende la expulsión.
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