Por Tomás Andréu
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuellar, brinda su perspectiva sobre la posibilidad de implementar estados de excepción en el país, además, opinó sobre el perdón ofrecido por el presidente Funes el pasado 16 de enero y en contraste, Cuellar cuestiona que en el gobierno se encuentre un sospechoso del asesinato del poeta Roque Dalton.
SAN SALVADOR - La violencia que vive El Salvador no ha podido reducirse, lejos de eso, la criminalidad estaría sobreponiéndose a la fuerza de las autoridades responsables de ejecutar la seguridad pública y la aplicación de justicia en el país.
Una de las medidas para combatir la delincuencia, que no dejó de ser polémica, fue la decisión del presidente Funes de aumentar el número de militares que acompañan a la Policía Nacional Civil (PNC). A casi tres meses de la salida del ejército, el ministro de Defensa Munguía Payés contempló la idea de implementar en el país un estado de excepción en zonas consideradas de alta peligrosidad. La idea causó escozor en los defensores de los derechos humanos.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), a través de su director, Benjamín Cuellar, ha dicho que la presencia de militares en la sociedad y la posible implementación de estados de excepción no son saludables para la población y de los militares dice que “deberían estar en los cuarteles”.
En esta conversación con ContraPunto, Cuellar aborda el caso del poeta Roque Dalton, asesinado en 1975 y que uno de los sospechosos del crimen ocupe un cargo en la gestión del presidente Mauricio Funes, es decir, Jorge Antonio Meléndez López, director general de Protección Civil.
¿Cuál es su opinión sobre la petición que ha hecho el ministro Munguía Payes sobre el estado de excepción?
Lo platicaba con alguien ahora. Ni los gobiernos de derecha se atrevieron a plantearlo como lo planteó el general Munguía Payes. Yo no estoy de acuerdo con el ejército haciendo tareas de seguridad pública, porque se está violando el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, que tanta pompa le hacen el 16 de enero. Una de las grandes aspiraciones y compromisos era desmilitarizar la sociedad y principalmente los cuerpos de seguridad pública. Entonces, si uno recurre al ejército, a medidas o estados de excepción, el siguiente paso será los escuadrones de la muerte, los grupos de exterminio.
¿Entonces el aumento de soldados no dio resultados?
No. ¿No estás viendo que están pidiendo ahora estados de excepción? Eso es establecer que el aumento de funciones y el aumento de militares en las calles –que no fue este gobierno el que lo sacó, insisto— es establecer que la policía ha fracasado. Eso a la gente le va a quedar en la cabeza. Y creo que no es cierto, lo que ha fracasado es la conducción de la policía, porque ha sido una conducción partidista. Si la policía la han convertido en policía de partido o en el mejor de los casos, de gobierno, pero no de Estado. Pienso que llegue quien llegue….
¿Y dónde quedaría el desempeño del actual director de la PNC, Carlos Ascencio?
A cinco meses de estar en la calle el ejército, yo creo que no ha tenido mucho chance. Creo que en conjunto, todo el gabinete de seguridad y el gobierno han fallado, no hay que ver solo la investigación del delito o la Fiscalía o el Órgano Judicial. Es en conjunto todo el sistema de justicia, todos han fallado en su conjunto. Yo creo que solo ver a la Policía Nacional Civil es peligroso. Yo conozco (a Ascencio) en persona y creo que es una de las personas más decentes de este gobierno, con buena preparación, con buena capacidad.
Creo que sería injusto cargarle la mano a la policía, si también las instituciones están fallando. El problema es la ausencia de una política integral, que vaya más allá del discurso y de los clichés y de los lugares comunes ¿Qué es lo que está haciendo? Sacando al ejército y pidiendo cosas que ni los gobiernos de ARENA, hasta donde recuerdo, pidieron, como lo del estado de excepción. Entonces después vas a ver “Sombra Negra”, los escuadrones de la muerte y vamos a parar ya no en un estado de excepción, sino que reconociendo que este Estado es una decepción.
¿Qué se podría esperar si se llega a concretar esa medida del estado de excepción?
Debemos conocer la historia para luego pensar y actuar con imaginación. Pero repitiendo los mismos errores del pasado o errores que se están cometiendo en otros países, nos va a llevar a…. Si ya conocemos el camino, ya sabemos cuál será el destino. Hay que tener políticas integrales, fomentar la participación ciudadana, no solo para que denuncie, sino que participe en atacar otros factores que son causa de la violencia. Por eso se debería apostar a generar más empleos, a que se paguen impuestos, no es que diga que todas las empresas no paguen impuestos, pero que no resistan la reforma fiscal. En lugar de estar pidiendo más ejército y reducción de los derechos…
¿Entonces para usted no debería atribuírsele más libertades al ejército?
No, deberían estar en los cuarteles. El rector de la UCA, José María Tojeira, hizo una propuesta que era sacar cinco mil miembros del ejército, incluidos su oficial y meterlos un año a la…
A la ANSP…
Correcto y convertirlos en policías, ya tienen su salario, talvez se les debería dar un poquito más. La gente percibe que la fuerza Armada les da seguridad, cosa con la que tampoco estoy de acuerdo. Ahora van a pasear por todo el país. Hubo una balacera en Opico con el ejército. Me contaba una gente que vive por allí, que la población les da comida, agua, gaseosa, felicitaron a los soldados e insultaron a los policías, diciéndoles que no eran hombres.
¿Es decir que el “culto a la bota” podría resucitar en la población?
Es grave que se le esté demandando protagonismo al ejército y a los que mandaban el ejército antes. Ahí están unos generales pidiendo que se les explique los planes de seguridad pública. Otto Romero. Tenemos audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la otra semana por el caso de él. Hace poco escribió en un periódico (La Prensa Gráfica) no me acuerdo de las palabras exactas, pero el planteamiento principal que dejaba era que la Fuerza Armada es la única que puede salvar al país de la situación de inseguridad y violencia en la que se encuentra, con la colaboración del gobierno y de la sociedad. Es lo mismo de antes: “La fuerza armada es la única que puede salvar al país de los delincuentes terroristas”
¿Otto Romero es el que escribió eso?
Sí, él fue, ahí está ese texto en La Prensa Gráfica, ahí lo puede buscar. Y ya no digamos de otros que han andado hablando. Y no solo se le va dar prestigio a la bota militar, a la policía le van a quedar dos caminos: o ser la institución más desprestigiada e inoperante, porque la van a dar las tareas de Seguridad Pública al Ejército, o se convierte en una policía realmente represiva. Yo siempre he cuestionado a la policía de antes y ahora, no sé en que habrá mejorado, pero yo sigo teniendo quejas de la Defensoría de la Niñez y la Juventud, de estigmatización y maltrato a jóvenes, que incluso pueden llegar hasta la tortura y eso ha sido denunciado en organismos internacionales.
El aumento de efectivos del ejército y el aumento en sus atribuciones y libertades ¿crearían una bomba de tiempo?
Yo siempre hablo más de la olla de presión, más que de la bomba de tiempo. Los ingredientes que hicieron la guerra en El Salvador fueron: territorio pequeño y densamente poblado, pobreza, instituciones que favorecían a un grupo, impunidades y violencia, prácticamente violencia. Los ingredientes de la olla de presión siguen siendo los mismos: pobreza, territorio más pequeño que antes, por lo que se perdió, densidad de población y hay otros ingredientes: Institucionalidad incapaz de responder a las demandas de la población, armas que no habían antes, el 65% de los asesinatos se comenten con armas de fuego, crimen organizado, maras, deterioro del medio ambiente, y no hay una ciudadanía fuerte que se manifieste en la calle demandándole al gobierno y a los gobiernos anteriores que cumplan a cabalidad con los Acuerdos de Paz. Todos esos son nuevos ingredientes, la Fuerza Armada y la militarización de la sociedad, podrían aumentar la temperatura. La válvula de escape sigue siendo la misma: migración y mercado (TLC), que no funcionan para arreglar la situación, porque hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres.
Aumentó el número de militares y no se redujo la criminalidad y aparecieron detonaciones de granadas más las amenazas a muerte al procurador y se habló de grupos de exterminio. ¿Algo no está funcionando en la seguridad?
Yo diría que todo anda mal. No se salva nada y no digo que no sea algo irreversible, pero se comprueba ese cuello de botella llamado Fiscalía General de la República. Usted se da cuenta que para la investigación de los delitos, se utilizan testigos y ya sabemos los riesgos que corre la gente, por eso nadie quiere declarar. No se ha trabajado en el desarrollo de la prueba científica técnica, no se ha creado el instituto de ciencias forenses, los tribunales no se han despojado de sus vicios, el esperanzador inicio de la renovada Corte Suprema de Justicia en materia de combate a la corrupción, todo eso lo necesitamos informar, por eso se forman conceptos erróneos.
Por eso necesitamos una Ley de Acceso a la Información Pública, pero yo no he visto que hayan pasado de pedirle la renuncia a la señora de Recursos Humanos y creo que han despedido a otros, entiendo que por malos manejos. Pero ¿Y si cometieron delitos? ¿Solo se les pide la renuncia? Yo recuerdo que en su discurso de posesión, el presidente Funes dijo que no le iba a temblar la mano y ya vamos para ocho meses. Entonces el capital político se reduce. Miren a Obama.
Como representante del IDHUCA, ¿qué opina sobre el discurso de Mauricio Funes en el cual pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado?
El gran mérito del discurso es que puso en agenda nacional la discusión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, las víctimas y los responsables, y me refiero a responsables estatales porque él actuó como jefe del Estado [y como tal] tiene que responder por las atrocidades cometidas y debe llevar procesos de dignificación de las víctimas. Ese el gran mérito más que pedir perdón.
También Salvador Sánchez Cerén, miembro del FMLN pidió perdón…
¿Cómo decirlo…? Fue confusa esa petición de perdón porque les pide perdón a todas las víctimas de la guerra. A mí no me queda claro si pidió perdón por los patrones de violencia estatal o de la guerrilla y después dice a todo el pueblo salvadoreño por las acciones armadas que impulsamos, al menos a mí me causa confusión.
Más allá de esa buena voluntad del gobierno y el FMLN, ¿ve avances en resarcir las violaciones a los derechos humanos?
Veo complicado si se empieza por el perdón general y las reparaciones materiales. El perdón debió de ser fruto de la verdad y la justicia. La verdad es tema importante porque ya se tiene registrada parte de la verdad, ahí está el informe de la Comisión de la Verdad y junto a eso investigar más verdades. Hay personas desde la época de la guerra que están buscando a sus desaparecidos. Creo que se pudo hacer un esfuerzo más completo, eso es buscar la verdad: dónde están sus restos, ver si están vivos todavía, dónde están. Eso se puede hacer, se me ocurre ahora, hacer entrevistas al interior de la Fuerza Armada, incluso confidenciales si se quiere con los oficiales que participaron en los cuerpos de seguridad.
¿Cuál es la perspectiva que tiene de la Ley de Amnistía con el nuevo gobierno?
El tema de la Ley de Amnistía no solo impide que se haga justicia sino que establezca la verdad y por eso nosotros insistimos en que se debe derogar la Ley de Amnistía porque es un insulto a la dignidad de las víctimas y lo sigue siendo y muestra el menosprecio hacia las víctimas y el aprecio hacia los victimarios.
En la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el director de los derechos humanos de Cancillería [David Morales] dijo que este gobierno reconocía el carácter vinculante de las recomendaciones y sentencia de los organismos de los derechos humanos, tanto el universal como el interamericano. ¿Qué quiere decir vinculante? Que son de carácter obligatorio y hay que cumplirlas. Grupos de trabajo de la ONU y de la Comisión Interamericana han reiterado que la Ley de Amnistía debe ser derogada.
Derogada la Ley de Amnistía lo que nosotros planteamos es que se apruebe una ley de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas…
¿Pesaría entonces el esclarecimiento de los hechos más que medidas punitivas para los involucrados?
Lo que planteamos es que perdón para el que pida perdón y si la víctima lo desea. El perdón no se impone y el perdón no puede detener la justicia. Las heridas las tienen las víctimas, no los victimarios y estas se sanan con verdad, justicia y reparación. La Ley de Amnistía es el pretexto para decirle no a las víctimas.
Pero la derogación no es tan fácil porque depende de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa y las cosas no anda bien por ahí…
Que se escuchen a las voces de quienes demanden eso y se honren los compromisos del Estado salvadoreño y quien da la cara por el Estado es el jefe de Estado, hay que cabildear y convencer a la Fiscalía para que actúe en las investigaciones, porque es el primer cuello de botella. El camino es que las instituciones se decidan a funcionar normalmente, sin distinguir quién es la víctima y quién es el victimario.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cómo se aborda el tema de las purgas internas que vivió la insurgencia?
Ahí lo que se utiliza son los protocolos adicionales al convenio de Ginebra donde se plantea que en conflictos internos, además de la población civil no combatiente, están los combatientes que han sido desarmados o prisioneros que se han tomado. Todos son víctimas. Ejemplo claro está el caso de Roque Dalton que este año cumple 35 años de haber sido ejecutado. Ese caso debe investigarse y debe hacerse justicia. Crímenes cometidos por la guerrilla, también son graves violaciones a los derechos humanos.
Usted habló del caso Dalton. ¿Cómo observa que el gobierno de Mauricio Funes lleve a un sospechoso en el asesinato de Roque? Y me refiero a Jorge Meléndez Director de Protección Civil ¿Es legítimo que ocupen cargos públicos hablando desde la perspectiva de los derechos humanos?
La ejecución de Dalton y de Pancho, es una grave violación al derecho de la vida, debe tomarse, a pesar que no está en el período de la Comisión de la Verdad, deben tomarse las recomendaciones y una de las recomendaciones más importantes eran las inhabilitaciones públicas de funcionarios mencionados en el informe.
Para cargos civiles 10 años de inhabilitación y de por vida para los militares, esos mismos criterios deberían aplicarse a ese caso [Jorge Meléndez, alias “Jonás”, fue comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)].
Yo no creo que el presidente Mauricio Funes ignore que el señor Jorge Meléndez tuvo participación, creo que hasta el mismo Joaquín Villalobos lo dice en una entrevista y dice quiénes estaban en la reunión y entre ellos estaba Jorge Meléndez, alias “Jonás”. Yo pensé que en esta separación de cargos de fin de año iba a ir Jorge Meléndez, precisamente por eso [por el caso Roque Dalton].
