El gobierno bolivariano camina en dirección contraria a los ejecutivos neoliberales/socialdemócratas que, obedeciendo órdenes, privatizan y privatizan. El gobierno venezolano ha dado instrucciones a los inspectores fiscales del país para que verifiquen que los precios de los productos son los acordados y así no habrá “ningún atropello especulativo”. Se trata de un ejemplo más de la guerra declarada al capitalismo, según la federación de cámaras de Venezuela, que recuerda que en los últimos cinco años se han nacionalizado 988 empresas, el 40% este año.
La última expropiación ha sido la nacionalización de la empresa de transporte Conferry, propietaria del mejor equipo. El gobierno probó el mal servicio que daba a los ciudadanos. Desde 2007, el gobierno venezolano ha nacionalizado sectores estratégicos como el petrolero, eléctrico y comunicaciones. Pero también ha comprado empresas del sector agroalimentario y la industria del oro, y ha intervenido en la banca. Precisamente del sector financiero se destaca la nacionalización de Banco de Venezuela, la filial del Banco Santander, en el año 2009. También el gobierno bolivariano amenazó en enero de este año con expropiar la filial del BBVA por los problemas de las inversiones inmobiliarias, pero finalmente el banco español llegó a un acuerdo con el Gobierno.Entre las empresas nacionalizadas, en la siderurgia destaca Ternium Sidor, la mayor fábrica de acero de la región andina y el Caribe; en el sector eléctrico, la Electricidad de Caracas; y en ámbito agroalimentario, los fertilizantes Fertinitro, la azucarera Santa Clara, y la cadena de supermercados CADA, grupo empresarial de Francia y Venezuela.
También el Gobierno de Chávez se ha interesado por la industria del oro comprando, por ejemplo, la mina de Las Cristinas, o Rusoro, el yacimiento más importante del país.
En cuento al mercado del petróleo, la legislación del Estado dice que “los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, pertenecen a la República, y son bienes de dominio público”, por lo que el Gobierno establece las condiciones de explotación a las multinacionales y empresas locales.
Según el colectivo empresarial, desde el año 2000 han desaparecido alrededor de 100.000 empresarios.
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