Con esas siglas pasamos a tener y comenzar a conocer la Ley
de Acceso a la Información Pública y Transparencia la cual era tan necesaria
dado a la corrupción constante y sonante que ha caracterizado a nuestro país a
lo largo de la historia.

En sí, el corazón de esta ley no tiene nada de dificultad en
lo que va a ofrecer, lo difícil va a ser la metodología a usar, los recursos
humanos, tecnológicos y económicos de que se dispone, si va a tener carácter retroactivo
o no, cuáles van a ser las penas aplicadas a la corrupción y si esas penas se
van a hacer cumplir, que capacidad
existe para recopilar toda la información a la que se espera que el pueblo
tenga acceso y quien va a ser el garante de la transparencia de la misma.
Paralelamente a esta ley, se envía un Decreto Ejecutivo sobre
Política de Austeridad y claro, así como está la economía en el mundo y el país
en particular, nadie se puede dar el lujo de estar gastando lo que no le
pertenece, aunque a veces se hace difícil esa medición cuando hay abundancia de
lo que no siendo tuyo y no te ha costado
lo puedes gastar sin que nadie ejerza controles sobre ello.
El pueblo necesita saber cómo se invierte el dinero del
estado, cual es la justeza en el reparto presupuestario y por qué estamos como estamos, como tal, la ley es una iniciativa que madurada con el
tiempo y el esfuerzo ciudadano en mucho
puede ayudar a la nación, sin embargo existe el problema de darle continuidad a
la misma cuando el actual gobierno termine su período.
Una iniciativa como ésta, de gran envergadura, llena
vacios dejados por el tiempo y el desorden fiscal y ayudara al mismo tiempo
para que como pueblo nos eduquemos para preguntar cómo se manejan los fondos públicos
de parte de las autoridades y así poder sugerir iniciativas para ayudar a
nuestra nación a salir de la opacidad administrativa.

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