El efecto del miedo en la sociedad ha sido objeto de análisis por parte de la psicología y antropología social en diferentes momentos de la historia humana. Se reconoce que ante el miedo, el ser humano reacciona reinterpretando la realidad inmediata, conduciéndolo comúnmente hacia un cambio de conducta, caracterizado por el apego irrestricto al orden instituido, que puede llegar a convertirse en obediencia ciega. De igual manera, conlleva al acercamiento sumiso con la autoridad, en teoría, responsable de salvaguardar su integridad. De esta manera, cualquier acción que realice el Estado encaminada a restaurar la paz perdida –invasiones, etnocidios, militarización, violaciones a los derechos humanos, virtuales toques de queda, desaparición de garantías individuales, etc.-, es aceptada vehemente por el pueblo, aunque lo que siga, sea una cotidiana tensión y desconfianza generalizada.
Históricamente, una de las premisas fundamentales de los Estados totalitarios y fascistas, ha sido mantener bajo estricto orden y control el comportamiento de la población, la que ante el terror y miedo, facilita al gobierno la implantación y gestión de sus políticas económicas, sociales, militares o judiciales. Carl Schmitt, uno de los pilares de la teoría nazista y neo-conservadora, menciona que entre la población siempre se debe mantener una imagen enemiga, para poder dirigirla y manipularla.
Desde los temores a los infiernos bíblicos, las amenazas comunistas, los armamentos nucleares, al narcotráfico y el terrorismo actual, el Estado y las oligarquías siempre se han visto beneficiados con la cultura del miedo, independientemente de quien la haya provocado, y siempre han sido respaldados por medios masivos de (des-) información. Estos últimos se convierten en una especie de terroristas informativos, al repetir amenazas constante y tenazmente, tanto, que la sociedad termina aceptándolas y creyéndolas, y eso es justamente lo que las hace funcionales.
El Estado, ante el terror social, tiene la oportunidad de crear las condiciones de culpabilidad y desplegar todo su poder, en aras de combatir ese mal que la sociedad ahora reclama eliminar. Pero a su vez, impone un precio sutil y perverso, ¿a través de qué discurso?, la unidad nacional, la unidad para con las instituciones, la unidad para salvaguardar la seguridad nacional, la unidad con los gobernantes, la unidad, la unidad, la unidad…, un mensaje subjetivo, que en el fondo busca legitimar sus acciones aprovechando la coyuntura surgida del miedo social provocado.
Cuando el miedo cercena la racionalidad de la sociedad, este tipo de Estado recibe un cheque en blanco y firmado a favor de sus políticas y cuenta con el pretexto ideal para sacar de sus cuarteles a la fuerza militar y pública, socavando o previniendo cualquier intento de protesta social que amenace sus intereses o los de sus protegidos.
Para el historiador Webber Tarpley, las élites minoritarias y la clase gobernante “…ven al terrorismo como el medio preferido, de hecho, el único medio para proveer cohesión social, proveyendo un margen para que la sociedad se mantenga unida. Y eso es algo muy peligroso, porque ahora significa que el orden social entero, los partidos políticos, la vida intelectual y la política en general, están basados en un mito monstruoso”.
Por otro lado, además de las ganancias económicas derivadas de la venta de drogas clandestina e ilegalmente, la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo es la excusa perfecta e indiscutible para continuar con el control social, para invadir pueblos en busca del destino manifiesto, o para crear planes que buscan la extensión del poderío militar yanqui en el mundo, planes como el Colombia, o bien, el Plan Mérida, en México, que pretende una inyección presupuestaria de 1,400 millones de dólares del gobierno estadounidense para instrucción y compra de armamento y equipamiento, pero coloca a la sublime institución militar mexicana bajo supervisión de dicho gobierno, so pretexto de vigilar el buen manejo de estos recursos.
Así pues, un problema que es netamente de carácter sanitario, de salud pública y derivado de problemas sociales como la iniquidad social y la falta de justicia, entre otras cosas, de manera inexplicable pretende subsanarse con medidas que apuntalan la acción coercitiva del Estado quien aumenta el gasto militar, en detrimento del presupuesto asignado a la salud, ciencia, educación y cultura, considerados más que inversión social, como un gasto.
Los expertos dicen que se necesita mejorar el sistema de inteligencia nacional para prevenir otros actos violentos de grupos desestabilizadores. Pero mientras la oficina de Bucareli esté dirigida por un operador comercial de transnacionales petroleras, por cierto españolas, México sigue en jaque.
*CIEco, UNAM campus Morelia
No hay comentarios:
Publicar un comentario