Asunción, mayo de 2012 ( Agencia de Noticias Aratiri - A.N.A.) A continuación reproducimos el comunicado del Colectivo de Ex Detenidas Políticas del Paraguay " Carmen Soler. " En este, llaman a sumarse a la lucha por las querellas penales que enjaulen a los criminales de lesa humanidad del Paraguay. Sostienen que siguen firmes, con la campaña internacional "Querellar a los represores de la dictadura stronista es frenar la represión del pueblo campesino."
Terminar con la
impunidad es la garantía de no repetición del terrorismo de estado,
agregan. La medianoche del 30/4/2012, consecuencia de la impunidad y la
militarización de nuestra sociedad, el joven campesino sordomudo Ledesma
pasó a integrar el listado de centenares de campesinos asesinados por
la policía, militares y sicarios del latifundio, quienes continúan
impunes. Esta vez, el jóven fue baleado de manera inmisericorde por las
temibles FOPE, instruidas "a domicilio" por militares yanquis y
colombianos, en el marco de la política de formación "profesional"
brindada a los cuadros policíales por el gobierno de Lugo.
Contacto: tereasilve@yahoo.com.ar
redacción aratiri
A la opinión pública
Nuevos
compañeras y compañeros Víctimas de la Dictadura Stronista, han
iniciado querellas penales particulares contra los terroristas de estado
de la dictadura stronista, y piensan hacerlo muchos más, hasta que
enjaulemos el último criminal de lesa humanidad.
Exigimos a las autoridades responsables que entreguen el listado de represores.
Vemos
con preocupación, que algunas organizaciones utilizan las necesidades
económicas reales y frecuentemente urgentes de los compañeros víctimas
de la dictadura, para desviar el camino que lleva al juicio y castigo a
los genocidas. Alertamos a los compañeros que fuerzas oscuras están
presentando alternativas desviacionistas y que pretenden confundir
nuestro objetivo que fue, y es enjaular a los criminales de lesa
humanidad. Nuestro Colectivo, ha seguido un camino recto, claro y
fundamentalmente: somos querellantes penales particulares.
Esta
etapa marcada por las querellas penales particulares encuentra a
nuestro Colectivo con una historia que podemos mostrar. Nuestra
organización protagonizó abiertamente, ( está documentado ) la lucha por
la creación de la Defensoría del Pueblo. Podemos decir, que luego le
arrancamos al stronismo sin stroessner la 838 / 96 y la 3603/ 08.
Gracias a esa lucha, en Paraguay, el poder judicial ya ha reconocido
como objetos procesales, válidos, los relatos incluidos en las
resoluciones de “Reparación … “ Es posible reducir a los terroristas de
estado, nuestra organización lo demostró en la Audiencia Pública
Internacional realizada en Buenos Aires, donde logramos la destitución
del actual senador por la ANR, Doctor, Orlando Fiorotto, del cargo de
embajador por su pasado stronista. En Buenos Aires, nuestro organismo
recibió 8 veces al Defensor
del Pueblo, para que 200 compañeros pudiesen abrir su expediente para
alcanzar la resolución del Poder Judicial.
Pero
el objetivo era y fue siempre el relatorio de las violaciones a los
DD.HH. incluido en dicha resolución. Hoy, con la resolución en la mano,
cualquier compañero puede iniciar una querella penal contra sus
represores.
El
Estado de Paraguay, no está siguiendo el camino correcto en materia de
DD.HH., por eso denunciamos en nuestra nota anterior la solución
biológica, dada a los genocidas. Explicábamos que los 696 represores
identificados por la CV y J ( en realidad hay que identificar miles de
represores aún ) son la guardia pretoriana de un régimen social injusto.
Por eso, repudiamos la ley anti terrorista, los procesados por luchar,
los presos políticos, los refugiados políticos, los jueces probos
sancionados ( en algunos casos destituidos ) por fallar conforme a
derecho, en favor de los campesinos que luchan por la reforma agraria.
Cuando
nuestra compañera Teresita Asilvera escrachó al fiscal asesino Rogelio
Ortuzar en los pasillos del Palacio de Justicia, observamos que no
estaba “culturalmente” preparado para comprender el “hecho político
nuevo.” Con esto se demostró que el repudio a un terrorista de estado es
un “impensable social” en Paraguay.
No
estamos frente a una teorización vacía, sino un diagnóstico de las
nulas posibilidades, que tenemos de esperar alguna sensibilidad o algún
rastro de humanidad en la conciencia de los terroristas de estado.
Tampoco
es una formulación vacía, si la utilizamos para señalar la
imposibilidad de la misma sociedad en Paraguay ( y de algunas
organizaciones sociales ) de captar la relación real y concreta que
existe entre la impunidad de los crímenes de la dictadura y el régimen
crecientemente injusto que sufrimos en nuestro país. La expropiación de
la tierra a los campesinos a manos de los agronegocios y el latifundio
se sostiene con la creciente militarización y en consecuencia la
creciente violencia social. Veíamos con profundo dolor pero sin sorpresa
como, el 11 de abril pasado, en la zona de Arroyito, Departamento de Concepción,
de manera inmisericorde era baleado el
joven Ledesma, sordomudo, por las FOPE en un procedimiento de “gatillo
fácil” ( a la argentina ) que recuerda los “falsos positivos” (a la
colombiana. )
Las
comunidades campesinas que aún resisten al embate represor, son
sometidas al envenamiento masivo con glifosato. Lo que llamamos
agricultura sin agricultores impide, además, la alimentación correcta de
los niños. El
15 de abril, el director de la Décima Región Sanitaria, Héctor Arnella
denunció que “ser pobre es mortal para los niños en Alto Paraná. Las
primeras causas de muerte de los niños que pasaron los 40 días de
nacidos y son menores de 5 años tienen relación con las condiciones de
pobreza y extrema pobreza en que viven sus familias. El 30% de los niños
que consultan en hospitales y puestos de Salud Pública en Alto Paraná,
está desnutrido o en riesgo de desnutrición. Y a la falta de alimentos
se suma la ingesta de agua no potable y una exposición
directa a los cambios del clima sin que el organismo pueda defenderse.
Es por eso que están falleciendo de hambre, diarrea y enfermedades
respiratorias.”
Los
beneficiarios directos del régimen tiránico del stronismo sin
stroessner, son incapaces de la más mínima responsabilidad social, se
comportan como lo que son, una fuerza militar de ocupación. Han
facilitado con sus diques la gigantesca inundación, que castiga
directamente al campesinado o indirectamente por la vía del dengue. Este
mes, latifundistas impidieron por la fuerza la detonación de una
represa instalada a la altura del km 35 de la ruta General Díaz, por
parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, juntamente con
representantes del Ministerio Público y la Secretaría del Ambiente
(Seam), aduciendo que se trata de un puente que fue construido por
inversión privada.
Este
escenario social de indefensión de las mayorías en Paraguay, tiene como
consecuencia, el desplazamiento forzoso a los prostíbulos, los talleres
de trabajo clandestino del exterior y en menor medida a las maquilas en
nuestro territorio. La prensa local denunció que “las paraguayas se “rematan” a 20 euros la hora en España - Antes, el servicio completo de las compatriotas costaba un mínimo de 50 euros.” Agregaron. Jovencitas
de 18 hasta maduras de 42 años, son obligadas por el régimen a
“atender” 10 clientes por día. La mayoría son casadas, con varios hijos
en nuestro país. “A sus familiares les hacían creer que trabajaban de
“internas” (empleada sin retiro), con un sueldo mensual de tan sólo 650
a 850 euros, de los cuales enviaban una remesa de 300 a 450 euros
mensuales.”
Nosotros
seguiremos, por eso concluimos que hay que desmontar el mecanismo
estatal de impunidad como única garantía de no repetición de los
crímenes de lesa humanidad del terrorismo de estado. En este sentido,
nos ratificamos en los objetivos de la Campaña “Querellar a los represores de la dictadura stronista, es frenar la represión del pueblo campesino en Paraguay.”
Entendemos
que el éxito de nuestro intento depende de profundizar la lucha por más
democracia y por la unidad latinoamericana. Dicha lucha tiene su
obstáculo principal en el Congreso y por último, sabemos que la
impunidad del terrorismo de estado y la represión a los campesinos es
financiada y promovida por la embajada de EE.UU. En Paraguay, los
núcleos duros de la impunidad, se ubican con claridad en la embajada de
EEUU en Asunción y en el Congreso.
Dada
la situación planteada por la justa y necesaria no renovación del cargo
de los 7 cortesanos, abrimos una consulta fraternal, de la cual salga
una resolución que decida las medidas que impidan el regreso al Palacio
de Justicia de estos jueces. Los sectores reaccionarios se hacen fuertes
en sus despachos del congreso, encabezando la intentona para conseguir
dicho regreso, mediante una reforma de la Constitución Nacional ( C.N. )
sin la intervención del pueblo. Frente a la confusión reinante, aún
entre nuestros compañeros. Nosotros vemos con claridad que una
Constituyente daría lugar a un reforma conservadora, si aún fuese
posible redactar algo más conservador que nuestra C.N. ( recordemos que
la redacción de la CN – 1992 -, fue monitoreada por la UsAid, según
declarase recientemente la directora de esa usina de corrupción y
cooptación de referentes sociales, Rose Rankas ) y aún más, una
constituyente en el actual escenario político daría lugar a una reforma
reaccionaria de nuestra C.N. Denunciamos firmemente esta provocación,
porque los integrantes de la Constituyente serían aportados por el
sistema electoral del actual stronismo sin stroessner, cuyo
funcionamiento impidió la participación del 55 % del padrón nacional. Si
estos datos objetivos no bastasen, cumplimos en señalar que el Tribunal
Superior Electoral esta controlado por la banda del terrorista de
estado de Juan Manuel Morales, quien, últimamente, tiene como misión
bloquear la voluntad política de los paraguayos arrojados violentamente
hacia el exterior por los agentes de los intereses de la oligarquía y
los yanquis.
Estos
tres elementos bastarían para concluir que semejante Constitución
salida desde una constituyente dominada por las fuerzas políticas de la
reacción, los agronegocios y los intereses imperialistas de EE.UU. no
sería beneficiosa para el pueblo.
Denunciamos
que la injerencia de los EE.UU tiene como resultado la militarización
de nuestra sociedad, en particular el departamento de Concepción. El
Curso de Operaciones Rurales dado a la FOPE en el citado departamento,
es impartido por el brazo legal del paramilitarismo y el narcotráfico,
es decir por los policías colombianos del Gaula, con la presencia
abierta del embajador de EE.UU. Thessin. A pesar de nuestras denuncias,
los cursillistas de la FOPE siguen bajo el mando del jefe de policía de
Concepción, comisario Antonio Gamarra, elemento impuesto por la
Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo ( SePrInTe, ) la
cual, cumple las funciones de oficina de represión política y “afines “
que, durante el stronismo cumplía la Dirección Nacional de Asuntos
Técnicos, a la cual llamábamos la “Técnica.” En nuestro
comunicado, anterior demostramos con estas denuncias que la Doctrina de
Seguridad Nacional y la SePrInTe, son las herramientas que utilizan los
agentes de los intereses imperialistas de EE.UU. para acallar las voces
opositoras ( y aún impugnadoras ) al saqueo de los bienes naturales, al
agronegocio, al latifundio, al neoliberalismo y al régimen de Tratados
de Libre Comercio ( T.L.C.’s) en nuestros países latinoamericanos.
Efectivamente, la injerencia norteamericana tiene la misión de romper, o
debilitar el Mercosur, el UNASUR, para así destruir las posibilidades
de alcanzar la soberanía alimentaria, energética y desmantelar la
producción para el mercado interno en la región.
Frente
a este escenario, decimos con claridad, que solo nos queda pronunciamos
en favor de la lucha antiimperialista, por más democracia y en favor de
la Unidad Latinoamericana. Llamamos enérgicamente a las organizaciones
del campo popular y campesino a sumarse a nuestro pronunciamiento
dirigido a los legisladores paraguayos. Consideramos prioritario centrar
nuestra actividad sobre el Congreso de Paraguay, para que finalmente
apruebe el ingreso de Venezuela al Mercosur y para que apruebe la firma,
con la cual, el presidente Lugo ratificó el Protocolo de Montevideo
sobre Compromiso con la democracia en el Mercosur (Ushuaia II.)
-
Exigimos la expulsión de Thessin, embajador de EEUU en Paraguay y el retiro de instructores Colombianos y de EEUU.
-
Proponemos que para las próximas elecciones los Partidos Políticos se pronuncien con claridad en el programa de gobierno, en referencia a la inclusión o no, de las querellas particulares penales en el Código Procesal Penal. Anulación ya de la ley antiterrorista.
-
Exigimos la inmediata libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores populares
-
Exigimos al gobierno el desmantelamiento de la SePrInTe y la desmilitarización de nuestra sociedad. Exigimos la remoción del comisario Antonio Gamarra de la jefatura de Policía de Concepción. Exigimos que se nos entregue la lista de genocidas stronistas.
Mayo de 2012 –
Colectivo de Ex Detenidas Políticas del Paraguay “Carmen Soler”
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